Una de recuerdos

El artículo que hoy incluyo aquí apareció publicado hace 4 años, en mayo de 2005 para ser exactos, en catalán como un artículo de fondo dentro del Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2004 publicado por “Sa Nostra” Caixa de Balears, págs. 223-231. Con frecuencia se acusa a los economistas de errar en sus diagnósticos. Considero que en este caso mi diagnóstico de la situación de la economía española era muy acertado y el artículo sigue vigente y se puede leer con provecho cuatro años después de su publicación.

Ahorro, inversión y saldo de operaciones corrientes

1. Introducción
¿Es el enorme y creciente desajuste entre la inversión y el ahorro el mayor problema de la economía española en 2005? Una interpretación benévola del desfase entre las dos magnitudes destacaría la confianza de los inversores en las perspectivas a medio plazo de nuestra economía: a la postre, lo importante es que se invierta en España y lo secundario quién financia dicha inversión. La inversión realizada hoy, con independencia de cómo se financie, aumentará nuestra competitividad mañana y generará rentas adicionales que elevarán el bienestar de las familias residentes y mejorará la capacidad de las Administraciones Públicas (AAPP) para prestar servicios públicos. La movilidad del ahorro es, sin duda, uno de los beneficios más importantes de la globalización o, más precisamente, de la eliminación de las barreras legales que hasta hace unos años constreñían el ahorro de los residentes a financiar inversión dentro del territorio nacional.

Una interpretación alternativa del creciente déficit (corriente) exterior subrayaría la incapacidad de las empresas localizadas en el territorio español para exportar tanto como importan y consideraría este desfase prueba incontestable de que la inversión acumulada en los últimos años ha sido insuficiente para aumentar la competitividad de las empresas locales al ritmo necesario. El raquítico aumento de la productividad de la economía española en los últimos años es, sin duda, uno de los puntos más débiles de la gestión económica del último Gobierno del Sr. Aznar; y esta circunstancia fue explotada por el principal partido de la oposición, el PSOE, que concurrió a las elecciones legislativas del 14 de marzo de 2004 con un programa económico cuyo objetivo central era elevar la productividad de nuestra economía. Se proyectaba imprimir un nuevo rumbo a la política de ingresos y gastos de las AAPP, fijando como objetivos intermedios reforzar la competencia en los mercados y potenciar la acumulación de capital humano y tecnológico. En ese contexto se insertaban las propuestas de potenciar la competencia en la distribución de energía y telecomunicaciones, las reformas del sistema educativo y mercado laboral, los cambios en la fiscalidad, las iniciativas para reforzar el mercado de alquiler de viviendas, etc.

Las cifras macroeconómicas en 2004 indican con toda claridad que si bien la confianza revelada de los inversores en el futuro a medio plazo de la economía continúa siendo elevada, ni la composición de la inversión, ni la evolución de algunos sectores clave de nuestra economía, como el turismo, auguran que el desequilibrio externo vaya a corregirse por sí mismo en el futuro. La situación actual es complicada porque los impulsos externos de carácter positivo que han propulsado la economía española desde 1986 se han agotado y pueden incluso tornarse negativos en los próximos años. Por otra parte, el Gobierno, desprovisto de autonomía monetaria, ya no puede emplear los instrumentos que utilizó habitualmente en el pasado para equilibrar el saldo exterior. Que es deseable aumentar la productividad de nuestras empresas está fuera de toda duda. La cuestión realmente interesante es qué se puede hacer, si algo, para conseguirlo en las presentes circunstancias.

2. El problema en cifras
Las cifras del Cuadro 1 muestran el ahorro bruto (SB), la formación bruta de capita (FBK), el saldo de operaciones corrientes (SOC) y la capacidad (necesidad) de financiación de (C(N)F) de la economía española en algunos años significativos de las últimas décadas. En las fases de intensa expansión, como las de 1964-74 y 1986-91, el desajuste creciente entre la inversión y el ahorro nacional se cubrió con ahorro externo que, en los años más críticos, como 1974 y 1990, rondó el 3,5% del PIB. La entrada de ahorro externo ha sido, sin duda, una ayuda inestimable para financiar las elevadas tasas de inversión de nuestra economía que, a su vez, han hecho posible el extraordinario crecimiento de la productividad registrado en la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, habría que añadir a renglón seguido que ese crecimiento de la productividad ha sido insuficiente para equilibrar las cuentas externas, si dejamos a un lado breves episodios marcados por circunstancias excepcionales. En los años 1984-86, la economía estaba saliendo de un prolongado período de desaceleración económica, la década negra de 1974-85, y, además, la devaluación de diciembre de 1982 había reducido artificialmente los precios de nuestros bienes y servicios respecto a los del resto del mundo. Y de nuevo en el período 1993-96, encontramos la misma combinación de circunstancias excepcionales: una economía saliendo ahora de una breve pero intensa recesión (1992-93) y el impacto de las cadena de devaluaciones de la peseta en septiembre y noviembre de 1992, mayo de 1993 y marzo de 1995.

 

Cuadro 1

Ahorro bruto, formación bruta de capital, saldo operaciones corrientes y capacidad (necesidad) de financiación

(En % sobre el PIB)

               
 

1974

1984

1990

1993

1996

2000

2004

SB/PIB

24,32

20,36

21,74

18,94

20,98

22,32

22,24

FBK/PIB

27,73

18,94

25,45

19,96

20,77

25,65

27,93

SOC/PIB

-3,41

1,43

-3,73

-1,01

0,21

-3,33

-5,69

C(N)F

-3,42

1,40

-3,43

-0,45

0,79

-2,47

-4,60

PIB real (Var. en %)

5,6

1,5

3,7

-1,2

2,4

4,0

2,7

Empleo (Var. En %)

0,5

-2,7

3,6

-4.1

2,6

4,1

3,9

 

Fuente: Contabilidad Nacional de España y Encuesta de la Población Activa.

En el año 2000, la situación económica era similar, aunque algo más favorable, a la de 1990. En ambos casos, el PIB había crecido a tasas elevadas en los tres años anteriores, creció a tasas similares en 2000 (4%) y 1990 (3,7%) y registró un desajuste entre inversión y ahorro considerable, aunque algo más bajo en 2000 (3,33 %) que en 1990 (3,73%). Pero si bien el desajuste externo de 1990 se corrigió con rapidez, como ya he indicado, el desequilibrio del 2000 se ha ido agravando hasta alcanzar en 2004 su valor histórico más elevado: el 5,69% del PIB. Esta dispar evolución desde un punto de partida similar se explica por la fortaleza de la inversión en los últimos años cuyo porcentaje sobre el PIB (27,93%) en 2004 es comparable al alcanzado en 1974 ó 1989, dos años en que la economía creció por encima del 5%. Es verdad que la necesidad de financiación es algo inferior (4,60%), pero sería un espejismo aferrarse a esta cifra, cuando sabemos que las generosas transferencias de capital que España ha recibido de la UE están llamadas a desaparecer durante la próxima década en el mejor de los casos.

3. ¿Se corregirá el déficit exterior?

El desajuste de nuestros intercambios es más difícil de corregir a corto y medio plazo en la actualidad porque nuestras autoridades ya no disponen de los dos instrumentos que utilizaron habitualmente en el siglo pasado para afrontar este problema: elevaciones de los tipos de interés para ralentizar el crecimiento de la demanda interna y las importaciones, y devaluaciones de la peseta para restablecer la pérdida de competitividad de nuestras empresas a corto y medio plazo. En cuanto a la evolución de los tipos de interés, es una certeza que el BCE los elevará en los próximos años hasta alcanzar niveles que proporcionen tasas de interés real razonables. Por otra parte, es muy plausible que a la fuerte escalada del euro frente al dólar siga una depreciación que favorecerá las exportaciones de los países de la UE en su conjunto, pero inefectiva para compensar el diferencial de inflación acumulado en los últimos años con el resto de países en la UEM. En síntesis, si bien cabe esperar una evolución de las dos variables favorable a la reducción del déficit exterior a medio plazo, no se puede olvidar que el tempo y la magnitud de los efectos escapan al control de nuestro Gobierno: pueden llegar tarde y quedarse cortos.

Por otra parte, el atractivo de España como receptor de inversiones comunitarias y extracomunitarias ha quedado muy debilitado tras la reciente incorporación a la UE de los llamados países del Este cuya mano de obra percibe salarios muy inferiores. (1) Las consecuencias de esta ampliación van a afectar también al hasta ahora favorable saldo de transferencias corrientes y de capital que generosamente proporcionaba la UE desde 1986 y que, en el mejor escenario, desaparecerán de forma paulatina en unos pocos años. No se puede descartar siquiera que el efecto ampliación sobre el déficit exterior más que contrarreste los beneficios esperados de la probable elevación de los tipos de interés y la posible depreciación del euro. Por lo tanto, es difícil que la probable evolución del entorno económico solucione el elevado déficit exterior de la economía española.

¿Cabe confiar en que el importante esfuerzo inversor realizado en los últimos años eleve la productividad y competitividad de nuestras empresas a medio plazo? De momento, ningún indicio apunta en esa dirección. Las tasas de crecimiento del PIB y la variación del número de ocupados, proporcionan un perfil plano de la productividad por persona ocupada desde 1996, con caídas en algunos años, como en 2004, en los que el empleo creció bastante más que el PIB. (2) Además, el crecimiento de los precios interiores en los últimos años supera el 4%, nivel similar al registrado en la segunda mitad de los 80 y 90, lo que atestigua las dificultades de la economía española para absorber los aumentos salariales sin repercutirlos en los precios.

Para comprender por qué el notable esfuerzo inversor de la última década no se ha dejado sentir en aumentos de la productividad, ni ha podido evitar el agravamiento del déficit por cuenta corriente, es preciso analizar la distribución sectorial de la formación bruta de capital en la economía española. El hecho más destacable es el creciente peso del sector de Actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (AISE) en la formación bruta de capital que ha pasado del 27,73% en 1995 al 32,91% en 1999, último año para el que se dispone de cifras desagregadas; (4) aunque habida cuenta de la fuerte expansión del número de viviendas iniciadas entre 1999 y 2003, el porcentaje podría haberse elevado hasta el 40% en los últimos años. (5)

En todo caso, solo la inversión en Vivienda realizada de la rama AISE en 1999, 25.119,4 millones de euros supera ampliamente la suma de la inversión realizada en algunas ramas tan vitales para nuestras exportaciones, como Alimentos, bebidas y tabaco, 4.233,5, Metalurgia y Productos metálicos 3.204,4 m., Maquinaria y equipo mecánico, 811,2 m., Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.655,8 m, Material de transporte 2.812,9 m. y Hostelería 4.083,4 m. Igualmente, instructivo resulta compararla con la inversión realizada en áreas tan vitales para el funcionamiento de la economía como Transporte y Comunicaciones (13.791,5), Intermediación financiera (2.313,7), Energía eléctrica, gas, vapor y distribución de agua (3.838,7) e infraestructuras públicas (11.441,9). A la vista de estos datos, es difícil resistirse a ver en el sector de AISE una suerte de agujero negro de la formación bruta de capital en España.

Sin duda, el dinamismo del sector en los últimos años se constata en la escalada imparable que ha registrado la construcción de viviendas. Desde el mínimo relativo de 197.363 viviendas iniciadas en 1993, se pasó a 302.339 en 1995, 510.767 en 1999 y 622.185 en 2003, el último año para el que disponemos de datos. Esta expansión espectacular de la promoción de viviendas ha tenido su contrapartida en el extraordinario aumento del empleo registrado en el sector Construcción cuyo número de ocupados (en miles) ha pasado de 1.144,0 en 1993 a 2.058,8 en 2004 (6) y cuya aportación al PIB explica buena parte del diferencial de crecimiento que la economía española ha mantenido respecto a la media de la UE en los últimos años. (7) El aspecto negativo lo representa, sin duda, el aumento del peso en la formación bruta de capital de la subrama de AI que tendrá, casi con toda seguridad, escaso impacto sobre la productividad y competitividad de nuestras empresas a medio plazo.

4. Instrumentos y políticas
¿Deberían las AAPP intervenir para corregir esta situación? En una economía de mercado, la fuerte concentración de la inversión en la subrama de Actividades Inmobiliarias no puede achacarse a los designios de un planificador incompetente, sino a la tendencia a igualarse los rendimientos netos del capital entre los distintos sectores productivos. Si no se invierte algo más en Alimentos, bebidas y tabaco, Material de transporte u Hostelería y algo menos en Actividades inmobiliarias, es porque esta hipotética reasignación de la inversión entre sectores reduciría la rentabilidad neta obtenida por los inversores. Naturalmente, sería absurdo alterar la distribución determinada por el mercado potenciando aún más el intervencionismo de las AAPP en la asignación de recursos. Lo que de verdad tiene interés es analizar hasta qué punto la elevada rentabilidad de la inversión en el sector de Actividades inmobiliarias es resultado de una planificación ineficiente de las AAPP.

En cualquier actividad productiva, la rentabilidad extraordinaria la determina la diferencia entre el precio neto de impuestos percibido por el productor y el coste unitario incurrido en su producción. El coste medio está a su vez determinado por las cantidades y los precios de los factores empleados en su producción. En circunstancias normales, la rentabilidad extraordinaria es cero y la rentabilidad bruta es igual al precio de los servicios de capital que es igual en todos los sectores. Ahora bien, un aumento permanente y brusco de la demanda de un producto puede generar rentas extraordinarias cuya finalidad es favorecer la reasignación de recursos para satisfacer la mayor demanda existente en ese sector. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de la vivienda en la economía española.

La convergencia nominal exigida para participar en la UEM, obligó al Banco de España a reducir, en muy pocos años, los muy elevados tipos de interés existentes a mediados de los 90. Del consiguiente abaratamiento del precio de los servicios de capital, cabría haber esperado una caída del precio de la vivienda. Sin embargo, el precio de la vivienda, en lugar de reducirse, inició un crecimiento a tasas que, durante bastantes años, han cuadriplicado la del deflactor implícito del PIB (DIPIB). El espectacular aumento del precio, absoluto y relativo, de la vivienda, se explica, en parte, por la consiguiente reducción de los tipos de los préstamos hipotecarios y ampliación de los plazos que disparó la demanda de espacio para usos residenciales de las familias.

Que el precio de la vivienda haya crecido tanto a pesar del impresionante aumento del número de viviendas iniciadas (y terminadas) prueba que el ritmo de expansión de la oferta ha sido, no obstante, insuficiente para satisfacer el aumento de la demanda. Sería absurdo achacar el crecimiento de los precios a estrangulamientos provocados por la escasez de materiales de construcción o mano de obra, puesto que los precios de ambos factores han aumentado a tasas similares a las de otros bienes y servicios (3-6 por ciento) y, en todo caso, a tasas muy inferiores a la del precio de la vivienda. Tampoco se han producido aumentos significativos de otros costes, ya que ni los tipos de interés ni los tipos impositivos han registrado variaciones importantes. El cuello de botella hay que buscarlo, por exclusión, en la escasez de suelo, un factor imprescindible, cuyo precio ha aumentado a ritmos incluso superiores al precio de la vivienda.

La incidencia de la escasez de suelo sobre la evolución de su precio ha sido cuestionada al no hallarse una correlación robusta entre el precio del suelo repercutido por m2 y el número de años necesario para agotar el suelo programado urbanizable en una muestra de municipios de más de 20.000 habitantes. Dejando a un lado la idoneidad de las variables utilizadas y la subjetividad inherente en el cálculo de las “necesidades” de suelo, lo cierto es que el argumento anterior ignora, entre otras cosas, la existencia de una demanda de suelo como activo que habría que sumar a la demanda para otros usos. Sin embargo, la relevancia de la demanda como activo ha sido también descartada por considerar que el precio del suelo “no depende del exceso de suelo calificado sino del precio esperado de las viviendas que podrán construirse en el mismo.” (8) Curiosa argumentación de equilibrio parcial que parece no tener en cuenta que el precio de la vivienda no es independiente de los precios de los factores empleados en su producción.

¿Qué hay de peculiar en el suelo para que su precio aumente mucho más que los precios de otros materiales de construcción cuya demanda es también derivada? Un aumento persistente del precio del suelo es, digan lo que digan los “expertos”, un signo inequívoco de exceso de demanda, que proporciona rentas extraordinarias a sus propietarios e incentiva la entrada de buscadores de esas rentas en el mercado. Del mismo modo que la constatación de diferencias persistentes en el valor del suelo programado para distintos usos es evidencia de una mala asignación de los recursos, digan lo que digan los competentes planificadores municipales que escudan su intervencionismo en reales o pretendidas externalidades.

Si el análisis anterior es correcto, se puede concluir que el aumento del precio de la vivienda entre 1996 y 2005 podría haberse moderado sustancialmente si las AAPP hubieran aumentado la oferta de suelo urbanizable al ritmo necesario para que su precio hubiera aumentado a una tasa similar a las de los precios de los materiales de construcción o los salarios. Insisto, es la escasez de suelo urbanizable, no la desmesura de las familias, ni la codicia de los promotores y especuladores, la causa principal del aumento del precio de la vivienda. (9) Cualquiera que haya sobrevolado España y conozca la cifra del padrón de habitantes, puede comprender que la escasez de suelo en España es hoy una escasez artificial, administrativa, que permite extraer rentas extraordinarias a unos pocos -los propietarios del suelo, los intermediarios inmobiliarios, los notarios y registradores de la propiedad y las propias AAPP- a costa de casi todos.

¿Por qué un crecimiento más moderado de los precios del suelo y de la vivienda podría favorecer una distribución de la inversión más favorable a la mejora de la productividad? A falta de un estudio riguroso que conteste la pregunta, hemos de conformarnos con un argumento de carácter general: la eliminación de rentas extraordinarias mejora la asignación de los recursos. Es cierto que un crecimiento más moderado del precio de la vivienda habría aumentado aún más la demanda de espacio residencial de los hogares y, posiblemente, requerido una mayor expansión del sector Construcción para satisfacerla; pero, también lo es que si el precio de la vivienda se hubiera mantenido estable la inversión realizada por la subrama de AI hubiera sido seguramente inferior a la actual a pesar de la mayor demanda de espacio residencial. En adición, se habrían evitado la aparición de buscadores de rentas extraordinarias y las corruptelas administrativas que han engrosado bastantes patrimonios personales y las arcas de casi todos los partidos políticos. (10)

5. Conclusiones
Para eliminar el actual desequilibrio exterior por cuenta corriente el Gobierno de España ya no cuenta con los dos instrumentos tradicionales, tipo de interés y tipo cambio, empleados en el pasado para atajar las repetidas crisis de balanza de pagos que registró la economía española durante la segunda mitad del siglo pasado. Y aunque la evolución de las dos variables a medio plazo ayudará a reducir el déficit actual, ya hemos advertido que la reorientación de la inversión hacia los países del Este recién incorporados a la UE y la desaparición del saldo positivo de transferencias con la UE contrarrestarán sus efectos.

¿Puede el Gobierno hacer algo más para reconducir la situación? Aumentar la productividad. Objetivo fácil de enunciar, pero difícil de conseguir. Hay, desde luego, algunas políticas de carácter general que deberían adoptarse de inmediato para reconducir la situación a medio y largo plazo. En primer lugar, es primordial eliminar las rentas extraordinarias en el mercado del suelo y en muchos otros mercados sujetos al tutelaje de las AAPP. Los efectos de estas medidas serán, con toda seguridad, insignificantes a corto plazo, pero hay que desmantelar con decisión las normas legales que, pretendiendo defender el interés general, generan rentas extraordinarias para algunos grupos y propician una asignación ineficiente de los recursos (capital y trabajo) para la sociedad en su conjunto. En el caso específico del mercado del suelo es preciso aumentar la oferta de suelo edificable al ritmo necesario para mantener el crecimiento de su precio en línea con el del DIPIB. A recabar información sobre la evolución del precio del suelo en su municipio y a ampliar su oferta con el fin indicado, deberían dedicar todos sus esfuerzos los responsables municipales de urbanismo.

En segundo lugar, hay que aumentar la eficiencia de las AAPP en la producción de servicios públicos y liberar recursos para reforzar la inversión en infraestructuras, medio ambiente, acumulación de capital humano e investigación y desarrollo. No estamos pidiendo meramente aumentos del gasto público, demanda con hondo arraigo en nuestra sociedad, sino solicitando un análisis de la eficiencia de los programas para evitar el despilfarro de los recursos disponibles. ¿Se deben construir más trenes de alta velocidad o dedicar esos recursos a aumentar la capacidad y eficiencia de la red de aeropuertos? ¿Hay que subvencionar indefinidamente la educación universitaria de un ciudadano o mejorar la financiación de los programas de doctorado de calidad? ¿Conviene dejar en manos de las organizaciones empresariales y sindicatos cuantiosos fondos para formación ocupacional o sería mejor dedicarlos a potenciar el aprendizaje de idiomas e informática en la educación reglada? Que duda cabe que estas preguntas y tantas otras que pueden formularse merecen una respuesta rigurosa si se quiere evitar el despilfarro de los cuantiosos y a la vez escasos recursos públicos.

Valoradas desde esta perspectiva general, las medidas adoptadas por el Gobierno hasta el momento y las reformas que se anuncian en los ámbitos de la educación, la fiscalidad y el mercado laboral tendrán efectos imperceptibles sobre la productividad a medio plazo. Si no humo, como calificó la oposición a las medidas incluidas en el Plan de Dinamización de la Economía, si son, en la mayoría de los casos, tímidos pasos de dudosas consecuencias prácticas. (11) A modo de ilustración, considérese el caso de los cambios anunciados en los aranceles de notarios y registradores de la propiedad que en el mercado inmobiliario operan como un impuesto en cascada. Para reducir las rentas extraordinarias que genera la escasez administrativa de “los servicios profesionales de notarios y registradores de la propiedad”, el Gobierno anuncia que “se creará un nuevo arancel más transparente y que guarda mayor profesionalidad con los servicios prestados.” De lo dicho por el Gobierno, solo se infiere, que el actual arancel ni es transparente, ni guarda relación con lo servicios prestados, a mayor beneficio de estos colectivos.

¿Qué ocurrirá al déficit exterior si como es previsible la competitividad de nuestros bienes y servicios no mejora sensiblemente a corto plazo? Es probable que el déficit exterior se agrave aún más en 2005 y tal vez incluso en 2006. Que nuestra moneda sea hoy el euro permite afrontar la situación con cierta calma, sin tener que hacer frente a los ataques especulativos que un déficit tan abultado habría desatado en otro caso. Pero el mantenimiento del déficit exterior es insostenible a medio plazo, porque es improbable que los ahorradores no residentes estén dispuestos a invertir en España si sigue deteriorándose la competitividad de nuestras empresas. A falta de información detallada para 2004, es sintomático observar que en 2003 “la necesidad de financiación de la economía española, a la que sumaron las fuertes salidas netas de inversión en cartera (que alcanzaron e 4,1% del PIB), se cubrió, fundamentalmente, con entradas de capital en forma de otra inversión (préstamos, depósitos y repos, fundamentalmente)”. (12)

En ausencia de financiación exterior neta, la participación de la formación bruta de capital en el PIB sufrirá un recorte que afectará a los niveles y a la distribución de la inversión realizada por las distintas ramas de la economía. Cuanto más se concentre la caída en el sector de Actividades inmobiliarias, mayor será su impacto sobre la Construcción pero menor sobre el resto de sectores y sobre la productividad de las ramas exportadoras. Por ello, es importante que se modere la evolución de los precios del suelo y la vivienda para eliminar las rentas extraordinarias que atraen recursos al sector. Lo que seguramente es inevitable es una ralentización del crecimiento y una elevación de la tasa de paro en los próximos años.

La economía española se está acercando al final de un período marcado por el impacto de dos impulsos externos de carácter estructural y hondo calado. Primero, la adhesión a la CEE en 1986 que reforzó considerablemente el atractivo de España para la inversión internacional y la convirtió en receptora neta de fondos comunitarios que han permitido desarrollar muchos proyectos públicos durante 20 años sin prestar demasiada atención a su rentabilidad social. Segundo, la reducción de los tipos de interés acometida para adoptar la moneda única en enero de 1999 que estimuló la demanda de vivienda y otros bienes duraderos. El impacto benéfico de ambos impulsos se está agotando y se acerca el momento de la verdad, de comenzar a caminar por nosotros mismos, fiados únicamente en nuestra capacidad para producir bienes y servicios en un entorno cada vez más competitivo.

 Notas al pie de página

[1] Estos países se encuentran ahora en una situación similar a la de España tras su ingreso en la CEE el 1 de enero de 1986.

[2] Las cifras de ocupados de la EPA y también las estimaciones del PIB han registrado continuos “shocks” metodológicos desde finales de la década anterior, a los que habría que añadir el que ha supuesto la reciente publicación de los agregados en base 2000. Los porcentajes del Cuadro 1 se han calculado con la información de Contabilidad Nacional (CN) en las bases disponibles con anterioridad al último cambio de base y las cifras de ocupados de la EPA. De todos modos, el aumento de la productividad por puesto de trabajo equivalente en base 2000 es también muy bajo: 0,4% en el período 2000-2004.

[3] La tasa de crecimiento de los precios interiores se calcula con el deflactor implícito del PIB.

[4] Las cifras de la rama Actividades inmobiliarias y servicios a las empresas aparecen desglosadas hasta 1996 y agregadas entre 1997 y 1999. La subrama Actividades inmobiliarias incluye las actividades realizadas por cuenta propia de promoción inmobiliaria, compraventa y alquiler de viviendas y otros inmuebles y las actividades por cuenta de terceros de agentes de la propiedad inmobiliaria, compraventa y alquiler.

[5] Las cifras de la CN en base 2000 indican que la proporción de la inversión en Viviendas sobre la formación bruta de capital fijo ha pasado del 23,8% en 2000 al 29,3% en 2004.

[6] El peso de la inversión pública sobre el PIN se ha mantenido inalterado en torno al 3,5%.

[7] Las cifras en base 2000 aumentan incluso la aportación de la Construcción sin alterar significativamente la de bienes de equipo.

[8] “El precio del suelo. La polémica interminable”, José García Montalvo, 1999, pág. 191.

[9] Un argumento similar podría aplicarse al suelo industrial.

[10] El crecimiento de los precios de la vivienda y otras construcciones (locales comerciales y naves industriales) induce un sesgo inflacionista en los salarios y los precios de los bienes y servicios sobre el que no puedo extenderme en esta nota.

[11] El Plan de Dinamización de la Economía aprobado en marzo de 2005 se presentó como “un elemento clave de la estrategia económica del Gobierno encaminada a lograr mayor empleo, productividad y competitividad empresarial.”

[12] Balanza de Pagos y posición de inversión internacional de España. Banco de España, 2004, pág. 16.

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