Crisis nuclear en Fukushima

Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de abril de 2011

Cinco días después del terremoto y subsiguiente tsunami que asolaron el nordeste de Japón el pasado 11 de marzo, la Sra. Esteva Bolea, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) entre 2001 y 2006, afirmó en una entrevista estar “completamente convencida de que las centrales nucleares son seguras”, un punto de vista que con toda probabilidad comparten los equipos directivos y técnicos de las plantas y las agencias oficiales que, como el CSN, se encargan de supervisarlas. Mientras seguía los intentos de los esforzados bomberos para enfriar a golpe de manguera los reactores nucleares de la central Fukushima Daiichi, no podía evitar preguntarme si quienes se expresan con tal confianza se habrían presentado voluntarios para sustituir a los operarios que dirigían el agua hacia los edificios humeantes del complejo.

La crisis nuclear en Japón ha puesto de manifiesto con toda crudeza que la habitual falta de transparencia que caracteriza la política de comunicación de las empresas operadoras de plantas nucleares, habituadas a ocultar e infravalorar los numerosos incidentes que se producen en la gestión normal de las centrales, se mantiene inalterada incluso cuando se producen graves accidentes como el ocurrido en Fukushima, una planta con seis reactores operativos. En los vagos y escuetos informes de situación emitidos por TEPCO, la empresa operadora, además de minusvalorar la gravedad del accidente, ha faltado a su deber de advertir a la población sobre las serias consecuencias que podían derivarse del maltrecho estado en que se encontraban los reactores, equipos y edificios tras el accidente, agravado al no disponer de fluido eléctrico durante bastantes días. Asimismo, el secretismo ha prevalecido a la hora de informar sobre las condiciones extremas que están soportando los trabajadores en la central.

Algo más explícitos son los informes de  la IAEA (International Atomic Energy Agency) que desde hace ya muchos días comienzan advirtiendo que “en conjunto la situación en la planta de Fukushima Daiichi continúa siendo muy seria”. Para empezar, la agencia considera que el estado del núcleo y del combustible en los reactores 1, 2 y 3 está “dañado” y se sospecha que las cámaras de contención de los reactores 2 y 3 también lo están. A pesar de las masivas inyecciones de agua marina (muy corrosiva) tras el accidente y las continuas inyecciones de agua dulce de los últimos días en las vasijas de presión que contienen el núcleo y el líquido refrigerador, el informe del día 31 indica que el nivel de agua sólo cubre la mitad del combustible en los reactores 1,2 y 3, y la temperatura en las respectivas boquillas de alimentación alcanza 251º, 181º y 114º, respectivamente. Por otra parte, los edificios de los reactores 1, 2, 3 y 4 están “severamente dañados” y se está bombeando agua contaminada con Yodo 131 (I-131) y Cesio 134 y 137 (Cs-134 y Cs-137) desde los sótanos de los edificios donde están instaladas las turbinas.

Otro elemento de preocupación es el estado y la temperatura de las piscinas de combustible ya utilizado. Por ceñirme a la última semana, un comunicado de la IAEA del día 25 indicaba que la temperatura en la piscina común era de 73º el día 24; pues bien, nada se ha sabido al respecto desde entonces. Un comunicado del día 27 indicaba que la temperatura de la piscina de la unidad 2 se había estabilizado en 57º el 26, y otro del día 30 que se había reducido a 46º el 29. Se desconoce el estado y temperatura de las restantes piscinas, más allá de la indicación general de que se han realizado inyecciones de agua marina a través del conducto de enfriamiento y rociados periódicos en las unidades 1, 3 y 4 e inyecciones de agua dulce en la unidad 2.

En cuanto a la contaminación, la IAEA detectó aumentos significativos en los niveles de radiación hasta el 26 de marzo, tanto en las aguas marinas, el aire y el suelo como en el agua y los alimentos destinados al consumo humano. Según el informe de 31 de marzo, las mediciones de dosis de rayos gamma en la región de Tokyo eran inferiores o ligeramente superiores a las normales, pero las realizadas en 7 puntos a distancias comprendidas entre 23 y 39 Km. al sur de la planta de Fukushima Daiichi daban valores superiores a los establecidos por las autoridades que, no obstante, han rechazado extender las zonas de exclusión (30 Km.) y evacuación (30 Km.). Asimismo, 25 muestras de comida analizadas entre el 28 y 30 de marzo en la prefectura de Fukushima dieron valores superiores a los límites establecidos y las aguas del mar en las proximidades de los puntos de descarga en el mar de las unidades 1-4 presentaban elevadísimos niveles de radiación: 130.000 Bq/l de I-131, 32.000 Bq/l de Cs-137 y 31.000 Bq/l de Cs-134.

Aunque tal vez en esta ocasión la providencial combinación del azar –los reactores 4, 5 y 6 estaban parados el 11 de marzo– y la entre heroica y suicida entrega de los operarios permita evitar que el accidente tenga consecuencias catastróficas, nadie puede negar lo evidente: hay una probabilidad positiva de que se produzcan accidentes graves en centrales nucleares “seguras” con efectos irreparables sobre la población y el territorio durante períodos prolongados. Nadie quiere volver al quinqué como algunos provocadores profesionales insinúan al plantear un falso dilema entre energía nuclear y estancamiento económico: todos deseamos disponer de energía lo más barata y limpia posible. Pero lo ocurrido en la planta de Fukushima obliga a poner sobre la mesa y debatir con rigor si los costes que comportan la operación de centrales nucleares, incluidos los derivados de almacenar residuos radioactivos durante generaciones y hacer frente a accidentes graves, resultan inferiores a los costes asociados con la energía obtenida de otras fuentes más seguras.

Las empresas operadoras y agencias atómicas han demostrado durante décadas una irresponsable falta de transparencia en su política de comunicación de incidentes e incapacidad manifiesta para gestionar accidentes que, como el ocurrido en Fukushima, ponen en grave riesgo a operarios y poblaciones circundantes a las centrales. Más allá de la obvia y urgente necesidad de mejorar la regulación y supervisión de las centrales para aumentar su seguridad, la gravedad de la crisis nuclear japonesa ha hecho patente que corresponde a los ciudadanos –no a las empresas operadoras ni a las agencias reguladoras– decir la última palabra sobre el futuro de la energía nuclear y asumir colectivamente sus consecuencias.

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Archivado bajo Economía, Política internacional

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