Cara y cruz

Ayer anunciaba que hoy escribiría sobre otro asunto en el que los Estados Unidos han vuelto a tomar la delantera a la débil e inoperante Unión Europea. El presidente Obama está intentando impedir que los anteriores ejecutivos de la aseguradora AIG cobren 165 millones de dólares en sobresueldos. Si tenemos en cuenta que AIG ha recibido hasta el momento del gobierno estadounidense tres inyecciones por una cuantía total de 160.000 millones de dólares, se me entenderá si digo que la iniciativa carece de cualquier trascendencia cuantitativa. Este puñado de dólares en sobresueldos no ha sido la causa del hundimiento de la mayor aseguradora del mundo, ni tampoco va a sacarla de los apuros en que se encuentra. La medida tiene pues únicamente valor simbólico, un gesto con el que el presidente ha querido, en mi opinión, dejar claro a los ejecutivos de las grandes entidades financieras que su administración no va a mirar hacia otro lado, mientras los contribuyentes están desembolasando cientos de miles de millones para salvarlas de la quiebra. Si se preguntan a dónde han ido esas decenas de millones, la respuesta es que, en buena medida, han servido a pagar indemnizaciones a otras entidades financieras que habían asegurado sus operaciones para cubrirse de posibles impagos de deuda. Hasta 41.000 millones de dólares han ido a parar a los bancos europeos, algunos españoles, cuyos agujeros podrían ser hoy mucho mayores si EEUU hubiera dejado caer a AIG.

En un artículo que escribí en noviembre (“Mala gestión: recesión y crisis”) ponía en perspectiva los sobresueldos que habían cobrado los ejecutivos de los cinco grandes bancos de inversión estadounidenses, Goldman Sachs, Merryl Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers y Bear Stearns, entre 2004 y 2007 y las que iban a desembolsar las tres primeras en 2008. Reproduzco aquí el párrafo completo:

“La información publicada al respecto hace unos días (El País, 28 de octubre 2008) cifraba en 145.000 millones de dólares los sobresueldos percibidos por los empleados de cinco entidades financieras estadounidenses entre 2003 y 2007 y en 19.700 millones los que abonarán tres de ellas, todavía en pie en 2008. Estos sobresueldos suponen el 23,5 por ciento de los 700.000 millones de dólares que contempla el plan de rescate aprobado por el Congreso de los EEUU. Resultaría un cruel sarcasmo que mientras miles de familias pierden sus viviendas y cientos de empresas cierran sus puertas o reducen sus plantillas, el gobierno de EEUU y los gobiernos europeos dedicaran cientos de millones de dólares y euros a capitalizar las entidades financieras responsables del desaguisado, sin emprender acciones legales contra los responsables de su descapitalización. No ha faltado, por cierto, quienes han apuntado que el plan Paulson se ha diseñado para salvar el pellejo de sus amigos de Wall Street en una de cuyas empresas, Goldman and Sachs, el propio Paulson labró su inmensa fortuna personal en los años de vacas gordas.”

En este caso, no era calderilla sino aproximadamente la masa salarial correspondiente a 10 millones de personas con un sueldo medio anual de 16.000 dólares anuales. No está mal. Pero, por poner un par de peros, ¿no constituye la iniciativa del presidente Obama una intromisión intolerable del gobierno en los negocios privados? ¿Acaso no son estos sueldos necesarios para atraer a los más brillantes a gestionar esos gigantes financieros? (¡Aguanten la risa, por favor!) Formulo estas preguntas porque hay gente que las está haciendo en voz alta y es mejor contestarlas. A la primera, hay que decir que en este caso, el Estado posee ahora el 80% de AIG y tiene, por tanto, capacidad legal para revisar los contratos de los antiguos ejecutivos y ver si hay claúsulas abusivas, así como el deber de hacer todo lo posible para impedir esos pagos. En cuanto, a si los sobresueldos son necesarios para atraer a los mejores gestores, la respuesta es que, al menos en este caso y en el de la banca de inversión estadounidense, en general, los ejecutivos que atrajeron resultaron ser los hábiles para enriquecerse con rapidez y dejar en bancarrota a las empresas. Con frecuencia, se da por sentado que las empresas privadas están mejor gestionadas y son más eficientes que las públicas. La afirmación puede ser, en general, cierta, pero lo que esta crisis ha demostrado es que los fabulosos sobresueldos pagados a los ejecutivos no garantizan una buena gestión a largo plazo de las empresas. Hay aquí un tema interesante sobre el que reflexionar y al que aludía el título de mi artículo: mala gestión: recesión y crisis.

Contrasta la actitud valiente y decidida del presidente Obama con el hedor que exhala la política española –seguimientos, tramas, trajes, cacerías, publicación de sumarios, escándalos urbanísticos, politización de la justicia, etc., etc.-. y a la que no escapa el triángulo mágico de las Bermudas que dibujan las cuatro provincias catalanas

Lérida-Gerona
Barcelona
Tarra
gon
a

aunque aquí la corrupción institucional haya alcanzado tal grado de pericia que desaparece sin dejar rastro antes de ser localizada y denunciada. (¿Recuerda acaso alguien ya el famoso 3% en comisiones que el Sr. Maragall denunció en el Parlament cobraba CiU por conceder obras cuando gobernaba la Generalitat?) Mientras que Obama no está dispuesto a regalar un solo dólar de los contribuyentes a los antiguos ejecutivos de AIG, el president Montilla-Carod i Saura en un acto más de soberbia –ya ha amenazado al Gobierno de España y al Tribunal Constitucional con la desafección de Cataluña si el primero no se aviene a sus dictados sobre financiación autonómica y el segundo osa declarar inconstitucional algún artículo del Estatut- se ha enfrentado también al Parlament de Cataluña, negándose a entregar durante meses a la oposicón los presuntos informes encargados por su gobierno en 2007.

Como en el caso de los sobresueldos de AIG, el asunto de los informes es calderilla a escala de Cataluña: 32 millones de euros por 1.583 informes cuya naturaleza está siendo investigada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de la denuncia por malversación de fondos públicos presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias. Como el asunto llegó al Parlament y la oposición exigía ver los informes, el Sr. Montilla-Carod i Saura decidió contratar tres nuevos informes a tres empresas ‘independientes’ para auditar los informes encargados en 2007. El resultado de la auditaría estaba listo en noviembre y fue requerido por la Fiscalía y entregado en febrero de 2009.

Ante la impaciencia de la oposición, curiosa por conocer el contenido de informes tan jugosos como “la ambientación olorosa de un espacio circular y el cultivo de la chufa” entre otros, el Sr. Montilla-Carod i Saura indicó que se había abierto un período para que las consejerías presentaran sus alegaciones a los informes. Ahora, las alegaciones parecen haberse ya formulado y la Consejería de Economía ha encargado dos nuevos informes a las empresas auditoras para evaluar las alegaciones de las consejerías. ¿Qué ocurrirá cuando los nuevos informes estén terminados a principios de mayo si en esta ocasión se cumplen los plazos? Hay dos posibilidades. Primera, se puede abrir otro período para que las Consejerías presenten alegaciones a los nuevos informe de los auditores sobre las alegaciones a los primer informes elaborados sobre los informes encargados por la Generalitat. O se puede también, encargar a otras empresas independientes que auditen a los auditores. O, si se desea, aumentar más el gasto público y así ayudar desde el Govern a salir de la recesión al “país” las dos cosas a la vez.

El pasado 10 de marzo, el Sr. Montilla, dictó una conferencia en la que solicitó al Sr. Rodríguez Zapatero que impulse una reforma del mercado laboral que, entre otros elementos, contemple, acompasar los aumentos salariales al aumento de la productividad, incentivar la movilidad laboral y modificar el proceso de negociación colectiva. Termino con algunas preguntas que me sugieren sus propuestas. ¿Los informes que encarga la Generalitat aumentan la productividad? Y, ¿los informes sobre los informes? Y, ¿los informes a las alegaciones a los informes sobre los informes? ¿Fomentan la inmersión lingüística y el requerimiento del nivel C para acceder a los empleos públicos en Cataluña la movilidad laboral? ¿Por qué no liga la Generalitat los aumentos de salarios a la productividad? ¿Aumenta la productividad la ofensiva que ha lanzado la Generalitat para multar a los bares y restaurantes donde no se pueda atender a los clientes en catalán? Ya les digo, los 32 millones son calderilla. Lo peor es la falta de valores y la hipocresía que prevalece en el Govern de Cataluña.

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