Pesca de alto riesgo

Artículo publicado en Expansión el 11 de noviembre de 2009

Desde 2 de octubre, el ‘Alakrana’, un atunero de bandera española con 36 tripulantes a bordo, está secuestrado por un grupo de delincuentes armados frente a las costas de Somalia. Según las informaciones publicadas, el acuerdo alcanzado entre el armador del barco y los secuestradores para liberar a los rehenes previo pago de 3 millones de dólares se ha frustrado, al no poder satisfacerse la otra condición impuesta por los secuestradores: la liberación de los dos piratas capturados por la fragata española Canarias el 4 de octubre. Los piratas detenidos fueron acusados de varios delitos, reclamados por el juez Garzón, trasladados a España y están actualmente en prisión. El temor por la vida de los tripulantes ha aumentado considerablemente en los últimos días, viviéndose momentos dramáticos cuando tres de ellos fueron trasladados a tierra con intenciones poco amistosas. El 7 de noviembre dos manifestaciones en Bermeo y Vigo, con presencia de representantes de varios partidos políticos, demandaron al Gobierno que se anteponga salvar la vida de los secuestrados a cualquier otra consideración jurídica o política.

Llueve sobre mojado

Hace unos meses, ya se vivió una situación similar cuando el barco pesquero ‘Playa de Bakio’ con 26 tripulantes a bordo fue asaltado a 250 millas de la costa de Somalia el 20 de abril de 2008. En este caso, el secuestro resultó breve y finalizó felizmente el 26 de abril tras pagar a los secuestradores un rescate cuyo importe y procedencia nunca han sido desvelados. Este primer secuestro había sido precedido por un intento fallido de abordaje en 2005 a otro pesquero de la empresa PEVASA propietaria del ‘Playa de Bakio’. A la vista de estos antecedentes y los múltiples asaltos padecidos por barcos de otras banderas en la zona, nadie puede extrañarse de la suerte que han corrido el ‘Alakrana’ y su tripulación. Lo sorprendente es que conociendo los riesgos a que se exponen, armadores y marineros sigan apostando por tentar la suerte y adentrarse en aguas tan peligrosas para pescar atún rojo.

Responsabilidad del Gobierno

El principal responsable de la bochornosa situación en que hoy nos encontramos es, por omisión, el Gobierno español que ha demostrado una vez más su falta de reflejos a la hora de enfrentarse a problemas graves. Desde el fallido intento de abordaje en 2005 hasta el secuestro del ‘Alakrana’ en 2009, el Gobierno ha dispuesto de todo el tiempo del mundo para definir su política y dejar claro a los armadores cuáles son las reglas del juego en este arriesgado negocio. No hacía falta ser muy perspicaz para prever que el despliegue de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas españolas y otros países europeos en el marco de la operación Atalanta resultaría insuficiente para garantizar la seguridad de los pesqueros que faenan en la zona. Tampoco para comprender que la única resistencia eficaz ante un intempestivo abordaje en alta mar es la que puedan presentar los efectivos a bordo, caso de contar los barcos con personal experimentado en el manejo de armas apropiadas para repeler agresiones en alta mar sin poner en grave peligro a la tripulación.

El Gobierno podía haber optado bien por embarcar efectivos militares, como han hecho otros países, para disuadir a los piratas de atacar pesqueros con pabellón español, bien por prohibir a los barcos faenar en zonas donde existe un elevado riesgo de secuestro. Pues bien, nuestro Gobierno rechazó la primera opción pero ha permitido a los armadores seguir fletando barcos de pesca a zonas del océano Índico donde pueden ser presa fácil de piratas. Mucho me temo que, además, de pagar a los piratas el rescate exigido, como ocurrió en el caso del ‘Playa Bakio’, el Gobierno, presionado por la creciente marea de insatisfacción en la opinión pública, complete su lamentable actuación en esta ocasión urdiendo alguna triquiñuela legal para justificar la excarcelación de los piratas. No se pueden hacer peor las cosas.

Como a la mayoría de los ciudadanos, me conmueve la penosa situación en que se encuentran los secuestrados y el padecimiento de sus familiares y deseo que este asunto se resuelva pronto de manera satisfactoria para ellos. Ahora bien, el Gobierno español tiene que abandonar su perenne indefinición y delimitar con precisión la línea roja que no pueden cruzar las empresas pesqueras, de modo que si, a pesar de los riegos objetivos en algunas zonas, los armadores persisten en fletar barcos indefensos y los marineros en embarcarse voluntariamente en ellos, toda la responsabilidad por la suerte que puedan correr navíos y tripulaciones recaiga exclusivamente sobre ellos, no sobre los ciudadanos que nada sabemos acerca de sus arriesgados y (presumo) lucrativos negocios.

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