Tertulianos de alto nivel

Artículo publicado en Libertad Digital el 29 de abril 2010

Con esta frase ponía punto final el conductor de la tertulia Juan Ramón Lucas (En días como hoy, Radio Nacional de España) al intercambio dialéctico que habían mantenido Joan Tapia (El Periódico), Javier Valenzuela (El País) y Carmen Morodo (La Razón) la mañana del 23 de abril de 2010. Nada más lejos de la realidad. Lo que habíamos podido escuchar a los oyentes podía tal vez calificarse como tertulia de alto voltaje, pero de ningún modo de alto nivel. Únicamente una de los tres participantes, Carmen Morodo –interrumpida una y otra vez por el Sr. Tapia– se esforzó en explicar a los escuchantes por qué hay un escollo fundamental para alcanzar un pacto de Estado en materia educativa entre los dos grandes partidos nacionales: la exclusión del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo en algunas comunidades autónomas con lengua propia, como ocurre en Cataluña. Los otros dos tertulianos se comportaron como si en lugar de periodistas independientes estuvieran allí para defender la posición de algún partido político (¿CiU-PSC y PSOE, respectivamente?), introduciendo cuestiones irrelevantes en el debate que, en el caso del Sr. Valenzuela, demostraban una ignorancia supina de la realidad catalana o, más probablemente, la intención de confundir a la audiencia.

Para el Sr. Tapia, el asunto se reduce a la falta de voluntad del PP para alcanzar acuerdos con el PSOE en educación o en cualquier otra materia que, según él, se habría agarrado en esta ocasión a la necesidad de garantizar la enseñanza en castellano en todo el Estado para justificar su negativa a firmar el acuerdo propuesto por el ministro Gabilondo. ¿Prueba? El PP no hizo nada contra el sistema educativo catalán que, a juicio del Sr. Tapia, es idéntico al existente en 1996, cuando Aznar descubrió de repente lo sencillo que era hablar catalán en la intimidad. Tiene razón el Sr. Tapia en una cosa: Aznar lo hizo mal, rematadamente mal, y como González en 1993 y Zapatero en 2004, se tragó las exigencias del nacionalismo catalán en ésta y otras muchas materias.

Para empezar no es verdad que el sistema educativo catalán sea el mismo que en 1996 –ni siquiera el mismo que tras aprobarse la Ley de Política Lingüística de 1998–, puesto que el Estatut y la Ley de Educación de Cataluña (LEC) aprobada en 2009 eliminan de raíz el derecho constitucional de los catalanes –”españoles con residencia administrativa en Cataluña”, según el propio Estatut– e incluso la aplicabilidad de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas aprobados por el Gobierno español en diciembre 2006, normas estatales que la Generalitat ha incumplido desde entonces (incluso contraviniendo sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y que ya no se siente obligada a cumplir tras aprobarse la LEC. Lo dijo alto y claro Maragall, Conseller d’Educació en el Parlament de Cataluña: cuando aprobemos la LEC quedará blindado el sistema educativo de Cataluña o, lo que es lo mismo, podremos ignorar la legislación del Estado en materia educativa, incluidos los reales decretos sobre enseñanzas mínimas.

Las opiniones del Sr. Valenzuela resultaron incluso más vacías y provincianas. Comenzó afirmando que resulta difícil encontrar en los últimos tiempos un ministro con “más sensatez, sentido común y voluntad de acuerdo” que Gabilondo, el actual ministro de Educación, el mismo que ha renunciado a recurrir la LEC, a pesar de las dudas que planteaba incluso al Gobierno la ley catalana, y pretende resolver las fricciones que su desarrollo pueda originar entre el Gobierno y la Generalitat activando un “mecanismo de conciliación”. En cuanto a la situación del castellano en Cataluña, el Sr. Valenzuela iluminó la discusión con algunas frases tan esclarecedoras que no puedo evitar reproducirlas con la máxima fidelidad posible. Una: “los libreros no tienen problemas para vender mogollón de libros en castellano” en Barcelona. Dos: “vete a Barcelona… y verás como no hay ningún problema incluso para encontrar trabajo”. Tres: “mis hijos hablan tres lenguas porque mi mujer es extranjera” y el trilingüismo constituye una gran ventaja.

¡Vaya nivelazo! ¿Qué tendrá que ver el que los libreros vendan mogollón de libros en castellano –lógico, pues muchos somos los castellanohablantes residentes en Cataluña– con el hecho de que la legislación vigente permita a los catalanes cursar primaria y secundaria en japonés o inglés pero les impida hacerlo en castellano? ¿Acaso constatar que en Cataluña hay personas trabajando que se expresan habitualmente en castellano –¡menudo descubrimiento!– altera la legislación vigente que impide a un maestro andaluz o a un licenciado en matemáticas gallego ejercer su profesión en un centro educativo catalán en “la lengua oficial del Estado”? ¿Por qué, en fin, intenta hacer creer a la audiencia que quienes consideramos que el Estatut y la LEC son inconstitucionales no compartimos su fervor por el trilingüismo?

El Tribunal Constitucional tiene ante sí la tarea histórica de analizar la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, no la obligación de “constitucionalizarlo” para satisfacer los intereses electorales de algunos partidos políticos y sus voceros mediáticos. El cambio en el ponente encargado de elaborar la nueva propuesta de resolución sobre los recursos de inconstitucionalidad ha abierto las puertas a que el Estatut sea analizado por sus propios méritos, en lugar de intentar imponer unos dictámenes favorables al Estatut en contra del parecer de la mayoría de los magistrados. Ésta y no otra es la causa principal de que el Tribunal haya sido incapaz de alcanzar un acuerdo desde la aprobación del Estatut en junio de 2006.

¿Entrará la nueva ponencia a analizar la constitucionalidad de unos preceptos estatutarios que quieren blindar un sistema educativo que niega a los catalanes la posibilidad de educarse en la “lengua oficial del Estado” y al resto de los españoles el poder ejercer como profesores en Cataluña? Así lo esperamos quienes pensamos que las normas de la Generalitat vulneran los derechos constitucionales de los catalanes y del resto de los españoles. Porque de nada nos servirá a los ciudadanos que sufrimos los atropellos diarios del totalitarismo nacionalista que la nueva ponencia reafirme ciertos principios abstractos en torno a los conceptos de nación y proclame la indisoluble unidad de la misma, mientras el sistema educativo en Cataluña sigue excluyendo al castellano como lengua vehicular de la enseñanza.

Albergo la esperanza de que la reciente avalancha de descalificaciones proferidas por el presidente de la Generalitat y el Sr. Mas, líder de CiU contra el Tribunal, cuya osadía llega incluso a exigir que se excluya de sus competencias la de poder examinar leyes aprobadas en referéndum, convenza a los magistrados de que el nacionalismo catalán desprecia la división de poderes del Estado y está dispuesto a desacreditar a cualquier institución, ya sea el Gobierno, las Cortes o el Tribunal Constitucional, que no se pliegue a los dictados de la Generalitat. De ahí, la importancia de que con, toda independencia, los magistrados del Constitucional dictaminen si el Estatut vulnera derechos fundamentales reconocidos a los españoles en la Constitución de 1978.

 

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