Un paso más

Artículo publicado en Libertad Digital el 29 de octubre de 2009

El anteproyecto de Ley del Cine que planea aprobar el Gobierno catalán forma parte de la estrategia intervencionista y represiva que ha caracterizado a la Generalitat de Cataluña desde 1980, primero, bajo el liderazgo del Sr. Pujol y luego bajo la batuta de los Sres. Maragall y Montilla. Aunque contando con un respaldo social muy limitado, los gobiernos nacionalistas han sabido aprovechar el desinterés de la mayoría de la población por los asuntos públicos y la irresponsabilidad del Gobierno español para seguir inmiscuyéndose en la vida privada, coartando la libertad de elección de los ciudadanos e imponiendo unas normas que de manera abierta, en algunos casos, o encubierta en otros, contravienen los derechos reconocidos en la Constitución española aprobada en 1978.

El anteproyecto que hoy nos ocupa exige a las empresas distribuidoras doblar o subtitular al catalán el 50 % de las copias de todas las películas rodadas en lenguas distintas a las dos lenguas en teoría cooficiales en Cataluña, el catalán y el castellano. Algunos ciudadanos bien intencionados creerán que estamos ante una decisión neutral que pretende únicamente facilitar a la población residente en Cataluña elegir en igualdad de condiciones. Pero lo cierto es que estamos ante una nueva injerencia del Gobierno de la Generalitat, una más, en el ejercicio de la libre iniciativa.

En la administración pública en Cataluña, la teórica cooficialidad de las dos lenguas se ha sustituido por el trágala, esto es, todo en catalán y si no encuentra solicitudes, información o folletos explicativos en castellano, ya sabe Vd., la respuesta: “es que se han acabado”. Toda la programación de los medios de comunicación de propiedad pública en Cataluña se realiza exclusivamente en catalán, impidiendo que la lengua habitual de la mitad de la población esté representada en su plantilla de profesionales, en la programación y publicidad. A los comercios se les exige rotular en catalán, so pena de incurrir en graves sanciones caso de no hacerlo, sin que exista la recíproca obligación de rotular en castellano, la otra lengua supuestamente cooficial en Cataluña. En bares y restaurantes resulta igualmente obligatorio disponer de carta en catalán y atender en esa lengua a los clientes que lo exijan, pero tampoco en este caso están los establecimientos obligados a tener carta y atender al cliente en castellano.

La legislación que se va a aprobar sobre el cine extiende este control administrativo a otra esfera social con el propósito de ir arrinconando poco a poco el castellano en cualquier manifestación pública y social en Cataluña. Se ha elegido, sin duda, el 50% para evitar el plante radical de las distribuidoras y, no me sorprendería, que durante la tramitación de la ley se acepte rebajar algo ese porcentaje. Pero que nadie se engañe si se produce una retirada estratégica, como ocurrió ya en tiempos de CiU: el objetivo a largo plazo de los regímenes nacionalistas de variadas estirpes y pelajes que han gobernado Cataluña desde 1980 es llegar al 100 %, como ocurre en la enseñanza. Por cierto, las distribuidoras cinematográficas deberían preguntar a la Generalitat por qué no ha impuesto también a periódicos, radios, televisiones, editoriales y empresas discográficas que el 50% de sus tiradas o programación en Cataluña sea en catalán.

Como ya he indicado, todas estas iniciativas legislativas del Gobierno catalán son crasa y llanamente anticonstitucionales. El artículo 3.1 de la Constitución establece que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y el 3.2 reconoce el papel complementario de “las demás lenguas españolas que serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos”. Tras leer estos artículos que recogen con toda claridad el papel preeminente del castellano en España, ¿cómo puede el Gobierno de la Generalitat violar impunemente el artículo 38 que reconoce el derecho a “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”? Ningún gobierno autonómico puede impedir a una empresa abrir un colegio en el que la lengua vehicular sea el castellano o distribuir una película doblada al castellano en Barcelona o en Calanda.

El problema es que la Constitución se ha convertido en agua de borrajas al aprobarse un Estatuto que la contraviene de cabo a rabo. A pesar de que en el artículo 7 se reconoce como catalanes a “los ciudadanos españoles con vecindad administrativa en Cataluña”, en el artículo 6.1 ya se han sentado las bases para un tratamiento desigual de los ciudadanos en función de la lengua al reconocer que “la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente en las administraciones públicas y en los medios de comunicación de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular en el aprendizaje y la enseñanza”. La posición dominante del catalán se refuerza en el artículo 50 que atribuye a los poderes públicos la misión de “de proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores”, así como fomentar “su uso, difusión y conocimiento”.

Sobre la base de un planteamiento que sitúa a los castellanohablantes en una situación de indefensión e inferioridad en Cataluña, contraviniendo el espíritu y la letra de la Constitución, cualquier atropello subsiguiente resulta una consecuencia inevitable: la imposición del catalán en la enseñanza pública, la prohibición de abrir colegios privados empleando el castellano (no el alemán, el francés o el italiano) como lengua vehicular, el incumplimiento por la Generalitat de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, la imposibilidad de recibir la información de los administraciones públicas en castellano, y, como no, la promulgación de las leyes más absurdas para sacar al castellano de todas las esferas públicas y sociales en Cataluña. No sé cómo reaccionarán las distribuidoras cinematográficas cuando el Parlamento autonómico apruebe la nueva ley del cine, pero espero que, como ha ocurrido con la Ley de Educación de Cataluña, esta norma sea también recurrida ante el Tribunal Constitucional. 

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