Reformas para tiempos difíciles (Una conferencia)

El pasado 17 de junio impartí una conferencia con motivo de la entrega del premio Dr. Rogeli Duocastella en Ciencias Sociales que me concedió la Fundación “La Caixa” por una investigación realizada con mi colaborador el Dr. Raimundo Viejo Rubio. He incluido aquí los párrafos con los que agradecí la entrega del premio y también el texto completo de la conferencia.

Agradecimientos

• Bona tarde. Muy buenas tardes, distinguido público, Doña. Joana Prats, subdirectora del Área de Integración Social de la Fundació, Don Ángel Castiñeira, director de la cátedra de Lideratge i Gobernança Deomocràtica de Esade y miembro del jurado, restantes miembros del jurado y queridos amigos. Quiero expresar mi agradecimiento a la Fundació “La Caixa” y a los miembros del jurado de la XXI edición del premio Dr. Rogeli Duocastella de Ciencias Sociales por haber premiado el trabajo de investigación “La Seguridad Social: análisis institucional, modelización y simulación”, realizado con mi colaborador el Doctor Raimundo Viejo Rubio. Estoy seguro de que la tarea de elegir éste entre los distintos trabajos que se han presentado al concurso ha sido una tarea ardua y aprovecho la ocasión para felicitar al Sr. Jordi Guilera, ganador del accésit.

• El trabajo de investigación suele desarrollarse en los círculos universitarios y pocas veces su eco traspasa los límites marcados por las revistas especializadas que leemos casi exclusivamente los académicos. Me ha causado por ello una enorme satisfacción que el jurado reconociera la solvencia y el interés de la investigación realizada pues, merced a su publicación en forma de libro, va a alcanzar una difusión mucho más amplia de la habitual en estos casos. El texto está redactado en castellano y ha sido un motivo de alegría adicional el constatar que en esta Cataluña cada día más ensimismada, hay algunas instituciones catalanas que tienen claro que el partido se juega no sólo en Cataluña, sino también en España, Europa y el mundo.

• Tengo también una gran deuda con el Dr. Viejo, más conocido por todos como Rai, por su buena disposición y gran dedicación durante el período que realizamos la investigación. Hay también en esta sala una persona, el empresario igualadino Llorenç Tusal, al que quiero expresar mi profundo agradecimiento. Hace unos años se acercó un día a mi despacho en la Universidad Autónoma de Barcelona para enseñarme algunas presentaciones que él había hecho sobre el tema y animarme a investigarlo a fondo. Ha leído con cuidado los primeros borradores y estoy seguro de que hoy siente tanto orgullo como yo al ver esta investigación publicada. ¡Qué sirva para algo el esfuerzo realizado, Llorenç!

• Para terminar, quiero agradecer públicamente el apoyo y la comprensión (¡a veces también incomprensión!) que he recibido de Ana, mi mujer. También quiero recordar a mis dos hijos, Clemente y Daniel, que renunciaron a asistir a la conferencia en cuanto les advertí de que había excusado su asistencia Hannah Montana. A los tres les dedico la parte que me toca de este libro. Muchas gracias también a todos los amigos que han hecho un hueco en sus agendas para asistir al acto en un día tan caluroso y muy especialmente a los que han venido de “provincias”.

• Gracias a todos.

¿Reformas en tiempos difíciles?

Conferencia impartida en Caixaforum el 17 de junio de 2009

Introducción
• Cuando me sugirieron en una conversación telefónica la posibilidad de que fuera yo quien diera esta conferencia y me pidieron un título, casi sin pensarlo, di el que aparece en las invitaciones y en la pantalla: “Reformas para tiempos de crisis”. Pues bien, cuando comencé a escribir el texto de esta charla hace unos días reparé enseguida en que habría sido más apropiado titularla “Reformas en tiempos de crisis”, y hasta incluso más haber colocado el título entre signos de interrogación: ¿Reformas en tiempos de crisis?

• El cambio, aunque pueda parecer una sutileza, no es baladí. El título original puede dar la impresión de que nuestro análisis del sistema de la Seguridad Social (SS) en España constituye una aportación más a la innumerable lista de reformas que desde casi todas las instancias políticas, sociales, académicas, mediáticas, etc. se han presentado en los últimos meses para combatir y remediar las dificultades económicas presentes. Estamos, es verdad, viviendo una grave crisis financiera global y una severa recesión económica también global, la más grave acaecida desde la Gran Depresión del siglo pasado, y son ahora muchos los doctores que sugieren remedios para apuntalar el sistema financiero o frenar la dolorosa caída de la producción y el empleo. No es nuestro caso. La investigación premiada fue realizada mucho antes de que la crisis y la recesión asomaran sus feas cabezotas en la segunda mitad de 2008 y la mayoría de los países desarrollados entraran en recesión a comienzos de 2009.

• Nuestro trabajo, eso sí, aborda una cuestión, la reducción de las cotizaciones sociales a los empleadores en España, que está hoy de actualidad pero que ha sido objeto de debate y tensión desde hace varias décadas. La explicación de esta, podríamos decir, actualidad crónica del tema se explica por una simple razón: a pesar de las muchas propuestas avanzadas y los debates que han suscitado en los medios de comunicación y las instituciones, lo cierto es que nunca se han reducido las cotizaciones sociales a los empleadores en España. De una parte, la CEOE y otras organizaciones empresariales han abogado por una reducción general de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores en múltiples ocasiones; y, de otra, el Ministerio de Trabajo, con el respaldo de las principales organizaciones sindicales, se ha opuesto a esas demandas patronales, concediendo a lo sumo en algunas ocasiones subvenciones finalistas o exenciones temporales, como es el caso de las medidas urgentes aprobadas el pasado 6 de marzo por el Gobierno para fomentar el empleo. Con frecuencia, para confundir más las cosas, el conflicto se ha presentado ante el público como una desigual batalla entre la codicia ilimitada de los prepotentes empresarios y la defensa heroica de los derechos de los humildes trabajadores.

• Hace unos días, sin ir más lejos, el titular de en un diario económico (Expansión, 8 de junio 2009) nos informaba de que la “CEOE demanda 9.500 millones en cotizaciones” y en el subtítulo nos aclaraba “que el Gobierno se niega a conceder una reducción general de tres puntos en la aportación patronal”. La cifra exigida por la patronal, 9.600 millones se obtiene al multiplicar los tres puntos de la reducción solicitada por la caída estimada en la recaudación, que el Ministerio de Trabajo e Inmigración cifra en 3.200 millones de euros por cada punto, una cuantía equivalente al 0,29% del PIB en 2008 (1.095.163). Para la CEOE, la petición resulta asumible puesto que el superávit de la SS se situaba en 10.172 millones de euros en abril, mientras que para el Gobierno, aunque convencido de que el sistema cerrará el año con un superávit del 0,4% (unos 4.200 millones), la demanda patronal resulta cuando menos inoportuna.

• Como ven el tema está de plena actualidad y merece al menos una conferencia. Para evitar posibles malentendidos, me gustaría aclarar, aunque debiera ser obvio, que las opiniones y afirmaciones que haga durante la exposición representan únicamente mis propios puntos de vista, no los de los miembros del jurado que lo ha premiado o la Fundación. Este es el guión para el resto de la charla. Tras presentar unas consideraciones de orden general sobre la reforma del sistema de la SS, expondré brevemente cuál es la situación de partida y dedicaré el resto del tiempo a resumir el enfoque que hemos seguido y los resultados más interesantes que hemos alcanzado en el estudio. A modo de conclusión, terminaré presentando unas reflexiones sobre el papel de los economistas en la sociedad y la resistencia de los gobiernos a introducir reformas. Evitaré entrar en detalles técnicos y, en todo caso, quedaré a la disposición de Vds. al finalizar la charla para aclarar las dudas que suscite mi exposición o contestar las preguntas que tengan a bien formularme.

La reforma de la SS: planteamiento general
• Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría hacer dos precisiones sobre la última propuesta de la CEOE de reducir las cotizaciones a cargo de los empleadores, propuesta inmediatamente descartada por el Gobierno. En primer lugar, la patronal yerra una vez más al plantear su reforma como asumible por el sistema de la SS aprovechando la circunstancia transitoria de que el sistema presentaba en abril un superávit de 10.172 millones, porque lo más probable es que ese superávit se evapore en los próximos meses si continúa reduciéndose el número de cotizantes a la SS en el segundo semestre de 2009 y porque esa superávit no tiene en cuenta el déficit del INEM, un asunto al que me referiré más adelante. En segundo lugar, el Gobierno también se equivoca al descartar la posibilidad de reducir las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, escudándose en la prudencia fiscal, pues si bien es verdad que hay que ser prudente cuando las estimaciones del déficit público para 2009 y 2010 lo sitúan entre el 8 y el 10 por ciento del PIB, también lo es que la reducción de las cotizaciones podría contrarrestarse con elevaciones en la recaudación de otros impuestos. Dicho de otra manera: reducir las cotizaciones no es sinónimo de recorte de los ingresos del conjunto de las AAPP ni tampoco de las prestaciones sociales que éstas proporcionan.

• El estudio premiado ilustra cómo se puede abordar la reforma del sistema de la SS desde una actitud racional, libre de los prejuicios e intereses particulares que subyacen tanto en las propuestas formuladas por las organizaciones patronales como en las razones esgrimidas por el Gobierno y las organizaciones sindicales para rechazarlas. Ni me parece conveniente reducir las cotizaciones sociales sin más, como han solicitado habitualmente las organizaciones patronales, (a menos, claro está, que se esté dispuesto a recortar simultáneamente el gasto en prestaciones), ni tampoco encuentro razonable que se descarte la medida aduciendo que un recorte de las cotizaciones conduce a una inevitable reducción de los ingresos públicos y las prestaciones sociales, como dan por sentado el Gobierno y las organizaciones sindicales.

• A diferencia de la propuesta de la CEOE, nuestro estudio plantea la reducción de las cotizaciones sociales en dos escenarios alternativos y no excluyentes. En la primera parte del libro, se examina el sistema de la SS desde un punto de vista institucional y se apuntan algunas áreas donde la mejora en la gestión permitiría economizar recursos que podrían destinarse a reducir las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores. En la segunda parte del libro, se simulan los efectos de algunas reformas fiscales que reducen las cotizaciones pero mantienen las prestaciones y déficit público inalterados. Aunque como digo se trata de dos alternativas no excluyentes, hablaré mucho más de la segunda que de la primera, por dos razones. En primer lugar, las reformas fiscales son mucho más sencillas de instrumentar que las reformas institucionales; y, en segundo lugar, las reformas fiscales se pueden simular en una economía virtual y proporcionar información cuantitativa sobre los cambios que registrarán los precios, los niveles de producción, el bienestar y las principales variables fiscales y macroeconómicas de la economía española.

• Antes de seguir, quisiera también despejar una duda. Nuestro análisis se limita a decirnos si es posible sostener el actual nivel de prestaciones reduciendo las cotizaciones sociales a los empleadores, pero no aborda la importante cuestión de si el sistema se podrá sostener a largo plazo sin realizar ajustes importantes en el mismo, para hacer frente al crecimiento de prestaciones resultantes del previsible envejecimiento de la población y aumento de la esperanza de vida.

Características del sistema de la SS español
• La administración de la SS en España está organizada en torno a varios órganos gestores de carácter público (INSS, ISM, IMSERSO e INGESA) y privado (MATEPSS) encargados de reconocer los derechos de los ciudadanos a recibir prestaciones (y en algunos casos prestarlas) y un servicio común (TGSS) encargado de recaudar las aportaciones al sistema y efectuar los pagos. Estos organismos conforman el sistema de la SS. El SPEE (INEM), aunque contablemente no está integrado en el sistema de la SS, comparte con el resto de órganos gestores el servicio común de Tesorería y, por tanto, se puede considerar parte del sistema. Quedan fuera del sistema y de este estudio otras entidades que gestionan los Regímenes especiales de los funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUJEGU) y otras Administraciones de la SS que gestionan entre otras las prestaciones médicas, hoy prácticamente transferidas a las CCAA.

• Los ingresos obtenidos por el sistema se destinan casi en su totalidad a financiar las prestaciones y los gastos de gestión, si bien es verdad que durante los últimos años el fuerte crecimiento del número de cotizantes ha permitido acumular los superávits obtenidos en un Fondo de Reserva que en la actualidad cuenta con unos 57.000 m. de euros. La finalidad de las prestaciones es ayudar a los ciudadanos a hacer frente a determinadas contingencias tales como vejez, incapacidad temporal y permanente, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, maternidad y cargas familiares, pérdida del empleo y formación de ocupados y parados, etc. Algunas de las prestaciones como la gestión de los programas de formación a parados y ocupados corresponden formalmente al SPEE, aunque la mayor parte de sus actuaciones formativas han sido transferidas también a las CCAA.

• De acuerdo con la última información disponible en las cuentas integradas SEEPROS (Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social), el gasto del sistema de la SS en 2006 ascendió a 89.328,0 m., cifra a la que habría que sumar 21.264,6 m. correspondientes al gasto del SPEE hasta totalizar 110.592,6 m. (A ellos hay que añadir, 12.732,5 de los Regímenes especiales de funcionarios y 85.144,2 de Otras Administraciones de la SS de los que 50.723,7 corresponde a prestaciones por enfermedad. Estamos hablando en todo caso de un gasto que, excluida la sanidad, alcanzó: 173.958,8 millones.)

• De acuerdo con la última información disponible en las cuentas integradas SEEPROS (Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social), el gasto del sistema de la SS en 2006 ascendió a 89.328,0 m., cifra a la que habría que sumar 21.264,6 m. correspondientes al gasto del SPEE hasta totalizar 110.592,6 m. (A ellos hay que añadir, 12.732,5 de los Regímenes especiales de funcionarios y 85.144,2 de Otras Administraciones de la SS de los que 50.723,7 corresponde a prestaciones por enfermedad. Estamos hablando en todo caso de un gasto que, excluida la sanidad, alcanzó: 173.958,8 millones.)

• Llegados a este punto, no puedo resistirme a comentar que la cifra de 27.281 millones presupuestados inicialmente para el SPEE en 2009 se va a quedar muy corta y que la partida de 19.292 millones presupuestada para pagos a los desempleados ya ha sido suplementada con un crédito extraordinario de 16.900 millones aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 12 de junio. Con este ajuste, la cifra destinada a prestaciones a los desempleados podría alcanzar 36.197 millones en 2009, una cantidad equivalente al 63,7% del Fondo de Reserva y al 3,5% del PIB. Para hacernos cargo de la enormidad de la cifra destinada a prestaciones a los desempleados este año, la compararé con la facturación de una empresa de tecnología punta, GNV (El País, 14 de junio 2009) que cuenta con la NASA y la ESA como clientes, factura 95 millones de euros al año y da empleo a más de mil empleados de los que el 85% son titulados superiores; o con los 1.300 millones que el Estado ha invertido en la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona; o con los 22.114,08 millones presupuestados para inversiones en infraestructuras del Estado (8.208,67) y del sistema empresarial público (13.905,41) en 2009.

• El grueso de las prestaciones del sistema de la SS se financia con las cotizaciones sociales que recaen sobre empleadores y empleados cuando existe una relación contractual en la prestación de los servicios laborales y sobre los autónomos cuando no existe tal prestación. En el primer caso, las contribuciones de los empleadores y empleados se determinan generalmente (la excepción son las horas extraordinarias y los contratos a tiempo parcial) aplicando unos tipos impositivos a las bases de cotización establecidas por la administración de la SS y recogidas en los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de los autónomos, la contribución es una cantidad fija. En 2006, las cotizaciones sociales del sistema de la SS ascendieron a 93.995,8 m. y las del SPEE a 20.099,9 m., totalizando 114.095,7 millones. (Las cotizaciones recaudadas por los Regímenes especiales de funcionarios fueron 12.563,7 y por las Otras administraciones de la Seguridad Social 14.301,2 y el montante total de cotizaciones ascendió a 140.960,6 millones.)

• Sobre la distribución de peso de las cotizaciones simplemente les indicaré que, en términos de Contabilidad Nacional las cotizaciones sociales ingresadas por los sectores residentes en (2004) 2007 fueron (120.352) 149.975 m. de los que (88.994) 111.884 fueron aportados por los empleadores y (31.358) 38.091 por las personas protegidas, empleados, autónomos y desempleados. Así pues, los empleadores aportaron el 73,94 (74,60) por ciento del total. Empleando las cuentas SEEPROS para el INEM, observamos que las aportaciones en 2004 (2006) de los empleadores 13.632,7 (16.084,7) y empleados 3.202,3 (4.015,2) proporcionan porcentajes incluso superiores 80,98 (80,02) por ciento.

• Como las cifras anteriores ponen de manifiesto, las cotizaciones sociales constituyen el gravamen más importante de nuestra economía y son el principal sostén de las prestaciones sociales. En 2007, la recaudación por cotizaciones sociales totales (efectivas) alcanzó 149.975 (133.197) m. de los que 136.640 (128.069) fueron a parar a las arcas públicas. Esta cifra es ligeramente superior a los 135.773 m. recaudados con el I.R.P.F y el impuesto sobre sociedades. A la vista de estas cifras, resulta evidente que la reducción de las contribuciones de los empleadores constituye un asunto de enorme trascendencia e interés para los ciudadanos españoles y la hacienda pública. Asimismo, queda establecido que de cada 4 euros ingresados por cotizaciones sociales 3 los aportan los empresarios y 1 las personas protegidas.

Distorsiones originadas por las cotizaciones sociales
• A los economistas, y en esto nos parecemos a todos los ciudadanos, los impuestos nos gustan muy poco, aunque reconozcamos que son necesarios para financiar el gasto público. La razón de esta falta de aprecio hay que buscarla en el convencimiento de que su presencia altera las decisiones de los actores económicos, las empresas y familias, y genera pérdidas de bienestar y eficiencia en la asignación de los recursos. Siempre que alguien hace o deja de hacer algo que no haría o que haría en ausencia del impuesto se produce una pérdida de bienestar y se está distorsionando la asignación de los recursos. Las cotizaciones sociales no son una excepción a esta regla general pudiéndose detectar en este caso cuatro tipos de distorsiones:

o Las empresas para ahorrarse el impuesto utilizarán menos trabajo del que emplearían en su ausencia.
o Algunos miembros de las unidades familiares preferirán no participar o limitar su participación en el mercado laboral para evitar el gravamen.
o Al elegir entre los distintos bienes y servicios producidos en un país, los productos más intensivos en trabajo soportarán un mayor gravamen y su demanda será menor de lo que lo sería en ausencia del impuesto.
o En igualdad de condiciones, los bienes y servicios importados de países donde no hay cotizaciones sociales o estás son inferiores, serán más baratos y los consumidores los preferirán a los bienes producidos localmente.

• Hay pues buenas razones para pensar que las distorsiones que crea este impuesto reducen la demanda de trabajo, inducen a no participar en el mercado laboral, gravan en exceso a los bienes y servicios más intensivos en mano de obra e inclinan a los consumidores a favor de los productos importados de países donde los servicios laborales no están sujetos al gravamen.

• ¿Es posible reducir las CS sin poner en peligro las prestaciones sociales o aumentar el déficit público? Ya he indicado que hay dos situaciones alternativas pero no excluyentes en las que sería posible lograrlo: primera, si hay despilfarro en la gestión de las prestaciones. Segunda, si se acepta financiar parcialmente las prestaciones con otros impuestos distintos de las CS.

Escenarios de reforma contemplados en el estudio y resultados
• A la pregunta de si se despilfarran recursos en la gestión del sistema de la SS, el análisis realizado en el capítulo 2 del estudio apunta a tres áreas donde se han detectado ineficiencias en la gestión y que, en caso de ser eliminadas, podrían liberar recursos para destinarlos a reducir las cotizaciones sociales. Estas son las tres propuestas que hacemos:

o Simplificar el sistema en varias direcciones

 Traspasando la gestión de las pensiones del ISM e IMSERSO al INSS y reformando el ISM e IMSERSO.
 Eliminando los regímenes especiales.
 Eliminando el tratamiento diferencial del gravamen para contingencias comunes.

o Establecer incentivos y controles más exigentes para evitar abusos en el cobro de la prestación por desempleo.
o Reformar el SPEE en su doble vertiente de intermediario del mercado de trabajo y gestor de los programas de formación ocupacional y continua.

• No quiero ocultar que cualquiera de estas iniciativas de reforma institucional del sistema de la SS exige, además de una voluntad política firme para resistir la presión de los colectivos perjudicados, contar con mayoría en el Congreso para acometer los cambios legales oportunos, algo hoy casi imposible pues casi cualquier actuación del Gobierno central se encuentra siempre con alguna autonomía que la paraliza o recurre por invadir competencias propias. Se trata, en todo caso, de un proceso largo y tortuoso que pese a los libros blancos que se han encargado en el pasado ningún partido político ha incluido en su programa de gobierno. Despilfarro lo hay, pero nadie parece dispuesto a ponerle remedio.

• Al margen de las reformas institucionales cuyas dificultades acabamos de indicar, la única vía convincente de reducir las cotizaciones de los empleadores manteniendo inalteradas las prestaciones y el déficit público pasa por realizar una reforma fiscal en la que la posible pérdida de recaudación ocasionada por la reducción de las cotizaciones se compense con elevaciones en la recaudación de otros impuestos El estudio analiza cuatro escenarios alternativos:

o Reducción de las cotizaciones sin compensación.
o Reducción de las cotizaciones compensada con elevaciones de los tipos del IVA.
o Reducción de las cotizaciones compensada con elevaciones de los tipos del IRPF.
o Reducción de las cotizaciones compensada con recortes en la tasa de cobertura a los
desempleados.

• Y para cada uno de ellos se presentan los resultados cuando los tipos de las cotizaciones sociales se reducen en 1, 5, 10 ó 15 puntos. Para centrar nuestra discusión, aquí hablaré de los efectos cuando se reducen en 10 puntos porcentuales en dos de los escenarios: en ausencia de compensación y cuando la pérdida en recaudación se compensa elevando los tipos del IVA.

• En el primer escenario, cuando las cotizaciones sociales se reducen 10 puntos sin más, la simulación proporciona los siguientes impactos sobre las principales variables económicas:

o Disminuyen los precios de producción entre un 2 y un 6 por ciento, resultando especialmente importantes la caída del coste de producir los servicios públicos.
o Las caídas de los precios de producción se trasladan a los precios de los bienes de producción total y los precios de los bienes de consumo en cuantías similares aunque algo menores.
o Aumenta el poder de compra de los salarios entre un 3 y 4 por ciento.
o Mejora el bienestar de la mayoría de los hogares representativos, especialmente de los hogares cuyo cabeza de familia es asalariado.
o La producción de todos los sectores privados aumenta entre el 0,5 y el 4 por ciento.
o Las tasas de paro disminuyen entre 3 y 4 puntos siendo mayor la caída para los trabajadores sin estudios.
o La recaudación por cotizaciones sociales disminuye 2,5 puntos sobre el PIB. Como curiosidad les diré que cuando las cotizaciones se reducen 1 punto, la recaudación cae 0,24 puntos del PIB, una cifra muy próxima a los 0,29 puntos estimados por el Ministerio de Trabajo como les decía al comienzo de la charla.
o El déficit público, sin embargo, aumenta sólo en 0,2 puntos del PIB una cifra muy inferior a la caída de 2,5 puntos de la recaudación por cotizaciones.
o El saldo de intercambios con el resto del mundo mejora en 0,6 puntos porcentuales.
o El PIB real aumenta algo más del 2%.

• Una de las preguntas que posiblemente Vds. se formularán es ¿por qué el déficit público aumenta mucho menos que la caída en la recaudación de las cotizaciones sociales? La respuesta es que la reducción de las cotizaciones estimula la demanda de trabajo y la caída de los precios aumenta el poder de compra de los hogares y todo ello se traduce en una expansión de los niveles de producción y empleo en la economía. La pérdida de recaudación por cotizaciones sociales a cargo de los empleadores (0,24 puntos por cada punto en que se reducen las CS) resulta algo inferior a la estimada por el Ministerio (0,29 puntos porcentuales por cada punto en que se reducen las CS) porque aumenta el número de cotizantes; y el déficit aumenta mucho menos que la caída en la recaudación por cotizaciones por varias razones:

o se incrementa algo la recaudación de los demás impuestos. Por ejemplo, el IRPF aumenta 0,18 puntos porcentuales.
o se reduce en 1,86 puntos el gasto en bienes y servicios de las AAPP.
o se recorta en 1,07 puntos las transferencias a los desempleados.

• En resumen, estos resultados apuntan a que, pasando por alto el aumento del déficit público, en una cuantía, insisto, muy inferior a la esperada, la reducción de las cotizaciones sociales a los empleadores es una política que podría reportar importantes beneficios a la economía española. Pero, ¿se mantendrán estos resultados cuando se compense la pérdida de recaudación? Cabe esperar que así sea, porque los ajustes impositivos requeridos son modestos habida cuenta del pequeño incremento que registra el déficit público.

• Y así es. Los resultados obtenidos al simular una reducción de cotizaciones compensada con elevaciones en los tipos de otros impuestos confirman la hipótesis. En particular, una reducción de 10 puntos de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores compensada con elevaciones de los tipos del IVA produce los siguientes efectos:

o Los precios de los bienes de producción caen algo menos y los salarios reales aumentan algo menos que en la simulación anterior. Los precios de los bienes consumo caen bastante menos a causa del aumento de los tipos del IVA.
o El aumento de la producción es ahora algo superior en los sectores que destinan una mayor proporción de la producción a la inversión y algo inferior en el resto. Maquinaria, Construcción y Otros servicios son los sectores en los que la producción registra ahora una expansión algo mayor.
o Las tasas de paro caen entre 3 y 3,5 puntos porcentuales, medio punto menos que en la simulación anterior.
o La recaudación por cotizaciones disminuye también en 2,5 puntos porcentuales.
o La recaudación por IVA, cuyos tipos se incrementan, aumenta en 0,43 puntos porcentuales.
o La recaudación por IRPF aumenta en 0,15 puntos porcentuales
o El gasto público disminuye en 1,82 puntos porcentuales.
o Las transferencias a los desempleados caen en
o El PIB real aumenta algo más del 2 % por ciento.

• Un hecho a destacar es que los aumentos de los tipos impositivos requeridos para compensar la perdida de recaudación son bastante moderados. El aumento en los tipos del IVA requerido para compensar una reducción de 10 (15) puntos en las contribuciones es del 8 (15) por ciento, por lo que los bienes actualmente gravados con un 16 por ciento pasarían a estar gravados con el 17,3 (18,4), por ciento, una cifra bastante inferior al 19 por ciento vigente en Alemania.

Conclusiones generales
• La reducción de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores es una vieja aspiración de las organizaciones empresariales a la que las organizaciones sindicales se han resistido con tenacidad, temerosas tal vez de que la medida fuera el anticipo de un posterior recorte de prestaciones. Esta división de opiniones entre los agentes sociales, sumada a la comprensible prudencia de los responsables de la hacienda pública, explica por qué la demanda patronal de reducir las cotizaciones sociales de los empleadores ha encontrado tan poco eco en Gobiernos de muy distinto signo político.

• El propósito principal de este estudio ha sido aportar luz a este debate, estimando los efectos de una hipotética reducción de los tipos de las cotizaciones sociales de los empleadores en la economía española. Los resultados que acabamos de exponer avalan la hipótesis de que es posible reducir las cotizaciones sociales sin poner en riesgo las prestaciones sociales ni aumentar el déficit público en relación al PIB y sugieren que gravar la contratación del trabajo con elevadas cotizaciones sociales constituye una de las formas menos deseables de recaudar impuestos.

• ¿Qué grado de confianza podemos otorgar a los resultados de las simulaciones? A su favor pondría en la balanza que el modelo de simulación empleado en este estudio es el más detallado y contrastado de cuantos se han utilizado hasta hoy para estimar los efectos de una reforma fiscal en la economía española. Naturalmente, tengo suficientes canas en mi pelo como para saber que un modelo es sólo un modelo y que, por definición, incorpora simplificaciones de la realidad y valores para algunos parámetros que obligan a tomar sus resultados con cautela. Pero tampoco podemos dejar que la prudencia se convierta en una mala consejera y si hay que apostar por seguir una dirección siempre me inclinaré por la que señala un buen modelo.

Reflexiones finales sobre el papel de los economistas y la resistencia de los gobiernos a introducir reformas
• Promover reformas fiscales o incluso reformas institucionales para mejorar los resultados económicos constituye, en mi modesta opinión, la labor más interesante que podemos prestar los economistas a la sociedad y la única, tal vez, que justifica la pervivencia de abultados departamentos y centros de investigación de Economía. Sin embargo, poner en marcha reformas como las que he propuesto en esta charla resulta en la práctica una tarea bastante más complicada de lo que, en principio, pudiera anticiparse.

• En el caso de las reformas institucionales, las resistencias suelen ser casi siempre formidables. Las reformas apuntadas en este estudio para simplificar y mejorar la gestión del sistema de la SS, por ejemplo, no suscitarán, me temo, gran entusiasmo en el Gobierno. Tampoco soy muy optimista de que éste u otro gobierno futuro se decida a reducir las cotizaciones sociales compensando la posible caída en la recaudación con elevaciones de los tipos del IVA o IRPF. Quizás si echaran una mirada a Dinamarca, un país al que dedicamos bastantes páginas en nuestro estudio, el Gobierno y las organizaciones sindicales se convencerían de que un generoso sistema de prestaciones sociales como el danés se puede sostener con unas cotizaciones sociales a cargo de los empleadores casi insignificantes.

• ¿Por qué tanta resistencia a adoptar reformas en el ámbito público? Quizás sea consustancial a la naturaleza humana tanto ignorar las señales de alerta que recibimos en las épocas de bonanza como sobreactuar cuando las cosas comienzan a venir mal dadas. Aunque la propensión a la miopía se observa también en el ámbito privado, la resistencia a anticipar y valorar el futuro probablemente se acentúa cuando desarrollamos nuestra actividad en la esfera pública y semipública donde ni nuestro patrimonio ni reputación están en juego.

• Al fin y al cabo, ¿quién podrá pedirles cuentas a los responsables públicos si de sus actuaciones o inacción se derivan consecuencias desastrosas en el futuro? ¿Alguien podrá exigirle responsabilidades al Sr. Solbes por no haber actuado con mayor celeridad para afrontar la crisis financiera o al Sr. Caldera o al Sr. Corbacho por no reformar la financiación del sistema de la SS o el sistema de pensiones? ¡Para qué complicarme la vida, se dirá más de algún ministro, si mañana será mi sustituto quien tendrá que lidiar con el toro!

• Esta responsabilidad difusa de quienes ejercen la función pública explicaría por qué se demora tanto la puesta en marcha de algunas reformas, incluso cuando la mayoría de los expertos independientes las juzgan deseables y hasta inevitables. También por qué los gobiernos suelen tachar de agoreros e irresponsables a quienes se atreven a airear consideraciones ingratas, imputándoles incluso equivocaciones, reales o imaginarias, con el fin de desacreditar sus argumentos. Por otra parte, el poder que emana de los ingentes presupuestos públicos ha domesticado incluso a la clase empresarial, ahora más interesada en mantener buenas relaciones con el ejecutivo -¿qué hay de lo mío?- que en promover una gestión eficaz de los recursos públicos.

• Quizás por ello estamos donde estamos. Se desaprovechó el momento de bonanza para ensayar reformas que, como las que he propuesto en esta charla, podrían haber resultado muy beneficiosas para nuestra economía. En una situación de crecimiento de la producción, del empleo y de la recaudación, los posibles errores de cálculo se podrían haber corregido con facilidad sin agravar los desequilibrios de las cuentas públicas. Ahora, estamos sumidos en una recesión que va a ser severa y larga y con ella han llegado, por una parte, la improvisación y el despilfarro, pues así califico el Fondo de Inversión Local de 8.000 m. aprobado en diciembre por el Gobierno y las medidas que se están considerando para extender la prestación por desempleo, y, por otra, las dudas y la parálisis a la hora de afrontar la crisis financiera, como prueba la tardía y costosa intervención de la CCM y el retraso en crear el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).

• ¿Es el actual un buen momento para impulsar reformas? Cuando el déficit público puede alcanzar el 10 % del PIB este año y el próximo, les engañaría si les dijera que lo es, pero puestos a hacer experimentos y a endeudarnos siempre preferiré las reformas y programas de gasto con pies y cabeza a seguir dilapidando nuestros impuestos presentes y futuros. Falta el compromiso decidido de la sociedad civil para impulsarlas.

• Esto es todo. Muchas gracias. Quedo a su disposición para que me hagan las preguntas que consideren oportunas. No me pregunten, sin embargo, por los créditos al Real Madrid para fichar a Ronaldo y Kaká.

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