Alerta financiera

Artículo publicado en Expansión el 4 de mayo de 2009

En un informe publicado en abril (IMF Country Report No. 09/129), aunque elaborado con la información disponible a comienzos de febrero, el FMI analiza los efectos negativos que la recesión podría tener sobre la salud del sistema financiero español. La alerta merece ser tomada con la máxima seriedad pues las caídas históricas que están registrando los principales indicadores de la economía española en el primer trimestre de 2009 han dejado obsoletas las previsiones (caídas del PIB del 1,2% y 0,1% y aumento de la tasa de paro hasta el 15,6% y 17,0% en 2009 y 2010, respectivamente) empleadas por el FMI en el escenario base del estudio. Incluso empleando esas benévolas previsiones, el FMI estima que la recesión puede acabar haciendo mella en algunas de las 53 entidades financieras de mayor tamaño (8 bancos, 40 cajas y 5 cooperativas de crédito) analizadas. Entre 3 y 20 de ellas, para ser exactos, podrían requerir captar hasta un máximo de 3.200 millones de euros para ser recapitalizadas, dependiendo de la evolución de los créditos dudosos y las pérdidas por impagos en 2009. Veamos por qué.

Entre 1997 y el tercer trimestre de 2008, el crédito creció en España a tasas muy superiores a las que lo hacía en la UE -¡15 puntos más en 2006!- y a las que aumentaban los depósitos de las entidades, disparando el ratio préstamos sobre depósitos de 0,8 a 1,2. Las entidades recurrieron al endeudamiento exterior para financiar la expansión del crédito, emitiendo cédulas hipotecarias atractivas para los inversores extranjeros. En paralelo a la expansión del crédito, se produjo un cambió sustancial en la composición de las carteras: los créditos concedidos a constructores y promotores aumentaron su peso en 11,5 puntos y los préstamos hipotecarios en 14,6 puntos, en tanto que disminuyó el peso de los créditos interbancarios y al BCE (18,6 puntos), a las Administraciones Públicas (4,4 puntos) y a la Industria (3,0 puntos).

La parálisis de los mercados mayoristas de crédito tras el estallido de la crisis financiera internacional dejó a nuestras entidades en una difícil situación. Por otra parte, el aumento de la exposición de las entidades financieras en dos segmentos del mercado, construcción y promoción de viviendas e hipotecas a las familias, especialmente golpeados por la recesión, las ha hecho más vulnerables ante el brusco aumento de la morosidad. La retracción de la demanda y la caída de los precios de la vivienda, por una parte, y el aumento del paro y los tipos de interés reales constituyen una mezcla corrosiva que reduce el valor de los activos con garantía hipotecaria de las entidades con mayor exposición a estas operaciones.

Afortunadamente, el sistema financiero español contaba con un exceso de reservas cifrado en 24.000 millones que, sumado a las ayudas gubernamentales, ha permitido al sistema afrontar estos meses sin que se produjeran tensiones importantes. El Gobierno creó en noviembre un fondo de 30.000 millones para adquirir activos financieros de las entidades y ha inyectado 18.095 millones en cuatro subastas. Además, el Gobierno repartió 90.000 millones en avales entre 54 entidades para respaldar sus emisiones de deuda en 2009. En menos de tres meses, se han realizado emisiones por valor de 24.823,6 millones y siete entidades ya han agotado más del 77% de los avales, sin que, en algunos casos, dichas entidades tuvieran que afrontar vencimientos de deuda en 2009.

Las circunstancias han cambiado con mucha rapidez en los últimos meses y pueden empeorar en los venideros. En el escenario base, el FMI estima un posible aumento de los créditos dudosos hasta el 6,5% a finales de 2009 que requeriría destinar tres cuartas partes de los beneficios previos a la crisis a dotar provisiones específicas para cubrir pérdidas por incumplimiento. En el peor escenario, con un aumento estimado de los créditos dudosos hasta el 10% y unos porcentajes de pérdidas por impagos más elevados, el FMI cifra en 3.200 millones la cantidad máxima de recursos propios que 20 entidades deberían captar para mantener el capital mínimo requerido por encima del 8%. Se trata de una cifra modesta que ha sorprendido a las propias entidades financieras, y que es, desde luego, muy inferior a los 50.000 millones con que el Gobierno podría dotar el fondo de rescate de las entidades de crédito.

Aunque la cifra sea modesta, no se puede descartar que las entidades afectadas puedan tener dificultades para captar los recursos requeridos si son percibidas como insolventes por sus pares y el público. El caso de Caja Castilla la Mancha (CCM) demuestra que dilatar una intervención sólo sirve para alarmar a los depositantes y hacerla más gravosa para el erario público. Ante la llamada de atención del FMI, la prudencia exige adoptar una posición de vigilancia activa y prepararse para adoptar con rapidez las medidas apropiadas. El Banco de España conoce mucho mejor que el FMI la composición de la cartera y los riesgos asumidos por cada entidad y a él compete evitar que el caso de CCM vuelva a repetirse. Resulta poco inteligente en las presentes circunstancias que Gobierno y Banco de España no hayan cerrado todavía el acuerdo para agilizar las intervenciones, tomar el control de las entidades en dificultades, eliminar restricciones operativas y asimetrías injustas y poner fin a las injerencias políticas en la gestión. Entretanto, seguirá prevaleciendo la desconfianza con el consiguiente riesgo de contagio.

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