Un pacto para acabar con ETA

La práctica de un terrorismo de baja intensidad y la ausencia de víctimas mortales durante casi tres años culminaron con el anuncio de una tregua indefinida de la organización terrorista ETA el 22 de marzo de 2006. La inesperada noticia alentó la esperanza de los españoles en un fin próximo de las acciones criminales de la banda y convencieron al Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, de la oportunidad de iniciar conversaciones con los representantes de aquella para negociar el cese definitivo de sus actividades delictivas. Nada, creo, se puede objetar a la decisión del Presidente de abrir formalmente conversaciones con los representantes de ETA a finales de junio de 2006. Cualquier español en su sano juicio y en la posición del Presidente lo habría intentado, como demuestran el abrumador respaldo ciudadano con que contó la iniciativa en las encuestas realizadas los últimos meses y la circunstancia de que todos los anteriores Presidentes de Gobierno intentaran, incluso en circunstancias bastante más desfavorables, poner fin a la barbarie terrorista.

Durante algunos meses los españoles mantuvieron su esperanza en el buen fin de la iniciativa y confiaron en el buen hacer del Presidente quién, haciendo gala de un optimismo un tanto superficial, pronosticaba el 29 de diciembre una sensible mejoría de la situación en 2007. El espejismo de una pronta resolución del terrorismo patrocinado por ETA y su entorno civil se desvaneció bruscamente la mañana siguiente, el 30 de diciembre, cuando un poderoso artefacto explosivo destruyó el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, segando la vida de dos ciudadanos ecuatorianos que dormitaban, ajenos a la lógica de los terroristas, en el interior de sus vehículos. ¿Qué hacer ahora que la posibilidad de alcanzar la rendición negociada de la banda ha quedado descartada en un horizonte de tiempo razonable? Hay opiniones para todos los gustos.

Comencemos con los nacionalistas que conforman el entorno civil  de la banda. Para sus portavoces, la tregua indefinida sigue en pie, por el momento, y el atentado de Barajas no es sino la medida respuesta de ETA a las continuadas agresiones del Estado español contra sus líderes y los miembros de sus organizaciones juveniles especializadas en mantener vivo el terrorismo de baja intensidad en el País Vasco. Nada de esto hubiera ocurrido, farfullan, si el Gobierno les hubiera concedido impunidad retroactiva –como tan acertadamente señalaba el Sr. Marías en EPS el pasado 21 de Enero- por todos los delitos cometidos en el pasado, a la que habría que añadir también impunidad preventiva por todas las atrocidades que puedan perpetrar en el futuro, en tanto el Gobierno español no se avenga a poner en marcha una negociación política cuyo único final posible es el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las tres provincias vascongadas y Navarra.

En una línea algo (solo algo) menos esperpéntica discurre el pensamiento de aquellos nacionalistas vascos que, si bien no aprueban y generalmente condenan los métodos criminales de los terroristas, asumen sin titubeos sus tesis políticas. Con el mismísimo Presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la cabeza, esta familia nacionalista sigue insistiendo en la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación con el entorno de la banda, aunque, eso sí, sin molestarse en aclarar qué utilidad puede reportar hablar con quiénes aceptan, aplauden e incluso prestan cobertura a las actividades terroristas. ¿Sobre qué pueden dialogar tanto –me pregunto- los demócratas nacionalistas con el Sr. Otegui? ¡Esperemos que el propósito de tales conversaciones no sea reavivar el funesto Pacto de Lizarra o el Plan Ibarretxe!

Algunos cráneos privilegiados del entorno nacionalista nos han regalado estos días jugosos artículos donde explican las razones que han hecho fracasar la tregua y su particular visión del “problema”. Por haber aparecido en un medio de comunicación tan respetable (El País, 8 enero 2007, páginas de Cataluña) y en una comunidad, Cataluña, donde el nacionalismo está fuertemente implantado y subvencionado, destacaré la pieza “ETA después de Barajas”, firmada por el Sr. Jordi Sánchez. En él, se afirma sin ningún pudor que “la voluntad de Zapatero faltó a lo largo de los últimos meses y ahora ya no puede utilizarla para alcanzar el éxito de la paz.” Sí, sí, no hace falta que el lector se frote incrédulo los ojos: “el éxito de la paz ya no se puede alcanzar” porque faltó la voluntad del Sr. Rodríguez Zapatero. Y es que, ¿acaso alguien puede poner en duda que los terroristas habrían desistido de volar el aparcamiento de Barajas si el Presidente del Gobierno hubiera doblegado su voluntad ante las exigencias penitenciarias, judiciales y políticas planteadas por los terroristas en los últimos años? ¡Extraño “éxito de la paz” el que habríamos alcanzado en ese caso!

Por si el lector alberga alguna duda sobre el sustrato ideológico del que emergen conclusiones tan peregrinas, el párrafo que abre el artículo del Sr. Sánchez le ayudará a disiparlas: “ETA se ha convertido en algo tan potente y dañino que ha suplantado todo protagonismo al problema por el cual nació: la falta de reconocimiento nacional vasco.” Quiero, en primer lugar, llamar la atención sobre la intencionada asepsia del lenguaje empleado por el autor, que presenta a ETA como una organización “potente y dañina,” cuando lo apropiado habría sido calificarla de dantesca y criminal, y, en segundo lugar, sobre la circunstancia de que se critique a la organización por haber “suplantado todo protagonismo al problema por el cual nació: la falta de reconocimiento nacional vasco”, y no por los incontables crímenes cometidos por  sus pistoleros, especialistas consumados en ejecutar a víctimas indefensas de un tiro en la nuca.

Pocas claves para comprender lo sucedido en los últimos meses y afrontar el futuro después de la tregua proporcionan las opiniones provenientes de los diversos ámbitos nacionalistas a la mayoría de ciudadanos españoles que, aunque hartos de soportar las atrocidades de los terroristas durante tantas décadas, siguen manteniendo viva la esperanza de ver completado el proceso de transición a la democracia en España y celebrar la desaparición de la organización terrorista por todo lo alto. Tampoco resulta muy alentador estos días escuchar las voces destempladas que emergen de los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, enconados en una lucha partidista que el final de la tregua no ha logrado calmar, ni las llamadas a la unidad de los demócratas puede siquiera disimular. Se ha acumulado demasiada desconfianza en ambos bandos durante los nueve meses de tregua. El Gobierno y su partido acusan al Partido Popular de deslealtad manifiesta y continuada por tratar de impedir que el Presidente de Gobierno intentara lo que todos sus predecesores en el cargo probaron sin éxito: alcanzar un final negociado con la banda. El Partido Popular, por su parte, ha desplegado toda su artillería dialéctica y movilizado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para trasladar a la opinión pública la idea de que el Gobierno ha cedido al chantaje de ETA, dejando olvidadas a las víctimas del terrorismo y abandonando a su suerte a todos los ciudadanos que sobreviven en el País Vasco con sus libertades cercenadas por la opresión y el terror impuestos por la banda y su entorno civil.

¿Cómo se puede desenredar la complicada madeja de desencuentros que enturbian las  relaciones entre de los dos únicos partidos en los que los españoles pueden confiar para acabar con la lacra terrorista desde el Gobierno de España? Un prometedor punto de partida sería que el Gobierno reconociera algunos de los errores cometidos en los últimos meses, comenzando por el más importante, a saber, el haber intentado capitalizar en solitario el posible éxito de la negociación, levantando con su actitud taimada toda suerte de suspicacias, fundadas unas e infundadas otras, en el seno del Partido Popular. Aunque el Presidente contaba con la legitimidad democrática y el apoyo social necesario para iniciar la negociación, nunca debió haber emprendido esa aventura sin contar con el respaldo del Partido Popular que, se quiera o no, representa a más de 9 millones de ciudadanos en las Cortes de España. Sin despreciar a ningún partido, resulta meridianamente claro que, en cuestiones de tanta trascendencia como la lucha contra el terrorismo, el derecho a la autodeterminación e incluso las reformas estatutarias, una exigua mayoría parlamentaria no debiera nunca sustituir al necesario consenso constitucional entre los dos grandes partidos, PSOE y PP.

Pero, ¿había alternativas razonables, se nos dirá, a la negociación en solitario a la vista de la actitud tan crítica mantenida por el PP desde que casi el mismo momento en que la banda anunció el inicio de su tregua indefinida? Sinceramente, creo que sí. Preguntémonos, por un momento, qué habría ocurrido si el Sr. Rodríguez Zapatero hubiera invitado al Sr. Rajoy Brey, no a visitarle en el palacio de La Moncloa, sino a coliderar la iniciativa negociadora, asegurándole un protagonismo similar al suyo. Supongamos también que el Presidente hubiera propuesto al líder de la oposición conformar la comisión negociadora con igual número de representantes de su partido y del Gobierno. Nadie puede decirnos cuál habría sido la respuesta del Sr. Rajoy Brey y su partido a esta hipotética oferta, pero la hipótesis más plausible, sin embargo, es que ante la calculada neutralidad de la misma, el Sr. Rajoy Brey y el PP habrían aceptado participar en la negociación, y el éxito o fracaso de la misma habría sido cosa de todos los demócratas (o de casi todos), quedando por mor de esta iniciativa desactivado el comprensible temor a que el resultado final pudiera inclinar la balanza en favor de uno u otro partido en las próximas elecciones legislativas, una consideración que, no me cabe ninguna duda, ha pesado decisivamente en el comportamiento de ambos partidos desde el anuncio de la tregua. Solamente en el improbable caso de que el PP hubiera rechazado una oferta tan ecuánime y ponderada, habría estado el Gobierno legitimado moralmente para hacer lo que ha hecho estos meses: abordar el proceso negociador contando únicamente con el apoyo de algunos partidos minoritarios. Este error fundamental del Presidente explica la aprehensión y hasta el recelo con que muchos demócratas hemos vivido su arriesgada apuesta negociadora.

La propuesta de abordar conjuntamente por los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP, una eventual negociación con la banda terrorista parecerá a algunos una distracción innecesaria en estos momentos, habida cuenta de que pasará bastante tiempo antes de que vuelva a presentarse una nueva oportunidad de negociar con ETA. Lo importante ahora, escuchamos estos días, es recomponer la unidad de los demócratas para combatir con más eficacia a los terroristas. Y tienen toda la razón quiénes así se expresan. ETA sólo negociará en serio cuando la mayoría de sus dirigentes y miembros se vean atrapados en un callejón sin salida. Por ello, la prioridad número uno del Gobierno debería ser hoy -debiera haberlo sido desde hace mucho tiempo- aumentar la eficacia de la lucha contra la organización terrorista y su entorno civil; y, la número dos, alcanzar un acuerdo sólido con el principal partido de la oposición al que pudieran unirse (¿por qué no?) todos los demás partidos comprometidos con la nobilísima  tarea de acabar con ETA.

Ahora bien, la unidad que necesita la democracia española en estos momentos debiera ir mucho más allá de un mero pacto formal, sellado para tranquilizar a los inquietos y desconcertados ciudadanos y servir de pantalla tras la que ocultar hipócritamente las discrepancias partidistas en materia terrorista. La unidad de la que tanto se habla sólo será útil para combatir el terrorismo si está urdida por sólidos lazos de confianza entre los dos principales partidos políticos españoles. No puedo pensar en una fórmula mejor para asegurar la unidad de acción entre el partido en el Gobierno y el principal partido en la oposición, representantes de la mayoría de los ciudadanos españoles en el futuro previsible, que la certidumbre de que ambas formaciones tendrán un protagonismo similar en una eventual negociación con ETA, cuando quiera que la oportunidad vuelva a presentarse en el futuro, sin importar cuál de ellas desempeñe las responsabilidades de gobierno en ese momento. Otra ventaja de acordar ahora las reglas para afrontar una eventual negociación con ETA es que si, como cabe esperar, éstas excluyen categóricamente cualquier concesión política de carácter territorial, ETA tendrá muy claro que, con independencia de las circunstancias del momento y de cuál sea el partido en el Gobierno, su capacidad para obtener concesiones en esta materia será insignificante en la próxima década.

Por otra parte, estoy convencido de que, a falta de un compromiso firme que limite la capacidad de maniobra de ambas fuerzas políticas, el partido en el Gobierno siempre sentirá la tentación de postergar al partido en la oposición para obtener un rédito electoral tan pronto aviste la oportunidad de alcanzar un final negociado del terrorismo, como de hecho ocurrió durante la pasada tregua. En ese clima de desconfianza mutua, podemos estar seguros de que el terrorismo volverá a emplearse como arma arrojadiza por ambos partidos -tal vez más por uno que por otro, pero este aspecto de la cuestión no me parece esencial- para regocijo de los terroristas y su entorno civil que intentarán aprovechar la desunión de los demócratas para obtener concesiones políticas del Gobierno de turno. ¡Que mejor prueba de los profundos trastornos que una mente cuerda puede llegar a experimentar en esas desasosegantes circunstancias que las infortunadas palabras del Presidente Aznar cuando se refirió a los terroristas de ETA como integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Vasco!

De ahí la enorme importancia de que el acuerdo contra el terrorismo que ahora al parecer pretende alcanzar el Presidente del Gobierno y su partido con otras fuerzas políticas incluya al principal partido de la oposición y siente las bases para abordar conjuntamente una eventual negociación con ETA que imposibilite al Gobierno de turno realizar cualquier concesión territorial a los terroristas. Sería imperdonable que el Sr. Rodríguez Zapatero volviera a errar en un asunto tan vital para el futuro de nuestro sistema democrático y que su legado de esta legislatura en esta materia fuera un pacto anti-ETA del que quedara excluido el PP. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles ni necesitamos, ni deseamos un nuevo pacto anti-ETA: lo que queremos es un pacto eficaz para acabar con ETA y en ese pacto tiene que estar el PP.

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Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

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