Érase una vez

Artículo publicado en el diario Expansión el 28 de octubre de 2009

A un año del final de la legislatura y tras seis años al frente de la Generalitat, el Gobierno tripartito ha presentado el Pacto Nacional de Infraestructuras (PNI) en el que estamparon solemnemente su firma los representantes de la Generalitat, partidos políticos, sindicatos, patronales y otras instituciones catalanas el 16 de octubre. Únicamente, CiU, PP y Ciudadanos entre los partidos con representación en el Parlamento catalán, y la patronal Foment de Treball prefirieron quedarse fuera por considerarlo “ambiguo e insuficiente”. Ambiguo, desde luego que lo es. Insuficiente, ya es otra historia.

Estamos ante un plan que se superpone a otros ya propuestos a seis manos por el Gobierno de la Generalitat (Planes de competitividad 2005-2008 y 2008-2011 y el Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación 2008) para dinamizar la economía “nacional” de Cataluña. La gran diferencia con los anteriores planes radica en que en éste contempla inversiones públicas por valor de 100.000 millones, destinadas a completar o mejorar las infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos), telecomunicaciones, energía, regadíos, tratamiento de residuos y modernizar administraciones públicas.

La cifra supone una inversión pública cercana a los 8.333 millones anuales entre 2009 y 2020 muy elevada, se mire como se mire. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 contemplan una inversión regionalizable de 23.653 millones y la inversión en infraestructuras del Estado asciende a tan sólo 7.886 millones. Igualmente elevada resulta la cifra cuando se la compara con el PIB de Cataluña en 2008, 204.127 millones según el INE (216.933 millones, según el IDESCAT), o el gasto (consolidado)  presupuestado por la Generalitat en 2009.
Como todo buen empresario sabe, un proyecto de inversión sólo se ejecuta cuando hay expectativas de obtener un retorno razonable. Por ello, cualquier ciudadano esperaría que un plan de inversiones de esta envergadura, financiado con impuestos, fuera acompañado de una clara y detallada exposición de los proyectos a realizar, con cronogramas incluidos, y un análisis riguroso del coste y de los beneficios esperados.

Lamentablemente, la prudencia y la exigencia no son dos atributos de los responsables políticos, prestos siempre a gastar alegremente el dinero de los contribuyentes y a veces hasta a desviar un 3 % para hacer caja.
En lo tocante a las infraestructuras ferroviarias, el plan proyecta modernizar las vías existentes y tender 1.000 kilómetros nuevos. ¿Qué objetivos se quieren alcanzar Mejorar los servicios de cercanías y regionales, extender la red de cercanías a la principales áreas urbanas, conectar las capitales catalanas con alta velocidad (¡tres ya están conectadas!) y aumentar las mercaderías transportadas en ferrocarril cuya cuota pasaría del actual 8 al 10 por ciento. ¿Realmente se necesitan para este viaje alforjas tan pesadas? También se proyecta construir más de 600 kilómetros adicionales de autovías (en este caso, las cuatro capitales catalanas ya están conectadas por autopistas o autovías) y desdoblar carreteras, aunque sobre este punto este Gobierno ha sido capaz de ponerse de acuerdo en el trazado de alguna. Leyendo el documento uno tiene la impresión de que, con las elecciones ya a la vista el tiempo apremia, y el Gobierno promete hacer en los próximos años lo que no hizo en dos legislaturas.

Pero, sin duda, lo más llamativo del proyecto es la manera en que el Gobierno autónomo piensa financiarlo. Entre 2007 y 2013, el Plan da por hecho que la inversión del Estado en Cataluña será de 35.455 millones, un cálculo basado en el supuesto de que la inversión crecerá anualmente el 6 %. Y da por sentado que “ese nivel de inversión del Estado … se mantendrá en el futuro … porque no es más que un trato justo y muy conveniente para la economía española”. Bajemos al suelo. La inversión prevista para 2010, 5.063,36 millones ya supera ampliamente los 4.447 millones que figuran en los PGE de 2010 y esa desviación aumentará si, como es previsible, la economía española continúa en la UVI en los próximos años. En cuanto a la aportación de 35.000 millones de la Generalitat, uno también tiene sus dudas. Las inversiones reales de la Generalitat (excluidas las sanitarias) en los presupuestos de 2009 ascienden a 1.221,2 millones. ¿De dónde saldrán entonces los 3.000 millones que debería aportar para cofinanciar el PNI? Estoy ansioso por saberlo.

Ninguna persona razonable puede aspirar a que las elevadas inversiones realizadas por el Estado en Cataluña en los últimos años (llegada de la alta velocidad a Barcelona, construcción de la nueva terminal de El Prat, perforación de Barcelona para satisfacer el capricho de remodelar la estación de La Sagrera, etc.) se mantengan indefinidamente, a no ser que sus gobernantes quieran dejar el Principado cosido por un sin fin de cicatrices de alta velocidad y autovías. No los veo muy decididos a cambiar sus prioridades presupuestarias, pero sí prestos a amonestar al ministro de Fomento por los retrasos incurridos al ejecutar las obras, inaugurarlas sonrientes una vez concluidas y exigir a renglón seguido su transferencia inmediata. Ante semejante “plan” sólo se me ocurre parafrasear libremente un conocido poema de un poeta catalán: érase una vez una ovejita tonta a la que maltrataban todos los lobeznos.

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