Dos políticos con dos problemas

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de junio de 2010

Los líderes de los dos principales partidos tienen cada uno un grave problema. El del Presidente del Gobierno es una recesión económica muy severa –originada por los fuertes desequilibrios productivos y financieros acumulados entre 2002 y 2007– que ha producido graves desgarros en el sistema financiero español y reducido el empleo en 2.1 millones en los últimos 10 trimestres. El problema del líder de la oposición son los diversos escándalos de corrupción que han afectado a barones e hidalgos y al Tesorero de su partido. Al afrontarlos, ambos han cometido graves errores y el barómetro de abril del CIS pone a ambos en su sitio al otorgarles un suspenso bajo: 3,7 al Presidente y 3,1 a Rajoy.

Rodríguez Zapatero se equivocó al considerar que la recesión que se nos venía encima era una mera desaceleración inducida por la “crisis” internacional y quiso jugar a Ministro de Economía. Creyó que extendiendo las prestaciones a los desempleados y levantando las aceras de media España podía capear los malos resultados hasta que la economía comenzara a remontar el vuelo. Se resistió a reformar el sistema financiero y tuvo que intervenir dos Cajas para evitar su quiebra. Destituyó a Solbes y colocó en su lugar a una devota seguidora, capaz de ejecutar sin rechistar hoy una política y mañana la contraria. Aprovechó la ocasión para sustituir a la Sra. Álvarez, cuya cabeza había reclamado el Parlament catalán, y situar en Fomento a un prestidigitador de la obra pública. Elevó el déficit público oficial hasta una cota insostenible  y recibió tres avisos serios de los mercados desde enero 2009 que ignoró con osadía.

Ilustra muy bien la inconsistencia de sus políticas cómo reaccionó el Presidente cuando, presionado por la Comisión europea y las crecientes dificultades para colocar la deuda, se vio obligado a presentar en enero un plan de consolidación fiscal para 2010-13. Sustentado en unas previsiones de crecimiento optimistas, establecía unos objetivos de reducción del déficit sin concretar las medidas que iba a adoptar para alcanzarlos. Tras acordar reducir en 1.760 millones las inversiones del Ministerio de Fomento a comienzos de febrero, el Presidente convocaba a las grandes constructoras el 7 de abril para anunciar a bombo y platillo un Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones cuyo impacto sobre el déficit no se contabilizaría hasta 2014. El plan fue saludado con vítores y salvas por las grandes constructoras, aunque tras las últimas sacudidas de los mercados parece improbable que los bancos financien la aventura.

No comprendió nunca el Presidente que no estábamos ante una caída temporal de la demanda y que las medidas que iba adoptando, si bien aliviaban algunos bolsillos durante unos meses, engrosaban el déficit y la deuda. Ni creaban empleo duradero ni hacían más competitiva la economía: eran cohetes de feria. Al final, los inversores, la UE y los Estados Unidos han dicho basta y el Presidente ha tenido que rectificar el rumbo y adoptar a toda prisa algunas medidas impopulares. Quien se resistió a recortar el presupuesto de Fomento en 1.760 millones, ahora considera imprescindible reducirlo en 7.200 millones en 2010-11.

Las últimas medidas (recorte de salarios de los empleados públicos y congelación de pensiones) han sido mal recibidas por las sindicales que, como el Presidente hasta hace unos días, las consideran contraproducentes e injustas. Casi todos sus líderes han repetido imperturbables su magistral receta -más gasto público, más subvenciones al empleo y más crédito a las pequeñas empresas-, incapaces de comprender que al Gobierno se le ha acabado la cuerda y que la falta de crédito no puede achacarse a la maldad intrínseca de las entidades financieras sino a la enorme deuda que pesa sobre las familias, empresas y entidades financieras españolas. Al Presidente se le ha abierto un nuevo frente y el PP se ha sumado irresponsablemente a quienes acusan al Gobierno de realizar “el mayor recorte de derechos sociales de la democracia”. Así, Rajoy no mejorará su nota.

El problema principal de Rajoy es de índole política. Desde hace un par de años, el PP se ha visto sacudido por diversos escándalos que poco a poco se han ido abriendo paso en nuestro lento y poco transparente sistema judicial. A pesar de la gravedad de las informaciones que iban publicando los medios de comunicación sobre los distintos casos abiertos, Rajoy reaccionó del peor modo posible: negándolo todo, mostrando un desprecio indecente a la verdad – “nadie podrá probar que no son inocentes”, afirmó- y justificando la actuación de personas a las que calificó de honradas, modélicas y ejemplares, cuando sobre ellas pesaban fundadas sospechas de haber cometido graves delitos. En febrero del año pasado, recomendé al líder del PP que una vez pasadas las citas electorales del 1 de marzo en Galicia y El País Vasco, procediera a limpiar a fondo su partido. Naturalmente, no me hizo ningún caso.

Con la misma contumacia que mostró Rodríguez Zapatero al ignorar los avisos de los mercados y las recomendaciones de organismos internacionales, Rajoy continuó poniendo la mano en el fuego por algunos “compañeros” hasta que fueron imputados por los jueces. Incluso hace un par de semanas, volvió a afirmar que “Camps será el candidato diga la Justicia lo que diga”, una frase que, al parecer, se arrepintió (ante los suyos) de haber pronunciado. Ahora, el Tribunal Supremo ha ordenado la reapertura del caso archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra el Sr. Camps. Además de no ser un tema nimio el asunto de los trajes como pretenden algunos compañeros de fatigas, hay otras imputaciones bastante más graves contra la dirección valenciana del PP, a colación de los contratos otorgados por la Generalitat a la trama Correa S.L.

Sr. Rajoy, en su caso ni el Ecofin, ni Merkel ni Obama pueden pedirle que ponga en orden su casa. No espere una vez más a que sean las decisiones de los tribunales quienes le marquen los tiempos como ocurrió con Bárcenas o Matas, y hágalo de motu proprio, aunque le duela. Esperar puede evitarle algunos disgustos internos, es verdad, pero a costa de proyectar sobre su persona la sombra de una cuerda de presuntos delincuentes cuyo léxico y prácticas resultan más propios de una república bananera que un Estado de derecho. No espere ni un día más: sea al fin valiente y afronte las consecuencias por duras que sean. Sírvale de consuelo que al menos a Vd. las sindicales no le montarán una huelga con esta excusa.

Resulta evidente que la gestión de la recesión ha minado la credibilidad de Rodríguez Zapatero y recortado las expectativas electorales del PSOE. Sin embargo, ni Rajoy ni el PP han logrado el abrumador respaldo de los electores que cabía esperar ante un deterioro tan importante de la economía. Puede resultar una simplificación achacar a los casos de corrupción en el PP y a la falta de decisión de Rajoy para limpiar el patio de su casa la baja nota que le otorgan los ciudadanos, pero resulta indudable que sus manifestaciones de apoyo e inacción no le han ayudado a ganarse la confianza de los votantes indecisos, abstencionistas y contestatarios que pueden darle la victoria en las urnas. No pierda más tiempo, porque Rodríguez Zapatero ha visto las orejas al lobo y ha ordenado cambiar las agujas.

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