El ingobernable Estado de las autonomías

6 de marzo de 2008

Como acertadamente decía el Sr. Espada en la presentación del excelente libro de Pedro Heras, La España raptada, editorial Áltera, el pasado 4 de marzo, hay gran afición entre los periodistas y comentaristas sociales a dejarse llevar por el lirismo, el apriorismo y la adjetivación más o menos feliz, olvidando que lo que proporciona solidez a sus puntos de vista no es el verbo florido en que lo envuelven, sino los hechos, la sustancia empírica que respalda sus puntos de vista y aseveraciones.

Que las opiniones que un autor manifiesta con mayor o menor brillantez estilística encajen con las propias del lector o escuchante y le transporten al plácido mundo de la afinidad compartida, –una complicidad similar a la que se experimenta cuando nos identificamos con el protagonista de una película o novela-, no las transforma en argumentos robustos y sólidos. Dentro de la categoría de artículos líricos, incluiría el artículo de Gabriel Albiac, “Aquí se acabó el mar” publicado en ABC el pasado 4 de marzo que tanto ha impresionado a algunos amigos míos. En síntesis, el autor hace las siguientes aseveraciones:

1. El Estado actual es ingobernable al haber retenido el Estado únicamente algunas competencias básicas y haberse configurado cada autonomía como una copia del Estado central, con su poder ejecutivo y legislativo, sin que exista una clara delimitación de competencias entre las autonomías y el Estado central.

2. La justicia, la enseñanza y la lengua también se han troceado. El modelo de justicia hace desigual la aplicación de la justicia en función de criterios geográficos o lingüísticos. La enseñanza se ha convertido en aprendizaje de hechos, celebridades y mitos locales, habiéndose barrido todo lo universal que se tilda de fascista. La lengua nacional lo es sólo en una fracción cada vez menor del territorio.

3. El Estado de las autonomías es carísimo e insostenible y ha multiplicado innecesariamente las administraciones.

El diagnóstico puede ser o no acertado pero la verdad es que esas afirmaciones, aunque se pueda simpatizar con ellas, no están avaladas por un examen cuidadoso de los hechos. Como meras hipótesis de trabajo, se podrían sustituir fácilmente, dándoles la vuelta, por otras que afirmaran casi lo contrario. Enumero, en el mismo orden, las que podrían constituir su contrapunto:

1. El Estado autonómico es más gobernable que un Estado altamente centralizado, al retener el Estado central únicamente algunas competencias básicas (seguridad y relaciones exteriores, justicia, administración del sistema de la SS y redistribución de la renta e inversiones públicas) y haber transferido la administración de los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales) a las CCAA, acercando su administración y control a los administrados.

2. El sistema de administración de justicia es jerárquico y cuenta con órganos competentes en todo el territorio nacional (Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional). El español es lengua oficial en todo el territorio nacional y goza de una salud excelente, pese a haberse dado prioridad a la enseñanza del catalán, vasco y gallego en las CCAA donde estas lenguas son cooficiales. La instrucción pública sigue pautas didácticas orientadas a alcanzar los conceptos universales a partir del estudio de situaciones particulares, más inteligibles y próximas a la realidad cotidiana de los niños. Los regímenes fascistas se han caracterizado por imponer una ideología totalitaria sustentada en supuestos conceptos universales y la sumisión ciega de los ciudadanos al líder y a un partido único.

3. Administrar las complejas políticas de redistribución y prestación de servicios públicos que han asumido las AAPP absorbe gran cantidad de recursos y el despilfarro podría ser incluso mayor si las decisiones estuvieran férreamente centralizadas.

Aunque sé de antemano que esta contraposición de puntos de vista no suscitará aplausos entre mis amigos, me ha parecido pertinente plantear el asunto y pedir a todas las personas preocupadas por estos temas que dediquen algo de su tiempo a documentarse para cargarse de razones. Eso es lo que ha hecho Pedro Heras en el tema de la educación, un ejemplo a seguir por todos, y lo que hace también Francisco Caja desde hace bastante tiempo. Sin documentación, las opiniones y deseos son eso, meras opiniones y deseos, fruto muchas veces de la frustración que nos produce comprobar como la patología nacionalista ha infectado el cuerpo social. La inmersión lingüística es detestable por tratarse de una imposición contraria a derechos fundamentales de los ciudadanos y a la legislación vigente. Algo similar podría decirse de la falta de calidad de la enseñanza. Los problemas no se resuelven centralizando todas las competencias en el Estado central, sino exigiendo el cumplimiento de las leyes estatales, como el Real Decreto de enseñanzas mínimas, y luchando para cambiarlas hasta lograr que los españoles puedan estudiar en español en toda España, sin merma del derecho de otros ciudadanos residentes en España a hacerlo en otra lengua, cooficial o no.

El rechazo a las imposiciones nacionalistas no puede llevarnos a adoptar y defender las posiciones contrarias. Al comprobar el fervor que ha despertado este artículo entre mis amigos y comprobar la buena recepción que están encontrando las ideas simplistas de algunos líderes políticos actuales que propugnan sin rubor devolver todas las competencias en fiscalidad o enseñanza al Estado central – muy en línea, por cierto, con lo que han preconizado siempre los partidos comunistas y contrarias a las posiciones liberales que asignan al Estado un papel subsidiario-, me parece detectar cierta añoranza de tiempos pasados, cuando todo, desde los tipos de interés hasta el contenido de los libros de texto, se decidía por unas cuantas personas nombradas a dedo por el habitante vitalicio de la quinta de El Pardo, y se articulaba en decretos leyes y leyes orgánicas de obligado cumplimiento.

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