En la encrucijada del mercado laboral

Artículo publicado en Expansión el 22 de junio de 2009

La crisis financiera y la profunda recesión en que está sumida la economía española ha diluido con gran rapidez la aparente armonía en que se desenvolvían las relaciones entre los agentes sociales, una cooperación, todo sea dicho, bien lubricada con generosas aportaciones de recursos públicos a las organizaciones sindicales y patronales durante la época de vacas gordas. En los últimos meses, al tiempo que asomaban sus feas cabezotas la crisis y la recesión, las discrepancias entre las organizaciones empresariales y sindicales se han ido abriendo paso entre bastidores y aflorado a la escena, sin que el Gobierno esté ahora en condiciones de suavizar esas fricciones poniendo más dinero público sobre la mesa.

La urgente necesidad de adquirir activos y avalar las emisiones de deuda de las entidades financieras con problemas de liquidez y solvencia, el fuerte crecimiento del consumo público y de las transferencias a los desempleados, la caída de cotizantes a la Seguridad Social y, en general, el desplome de la recaudación de los impuestos de sociedades, IVA y otros impuestos sobre los productos, han dado en pocos meses la vuelta a las cuentas públicas que han pasado de exhibir un superávit del 2,2% del PIB en 2007 a registrar un alarmante déficit del 3,8% en 2008, una caída de 6,0 puntos porcentuales en un año nunca vista en nuestra economía. Y las perspectivas para 2009 y 2010 apuntan hacia un máximo histórico de la necesidad de financiación que alcanzaría entre el 8 y el 10% del PIB.

Puntos de desencuentro
Ante el creciente deterioro de las cuentas de resultados, los empresarios se han visto urgidos a desempolvar dos viejas reivindicaciones suyas, a saber, la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores y el recorte de las indemnizaciones por despido. Las patronales han pedido también a las sindicales cierta flexibilidad a la hora de fijar los crecimientos salariales pactados en los convenios para 2009, habida cuenta de la favorable evolución del IPC que ha descendido desde el 5,4% en julio de 2008 hasta el -0,9% en mayo de 2009, la fuerte caída en la actividad de los sectores industriales que alcanza el 23,0% en lo que llevamos de año y el desplome del 58,1% en los visados para la construcción de viviendas en 2008, cifras a las que se podrían añadir el recorte del número de viajeros en abril (-14,76%) y pernoctaciones (-12,05%) de turistas extranjeros que apuntan hacia una crisis en el sector turístico sin precedentes por su intensidad y cuyas consecuencias se dejarán sentir con toda su crudeza en los próximos meses.

La respuesta de las organizaciones sindicales no se ha hecho esperar. Sus líderes han rechazado con contundencia las propuestas de los empresarios tildándolas de irrelevantes, caducas y oportunistas. Hace algunas semanas declaraba el Sr. Méndez, secretario general de UGT, en un una entrevista que los graves problemas de la economía española son ajenos al marco laboral, reformado cuatro veces en las últimas décadas, y que así lo había reconocido incluso la CEOE al estampar su firma junto con las sindicales y el Gobierno en la Declaración del Diálogo Social el 29 de julio de 2008. Más incluso, el Sr. Méndez sostenía que acometer reformas laborales en la actual coyuntura sería un grave error, pues sólo servirían para aumentar la inseguridad de los trabajadores y agudizar la ya notable caída del consumo. La salida de la solución para el Sr. Méndez pasa por aumentar la inversión pública y cambiar a medio plazo el modelo productivo.

El Gobierno en la encrucijada
A la demanda de reformas en el mercado laboral se han sumado el Sr. Ordóñez, actual Gobernador del Banco de España y Secretario de Estado de Hacienda del Gobierno en la pasada legislatura, y el Sr. Almunia, Comisario de Economía de la UE. También un centenar de economistas entre los que figura el Sr. Campa, actual Secretario de Estado de Economía, han firmado un manifiesto para reclamar un contrato laboral único con indemnización variable. Una difícil papeleta la que tiene ante sí el Gobierno que sabe (o debería saber) que algunas de las medidas propuestas por los empresarios podrían aliviar la situación de muchas empresas en circunstancias difíciles y mejorar su competitividad, pero teme la reacción de las sindicales que, aprovechando el descontento social existente, podrían con suma facilidad convocar una huelga general, materia en la que ya han probado su contrastada profesionalidad en varias ocasiones. La imagen del Gobierno abandonado por los representantes de los trabajadores debilitaría todavía más la figura del Sr. Rodríguez Zapatero ante los ciudadanos y los líderes mundiales. De momento, el Gobierno ha optado por situarse del lado de las sindicales y asegurarse la paz laboral. Su posición es, sin embargo, bastante débil, acosado como está por todos los frentes y de momento se ha limitado a aprobar un paquete mínimo de medidas transitorias contra el paro que no han convencido a nadie y pueden incluso algunas de ellas tener efectos contrarios al buscado.

En los próximos artículos, analizaré la situación del mercado laboral y los méritos de algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa para tratar de reorientarlo. Lo que está en juego no es como a veces se dice poner fin a la contracción del empleo y el aumento del paro, dos consecuencias casi inevitables a causa de los excesos incurridos en el pasado, sino definir el marco de relaciones laborales más apropiado para afrontar los retos de la globalización y la competencia de los países emergentes.

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