Dos agujeros negros en las cuentas públicas

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de octubre de 2011

En mi artículo “¿Cómo van las cuentas públicas?” (Expansión, 28 de septiembre de 2011), examinaba la reciente evolución de los ingresos y gastos públicos de las AAPP en España. Destacaba, en primer lugar, que la responsabilidad por la enorme brecha que se abrió entre gastos e ingresos en 2008 y 2009 puede achacarse casi en partes iguales, 50,8% y 49,2%, al fuerte aumento de los empleos no financieros y al desplome de los recursos no financieros, respectivamente. Subrayaba asimismo que las dolorosas medidas adoptadas por el Gobierno en 2010 (elevación de tipos impositivos y reducción de algunos gastos) permitieron aumentar los recursos de las AAPP en 14.115 millones, reducir los empleos en 4.877 millones y rebajar el déficit de las AAPP (necesidad de financiación) desde el 11,13% al 9,25% del PIB. Finalmente, apuntaba que la evolución de los ingresos y gastos del Estado y las CCAA en el primer semestre de 2011 indica que, si no se adoptan nuevas medidas, no se reducirá el déficit público hasta el 6% del PIB este año, poniendo en entredicho el cumplimiento del compromiso adquirido con la UE de alcanzar el 3% en 2013.

Sólo hay dos caminos para reducir el déficit público en un contexto de escaso crecimiento económico, baja inflación y creciente peso de los intereses de la deuda: uno, continuar reduciendo gastos como se viene haciendo desde mayo de 2010; y dos, adoptar nuevas medidas para aumentar la capacidad recaudatoria de un sistema fiscal muy dependiente de las transacciones inmobiliarias y el consumo de bienes duraderos en la última década. Aunque habrá doctrinarios que se escandalicen al verme abogar por una subida de la presión fiscal, estoy convencido de que la magnitud del ajuste que ha de realizarse de aquí a 2013 para cumplir el compromiso adquirido con la UE exige aumentar considerablemente los ingresos públicos. El debate fiscal de los próximos trimestres no va a ser si se recortan los gastos o se suben los ingresos, sino qué gastos se recortan y qué impuestos se elevan.

En cuanto al gasto, parece haber llegado a su fin el tiempo en que nuestros políticos competían por ver quién ofrecía más servicios “gratis” y nos adentramos en otro donde van a verse obligados a sopesar los costes y beneficios de sus iniciativas y establecer prioridades. Se puede enviar al paro a profesores y empleados sanitarios, como ya están haciendo algunas CCAA, o recortar las prestaciones por desempleo. Se puede reducir el número y los salarios de los políticos, cargos de confianza y empleados de organismos autónomos, empresas públicas, etc., o volver a recortar los salarios de los empleados que producen servicios públicos básicos (educación, sanidad, justicia, orden público, defensa, etc.). Se puede congelar de nuevo las pensiones, o recortar todavía más la inversión pública.

Estas son las alternativas y aunque es a los políticos a quienes corresponde decidir dónde quieren meter las tijeras, el gobierno salido de las próximas elecciones debería abordar de inmediato la reforma del sistema de “prestaciones por desempleo y fomento de la inserción y estabilidad laboral”, un agujero negro que se ha tragado más de 100.000 millones entre 2009 y 2011, una cifra que empequeñece las destinadas a los dos planes E. Hay que poner fin a la perversa conjunción de contratos temporales y prestaciones por desempleo; cambiar las reglas del juego para penalizar los abusos que hacen del sistema los empleadores que camuflan ceses voluntarios como despidos y trabajadores que siguen recibiendo prestaciones tras rechazar ofertas laborales razonables o mientras desempeñan actividades remuneradas; reformar el perfil de las prestaciones para incentivar la búsqueda de trabajo y la aceptación de ofertas; y, en fin, devolver la formación a su ámbito natural: la educación reglada. Resulta paradójico que el presidente Rodríguez Zapatero haya defendido y continúe defendiendo –lo hizo el miércoles de la semana pasada en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso– unas políticas que generan paro y lo alimentan con generosidad.

En el sistema fiscal hay también un agujero negro que se ha tragado decenas de millones de recaudación potencial y ha dejado a las AAPP sin recursos indispensables para financiar incluso prestaciones sanitarias básicas. Pocos parecen haber reparado en que siendo el PIB estimado en 2010 (1.062.591 millones), 2009 (1.053.914 millones) y 2008 (1.088.124 millones) ligeramente superior al PIB de 2007 (1.053.537 millones), las AAPP han perdido más de 150.000 millones de recursos en los tres últimos años. Ni el hecho de que el PIB pueda ser algo inferior al que reflejan las estadísticas oficiales –véase mi artículo “¿Es la recesión más dura de lo que nos dicen?”, publicado en Expansión el 1 de diciembre 2009–, ni la acción de los estabilizadores automáticos explican la caída tan abultada de los recursos (67.426 millones) entre 2007 y 2009, y su débil recuperación en 2010 y 2011. Que con un PIB casi idéntico y tipos impositivos (nominales) más elevados, Hacienda recaudara con los impuestos sobre la producción e importación, renta y patrimonio 52.027 millones menos en 2010 que en 2007, sólo puede explicarse si una proporción más elevada de las rentas en 2010 se generaron en actividades que eludieron el pago de impuestos o fueron a parar a personas (físicas o jurídicas) sujetas a tipos (efectivos) inferiores.

También en este ámbito es a los políticos a quienes corresponde adoptar decisiones, pero se equivocará el nuevo gobierno si, acuciado por la necesidad de aumentar los ingresos, se limita a volver a aumentar los tipos del IRPF e IVA. Además de ahondar el ya injusto reparto de la carga fiscal, el efecto recaudatorio de tales medidas será muy limitado si no van acompañadas de otras acciones dirigidas a hacer emerger las actividades opacas al fisco, poner cerco a los paraísos fiscales siguiendo el ejemplo de Estados Unidos (véase mi artículo, “Estados Unidos pone cerco a los bancos suizos”, Expansión, 25 de febrero 2009) y gravar con tipos efectivos más elevados las rentas no salariales cuya participación en el PIB ha crecido 2 puntos porcentuales entre 2007 y 2010.

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