Castigo a la improvisación

Artículo publicado en Factual el 11 de febrero de 2009

Improvisar es a veces una necesidad, un imperativo ineludible para responder a acontecimientos totalmente imprevisibles. Pero convertir la improvisación en norma de actuación al afrontar situaciones previsibles, suele ser el camino más seguro hacia el desastre, especialmente cuando una sociedad tiene que hacer frente a una situación económica muy delicada como es la severa recesión económica que padecemos. Se puede aceptar que pese a las muchas señales de alerta el virulento estallido de la crisis financiera en septiembre de 2008 cogiera al Gobierno español por sorpresa. También se puede comprender que el Gobierno creyera inicialmente que se trataba de una crisis inmobiliario-financiera en los Estados Unidos cuyo impacto sobre la economía española iba a ser marginal y podía afrontarse gracias a las desahogadas cifras de partida: superávit presupuestario de las AAPP, bajo porcentaje de deuda pública sobre el PIB y excelente salud de nuestro sistema financiero. (Hubo incluso un presidente autonómico que durante los primeros compases llegó a decir que su Comunidad se vería menos afectada por su menor exposición al ladrillo en comparación con “España”.) Lo que nadie puede entender ni aceptar es que todavía el Gobierno continúe en febrero de 2010 improvisando planes de consolidación fiscal y reforma del sistema de pensiones carentes de consistencia interna y credibilidad.

Nadie, se me dirá, supo predecir el momento en que la economía española iba a entrar en recesión. Es verdad que nadie predijo el momento exacto, mas sí hubo economistas que alertamos de su llegada ineludible. En mi artículo “Ahorro, inversión y saldo de operaciones corrientes”, publicado en junio de 2005, anticipé lo que iba a suceder: “En ausencia de financiación exterior neta, la participación de la formación bruta de capital en el PIB sufrirá un recorte que afectará a los niveles y a la distribución de la inversión realizada por las distintas ramas de la economía. Cuanto más se concentre la caída en el sector de Actividades Inmobiliarias, mayor será su impacto sobre la Construcción pero menor sobre el resto de sectores y sobre la productividad de las ramas exportadoras. Por ello, es importante que se modere la evolución de los precios del suelo y la vivienda para eliminar las rentas extraordinarias que atraen recursos al sector. Lo que seguramente es inevitable es una ralentización del crecimiento y una elevación de la tasa de paro en los próximos años”.

Entre 2005 y 2007, los desequilibrios de la economía española se agravaron hasta unos límites insostenibles, alcanzando un déficit exterior que superó el 10 por ciento del PIB en 2007. Faltaba únicamente la chispa para que se pusiera en marcha la mayor recesión que ha registrado nuestra economía desde mediados de los años 50 del pasado siglo.

Los últimos datos sobre ocupación y paro de la EPA del cuarto trimestre de 2009 (comentados en mi anterior artículo “Un mal trago”) y las cifras de parados registrados (+124.900) y número de cotizantes (-257.828) en enero de 2010, demuestran que la recesión continúa desarbolando todo el castillo de naipes levantado en los últimos años de bonanza en torno al anormal crecimiento del sector de la construcción. Tampoco el aumento de la morosidad registrado por las entidades financieras en 2009 ni las fuertes caídas que han registrado sus beneficios invitan al optimismo. En estas circunstancias tan complicadas, con un déficit público reconocido del 11,4 % del PIB en 2009, lo que un Gobierno no puede hacer es tomarse a la ligera el anuncio que hizo Standard and Poor’s en diciembre de 2007 de reducir la calificación de la deuda soberana española.

Y eso es lo que ha hecho el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero al presentar un plan de consolidación fiscal a la Comisión Europea que no iba acompañado de un calendario y unas precisiones imprescindibles para hacerlo creíble. ¿Podrá el Gobierno reducir el déficit hasta el 3 % en 2013, como exige la Comisión Europea? Recordaré a este respecto que, tras la recesión de 1992-93, el déficit público alcanzó el 6,6 % en 1995 y se redujo al 2,6 % en 1998, esto es, 1,2 puntos (en media) durante 3 años, contando, no lo olvidemos, con dos grandes ayudas: una notable reducción de los tipos de interés (requerida para entrar en la UEM) y cuatro devaluaciones realizadas entre septiembre de 1992 y mayo de 1995 que, además de aliviar la carga de la deuda, estimularon la actividad económica, aumentaron la recaudación impositiva y redujeron las transferencias sociales. Ahora, se necesitaría reducir el déficit 2 puntos cada año para alcanzar el 3,4 % en 2013, un esfuerzo 66,7 % superior al realizado entonces y prolongarlo durante un año más. La tarea se me antoja hercúlea, si no imposible, y el Gobierno o dice cómo va a hacerlo o haría bien en presentar un esquema menos ambicioso pero más creíble para evitar nuevos revolcones a los mercados financieros.

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