Duelo en el hemiciclo

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de mayo 2010

Tras la gravísima cogida que sufrieron la deuda española (con subidas alarmantes de la prima de riesgo y el seguro de impago) y todos los valores cotizados en la plaza bursátil madrileña la semana pasada, la posterior exigencia de acelerar la reducción del déficit público impuesta a España por el Ecofin el pasado domingo, y las llamadas al orden de Alemania y Washington el lunes y martes de esta semana, al Presidente del Gobierno sólo le quedaba acudir al Congreso y presentar algunas medidas que concretaran -¡por fin!- el vago plan de consolidación fiscal que había hilvanado para calmar a los mercados el pasado enero, pero que había mantenido desde entonces en el limbo. Ha debido ser un trago muy amargo para Rodríguez Zapatero defender como “imprescindibles” unos recortes que hace una semana descartaba por perjudiciales para nuestra economía.

Aunque sea tarde y a la fuerza, hay que alegrarse de que el Gobierno haya presentado algunas medidas para atajar el gasto público: eliminación del cheque-bebé de 2.500 euros en 2011; reducción del 5 % de los sueldos de los empleados públicos a partir de junio y congelación de los sueldos y las pensiones (excepto mínimas y no contributivas) en 2011; recorte de 6.045 millones de inversión y otros 600 en ayuda al desarrollo entre 2010 y 2011; disminución de 1.200 millones del gasto de las CCAA; y alguna otra medida como la reducción del gasto farmacéutico no cuantificada. Lástima que al Presidente no se le haya ocurrido, en aras a la transparencia y para evitar suspicacias, distribuir una hojita con la lista de medidas y las reducciones del gasto que supondrán cada una de ellas. Una estimación a bote pronto me da una cifra en torno a los 12.200 millones.

¿Qué efectos tendrán estas medidas? A corto plazo, la reducción de los salarios públicos y la eliminación del cheque bebé, sumada al aumento del IVA, provocarán un caída del consumo privado y del ahorro de los hogares. Los recortes de la inversión pública también afectarán negativamente a la producción y el empleo. A cambio, se aliviará la presión –insoportable en las últimas semanas- que las expectativas de un crecimiento muy rápido de la deuda pública española estaban generando en los mercados financieros. La desconfianza en la seriedad de los planes del Gobierno para reconducir la situación no dificultaba únicamente la colocación de la deuda pública y elevaba el coste de su servicio, sino que constituía una seria amenaza para las entidades financieras y las empresas no financieras, también muy endeudadas. Cabe esperar pues una ralentización del crecimiento económico de bastante más que unas décimas en los dos próximos años y una mayor estabilidad que facilitará el acceso a la financiación del sector privado y la salida de la recesión a medio plazo.

En cuanto a las reacciones políticas, podría decirse que todos los partidos han estado muy en su papel. El líder del PP ha hecho un discurso vibrante, subrayando la incompetencia del Presidente para prever la “crisis” y la inconsistencia y parcialidad de las medidas que ha ido adoptando para combatirla. Rajoy le ha reprochado no tener un plan integral que incluya reformas estructurales, pero a la hora de las concreciones se ha limitado a pedir la supresión de algunos Ministerios y la revisión “una por una de las subvenciones”. Ha acusado al Presidente de llevar a cabo el mayor recorte de derechos sociales de la historia y anunciado que no apoyará la congelación de las pensiones. Que duda cabe que si el Gobierno no hubiera estirado tanto la manta por todos sus extremos hasta producir un enorme agujero, nos habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza. Pero el mal ya está hecho y ahora la cuestión es si se recorta el sueldo de los empleados públicos o la prestación por desempleo.

Los portavoces de CiU y PNV, en su impostado papel de hombres de Estado, han reprochado al Presidente no haberles escuchado durante varios meses y presentar una vez más unas medidas improvisadas en un par de días que, no obstante, estudiarán detenidamente. Para los líderes de ERC e ICV, Rodríguez Zapatero se ha doblegado ante el mercado y optado por hacer recaer sobre los más débiles la factura de la crisis. Tienen los líderes catalanes razón en una cosa: si como ha reconocido el Presidente, la reducción del fraude puede aumentar la recaudación en 30.000-40.000 millones (¡casi nada!) de aquí a 2013, ¿por qué no se ha puesto antes manos a la obra?

¿Lo más preocupante de todo? El runrún de contestación “social” que llegaba de fuera del hemiciclo. Acababa de terminar el debate y ya las sindicales expresaban su “rechazo más absoluto” y pedían una rectificación inmediata al Gobierno. Al parecer, lo que la economía necesita es más empleo público, más bonificaciones, más… gasto público. No encuentran suficiente los 40.000 millones de presupuesto del INEM. Quien, como funcionario, va a sufrir este recorte en sus carnes, esperaba una respuesta más responsable y solidaria, como, por ejemplo, el compromiso de reducir los salarios de los contratados indefinidos en el sector privado en una cuantía similar. Claro que eso es pedir peras al olmo.

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