Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de julio de 2014
Fainé saludando a Felipe VI
Tengo la mosca detrás de la oreja desde que se anunció la visita de Mas a Rajoy. Pongámonos en antecedentes. Con motivo de la proclamación del Príncipe como Felipe VI, rey de España, Fainé, presidente de Caixa Bank y una de las personas más influyentes en Cataluña, reclamó la intervención del nuevo rey para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto que mantiene enfrentados al gobierno de la Generalitat con el gobierno español y al Parlamento catalán con Las Cortes de España. ¿Estamos todavía a tiempo de resolver el contencioso mediante un pacto como hizo el presidente Rodríguez Zapatero con Mas en ese mismo escenario el 18 de enero de 2006?
Foro Cataluña en Expansión
El pasado 17 de julio, el diario Expansión recogía ampliamente las opiniones de veintidós profesionales y académicos integrantes del llamado Foro Catalunya en Expansión (FCE) sobre la conflictiva situación. Roca i Junyent, miembro de la comisión que redactó la Constitución en 1978, portavoz de CiU en el Congreso durante muchos años y presidente del consejo de administración del bufete que lleva su nombre y tiene encomendada la defensa de la infanta Cristina, expresó con franqueza que no ve “que en nuestra sociedad se dé hoy la base fundamental para cualquier pacto, que es la capacidad de transigir o transaccionar”, y recomendó al Rey “que no arbitre hasta que, en todo caso, quede muy solemnemente reflejado que [las partes] se someten a su arbitraje
Falseamiento de la realidad
Pero junto a esta valoración tan oportuna y realista, Roca también manifestó que hay algunos aspectos como la lengua, “donde podrían fácilmente alcanzarse acuerdos”, y negó “que exista un problema de convivencia lingüística en Cataluña; si en este tema se hiciese un reconocimiento y un cese de hostilidades, esto que llaman el problema catalán bajaría de tensión enormemente”. Coello, ex presidente del puerto de Barcelona durante el gobierno tripartito, amplió y concretó así la posibilidad de entendimiento: “si el problema fiscal pudiera resolverse, y la lengua, la cultura y otras competencias pudieran ser exclusivas, el problema que tenemos en Cataluña y en España –donde un 50 % de la gente podría votar independencia– sería mucho menor”. Ésta es en esencia también la posición que Adell, otro integrante del Foro, denomina tercera vía. Lo que se desprende de las citas anteriores es que quienes apuestan por la esta solución parten de un diagnóstico falso de la realidad social de Cataluña y patrocinan una operación cuyo objetivo es desmontar el estado federal que hemos desarrollado a partir de la Constitución de 1978 para convertir España en un estado confederal donde el Estado Central carecería prácticamente de competencias en varias CC. AA. Vayamos por partes.
Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Falsea la realidad Roca cuando afirma que en Cataluña no hay un problema lingüístico y pide el cese de hostilidades para rebajar la tensión. Su posición es tan insostenible como la de los dirigentes franquistas cuando defendían la exclusión del catalán como lengua vehicular, arguyendo que fortalecía la cohesión y la convivencia, y tildaban de enemigos del régimen a quienes reclamaban con toda justicia que el catalán fuera lengua vehicular en Cataluña. Pretender, Sr. Roca, que el castellano se utilice con normalidad en las escuelas públicas, concertadas y privadas no es un acto de hostilidad hacia nadie, sino de reconocimiento de que el castellano es según el CIS la lengua materna del 58.7 % de los catalanes, forma parte del patrimonio cultural de la sociedad catalana, y es un instrumento indispensable para comunicarse con el resto de los españoles, incluidos vascos y gallegos, y la mayoría de hispanoamericanos.
También falsean los hechos quienes como Coello dan por sentado que hay un problema cuya solución pasa por negociar y alcanzar un pacto fiscal con el gobierno español. ¿En qué consiste el problema y cuál es el alcance y las consecuencias del pacto que propugnan? Hasta donde sé, los catalanes estamos sujetos a las mismas normas tributarias estatales que el resto de los españoles (excepto vascos y navarros) y un barcelonés, a igualdad de ingresos y situación familiar, paga exactamente lo mismo que un mallorquín, un gaditano o un lucense. Tampoco hay ninguna evidencia sólida de que el fraude fiscal sea más alto en otras CC. AA., o de que los servicios públicos (seguridad, sanidad, educación, cultura, justicia, etc.) y las pensiones de los catalanes sean inferiores a los de aragoneses y extremeños.
Mas con la bandera y los líderes de los partidos nacional-independentistas
En cuanto al alcance del pacto fiscal que propugnan los partidarios de la tercera vía, lo primero que hay que constatar es que no pretenden eliminar los injustos privilegios fiscales de que disfrutan hoy vascos y navarros, sino extenderlos a Cataluña. Persiguen, en última instancia, que las aportaciones de los catalanes a la Administración Central, relativamente elevadas porque el PIB per capita de los catalanes es el 25 % más alto que el del resto de los españoles, se destinen primordialmente a mejorar las infraestructuras en Cataluña y los servicios públicos y las pensiones de los catalanes, no a construir infraestructuras en Galicia ni a mejorar los servicios públicos o las pensiones de aragoneses y castellano-leoneses. Pretenden, lisa y llanamente, limitar la solidaridad interpersonal del sistema fiscal a quienes viven en Cataluña. Lo gracioso del caso es que los líderes de los partidos catalanes de ‘izquierda’ (ERC, PSC e ICV-EUiA) se empeñen en camuflar su apoyo al proyecto de limitar la solidaridad de los más ricos con los más pobres como el no va más del progresismo.
Blindaje de competencias
Los partidarios de la tercera vía avalan también que se blinden las competencias del gobierno y el Parlament de Cataluña en economía y fiscalidad, educación, cultura, justicia, etc., reduciendo a su mínima expresión la presencia del Estado Central en Cataluña. En esa sociedad cerrada y blindada, ya no podría una ministra de Educación (Cabrera) aprobar un tímido decreto de enseñanzas mínimas exigiendo que se dediquen tres horas semanales a la enseñanza de la Lengua y la literatura castellanas en los ciclos de primaria en Cataluña, norma todo sea dicho que el conseller d’Educació (Maragall) se apresuró a aclarar no se iba a aplicar y no se ha aplicado hasta ahora. Tampoco el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña podría dictar autos conminando al gobierno catalán a cumplir el decreto Cabrera ni el Tribunal Supremo sentencias que reconocen el castellano como lengua vehicular, y que la actual consellera d’Educació (Rigau) tampoco tiene intención alguna de acatar.
Rigau consejera de Educación del gobierno catalán defendiendo la inmersión lingüística
Ni tampoco podría el Tribunal Constitucional declarar inconstitucionales las normas aprobadas en el Parlament sobre estas materias ni el Congreso oponerse a transferir la competencia solicitada por el Parlament para realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña como hizo el pasado 8 de abril. Ni podría, en fin, la Agencia Tributaria haber destapado el saqueo perpetrado por Millet y la presunta financiación ilegal de CDC en el affaire del Palau ni sacado a la luz los patrimonios que las familias del ex president Pujol y el president Mas mantuvieron en paraísos fiscales (Andorra y Liechtenstein, respectivamente) durante décadas.
A merced del nacional-independentismo
Si la negociación se llevara a término y las competencias antes citadas fueran transferidas a la Generalitat, la leve esperanza que todavía abrigamos algunos catalanes de poder ejercer con plena libertad nuestros derechos constitucionales, ahora recortados por algunas leyes autonómicas y el flagrante incumplimiento de las normas estatales y las sentencias judiciales por parte del gobierno catalán, se desvanecería por completo.
Montilla con Mas y Maragall en la manifestación convocada para Montilla contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut
El gobierno español habría acabado dando por bueno el proyecto de Estatut que aprobó el Parlament de Catalunya en septiembre de 2005 con el apoyo del PSC, ERC, ICV-EUiA, CDC y UDC, y quienes hemos defendido la igualdad de todos los ciudadanos quedaríamos a merced de la opresión irrestricta del régimen nacional-independentista que se instauraría en Cataluña, imbuido de una ideología heredera del nacional-sindicalismo de infausto recuerdo. Como Lincoln en 1861, Rajoy tiene el sagrado deber no de pactar con Mas sino de defender la Constitución y garantizar el ejercicio de los derechos que nos reconoce.
Clemente Polo 