Jugando al escondite (¡Manda huevos!)

El Sr. Trillo Figueroa pasaba hasta hace unos años por ser hombre pulido y simpático que había desarrollado dentro del Partido Popular (PP) lo que podríamos denominar una muy brillante carrera política que le llevó primero a ocupar la Presidencia del Congreso de los Diputados (1996-2000) y luego la cartera del Ministerio de Defensa (2000-2004). Dos anécdotas de esos años lo hicieron muy popular. De su época como Presidente del Congreso, todo el mundo recuerda su campechana exclamación, ¡manda huevos!, pronunciada en el hemiciclo del Congreso tras leer el enunciado de una enrevesada enmienda del Senado, inconsciente de que el micrófono del hemiciclo estaba abierto. La anécdota que causo sensación y polémica a su llegada al Ministerio de Defensa fue la decisión de instalar un enorme mástil en la Plaza del Descubrimiento de Madrid del que pendía una bandera roja y gualda de dimensiones gigantescas (249 metros cuadrados) con la que el ministro quería hacer patente su ilimitado afecto a la enseña nacional, emblema de la unidad de España.

El idílico devenir de su vida política se vio truncado en la madrugada del 26 de mayo de 2003 cuando un avión Yakolev con tripulación ucraniana se estrellaba en Trebisonda (Trabzon, Turquía) y perdían la vida 62 militares españoles que regresaban a España tras pasar cuatro meses y medio cumpliendo una arriesgada misión en Afganistán bajo bandera de la OTAN. A partir de ese momento fatídico, el Gobierno del Sr. Aznar adoptó una serie de decisiones dignas de pasar, junto con el intento de culpar a ETA de los atentados terroristas del 11M, a la historia de la infamia política de la joven democracia española. Había prisa por pasar página a un tan lamentable suceso y tras reunirse con el Presidente Aznar en La Moncloa, el Sr. Trillo ordenó al teniente general Beltrán que coordinara la operación de repatriación para “cuanto antes traernos los cadáveres a casa”. Urgía poner a los militares en el hoyo para que los políticos siguieran en el bollo. El teniente general y el equipo médico encabezado por el general Navarro cumplieron las órdenes recibidas y trasladaron los restos a la base de Torrejón de Ardoz, ocultando que 30 de los cadáveres entregados no habían podido ser identificados a causa de las severas mutilaciones sufridas por los cuerpos, como acredita el acta entregada por los forenses turcos y en la que el teniente general Beltrán estampó su firma.

El impresionante funeral de Estado se celebró en medio de una gran tensión y algunos familiares, rompiendo el protocolo y venciendo su estupor y dolor, se atrevieron a increpar a las autoridades políticas y militares presentes achacándoles la responsabilidad de lo sucedido. A partir de ese momento, comenzó el terrible peregrinaje de los familiares de los fallecidos al Ministerio de Defensa. Al principio, los recibieron con algunas buenas palabras pero en cuanto insistieron en conocer más detalles sobre lo sucedido fueron despedidos con cajas destempladas y hasta tachados de locos. Por fin, los familiares se decidieron a presentar una querella criminal el 27 de octubre de 2003 que fue rechazada el 13 de noviembre por la magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, aduciendo que el accidente se había producido fuera del territorio nacional. Terminada su odisea por el ministerio de Defensa, comenzaban los familiares de las víctimas otra odisea, esta vez en la Audiencia Nacional (AN).

El 4 de marzo de 2004 el Heraldo de Aragón y El País publicaron el acta redactada por los forenses turcos de la que se desprende que 30 cadáveres no estaban identificados. No obstante, la magistrada Palacios decide archivar la causa el 24 de marzo de 2004, pocos días después de que el PP perdiera las elecciones generales celebradas el 14 de marzo y pocos días antes de que se produjera el traspaso de poderes al primer gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. Comprobados al menos 22 errores en la identificación de los cadáveres, la Sala de lo Penal de la AN se declaró competente el 15 julio de 2004 y conminó a la magistrada Palacios, por posible dejación de sus responsabilidades, a investigar a quienes contrataron el avión y a los generales responsables de las falsas identificaciones. En 2005, el Congreso reprobó al Sr. Trillo por las responsabilidades políticas incurridas. Sin embargo, el 29 de septiembre la magistrada Palacios firmó una providencia en la que exculpaba al Sr. Trillo de responsabilidades “porque no intervino ni impartió instrucciones” en el caso de la errónea identificación de cadáveres. La juez se tomó 6 meses para comunicarles la providencia a los familiares de las víctimas que recibieron la notificación el 26 de abril de 2006.

Unos meses más tarde, el juez Fernando Grande-Marlaska que había accedido a titular del Juzgado Central número 3 de la AN en enero de 2007, sustituyendo a la magistrada Palacios ascendida a magistrada de la Sala de lo Penal, intentó de nuevo archivar en junio de 2007 las dos causas abiertas, una por supuestas irregularidades en la contratación del vuelo y la otra por la por falsa identificación de los cadáveres. Según el juez el archivo de las causas se justificaba porque “la atribución aleatoria y errónea de identidades a los cadáveres es una conducta grave, pero irrelevante e inocua desde el punto de vista penal”. Afortunadamente, la Sala de lo Penal le obligó a reabrir la primera causa en enero de 2008, ordenando expresamente que se citara a declarar al ex-ministro Trillo, y la segunda causa el 29 de abril de 2008, apenas un mes antes de que prescribiera el caso. La falta de imparcialidad de la magistrada Palacios, en primer lugar, y del juez Grande-Marlaska, su sucesor en el Juzgado Central número 3, ponen los pelos de punta. ¿Qué clase de justicia cabe esperar del sistema judicial español cuando uno contempla comportamientos como los de la magistrada Palacios y el juez Grande-Marlaska? ¿Cómo es posible que el Consejo General del Poder Judicial, tan diligente para actuar contra el juez Tirado y la secretaria judicial Gálvez en el infortunado caso de la niña Mari Luz, no haya abierto expedientes a la magistrada Palacios y al juez Grande-Marlaska por intentar archivar las causas derivadas del fatal accidente sin investigarlo y dilatar los procedimientos para que prescribieran los delitos?

Al final de este indigno proceso, el magistrado de la AN Gómez Bermúdez ha dictado sentencia el 19 de mayo de 2009 tras finalizar el juicio oral en el que figuraban como imputados únicamente el general Navarro, condenado a 3 años de prisión, dos años de inhabilitación especial y a indemnizar con 10.000 € a cada uno de los herederos, y los comandantes Ramírez y el comandante Sáez, condenados ambos a un año y medio de cárcel y un año de inhabilitación. La sentencia reconoce que los imputados actuaron dolosamente, esto es, “con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad”. Las condenas, inferiores a las solicitadas por el fiscal y las defensas, constituyen el penúltimo acto de este infame episodio nacional que ha permitido eludir sus responsabilidades al teniente general Beltrán, encargado de coordinar la repatriación, así como al Sr. Trillo, Ministro de Defensa y al Sr. Aznar, Presidente del Gobierno, responsables últimos tanto de transportar a los militares españoles sin las garantías de seguridad adecuadas, como de ordenar la repatriación de los cadáveres tras la reunión mantenida por ambos en el Palacio de la Moncloa el 26 de mayo.

Durante los últimos meses el Sr. Trillo, presidente de la Comisión de Garantías del PP y portavoz de su partido en la Comisión de Justicia en el Congreso, se ha dedicado a jugar al escondite con los periodistas por los pasillos de la sede parlamentaria, manteniendo un prudente silencio. De todo lo que he escuchado y leído estos días, me quedo con la frase que pronunció un familiar después del juicio: “se fueron sin saber que tenían al enemigo en casa”. Al escribirla ahora y pensar en la bandera que ondea en la Plaza del Descubrimiento y en las banderas que cubrían los féretros de los militares en Torrejón siento un escalofrío y una gran indignación ante la insensibilidad y cobardía demostrada por los políticos al frente del Gobierno español en el momento del accidente, así como por el comportamiento indigno de la magistrada Palacios, del juez Grande-Marlaska y del CGPJ durante cinco años interminables para los familiares de las víctimas.

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2 comentarios

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2 Respuestas a “Jugando al escondite (¡Manda huevos!)

  1. Fabio Máximo

    Verá, sr. Clemente Polo, dejando de lado la problemática moral que rodea al sr. Trillo (lo de sr. lo pongo por educación, porque es obvio que Trillo no es un señor), los asuntos relacionados con eso que los de tradición jacobina llamamos la “Defensa Nacional”, pues no suelen despertar el más mínimo interés entre nuestra clase política, con independencia de que se mire hacia la derecha o hacia la izquierda.
    El estado en que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas y en el supuesto -optimista supuesto, sin duda- de que España fuese un estado democrático mínimamente serio, pues decía…que sería motivo de escándalo, de comparecencias parlamentarias, de debate público…
    Pero aquí y salvo para alardear de “ansias infinitas de paz” y de las “labores humanitarias de nuestros soldados”, la Defensa es asunto marginal para los políticos y para la mayoría de la población.
    Si no fuera porque hay un Trillo de por medio casi nadie se acordaría del accidente del Yak, de los muertos y de sus familias. Triste, pero así son las cosas en este país o en lo que sea en que se está convertido España.

  2. Monseñor

    No tan marginal, Fabio Máximo. El ministerio de defensa es un puesto muy deseado entre los ministrbles. No es casualidad que un populista en estado puro como Bono tuviera esa cartera al entrar en el gobierno de ZP. Y es codiciado porque el ejército es quizá la institución mejor valorada por los españoles. Posiblemente esa valoración venga acompañada con la venta de sus labores siempre humanitarias, pero lo cierto es que el ejército ha servido de escaparate a todos los gobiernos.

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