Contra la ley de plazos II

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de julio de 2010

En mi artículo Contra la ley de plazos I argumenté que tanto el aborto como el derecho a una muerte digna son cuestiones morales que no pueden despacharse superficialmente como ha hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero al aprobar una ley que permite abortar dentro de las primeras catorce semanas a cualquier mujer embarazada mayor de dieciséis años. Ni el debate sobre el derecho al aborto está superado porque ya lo tuvo “la sociedad española hace muchísimos años”, ni el derecho a una muerte digna puede aparcarse porque “no constituye una prioridad social” como dijo la Sra. Jiménez, ministra de Sanidad y Asuntos Sociales. Es momento de ir más allá de estas apreciaciones sociológicas insustanciales y examinar la solvencia de algunos argumentos que se han presentado para justificar el cambio legislativo.

Argumentos espurios

No puedo sino estar de acuerdo con aquéllos que consideran que la Iglesia católica yerra al oponerse al uso del preservativo, un artilugio que podría librar a millones de personas de contraer graves enfermedades y reducir la presión de la población en países pobres. También considero que se equivoca al condenar el aborto en situaciones de grave riesgo para la vida de la madre o cuando el feto presenta serias malformaciones. Ahora bien, ni el debate sobre el uso del preservativo tiene nada que ver con el del aborto, ni de situaciones extremas se pueden extraer conclusiones generales sobre el “derecho” de la mujer a abortar cuando el embarazo discurre saludablemente y el feto es completamente normal. Que sea moralmente aceptable y lícito matar en defensa propia, no justifica el asesinato a sangre fría.

Ser en potencia y ser en acto

Un argumento que a veces se ha empleado para justificar el aborto (Mosterín, El País, 23 de marzo 2009) se sustenta en la distinción aristotélica entre “el ser en potencia y el ser en acto”. Partiendo de algunas afirmaciones incontestables tales como “una bellota no es un roble”, “una oruga no es una mariposa” o “un embrión no es un niño”, y tras describir con minuciosidad el proceso desde que un espermatozoide fecunda un óvulo y se forma “un zigoto… que pasa por sus diversas etapas de mórula, blástula, embrión, feto y, finalmente, hombre o mujer en acto”, se alcanza la formidable conclusión de que “aunque estadios de un desarrollo orgánico sucesivo, el zigoto no es una blástula, y el embrión no es un hombre”.

Zigoto, mórula, blástula, embrión, feto y niño son nombres que damos a las distintas fases del desarrollo orgánico de un ser humano, pero esa taxonomía puramente convencional resulta irrelevante, tanto para los creyentes que consideran el alma presente desde el instante de la fecundación, como para cualquier persona que reconoce como un bien supremo el derecho a la vida entendido como expectativa de futuro. Quien afirma que un embrión no es un niño está sugiriendo que poner fin a esa expectativa es un acto moralmente reprobable que debe ser castigado por la ley cuando se trata de un niño, pero no en el caso de un embrión.

¿Tiene algún fundamento sólido esta opinión? En presencia de un desarrollo orgánico continuo (no sucesivo), pienso que ninguno. Quienes sostienen este punto de vista supongo incluyen en la categoría “niño” a algunos no nacidos, pues no habría en otro caso razón alguna para condenar e ilegalizar el aborto hasta al menos el momento mismo del parto. Si así es, habrá que preguntarse si hay alguna diferencia esencial entre la expectativa de futuro de un feto con 98 días (catorce semanas) y otro con 99 días, que haga el aborto moralmente aceptable y legalmente no punible en el primer caso y moralmente condenable y punible en el segundo. La respuesta es que no la hay y la ciencia poco puede hacer para ayudarnos a decidir sobre un asunto de carácter esencialmente moral, no fisiológico.

El derecho de la madre a decidir

Los partidarios del aborto, incluida la Ministra Bibiana Aído, han justificado también la nueva ley aduciendo que representa un equilibrio “entre los derechos de autonomía de las mujeres y la protección de la vida prenatal”, una contraposición sustentada en la noción de que la mujer es dueña de su cuerpo y tiene “derecho” a decidir sin interferencias externas sobre todo lo concerniente a él, incluido el contenido de su útero y placenta. Además de no explicar por qué ese “derecho” absoluto se acaba en la semana catorce del embarazo, sus proponentes parecen ignorar que ese argumento justificaría también que una mujer sometiera al feto a los más bárbaros experimentos –si es que puede concebirse un experimento más brutal que su destrucción–. Como esta posibilidad ilustra, al “derecho” de propiedad de la mujer sobre el contenido de su placenta se le deben imponer límites y no hay ninguna razón moral de peso para que la sociedad anteponga el derecho de la madre a hacer lo que le venga en gana con el feto, incluso destruirlo, a garantizar su protección y desarrollo. La madre no es dueña absoluta del feto como tampoco lo son los padres de sus hijos ya nacidos, como reconoce la legislación al anteponer el bienestar de los menores a la patria potestad cuando se detectan abusos.

Aceptada esta limitación a la “propiedad de la mujer sobre el contenido de su útero”, la cuestión a dilucidar es qué alternativa resulta moralmente superior: autorizar el aborto durante las 14 primeras semanas truncando la expectativa de futuro del feto o proteger su normal desarrollo. En mi opinión, no cabe ninguna duda: la primera. Resulta harto incongruente desde un punto de vista moral que una sociedad dedique sustanciales recursos a proteger especies en peligro de extinción, mantener el patrimonio artístico o financiar el aborto y no pueda destinar los recursos necesarios para garantizar el pleno desarrollo del feto y la integración del nacido en la sociedad, poniendo al servicio de la mujer embarazada todos los medios necesarios para afrontar las vicisitudes del embarazo, nacimiento, crianza y educación, incluida la posibilidad de entregarlo en adopción.

Contra la ley de plazos

Cuando se tiene la capacidad de distinguir un embrión humano de una oruga o una bellota –cualidad de la que carece algún filósofo animalista– y se reconoce la primacía del derecho a la vida entendido como expectativa de futuro de los seres humanos, incluidos aquellos cuya supervivencia depende de la voluntad de otros, los tres supuestos reconocidos en la anterior ley de interrupción del embarazo –graves defectos físicos, violación de la madre y daño grave para la vida de la madre– se pueden aceptar como un mal menor, excepciones tasadas frente a la norma general que considera el aborto un hecho moralmente condenable y legalmente punible, como ocurre cuando se mata en defensa propia. Desde esta perspectiva, resulta inaceptable el abuso que se hizo del supuesto de grave peligro para la salud de la madre con el fin de posponer la maternidad, del mismo modo que inaceptable resulta invocar defensa propia en un homicidio cuando la muerte resulta a todas luces  desproporcionada.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero al sustituir la vigente ley por una ley de plazos (con la excusa de evitar que alguna mujer vaya a la cárcel) está dando cobertura legal al mencionado abuso, sin presentar argumentos morales que justifiquen un tratamiento legal diferenciado para los abortos realizados dentro de las primeras catorce semanas. Y está asimismo banalizando el aborto, presentándolo como un avance para las mujeres, comparándolo inicuamente con la conquista del derecho al voto de las sufragistas, y auspiciando un relativismo moral, disfrazado de “progresismo”, con argumentos inaceptables para quienes, sin invocar ningún tipo de trascendencia, consideran moralmente condenable abortar el futuro de cualquier ser humano salvo en situaciones verdaderamente excepcionales. Por eso, la ley de plazos del Gobierno resulta moralmente condenable e injusta.

 

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