De 22-M a las elecciones generales

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de junio de 2011

Las elecciones autonómicas y municipales celebradas el 22 de marzo han permitido constatar a nivel estatal los pronósticos que reflejaban las encuestas preelectorales: el PP ha cosechado una rotunda victoria y el PSOE un estrepitoso fracaso. En las elecciones autonómicas, el PP ha ganado con mayoría absoluta en Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Castilla la Mancha, Valencia, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla y ha sido la fuerza más votada en Aragón, Canarias y Extremadura A nivel municipal, los resultados son igualmente rotundos. Las candidaturas del PP han recibido el apoyo de 8.474.031 ciudadanos frente a 6.276.087 que han otorgado su confianza a las listas del PSOE. Se inicia, en consecuencia, un nuevo tiempo hasta las próximas elecciones generales donde el PP estará al frente de la mayoría de las CC. AA. y  principales ciudades españolas (con algunas notables excepciones) y el PSOE al frente del gobierno de España.

Al PP le va a resultar sencillo administrar su aplastante victoria. Los buenos resultados obtenidos habrán disipado cualquier duda acerca de la idoneidad del rumbo marcado por el Sr. Rajoy y su círculo más inmediato, apoyado en tres principios básicos. Primero, no decir o hacer nada que pueda provocar enfrentamientos internos o molestar a grupos significativos de ciudadanos que puedan perjudicar su imagen y restarles votos. Segunda, acusar al Gobierno de estar negociando con ETA o haber auspiciado la vuelta de ETA a las instituciones, con independencia del número de terroristas detenidos y juzgados o los esfuerzos desplegados por la policía y la abogacía del Estado para impedir que Sortu y Bildu participasen en las elecciones municipales. Tercera, recordar cada día a los ciudadanos que por culpa de la incompetencia del Gobierno y del PSOE hay 5 millones de parados y que el PP sabe lo que hay que hacer para sacarles del pozo. Que nadie pues espere propuestas constructivas o apoyo a las iniciativas del Gobierno para sacar adelante reformas impopulares en lo que resta de legislatura. O mayor firmeza ante sus imputados electos, dejando que sean ellos mismos quienes se vean forzados a dimitir como ocurrió con el ex-senador Bárcenas, tesorero del PP hasta 2009.

Más difícil va a resultar a los líderes del PSOE administrar el fracaso electoral. Es cierto, como afirman sus líderes, que les ha tocado gestionar la peor recesión y crisis financiera que han pasado las economías desarrolladas desde la segunda Guerra Mundial, pero también que los gobiernos de Rodríguez Zapatero ni comprendieron la gravedad de la situación ni actuaron con la celeridad debida para despejar las dudas sobre el futuro de la economía española, de ahí las erráticas políticas que han seguido desde septiembre de 2008. Al asumir que la recesión se podía gestionar con prodigalidad y parsimonia a la espera de una pronta recuperación en 2009, cometieron un craso error de cálculo, pues las circunstancias económicas eran completamente distintas a las de la recesión de 1992-93. Ahora apenas queda ya tiempo para rehacerse y va a hacer falta algo más que unas primarias de mentirijillas para contrarrestar la desconfianza y el rechazo que suscitan Rodríguez Zapatero, la mayoría de sus ministros y la cúpula del PSOE. Si de verdad quiere el Presidente y Secretario General ayudar en este trance a quien el Consejo Federal del PSOE ha designado para enfrentarse a Rajoy en las próximas elecciones generales, tendría que dar un paso atrás y dejar al Sr. Pérez Rubalcaba plena libertad para elegir a sus colaboradores y sacar de la escena pública a tanto incompetente. (Y, por favor, ahórrennos en el futuro patéticas escenas como la protagonizada por la colegiala Chacón cuyo abnegado “sacrificio” interesa poco o nada a la mayoría de los españoles.)

Las elecciones del 22M han vuelto a poner sobre la mesa dos cuestiones muy preocupantes para el futuro de nuestra democracia. La primera atañe a la interesada interpretación que han hecho los líderes del PP de los resultados electorales del 22M. ¿Debería Rodríguez Zapatero poner fin a la legislatura y convocar elecciones generales como exige el PP? Pienso que no. Ya encuentro un error que la Constitución otorgue al Presidente de turno la posibilidad de abortar mandatos, porque cuando el partido perdedor no acepta el veredicto de las urnas –como ha ocurrido en varias ocasiones en España en el pasado reciente–, acaba por arruinar la legislatura con su permanente demanda de elecciones anticipadas. Las excusas han sido variadas: una veces la corrupción, otras la política antiterrorista o la mala situación económica, y ahora el “clamor popular” expresado en las elecciones municipales. Además de este argumento de carácter general a favor de agotar las legislaturas, diré que veo a Rodríguez Zapatero, tras renunciar a presentarse a las próximas elecciones, más dispuesto a impulsar reformas económicas impopulares para cuadrar las cuentas públicas que al hipotético ganador de unas elecciones anticipadas.

La segunda tiene mayor alcance y reafirma una preocupante tendencia puesta ya de manifiesto en las elecciones catalanas del 28N. Me refiero a la pasividad, comprensión y apoyo mostrados por la dirección de algunos partidos –CDC en el escenario catalán y PP en el español– hacia personas imputadas en casos de financiación ilegal de dichas formaciones políticas. Todo apunta a que estos partidos se han adentrado sin ningún pudor en una nueva era donde los presuntos delitos cometidos por sus tesoreros y líderes autonómicos ya no se enmiendan con dimisiones y afrontando las responsabilidades penales que pudieran derivarse posteriormente de aquéllos, sino lavándolos en las urnas mientras entonan desafiantes “qué importa que el rey me juzgue, si el pueblo es grande y me abona”. Ya sólo falta, siguiendo el nefasto ejemplo de Berlusconi, que promulguen leyes a medida para impedir que se pueda juzgar a los presuntos delincuentes. Claro que lo verdaderamente preocupante del caso no es la actitud de la dirección de los partidos implicados sino que el “pueblo” haya abonado a los presuntos delincuentes y a los partidos que los amparan.

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