¿Son fiables las previsiones de ingresos del Estado para 2011?

Artículo publicado en Expansión el 13 de octubre 2010

En mi artículo “Gigante con pies de barro” (Expansión, 1 octubre 2010), apuntaba la fragilidad de los pilares sobre los que se asientan las cuentas públicas. Por una parte, un sistema tributario cuya capacidad recaudatoria, pese a los aumentos de tipos y la eliminación de deducciones y subvenciones implementados en 2009 y 2010, se ha visto muy mermada por la fuerte caída de la actividad y la intensificación del fraude fiscal. Por otra, el escaso margen de maniobra que le queda al gobierno de Rodríguez Zapatero para seguir recortando los gastos, tras haber reducido ya los salarios de los trabajadores públicos y las inversiones en 2010 y aplicado severos recortes a casi todas las partidas gasto y congelado las pensiones en 2011.

En un escenario caracterizado por bajo crecimiento de la producción y el empleo, elevada tasa de paro y tipos de interés y precios de las materias primas en ascenso, va a costar sangre sudor y lágrimas desandar el camino por el que nos adentró un gobierno que, incapaz de establecer prioridades, pretendió simultáneamente estimular la economía con improvisados planes de inversión local, adquirir activos y avalar las emisiones de deuda de las entidades financieras, extender las prestaciones a los desempleados y las ayudas a las familias y proporcionar crédito a las empresas. El resultado de unas políticas tan locuazmente ambiciosas fue un vuelco histórico en las cuentas públicas que pasaron de arrojar un superávit del 1,8 % del PIB en 2007 a un insostenible déficit del 11,2 % en 2009, y obligó a la UE a tomar cartas en el asunto y conminar al Gobierno español a poner en marcha un durísimo plan de ajuste –eufemísticamente denominado Plan de Consolidación Fiscal– para rebajar el déficit hasta el 3 % del PIB en 2013.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 se han diseñado con el propósito de conseguir que el déficit público no supere el 6 % del PIB el próximo año. Que se consiga o no el objetivo dependerá de que se cumplan las previsiones de ingresos y gastos. En este artículo, voy a examinar la fiabilidad de las previsiones de ingresos, cuestionadas abierta o veladamente por los partidos en la oposición y la mayoría de los analistas desde el momento en que se conocieron. El principal argumento aducido por los críticos es que las previsiones gubernamentales se basan en un cuadro macroeconómico muy optimista que asume un crecimiento del PIB del 1,3 % en 2011, muy alejado del 0,7 % previsto por el FMI. ¿Resulta tan significativa esta diferencia como pretenden los críticos del Gobierno? Pienso que no.

Aunque la economía española crezca bastante menos de lo que supone el Gobierno, los críticos parecen olvidar que la recaudación, una vez fijados los tipos, no depende del PIB real sino de las rentas nominales generadas (rentas del trabajo, rendimientos del capital, beneficios sociedades, etc.) y del valor de las transacciones realizadas (bases de cotización, gasto de los consumidores, valor de las importaciones, etc.) por los agentes económicos. Puesto que los PGE de 2011 estiman un crecimiento del PIB nominal del 2,6 %, incluso si se rebaja la previsión de crecimiento del PIB real al 0,7 %, el PIB nominal crecería el 2 %. Cabe esperar, por tanto, que los ingresos en 2011 superen a los de 2010 por al menos dos razones: primera, los aumentos en los tipos nominales y efectivos del IRPF e IVA; y, segunda, el crecimiento de las bases gravadas, impulsado por la mayor actividad y el aumento de los salarios y precios.

Los datos que poseemos a día de hoy avalan esta posibilidad. Para el Estado, el montante de los derechos reconocidos (84.310,1 millones) hasta el 31 de agosto de 2010 permite confiar en que este año, a diferencia de lo ocurrido en 2009, sí se alcanzará la cifra prevista de ingresos no financieros (121.205,9 millones) en los PGE de 2010, confianza que refuerza el montante de derechos reconocidos netos (131. 801,0 millones) en el Avance de Liquidación del Presupuesto de 2010 presentado el 30 de septiembre. Si a ello se añade la elevación de los tipos nominales y efectivos y el crecimiento de las bases nominales gravadas, se puede concluir que se podrá alcanzar la cifra prevista de ingresos no financieros (122.022 millones) del Estado en 2011.

Comentarios similares pueden hacerse sobre las previsiones de ingresos del Sistema de la Seguridad Social. Los derechos reconocidos por operaciones no financieras (82.836,2 millones) a finales de agosto eran ya el 69,3 % de la cifra presupuestada (119.488,1 millones) para 2010, y puesto que la previsión de ingresos para 2010 (123.527,8 millones) supera los ingresos presupuestados para 2011 (123.362,3), no habrá dificultades para alcanzarla. Es verdad que el modesto crecimiento del PIB puede reducir el número de cotizantes, pero su impacto sobre la recaudación se verá compensado por el aumento de los salarios y las bases de cotización.

Aunque la incierta situación económica exige ser cauteloso, se puede afirmar que con la información hoy disponible las principales previsiones de ingresos que figuran en los PGE de 2011 son alcanzables. Que no se interprete esta afirmación como una invitación a la autocomplacencia, ya que son muchas las dificultades que nos esperan de aquí a 2013 (y más allá de 2013) y el gobierno debería poner en marcha sin dilación programas para combatir más eficazmente el fraude y distribuir más equitativamente la carga fiscal. No son, por tanto, las “optimistas” previsiones de ingresos, como se ha repetido una y otra vez durante los últimos días,  “el principal riesgo” para alcanzar el objetivo de déficit fijado para 2011, sino la dificultad de encajar los programas de gasto del Estado Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos al rígido corsé impuesto por los menores créditos presupuestados. La principal preocupación del Gobierno en los próximos tres años debería ser vigilar muy de cerca la ejecución de los presupuestos de gastos y exigir a todas las AAPP la máxima transparencia. Una advertencia: sacar de los presupuestos públicos algunas partidas de gasto para maquillar el déficit de aquí a 2013, sólo puede aumentar la desconfianza de los inversores y agravar los problemas de financiación de la economía española.

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