Estados Unidos pone cerco a la banca suiza

Artículo publicado en Expansión el 25 de febrero de 2009

Estados Unidos pone cerco a la banca suiza

La semana pasada los medios de comunicación informaban de que UBS, el mayor banco suizo, había alcanzado un acuerdo para pagar 780 millones de dólares (alrededor de 600 millones de euros) al Internal Revenue Service (IRS), la agencia tributaria de los Estados Unidos para poner fin a un proceso penal iniciado contra el banco. El acuerdo se produce después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusara al banco suizo de ocultar los rendimientos de 18.000 estadounidenses que evaden el pago de sus impuestos colocando sus patrimonios en cuentas secretas en el banco helvético.

El Departamento de Justicia ha mostrado su disposición a retirar los cargos contra UBS y aceptar un pago considerablemente inferior al solicitado inicialmente, a cambio de que el banco abone la cantidad pactada, cambie sus prácticas y coopere con las autoridades de los EEUU sin dilaciones. Hasta el momento, el banco ha facilitado tan sólo la identidad de unos 250 clientes y para poner a prueba su voluntad de cooperación, el Departamento de Justicia ha presentado, horas después de alcanzado el acuerdo, una nueva demanda en la corte federal de Miami exigiendo a UBS desvelar la identidad de 52.000 clientes con cuentas secretas por un importe estimado de 12.800 millones de dólares. Visto lo ocurrido a las barbas de su vecino, el Credit Suisse ya ha pedido a sus clientes estadounidenses que firmen el formulario del IRS para practicarles una retención del 28%.

Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una población bastante inferior a la UE, no resulta aventurado suponer que bastantes decenas de miles de ciudadanos europeos utilizan los bancos suizos para evadir impuestos y que al menos unos 5.000 podrían ser españoles. Hace unos meses, los servicios secretos alemanes lograron desvelar la existencia un numeroso y selecto grupo de ciudadanos alemanes que ocultaban sus patrimonios en cuentas opacas al fisco en LGT, el banco propiedad de la familia real de Liechtenstein. La operación levantó chispas entre la República y el Principado al conocerse que el listado se obtuvo tras pagar a un empleado del banco entre 4 y 5 millones de euros. También produjo dimisiones sonadas y algunos evasores, al verse descubiertos, presentaron declaraciones complementarias ante la agencia tributaria alemana para regularizar su situación y evitar la cárcel. En ese listado, figuraban también los nombres de algunos españoles, aunque poco se ha sabido desde entonces sobre su identidad y las acciones adoptadas por la Agencia Tributaria para cobrar las cantidades evadidas.

La recesión económica ha reducido los ingresos impositivos y aumentado el gasto público en todos los países de la UE y la mayoría de ellos van a registrar déficits abultados en los próximos años. Es un buen momento para que los gobiernos y la Comisión de la UE sigan el ejemplo del Ministerio de Justicia de los EEUU y en lugar de limitarse a “demandar acciones definitivas contra los paraísos fiscales y las jurisdicciones laxas”, como ha hecho los integrantes del G20, y presenten demandas penales contra esos bancos sin más demora. Además de constituir un caso flagrante de competencia desleal hacia las entidades financieras que sí declaran los rendimientos de sus depositantes, esta práctica resulta enormemente injusta al dividir a los ciudadanos entre quienes pagan sus impuestos y sostienen los servicios públicos y las prestaciones sociales y aquellos que tienen sus enormes patrimonios a buen recaudo en los bancos de Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra, etc., evaden el pago de sus impuestos y se benefician de todos los servicios y prestaciones públicas.

¿Por qué siguen los gobiernos y la Comisión de la UE mirando hacia otro lado? ¿Por qué no aprovechan las dificultades presentes para demandar a los bancos suizos y poner cerco a los paraísos fiscales? Resulta más que sospechoso que los gobiernos se conduzcan con tanta pasividad ante los evasores mientras piden a los ciudadanos honestos que se aprieten el cinturón para hacer frente a la recesión. A lo mejor es que no son 52.000, sino muchos más, o a lo mejor es que también los políticos forman parte de la élite de evasores. He aquí un buen caso para que el juez Garzón instruya una causa penal contra los gigantes helvéticos y sus epígonos en otros paraísos fiscales.

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