El recorte de las pensiones

Artículo publicado en el diario Expansión el 1 de marzo de 2011

(La economía política de las pensiones I)

El “acuerdo económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones” firmado por el gobierno, las dos principales organizaciones sindicales (CC.OO. y UGT) y la renovada patronal CEOE el 2 de febrero fue recibido con general satisfacción –salvo por quienes anteponen su deseo de aislar a Rodríguez Zapatero y obligarle a convocar elecciones anticipadas a cualquier otra consideración–, por la sencilla razón de que el escenario alternativo pasaba por la promulgación de un decreto que el Congreso habría aprobado por la mínima, mientras el Partido Popular denunciaba el nuevo recorte de “derechos” de los más desfavorecidos y las sindicales iniciaban una nueva campaña de movilizaciones que sólo habrían servido para reforzar la desconfianza en el futuro de nuestra economía. Aunque la sostenibilidad de las pensiones no sea el más acuciante de nuestros problemas, convenía empezar a dar pasos en la buena dirección como han hecho, por cierto, otros socios europeos desde la última década del siglo pasado.

La reforma recorta las pensiones

¿Por qué han tardado tanto tiempo en ponerse de acuerdo se preguntarán muchos ciudadanos? La reforma resultaba un plato indigesto para el gobierno y las sindicales y a ambos convenía presentarla como el fruto de un arduo proceso de negociación y adobarlo con otras propuestas para subvencionar la contratación que forman parte de la agenda sindical. Se mire como se mire, lo cierto es que el acuerdo alcanzado en materia de pensiones supone un recorte sustancial del valor actual esperado de las pensiones, al incrementarse las aportaciones exigidas (costes) a los trabajadores durante su vida laboral y reducirse el número de años y la cuantía de la pensión (beneficios) que percibirán al jubilarse o prejubilarse. 

En efecto, la reforma aumenta los costes y disminuye los beneficios esperados al elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación (salvo para los trabajadores que hayan cotizado 38,5 años al cumplir 65) y de 35 a 37 los años de cotización exigidos para percibir el 100% de la pensión, cuya cuantía se verá además mermada un 2,27% por cada año menos cotizado. Por otra parte, la cuantía de la pensión se calculará en base a las aportaciones realizadas durante los últimos 25 años (en lugar de los 15 actuales), un cambio que si bien puede disminuir o aumentar la pensión, dependiendo del historial de cada trabajador, supondrá para los trabajadores con perfil de ingresos creciente, la mayoría, una reducción notable de la pensión. Finalmente, se endurecen las condiciones de las prejubilaciones al retrasarse la edad mínima de 61 a 63 años y exigirse 33 años de cotización; además, la pensión de los prejubilados se verá recortada un 7,5 % por cada año de adelanto. Aunque los cambios en la jubilación se introducirán gradualmente a partir de 2013 –el retraso de la edad se distribuirá en 15 años hasta 2027 y la extensión de la base de cálculo en 10 años hasta 2022–, no cabe ninguna duda de que la reforma reducirá sustancialmente las pensiones de las personas que hoy están cotizando y muy especialmente las pensiones de los 14 millones de ocupados menores de 50 años y, sobre todo, de aquéllos que se prejubilen.

Sostenibilidad del sistema a medio plazo

La sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto requiere que se satisfaga una simple ecuación: el gasto en pensiones contributivas (igual a la pensión media por el número de pensionistas) no puede ser superior a los ingresos del sistema (iguales a la cotización media por el número de cotizantes). Por tanto, para mantener el nivel de la pensión media sin elevar la cotización media, el número de cotizantes y el número de pensionistas tienen que crecer a la misma tasa a largo plazo. La mayoría de los expertos viene advirtiendo desde hace bastantes años que el envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida elevarán sustancialmente el gasto en pensiones (7-8 puntos del PIB) de aquí a 2050. Desde esta perspectiva, la reforma impulsada por el Gobierno constituye un primer paso en la dirección correcta.

Había, además, otras consideraciones de medio plazo que hacían aconsejable dar este paso para afrontar con ciertas garantías los próximos años. En circunstancias normales, la caída del número de cotizantes durante una recesión puede generar déficits transitorios en el sistema que pueden absorberse cuando los niveles de producción y empleo se recuperan en la siguiente expansión. Así ocurrió, por ejemplo, durante la larga expansión (1996-2007) que siguió a la recesión de 1992-93 en España. En la coyuntura actual, sería muy arriesgado asumir que tras la tormenta nos aguarda una nueva década de vino y rosas. Con un elevado endeudamiento privado y público, elevadas primas de riesgo, alta exposición de las entidades de crédito al sector inmobiliario, exceso de oferta en el mercado inmobiliario, precios de las de materias primas elevados y en aumento, perspectiva de subidas de tipos de interés en los próximos semestres e imposibilidad de devaluar la moneda, la ansiada recuperación de la producción y el empleo tardarán en llegar unos cuantos años (“Calma chicha tras la tempestad”, Expansión 3 de febrero). Por ello, el gobierno ha hecho bien en adoptar ya algunas medidas que asegurarán la sostenibilidad del sistema de pensiones durante un par de décadas.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Economía

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s