¿Sobrevivirá la Unión Económica y Monetaria? (I)

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de julio 2009

Se cumple este año el décimo aniversario de la introducción del euro en 1999, la moneda que comparten dieciséis países de la Unión Europea (UE) y, por primera vez desde su creación, la eurozona está sumida en una recesión cuyas consecuencias se van a dejar sentir durante bastantes años en la región. Es un buen momento éste para hacer balance de lo conseguido durante la época de bonanza y también para sacar algunas conclusiones sobre lo ocurrido en la región desde que se inició la crisis financiera en el segundo semestre de 2008 y los países centrales de la eurozona entraron en recesión económica en el último trimestre de 2008 o el primer trimestre de 2009.

La Unión Económica y Monetaria (UEM) incluye en la actualidad a los doce países que iniciaron el proyecto (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, España, Finlandia, Grecia, Irlanda y Portugal) y los cuatro países que se sumaron el 1 de enero de 2008 (Chipre, Malta, Eslovenia y Eslovaquia). La mayoría de los países de los países que conformaron el Este de Europa durante los años de guerra fría (Estonia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, y Rumania) se han incorporado a la UE en los últimos años, junto con Suecia, se han comprometido a adoptar el euro en el futuro; otros países de la UE como Dinamarca, que ha dejado la decisión en manos de sus ciudadanos, y el Reino Unido parecen inclinarse por conservar su moneda propia.

El BCE en medio de un vacío institucional
En las semanas previas a la cumbre de Masstricht en diciembre de 1992, redacté un par de informes dirigidos al Sr. González, Presidente del Gobierno en esos momentos, en los que llamaba la atención sobre las debilidades de un proyecto de unión que, al tiempo que centralizaba la política monetaria en el futuro Banco Central Europeo (BCE), descartaba la conveniencia de crear otras instituciones supranacionales para coordinar las políticas económicas y, en particular, la política fiscal. Para los presidentes de los países decididos a impulsar la UEM, lo importante en ese momento era adoptar la moneda común y crear el BCE, dejando al margen las espinosas cuestiones de armonización fiscal o coordinación de políticas que podían dar al traste con la iniciativa. De ahí que el Tratado finalmente acordado se limitara a establecer unos topes arbitrarios –3% del PIB para el déficit público, 60% del PIB para la deuda nacional y unas bandas de fluctuación para los tipos de interés, la tasa de inflación y los tipos de cambio- de imposible cumplimiento, como quedó patente tanto durante el período de transición como a partir del 1 de enero de 1999 cuando se fijaron definitivamente los tipos de cambio y se traspasó a los órganos rectores del BCE las competencias para formular e instrumentar la política monetaria.

Desde entonces, el Sistema Europeo de Bancos Centrales con el BCE a la cabeza es la única institución legalmente reconocida en la eurozona y goza de gran independencia para fijar los tipos de interés de referencia, ejerciendo, por tanto, una influencia decisiva sobre el tipo de cambio del euro. Los Estados miembros de la eurozona están además sujetos, como todos los estados de la UE, a las decisiones de la Comisión y del Parlamento Europeo, pero no han desarrollado ninguna institución propia encargada de analizar los problemas específicos de la eurozona y coordinar sus políticas económicas. Un símil nos ayudará a comprender lo disparatada que resulta la actual situación en que vive la eurozona: imagínense, por un momento, que la única institución en los Estados Unidos fuera la Reserva Federal y que el país no contara con un Gobierno, un Congreso y un presupuesto federal. Quizás algunas de las decisiones que han adoptado el Gobierno y el Congreso Federal en los últimos meses no hayan sido las más idóneas, pero desde luego lo que no ha dado Estados Unidos es la sensación de que cada Estado tiraba de la soga en una dirección distinta, pensando únicamente en salvar a “sus” depositantes, a “sus” bancos o a “sus industrias”, como ha ocurrido en la eurozona y en la UE.

La situación actual plantea varias preguntas de gran calado: ¿pueden los estados miembros de la eurozona limitarse a asistir como meros espectadores y asumir como inevitables la parsimonia y los errores del BCE o la fuerte apreciación del euro registrada en los últimos años? ¿No deberían conformar la política monetaria y cambiaria como hacen el Presidente y el Congreso de los EEUU y jugar un papel activo en los foros internacionales? ¿No sería conveniente que otras instituciones regionales conformaran las políticas de los estados miembros para evitar la disparidad de criterios y la búsqueda de soluciones nacionales a problemas de ámbito supranacional?

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