¿Hasta dónde vamos a llegar?

Artículo publicado en Libertad Digital el 27 julio 2009

De entre las opiniones publicadas en los últimos días, fiel reflejo de la profunda degradación moral de nuestra clase política, destacaría las del presidente del Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, capaz incluso de poner en cuestión la competencia de las instituciones encargadas de fiscalizar las actuaciones de los poderes ejecutivos y legislativos. Hace unos días nos desayunábamos con una entrevista al Sr. Montilla (El País, 17 de julio 2009) en la que éste afirmaba sin titubear que “el Estatuto es constitucional, pero además de una ley orgánica es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales”. Se deduce de sus palabras que el Tribunal Constitucional no es competente para examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP hace más de tres años y todavía pendiente de dictamen.

En el párrafo precitado, el Sr. Montilla realiza dos aseveraciones harto preocupantes. En primer lugar, afirma que el Estatuto es constitucional porque es una ley orgánica. Pero, ¿acaso no reserva el artículo 161 de la Constitución al Tribunal Constitucional la potestad de determinar si las leyes o normas con rango de ley son inconstitucionales? El Sr. Montilla, como miembro de los poderes ejecutivo y legislativo de la comunidad autónoma de Cataluña tiene competencias reconocidas en la Constitución para proponer y aprobar leyes y normas en el ámbito de sus competencias, no para dictaminar si éstas o aquellas otras normas que se hayan aprobado en otras comunidades o en las Cortes, como es el caso del Estatuto, son o no constitucionales. Con sus afirmaciones, el Sr. Montilla demuestra por enésima vez más su falta de respeto a la Constitución y su desprecio hacia el Tribunal Constitucional, una de las instituciones claves de nuestra democracia,

Si la primera afirmación del Sr. Montilla revela el desconocimiento más palmario de nuestra Constitución, la segunda revela su desprecio a la norma que preside todo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo el presidente de una comunidad autónoma puede afirmar que el Tribunal Constitucional no puede dictaminar inconstitucional parte alguna del Estatuto de Cataluña por ser éste un pacto político? No se puede llegar más lejos. ¿Desde cuándo un pacto político está por encima de la Constitución y las leyes? ¿Quiénes son los firmantes de dicho pacto y cuáles sus términos? La que podemos denominar a partir de ahora doctrina Montilla, avanzada por este reconocido jurista y constitucionalista, es que la Constitución se puede alterar mediante pactos secretos cocinados entre algunos políticos y que el Tribunal Constitucional no puede considerar inconstitucional ningún artículo de una ley fruto de tales acuerdos. ¡Viva Lizarra!

No contento con desposeer de sus competencias al Tribunal Constitucional, el Sr. Montilla volvió a amenazar al Gobierno central, a las Cortes y al propio Tribunal Constitucional al advertirles de que si el Tribunal se atreviera a tocar el Estatuto “el problema ya no sería de desafección, sería más grave”. ¿Ha perdido sus cabales o simplemente se ha dado cuenta de que amenazando al Sr. Rodríguez Zapatero con desafección y cosas más graves se le puede obligar a cambiar el Gobierno y a utilizar toda su influencia, dentro el PSOE y en los Tribunales, para que el Ejecutivo catalán se lleve el gato al agua, como ha ocurrido en la pugna mantenida entre el Sr. Montilla y el Gobierno de España sobre el nuevo modelo financiación autonómica en el último año?

Se están socavando los cimientos del Estado de Derecho y el Sr. Rodríguez Zapatero y su Gobierno son los principales responsables del desaguisado. Convertir en retales y vender a tiras las instituciones a cambio de contar con el apoyo del Sr. Montila y los independentistas de ERC es un error histórico cuyas consecuencias vamos a padecer lo que quede de los españoles durante muchas décadas.

 

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