Pacto de silencio

Artículo publicado en el diario Expansión el 30 de octubre de 2009

Me cuento entre quienes opinan que los políticos españoles, lejos de ser representantes de los ciudadanos y probos servidores públicos, constituyen una casta privilegiada que goza de gran impunidad y aprovecha sus cargos y el poder que les otorga ser administradores de los presupuestos públicos para desarrollar redes clientelares y negocios privados muy lucrativos, tanto cuando están en “activo”, ejerciendo sus cargos públicos, como cuando “vuelven” -es un decir- al desempeño de actividades pseudo privadas.

En las contadas ocasiones en que afloran escándalos de corrupción, los políticos salen en tromba para convencernos de que no todos son iguales y que la inmensa mayoría de ellos están limpios. Y es verdad que el número de casos de corrupción y su cuantía constituyen una gota de agua en comparación con las cifras de los presupuestos públicos y el número de contratos que generan. Sin embargo, hay un detalle importante que con frecuencia se olvida: hay poderosas razones para que las dos partes, el que soborna y el sobornado, mantengan el pico bien cerrado. A ambos les interesa mucho más continuar su lucrativo negocio que verse implicados en un caso de corrupción y afrontar las consecuencias penales que pueden derivarse del mismo. Hay mucho que perder y poco que ganar, de ahí que sean tan excepcionales los casos de corrupción en los que una de las partes se decide a contárselo a un fiscal o inspector de hacienda.

La mayoría de los casos de corrupción que llegan a los medios de comunicación son el resultado de investigaciones iniciadas de oficio por la Fiscalía Anticorrupción o la Inspección de Hacienda, dos organismos del Estado que cuentan con escaso personal y medios muy limitados para detectar el gran número de delitos y fraudes cometidos, especialmente en materia urbanística, a lo largo y ancho de toda España. Además, las investigaciones se encuentran ante muros insalvables cuando las operaciones se canalizan a través de paraísos fiscales.

En mi artículo “Estados Unidos pone cerco a la banca suiza” (Expansión, 25 de febrero de 2009), pedía a nuestro Gobierno y a la Unión Europea que siguieran los pasos de EEUU y demandaran a los bancos suizos. Mientras EEUU ha cobrado ya de la banca suiza muchos cientos de millones de dólares y ha extraído de los celosos banqueros suizos las listas de varias decenas de miles de defraudadores estadounidenses, aquí en España y la UE seguimos a la espera de que se adopte alguna iniciativa con consecuencias prácticas. Haciendo un cálculo muy conservador se puede estimar en más de 5.000 los ciudadanos españoles con cuentas en bancos suizos y varios miles más en otros paraísos fiscales. Según se publicó en su momento, en el listado obtenido por el Gobierno alemán de LGT, el banco propiedad de la familia real de Liechtenstein, figuraban al menos 50 españoles, entre ellos el padre del Sr. Mas y el cantante Alejandro Sanz. Pues bien, ni siquiera ahora que escasean los ingresos fiscales y tenemos un déficit público galopante, nuestro Gobierno ha sido capaz de adoptar alguna iniciativa para perseguir esta práctica. Al parecer, nuestro Gobierno prefiere seguir aumentando los impuestos a las clases medias.

En algunas ocasiones, la desvergüenza de los políticos alcanza cotas inimaginables. El estallido del caso Millet en Cataluña, tras una década en la que la Generalitat y el Parlamento catalán han mirado a otro lado y hecho caso omiso de los informes de los auditores y la Sindicatura de Cuentas, ha puesto en la picota a la Fundación Trías Fargas de Convergencia Democrática de Cataluña que recibió ilegalmente 630.554,82 euros del Sr. Millet y utilizó parte de ese dinero para financiar campañas electorales. Pues bien, el Honorable Sr. Pujol ha salido de su retiro para defender a su partido y amenaza con contarnos, si hace falta, “estos han dado tanto a tanto” y “estos tanto a tanto”. El gran estadista prefiere, claro está, no entrar en el asunto porque “todos haríamos un poco de hedor”.

Estamos ante una reedición del patético torneo protagonizado por el Sr. Maragall, Presidente de la Generalitat, y el Sr. Mas, líder de la oposición, en el Parlamento de Cataluña en 2005, cuando el primero echó en cara al segundo que Convergencia i Unió se hubiera financiado cobrando comisiones del 3% a los empresarios que recibían contratos de la Generalitat. También en aquella ocasión triunfó el pacto de silencio y el Sr. Maragall aceptó retirar sus palabras invocando los intereses superiores de Cataluña. ¿Qué misterios, me pregunto, guarda la espesa capa de hojas que cubre la Cataluña Olímpica y la Barcelona del Forum?

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