Au revoir, Montjuic

Artículo publicado en Libertad Digital el 20 de marzo de 2009

Hasta hace casi dos años, el castillo de Montjuic era una fortificación costera sin relevancia militar alguna que alojaba algunas antenas y un pequeño y algo desvencijado museo militar abierto al público de martes a domingo, un lugar privilegiado desde donde los turistas pueden disfrutar de unas excelentes vistas de la ciudad de Barcelona y su puerto. El castillo había sido cedido al Ayuntamiento de Barcelona en 1960 (Ley 52/1960 de 21 de julio) “con sus fosos y sus glacis” a fin de que fuera destinado a Museo del Ejército en los términos que se determinaban en la ley y se creó un Patronato “para conciliar los intereses municipales con los de orden militar”. Para los partidos nacionalistas catalanes (CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA), la presencia siquiera simbólica del Ejército español en Montjuic resultaba insoportable, así que tras la formación del primer gobierno tripartito en 2006 iniciaron una insistente campaña para modificar los términos de esa cesión y transformarlo en Centre per la Pau. Al parecer, resultaban insuficientes para acometer estas tareas los profesionales reconocidos de los Departamentos de Ciencias Políticas y los edificios universitarios que los cobijan y había que crear un nuevo chiringuito bajo control directo de los partidos políticos.

Tras innumerables tiras y aflojas con el Ministerio de Defensa, presidido entonces por el Sr. Bono, poco predispuesto a apoyar la iniciativa, se alcanzó finalmente un acuerdo siendo ya ministro de Defensa el Sr. Alonso y Presidente de la Generalitat el Sr. Maragall. Aunque la cesión inicial se había realizado por una ley y el castillo albergaba algunas instalaciones y una guarnición del Ministerio de Defensa, se adujo que, al tratarse de un bien ya cedido al Ayuntamiento, el cambio en los términos de la cesión podía hacerse mediante una norma de rango inferior promulgada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Dicho y hecho. Pocos días antes de que se iniciara la campaña municipal de mayo de 2007 se publicó en el BOE del 4 de mayo la resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 9147/2007 de 3 de mayo que dispone la publicación de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de abril de 2007 por la que se modifica la cesión del castillo de Montjuic al Ayuntamiento de Barcelona, para ser destinado a Centro de la Paz. El acuerdo se presentó como un triunfo personal del Sr. Hereu, cabeza de lista del PSC a la alcaldía y provocó el consiguiente enfado del resto de candidatos.

En su artículo primero, la Orden determina que se modifican los términos de la cesión gratuita al Ayuntamiento para transformarlo en Centro de la Paz que se regirá por un Consorcio constituido por el Ayuntamiento de Barcelona y al menos el Ministerio de Defensa y la Generalitat. En el artículo segundo, se indica expresamente que el castillo “seguirá albergando provisionalmente las antenas y las redes de comunicaciones allí instaladas, así como las dependencias que fije el Ministerio de Defensa como necesarias para el personal militar destinado a su custodia, comprometiéndose las Administraciones a encontrar un emplazamiento alternativo para dichas instalaciones en un plazo máximo de tres años.” Finalmente, en el artículo tercero se explicita que para subrayar la colaboración entre las distintas administraciones ondearán en el centro las banderas de España, Cataluña, Barcelona y la Unión Europea conforme a lo establecido en la Ley 39/1081 de 29 de octubre.

Pues bien, dos años después de la cesión, los partidos políticos independentistas con representación en el Ayuntamiento de Barcelona (CiU, ERC e ICV) y algunas ONG (Fundació per la pau, Justicia i Pau y Centre Unesco en Catalunya) han expresado su abierta oposición a que el Ministerio de Defensa participe en el Consorcio. El concejal Quim Mestre de ICV ha manifestado que “fue un retorno condicionado a crear un consorcio y un centro. Nosotros podemos estar de acuerdo con el Centre per la Pau, pero no en que la firma y la representación de la Administración Central sea la del Ministerio de Defensa”. En igual sentido, se han expresado los representantes de las ONG, uno de las cuáles ha llegado a afirmar que “mientras esté Defensa nosotros no participaremos”. Una vez más nos encontramos con que, una vez alcanzado un acuerdo institucional entre las Administraciones, la cesión de Montjuic en este caso, los partidos independentistas y las ONG que nada pintan en este asunto se niegan a aceptar los términos del acuerdo.
Recuerda mucho esta situación los comportamientos desleales de los políticos catalanes y las organizaciones sindicales catalanas que con tanta amargura describió y denunció Don Manuel Azaña durante la segunda República y la Guerra Civil:

“Por su parte, los grupos políticos y las organizaciones sindicales que, de una manera u otra, asumieron la dirección de los asuntos públicos en Cataluña, desde julio de 1936 hacían lo necesario (y bastante más de lo necesario) para aumentar temerariamente la importancia de la región en los problemas de la guerra. No puede negarse que lo consiguieron, por acción y omisión. Por acción, atribuyéndose funciones, incluso en el orden militar que en modo alguno les correspondían; por omisión, escatimando la cooperación con el gobierno de la República”.

(Las causas de la guerra de España, 1986, p. 106-7, Grijalbo Mondadori.)

Deslealtad en último término hacia el Gobierno de España. Como entonces, esa deslealtad manifiesta se volvió a revivir en 2006 a cuentas del Estatut de Cataluña, una ley que el Honorable Pujol se apresuraba a deslegitimar a los pocos días de ser aprobada en las Cortes advirtiendo que no duraría mucho tiempo y que el Estatut bueno era el proyecto de Estatut aprobado en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2005.

Y, ¿qué hace el PSC entre tanto? Consciente de que no puede apoyar las demandas de CiU, ICV y ERC mientras su compañera del PSC, la Sra. Chacón, sea ministra de Defensa, el Sr. Hereu ha optado “por poner en marcha de alguna manera el Centre per la Pau”, aunque formalmente y al no haberse constituido el Consorcio no exista, y ha nombrado al Sr. Capdevila responsable del inexistente centro. Inexistente o no, de momento ya se ha programado un curso para esta primavera que, ¡cómo no!, el Ayuntamiento subvencionará. ¿Puede destinarse dinero público a un centro que debe regir un Consorcio que no se ha constituido? Entretanto, la ministra de Defensa sigue imperturbable mirando hacia Afganistán.

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento intenta poner en marcha el Centre contraviniendo los términos acordados, el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación de la Consellería de Interior de la Generalitat, feudo del Sr. Saura e ICV-EUiA, ha creado el Centre Catalá Internacional per la Pau, una contradicción en sus propios términos, cuyos objetivos se solapan obviamente con el inexistente pero pronto activo Centre per la Pau. Un ejemplo más de cómo se derrochan los recursos públicos en la CA de Cataluña, duplicando organismos superfluos hacia los que fluyen las subvenciones públicas.

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