Esperando a los reformistas

Artículo publicado en Expansión el 12 de mayo de 2009

Quizás sea consustancial a la naturaleza humana tanto ignorar las señales de alerta que recibimos en las épocas de bonanza como sobreactuar cuando las cosas comienzan a venir mal dadas. Aunque la propensión a la miopía se observa también en el ámbito privado, la resistencia a anticipar y valorar el futuro probablemente se acentúa cuando desarrollamos nuestra actividad en la esfera pública y semipública donde ni nuestro patrimonio ni reputación están en juego. Al fin y al cabo, ¿quién podrá pedirnos cuentas si de nuestra actuación o inacción se derivan consecuencias desastrosas en el futuro?

Esta responsabilidad difusa de quienes ejercen la función pública explicaría por qué se demora tanto la puesta en marcha de algunas reformas, incluso cuando la mayoría de los expertos independientes las juzgan deseables y hasta inevitables. También por qué suelen tachar de agoreros e irresponsables a quienes se atreven a airear consideraciones ingratas, imputándoles incluso equivocaciones, reales o imaginarias, con el fin de desacreditar sus argumentos. Ilustraré estas actitudes examinando el comportamiento del gobierno en tres asuntos de gran actualidad: la crisis financiera y la recesión económica, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la reforma del mercado laboral.

“España ha hecho lo que ha podido” para luchar contra la crisis, escribía hace unos días en este mismo diario el Sr. Jáuregui con la mirada puesta en el próximo debate sobre el Estado de la Nación. Con todo mi respeto, tengo que decirle que disiento. Hay muchas cosas que el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero podría haber hecho sin el apoyo del principal partido de la oposición durante los últimos años, y otras muchas iniciativas que podrían haberse puesto en marcha alcanzando acuerdos con el PP. La realidad es que el gobierno prefirió disfrutar de las mieles de la bonanza -¡quién quiere aguarse una buena fiesta mientras dura!- durante la pasada legislatura y olvidarse de los graves problemas económicos que heredó del Sr. Aznar en 2004: bajo crecimiento de la productividad, falta de movilidad de la fuerza laboral, crecimiento desaforado del sector de construcción, pérdida continuada de competitividad y endeudamiento externo insostenible, por citar los más importantes.

No solamente perdió la legislatura pasada sino también parte de la actual, al enrocarse el gobierno en su posición ‘negacionista’ y no reconocer la gravedad de la situación hasta que las estadísticas oficiales han ido pulverizando una tras otra sus ‘previsiones’ interesadas. Hace casi siete meses, escribí un artículo, “Mala gestión: recesión y crisis” en el que criticaba el plan de ayuda puesto en marcha por el Gobierno para salvar a algunas entidades financieras y expresaba mi desencanto general en estos términos: “en éste, como en tantos otros asuntos, el Gobierno está actuando con la ligereza y falta de responsabilidad típicas de quienes apuestan con dinero ajeno. El Gobierno no ha anticipado una recesión que cualquier analista independiente consideraba inevitable desde hace años”. Cuando leemos que el Fondo de Garantía de Depósitos ha tenido que inyectar 1.300 millones de euros a Caja Castilla La Mancha, me reafirmo en mi conclusión: el gobierno no ha actuado con la celeridad y prontitud necesarias para preservar la salud del sistema financiero.

En un informe reciente, el FMI (IMF Country Report No. 09/129, April 2009) presenta algunas estimaciones sobre el aumento del gasto público en España a largo plazo. Sólo en el capítulo de pensiones, se estima que el progresivo envejecimiento de la población y el aumento en la esperanza de vida podrían elevar el gasto en 7 puntos porcentuales del PIB entre 2005 y 2050. Ante esta perspectiva, el Sr. Fernández Ordóñez aprovechó las caídas del número de cotizantes registradas en los últimos meses para apuntar que el sistema de la Seguridad Social podría entrar en números rojos este mismo año y proponer algunas tímidas reformas del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad a medio plazo.

La reacción inmediata del Sr. Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración fue descalificar al gobernador del Banco de España, cuyos comentarios dijo no saber si eran “una predicción o un deseo”, y al que recomendó preocuparse más del sistema financiero y menos de las pensiones. Hace unos días, el Sr. Martínez Noval, ex-ministro de Trabajo y Seguridad Social, ridiculizaba a los agoreros que “no fueron capaces de predecir o de adelantar … el inesperado incremento de la oferta y la demanda de trabajo en España, que en pocos años aumentó la población en seis millones y el empleo en una cifra similar.” ¿Se puede concluir de nuestra experiencia reciente que el sistema público de pensiones basado en el reparto es el más barato y seguro como hace el Sr. Martínez Noval? Pienso que no, salvo que estemos dispuestos a fiar nuestra suerte a que se produzcan aumentos ‘inesperados’ de la fuerza laboral y la ocupación continuamente en los próximos cuarenta años.

Hace décadas que se debate en España sobre la conveniencia de reformar el mercado laboral y seguramente se habrá elaborado más de un libro blanco sobre el asunto. Sin embargo, la única reforma significativa realizada en décadas ha sido la que llevó a cabo el gobierno del presidente González en 1984 (Real Decreto 1989/1984) que abrió las puertas a la utilización del contrato temporal fuera de su ámbito natural: la prestación de servicios en actividades de duración determinada. La medida pretendía estimular la contratación reduciendo los costes de indemnización por despido asociados con los contratos indefinidos y su éxito fue tal que, desde hace dos décadas, el número de asalariados temporales se ha mantenido hasta el inicio de la recesión por encima del 30%, inmune a las subvenciones concedidas por el gobierno para transformar los contratos temporales en indefinidos. Y seguirá siendo así, en tanto exista una disparidad tan acusada entre las consecuencias de uno y otro tipo de contrato en caso de rescisión del contrato.

A pesar de la injusta discriminación que supone para los contratados temporales -¡más de 1 millón de asalariados con contratos temporales perdieron su trabajo en el último año mientras el número de trabajadores con contrato indefinido aumento en 70.200!- y las advertencias de los expertos sobre los efectos nocivos (aumenta la rotación, disminuye la movilidad y desincentiva la formación de la fuerza laboral) de la contratación temporal, ningún responsable público –¡también contratados temporales!- se atreve a incurrir en las iras de las organizaciones sindicales, cerradas en banda hablar sobre la cuestión de fondo: la eliminación de las indemnizaciones por despido.

¿Se abordarán estas cuestiones importantes para el futuro de nuestra economía en el debate del Estado de la Nación o cada grupo dedicará su tiempo a hacer guiños a los demás grupos y a su electorado con la mirada puesta en las próximas elecciones europeas? Me temo lo segundo. El Gobierno parece decidido a abrir un nuevo frente de gasto social para ganarse el favor de los partidos de izquierda y los sindicatos, extendiendo la renta mínima de inserción que administran las CCAA a los parados que han agotado al subsidio de desempleo. Habrá pues que armarse de paciencia y seguir esperando la venida de los políticos reformistas, aunque a la vista de su tardanza en llegar tal vez tengamos que empezar a preguntarnos si realmente existen o son, como Godot, una ilusión literaria.

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