Palabra de Ministra

Artículo publicado en Factual el 18-20 de marzo 2010

Mientras el documento presentado por el Gobierno el 1 de marzo con el pomposo título de “Acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo” recibía críticas a diestro y siniestro (dentro y fuera de nuestras fronteras) por su inconcreción para afrontar los retos importantes que tiene planteada nuestra economía a medio y largo plazo, la Sra. Salgado, ministra de Economía y Hacienda defendía la nueva apuesta del Gobierno para seguir sumando puntos en su particular carrera por desbancar a San Antonio de Padua de su tradicional función de patrón de los albañiles con estas palabras: “Creemos que es una oportunidad para que con ayudas públicas los ciudadanos puedan renovar sus viviendas, los barrios puedan renovarse y los trabajadores puedan encontrar empleo” (subrayado mío). Su homóloga, la Sra. Contador, ministra de Vivienda, por si no lo habíamos entendido, nos hacía ver las virtudes inherentes en la propuesta de dedicar dinero público a rehabilitar viviendas: “mejorar lo que ya tenemos para que las familias que quieren vivir en un barrio puedan reestrenar sus viviendas” (subrayado mío). ¿Se puede tener mejor corazón? ¿Habrá algún alma más preocupada por mejorar el entorno ciudadano y nuestra calidad de vida, y proporcionar al mismo tiempo trabajo al gremio de la construcción que el Sr. Rodríguez Zapatero y sus entusiastas discípulas las ministras Salgado y Corrredor?

Se acabó el plan aceras (8.000 millones), está en marcha el plan locales sociales y guarderías (5.000 millones) y mientras el Gobierno anuncia importantes subidas de impuestos y draconianos ajustes en el gasto público para reducir un déficit público insostenible, sin darnos ni un día de respiro, la Sra. Salgado nos amenaza con poner en marcha el plan rehabilitación de viviendas (RV) que, como los anteriores, ni creará empleo permanente, ni aumentará el capital humano de los trabajadores ni mejorará la productividad de nuestras empresas. Más de lo mismo. Cada día paso por delante de un desnivel de unos 480 metros cuadrados en Sant Cugat del Vallés que antes del Plan E estaba recubierto de hierba verde y ahora exhibe algunas plantas y una veintena de cipreses recién plantados al resguardo de unas vallas metálicas. ¿Coste de la obra? 247.315,53 euros. ¿Cuánto durará la mejora del “paisaje urbano”? No lo sé, pero por tratarse de una zona donde multitud de perros campean por sus respetos a todas horas del día no creo que resista mucho tiempo, una vez se retiren las vallas. Tanto mejor, así podremos volver a replantar dentro de unos meses con cargo al nuevo Plan ZÑ.

Desde hace ya muchos años, los Ayuntamientos han despilfarrado el dinero público otorgando subvenciones a los propietarios de inmuebles para lavar la cara a las fachadas o realizar mejoras que deberían haber financiado, ya por razones de seguridad o meramente estéticas, los propietarios de los inmuebles que son los únicos beneficiados por las mejoras realizadas. En mi ciudad natal, bastantes inmuebles a los que se les ha lavado la cara con este tipo de subvenciones fueron abandonados hace décadas. En Barcelona, este tipo de actuaciones pagadas injustamente con dinero de sufridos contribuyentes fueron bautizadas por algún avispado publicitario con un gracioso lema: “Barcelona, ponte guapa” (Barcelona, posa´t guapa), una campaña impulsada por el “Instituto de Paisaje Urbano y Calidad de Vida” dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, un consistorio acostumbrado a despilfarrar más de veinte millones de euros al año en publicidad.

¿Por qué, se preguntan los contribuyentes, hay que subvencionar con dinero público a quien desea pintar o arreglar los desperfectos de su fachada, renovar la cocina o el cuarto de baño de su casa, o colocar placas solares en el tejado del inmueble para reducir su factura energética? ¿Acaso no resulta más sensato que sea el propietario quien evaluando los beneficios esperados y los costes decida si vale o no la pena acometer la inversión? Y, cuando la intervención viene exigida por razones de seguridad o salud pública, ¿no debería el Consistorio limitarse a exigir al propietario la ejecución de las obras so pena de embargo como hace con cualquier ciudadano que no ingresa el importe de las sanciones de tráfico? De ningún modo, ahí están San José Luís, Santa Elena y Santa Beatriz, Sant Pascual y Sant Jordi, y tantos otros prestos a subvencionarle una parte del gasto pensando que tal vez recuerde Vd. su milagrosa intervención algún día. Como tantos actores y productores, entidades financieras en apuros, organizaciones empresariales y sindicales, cámaras de comercio, contratistas de obra pública, organismos oficiales de crédito, empresas automovilísticas, innumerables fundaciones y asociaciones, parados, etc. etc. ¡Qué fácil resulta ser pródigo con el dinero ajeno!

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