Gigante con pies de barro

Artículo publicado en el diario Expansión el 1 de octubre 2010

En plena resaca tras la huelga general organizada por las sindicales para protestar contra la reforma laboral, el Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, la ley que recoge las previsiones de ingresos del Estado y las autorizaciones de gasto (créditos iniciales) que posibilitan el desempeño de la funciones encomendadas a los distintos organismos de la Administración Central (Jefatura del Estado, Cortes Generales, Ministerios y su laberíntico entramado de entidades y fondos sin personalidad jurídica, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros organismos públicos), la Administración de la Seguridad Social e incluso las Administraciones Territoriales (CCAA y CCLL). Se trata de una ley de enorme trascendencia económica que detalla las multimillonarias exacciones fiscales que soportan las familias y empresas y los retornos igualmente cuantiosos que reciben en forma de servicios, transferencias, deducciones y subvenciones.

Tras el espectacular deterioro de las cuentas públicas que pasaron de arrojar un  superávit del 1,8 % del PIB en 2007 a contabilizar un déficit histórico del 11,2 % en 2009, las cuentas de este año constituyen un barómetro para constatar la voluntad del Gobierno de cumplir el plan de consolidación fiscal que aprobó la UE y obliga a reducir el déficit al 3 % del PIB en 2013. Aunque los PGE de 2010 intentaron encontrar un equilibrio entre los objetivos de paliar la crisis y mantener los niveles de actividad en inversión pública, I+D+I y educación, por una parte, y el de sentar las bases para reequilibrar las cuentas elevando la tributación sobre el ahorro y los tipos del IVA y eliminando la deducción de 400 € por rendimientos del trabajo, el Gobierno tuvo que alterar drásticamente sus planes y aprobar un decreto en mayo que reducía el 5 % (en media) los salarios de los trabajadores públicos, recortaba la inversión pública, congelaba las pensiones contributivas y eliminaba la deducción por nacimiento en el IRPF en 2011. El déficit de caja acumulado hasta el 31 de agosto, 37.054 millones, muestra ya una mejora significativa respecto a 2009 (62.452 millones), si bien el cambio se explica por el aumento en la recaudación por IVA sobre operaciones interiores que inexplicablemente ha pasado de 1.716 millones en 2009 a 19.133 millones en 2010.

En materia impositiva, los PGE 2011 no presentan novedades sustanciales más allá de la muy comentada elevación del tipo impositivo del IRPF que para rentas superiores a 120.000 (175.000) euros pasa del 43 al 44 (45) por ciento. Por otra parte, se limita a 300.000 € la cuantía de las retribuciones  plurianuales a las que puede aplicarse la reducción del 40 %. Por último, se elimina la posibilidad de diferir el pago por devolución de aportaciones a los partícipes de las Sicav (tanto españolas como extranjeras) que tributarán como rendimientos mobiliarios, si bien se mantiene la tributación al 1 % (en lugar del 30 %) en el impuesto sobre sociedades. Cambios de muy poca entidad y con escasa trascendencia recaudatoria que, a pesar de las optimistas previsiones de crecimiento del PIB (1,3 %), llevan al Gobierno a prever unos ingresos no financieros del Estado (119.390 millones) y consolidados para el Estado, organismos autónomos, entes públicos y Seguridad Social (272.363 millones) ligeramente inferiores a los de 2010.

En cuanto a las cifras de gasto, el Gobierno ya acordó en julio reducirlo el 7,7 % y para demostrar su determinación la Ministra ha recortado los gastos no financieros (netos de transferencias a CCAA y CCLL) el 7,9 %. Contables tiene el Gobierno, pero cuando se restan de los 185.036 millones de gastos no financieros los 65.191 millones transferidos a las CCAA y CCLL en los PGE de 2010, la cifra que se obtiene es 119.845 millones, una cantidad inferior a los 122.022 millones de 2011. El gasto no financiero consolidado, 297.427 millones, sí es claramente inferior al de 2010 (350.696 millones), aunque esta comparación es algo ilusoria al no tener en cuenta los recortes del gasto ya realizados en 2010. Al incluir las operaciones financieras, el gasto consolidado se dispara hasta 362.462 millones y la necesidad de endeudamiento a 90.099 millones, una cifra todavía muy elevada.

No quisiera finalizar esta crónica de urgencia sin hacer un comentario sobre la asignación del gasto y sus consecuencias. El Gobierno va a destinar 30.474 millones a prestaciones a los desempleados, una cifra que duplica sobradamente los 14.640 millones de inversiones en infraestructuras que realizarán el Estado y todas las empresas públicas. La situación resulta preocupante en extremo pues los recursos engullidos por las prestaciones en los últimos tres años se acercan ya al 10 % del PIB mientras los recursos para inversión productiva, educación, sanidad, defensa, ciencia, etc. sufren recortes drásticos. Añadan 7.322 millones destinados al fomento al empleo, 27.421 millones (una previsión optimista) en gastos financieros y 26.983 millones en gastos de personal del Estado y se harán una idea del escaso margen de maniobra que le queda el Gobierno. Alcanzar el objetivo del 3 % de déficit va a exigir sangre, sudor y lágrimas. Nunca debimos llegar tan lejos.

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