YAK-42: reparación parcial

Hoy concluye la vista oral presidida por el Sr. García Bermúdez, magistrado de la Audiencia Nacional, contra algunos responsables del Ministerio de Defensa por la falaz identificación de los cuerpos de 30 de las 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, ocurrido en Trebisonda (Turquía) en la madrugada del 26 de mayo de 2003, cuando nuestros militares regresaban de Afganistán tras haber cumplido una misión arriesgada durante cuatro meses y medio bajo bandera de la OTAN.

Se sabía ya hace mucho tiempo que varios militares que habían cumplido misiones anteriormente en Afganistán habían informado a sus superiores en 14 ocasiones sobre el mal estado de las aeronaves y las infames condiciones en que habían sido transportados, quejas que fueron ignoradas por el Sr. Trillo y la cúpula del Ministerio de Defensa. Hasta que se produjo la irreparable tragedia cuyas consecuencias han sufrido desde ese momento los familiares y amigos de las víctimas. Todavía hoy sigue sin darse una explicación satisfactoria de por qué el Ministerio de Defensa abonó 154.000 euros por un vuelo que costó 39.000.

En la vista están imputados el Sr. Navarro, general médico, responsable de elaborar la lista de los desaparecidos, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, los dos médicos militares que redactaron los informes de necropsia. Como ha quedado claro durante el juicio, tras las intervenciones de los médicos forenses turcos, los médicos militares imputados redactaron esos informes tras haber sido advertidos de que 30 cadáveres de los fallecidos no habían sido identificados para que se pudiera celebrar el funeral de Estado el día 28 de mayo en la base militar de Torrejón de Ardoz.

El caso, quiero recordar, se intentó archivar en varias ocasiones, primero por la juez Palacios y, más tarde, por el juez Grande-Marlaska. Únicamente la tenacidad de los familiares ha hecho posible que algunos responsables de las falsas identificaciones se hayan sentado en el banquillo. Hoy quedará visto para sentencia y el Sr. Burgos, fiscal del mismo, solicita en su informe final penas de 6 años para el general y de 5 años para los otros dos militares imputados. Los abogados de La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 solicitan penas de 6 años para todos ellos y los abogados de las defensas la absolución de sus clientes, en tanto que la Abogacía del Estado solicita que si se condena al Estado como responsable civil subsidiario, las indemnizaciones sean abonadas por las compañías aseguradoras.

Las declaraciones de los dos forenses turcos que se presentaron en la Audiencia Nacional sin haber sido citados y a los que el tribunal accedió finalmente a interrogar han puesto de manifiesto que tanto el general médico Navarro como el teniente general el teniente general Beltrán, responsable de la repatriación de las víctimas, conocían perfectamente el contenido del acta que les fue entregada por las autoridades turcas y aceptaron el compromiso de “identificar en España 30 cadáveres de militares que estaban irreconocibles.” En el juicio alegaron no haber entendido el sentido del acta por estar redactada en turco, cuando en realidad el documento se negoció en inglés y el texto final se tradujo al castellano. Según el forense turco Bulent Sam, los dos generales recibieron tras firmarla una copia del acta que jamás ha aparecido, como también se han esfumado las fichas que sirvieron para elaborarla, destruidas por el general Navarro después de que estallase el escándalo.

¿Quién más estaba al tanto? En su comparecencia, el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre, contestó a la pregunta de un abogado de la acusación alegando no entender a quiénes se refería el letrado con la expresión “círculo íntimo de Trillo”. Sin embargo, el 13 de junio de 2004 el general Alejandre había dirigido una carta al general Bretón, director del Gabinete Técnico del ministro de Defensa, en la que se refería al accidente en los siguientes términos: “Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo.” En esa misiva, Alejandre enumeraba con gran seguridad a los componentes de ese círculo: el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa, el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento, y el propio general Bretón.

Las declaraciones del general Alejandre y del general Bretón en la vista coincidieron en negar que alguien comentara, en la reunión celebrada el 27 de mayo de 2003, que había problemas en la identificación de los cadáveres. El general Alejandre “alegó también no recordar si le comentó al teniente general Félix Sanz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, como éste sostiene, que él propusiera en dicha reunión entregar a las familias sólo los cuerpos positivamente identificados y remitir los demás al tanatorio.” En todo caso, aunque el general Navarro y el teniente general Beltrán no hubieran informado a la cúpula de Defensa, sí lo hizo el comandante Ruiz de los Paños quien, según testificó en el juicio, advirtió a sus superiores en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, nada más llegar a Madrid el día del funeral, de que muchos cadáveres venían de Turquía sin identificar.

La cúpula del Ministerio de Defensa sabía de las penosas y arriesgadas condiciones en que se estaba transportando a los militares a Afganistan y también supo, una vez consumada la tragedia, que casi la mitad de los cadáveres no estaban identificados, pero prefirió ignorar los informes, engañar a los familiares de los militares muertos y simular un “funeral de Estado” con los restos de muchos militares repartidos aleatoriamente entre los brillantes féretros cubiertos con la bandera nacional. A pesar de los esfuerzos de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 para que declarase en la vista oral, el Sr. Trillo Figueroa, ministro de Defensa en el momento del accidente y del que partieron las órdenes de repatriación inmediata de los cadáveres tras mantener un encuentro en Moncloa con el Sr. Aznar, Presidente del Gobierno, éste ha logrado de momento eludir sus responsabilidades, cuando es obvio que el Ministro cumplía las órdenes del Presidente, la cúpula de Defensa las del Ministro, los generales las de la cúpula de Defensa y el comandante y el capitán médicos las de los generales encargados de repatriar e identificar los cadáveres. El Sr. Trillo podrá continuar disfrazándose de cristiano o moro en Orihuela, refugiarse en su condición de diputado y aforado, disfrutar del buen yantar y beber y asistir a misa con asiduidad, pero algunos (espero que seamos muchos) españoles lo recordaremos siempre como el principal responsable de uno de los actos más viles, cobardes y repugnantes que han ocurrido desde que se instauró la democracia española en 1978.

Cuando el juez dicte por fin sentencia, las familias van a encontrar una reparación parcial a su demanda de que se esclarezcan los horribles hechos acontecidos en las horas previas al “funeral de Estado” presidido por el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno, tras tantos años sufriendo el desdén y hasta las groseras descalificaciones de los responsables de las instituciones que debieran haberlos arropado y prestado toda la ayuda necesaria. Gracias a su tenacidad en defensa del honor de sus familiares, parte de esos hechos han salido a la luz y ojala que su esfuerzo por establecer las relaciones entre los tres militares que casi con seguridad serán condenados y la cúpula del Ministerio de Defensa y el Gobierno presidido por el Sr. Aznar se vea pronto recompensada. Al Sr. Sencianes, presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 le invito a que, cuando guste, venga a relatarnos su experiencia de estos últimos meses, como ya lo hizo el 21 de mayo de 2008, cuando intervino como uno de los ponentes en la conferencia que, con el título “¿Funciona la justicia en España? La prescripción a debate”, organizó la asociación Regeneración Democrática.

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1 comentario

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Una respuesta a “YAK-42: reparación parcial

  1. Monseñor

    Incluso si el Sr. Trillo acabara en la cárcel y el Sr. Aznar acabara imputado, sólo se habría resuelto una pequeña parte del escabroso asunto del Yak-42.
    La cuestión de las prisas con las que se hizo todo y el por qué otras instituciones internacionales implicadas no han hecho nada por esclarecer el turbio asunto, permite apuntar a un caso de corrupción en el destino de los ingentes recursos sacrificados en esta absurda campaña militar.

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