Jugando con fuego

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de abril de 2010

En mi artículo “Endeudados” (Expansión, 6 de marzo 2010) analicé la difícil situación en que se encuentra la economía española, lastrada por una ingente deuda privada acumulada durante los años de bonanza y un déficit público desbocado (11,2 % del PIB en 2009) que ha hecho crecer la deuda pública a tasas asimismo impresionantes en los dos últimos años. Todo apunta a que ese déficit público, incluso si el Gobierno y las CCAA llevan a cabo un ajuste drástico del gasto y la economía crece bastante más de lo que predicen los organismos internacionales y expertos, la deuda pública en circulación pasará del 36,2 % del PIB en 2007 a una cifra que superará el 80 % del PIB en 2013.

Propósito de la enmienda

Tras ignorar la advertencia de Standard and Poor’s en diciembre de 2009, la crisis griega y el aumento de la prima de riesgo en los mercados, logró al fin que el sentido común se impusiera y el Gobierno cayera en la cuenta de que la financiación de déficits de esta magnitud no está garantizada, aunque el ratio inicial de deuda sea bajo y el país pertenezca a la zona euro. Desde entonces, la responsable del Tesoro anda de gira por esos mundos de Dios intentando convencer a los inversores extranjeros de la solvencia de la deuda soberana del Reino de España.

¿Ha comenzado el Gobierno a dar pasos serios para reducir el déficit público? Pese a la aparente contrición y propósito de la enmienda que reflejaba el documento de intenciones (“Programa de consolidación fiscal para reducir el déficit público al 3 por ciento en 2013”) que presentó en Bruselas a finales de enero, el Gobierno sigue convencido de que puede decir una cosa para apaciguar a los inversores y socios europeos y hacer la contraria para sostener sus políticas. Como sabemos, la Comisión calificó el plan de consolidación de “optimista” y exigió una mayor concreción. Además de los aumentos impositivos realizados en 2009 y el anunciado aumento del IVA para junio de 2010, ¿qué hay de verdad en el propósito del Gobierno de reducir el gasto público en 40.000 millones de aquí a 2013 para controlar la deuda?

Viva la contabilidad creativa

Tras anunciar un recorte de 1.560 millones en el presupuesto de Fomento en febrero, el Presidente del Gobierno presentó con gran boato el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) el 7 de abril. Se trata de una iniciativa conjunta del sector privado y del Estado que invertirán 17.000 millones –12.000 en líneas de alta velocidad y otros 5.000 en infraestructuras viarias– y crearán 400.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. ¿Cómo se preguntarán los ciudadanos va a financiar el Gobierno el PEI? ¿Subirá todavía más los impuestos? El Ministerio de Fomento ha dado con la fórmula mágica para conseguir que seamos en 2013 el país con más kilómetros de alta velocidad: empresas “privadas” financiarán la inversión y el gasto no será contabilizado como tal en los Presupuestos Generales del Estado.

Naturalmente, tanta generosidad tendrá su justa correspondencia y, una vez completadas las obras, el Ministerio destinará el 8 % de su presupuesto a compensar a los sufridos inversores durante varias décadas. ¿Entienden por qué la Sra. Salgado y el Sr. Blanco están al frente de los Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento? Para que este Gobierno inaugure las obras que pagarán los futuros gobiernos. Semejante despropósito ha sido recibido con júbilo (“estamos encantados”) por los directivos de las constructoras y patronales del sector, a quienes posar para la foto de familia les reportará una buena lluvia de millones. Menudo negocio. Para que nadie se pueda sentir excluido del festín, el plan “Zutano” del Gobierno va a permitir a los ciudadanos más modestos arañar también unos eurillos si cambian su bañera por un plato de ducha. Vaya manera de recortar el déficit y cambiar el modelo productivo.

Ese mismo día, el Gobierno hizo pública su disposición a reducir 2 puntos las cotizaciones de los empleadores a la Seguridad Social (SS). Sorprende el cambio de actitud, tras la rotunda negativa del Gobierno a reducirlas 3 puntos en junio del año pasado cuando la Seguridad Social tenía un superávit estimado en 10.000 millones. En las conversaciones mantenidas entonces, el Gobierno llegó a ofrecer rebajar temporalmente 1,5 puntos las contribuciones a cambio de que la patronal abandonara su pretensión de reformar el mercado laboral. Como eso no ocurrió, el Gobierno despechado retiró la oferta. ¿Cómo es posible se preguntarán los sufridos contribuyentes que el Gobierno se opusiera a reducir las cotizaciones cuando la SS tenía superávit y esté dispuesto a reducirlas ahora que todas las Administraciones –incluida la Administración de la SS cuando se consolidan sus cuentas con las del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)– están endeudadas hasta las cejas? Muy simple: Rodríguez Zapatero quiere reforzar su deteriorada imagen haciendo patente que sus políticas cuentan con el respaldo de la patronal y las sindicales.

No son éstas las únicas medidas que agravarán los déficits futuros. El viernes 9 de abril, el Gobierno decidió por fin a afrontar el llamado déficit tarifario, un caso muy ilustrativo de la mala gestión económica realizada por los Gobiernos de Rodríguez Zapatero. Cuando la economía marchaba viento en popa y los españoles adquirían viviendas, automóviles lujosos y viajaban por el mundo, el Gobierno se negó a subir el precio de la luz para cubrir costes y las eléctricas asumieron el déficit emitiendo deuda que amortizaban aplicando recargos a las facturas durante los 15 años siguientes. Por no pagar, en los años de bonanza no pagábamos ni la factura de la luz. Semejante despropósito, financiar a largo plazo un gasto corriente, ha acabado de la única manera posible: mal. Como ha ocurrido también con algunas entidades financieras endeudadas, el Estado tendrá que avalar unos 20.000 millones de deuda hasta 2012, año a partir del cuál (se supone) el precio de la luz reflejará su coste real. Lo que espera pues a los consumidores, si el Gobierno cumple, son fuertes subidas en las tarifas en los próximos tres años para eliminar el déficit tarifario y recargos en los recibos durante las dos próximas décadas para amortizar la deuda emitida. Salvo que el Estado acabe (cosa nada improbable) prolongando el desfase y asumiendo la deuda.

Por no extenderme, mencionaré únicamente otra aventura del Gobierno que puede acabar saliendo muy cara. Para contentar a los empresarios con dificultades para conseguir créditos, el Gobierno quiere que el ICO sustituya a bancos y cajas y proporcione directamente créditos a los empresarios. No tengo ninguna duda de que esta política aliviará temporalmente la situación de bastantes empresarios; tampoco de que dejará un buen reguero de créditos morosos a sumar a los 100.000 millones que ya tienen las entidades financieras. Tampoco en este caso los créditos fallidos engrosarán el déficit público, pero ¿quién asumirá las pérdidas del ICO?

Conclusión

El Gobierno parece no haber comprendido que gastar más o asumir deudas, ocultando el déficit bajo la alfombra con ardides financieros, no va a disipar las inquietudes de los inversores. Al contrario, en cuanto constaten que el déficit oficial no refleja las obligaciones reales contraídas por el Estado aumentará su desconfianza, como ocurrió en el caso griego, y dificultará aún más la salida de una situación ya muy complicada.

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