Víctimas, verdugos y el final de ETA

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de enero de 2012

Las terribles e irreparables consecuencias del terrorismo de ETA son las innumerables víctimas cuyas vidas quedaron truncadas o marcadas para siempre por los zarpazos de los asesinos a sueldo que han integrado la organización terrorista desde 1968, año en que cometió el primer atentado mortal reconocido por la banda, hasta hoy mismo. Un terrorismo que hay que reconocer ha sobrevivido durante cuatro décadas merced a la falta de decisión con que abordaron el problema los distintos gobiernos españoles democráticos hasta 2001, a la comprensión y colaboración que encontraron los terroristas en amplios segmentos de la sociedad vasca –algunos partidos políticos, algunas organizaciones sindicales y hasta una parte de la iglesia católica– y al amparo que recibieron al otro lado de los Pirineos en los años 70 y 80. La muerte y las secuelas de los atentados cambiaron en un instante y para siempre el curso de la vida de las víctimas de ETA y sólo el paso del tiempo podrá ir adormeciendo (que no curando) los destrozos físicos y emocionales causados a los supervivientes.

Ahora que el fin de ETA parece estar más cerca que nunca –como confirman la apuesta del entorno de la banda de alcanzar la independencia renunciando a la violencia y el posterior comunicado de la banda anunciando “el cese definitivo de su actividad armada”, tras constatar el fracaso de su estrategia militar–, he escuchado a algunas voces “autorizadas” exigir a los verdugos que pidan perdón a las víctimas como condición necesaria para avanzar en el proceso de reconciliación. Necio empeño: la mayoría de los miembros de ETA y su entorno incivil ni se han arrepentido de las atrocidades cometidas ni sienten la menor simpatía por sus víctimas. A casi todos los miembros de la banda apresados los hemos visto desfilar desafiantes ante los tribunales que los juzgaban (y siguen juzgándolos), sin mostrar el menor signo de arrepentimiento por los estragos causados, mofándose abiertamente incluso de las víctimas en algunos casos. ¡Ni siquiera los monstruos nazis mostraron tal osadía y falta de escrúpulos en los juicios de Nuremberg! Por eso, si algún día la banda y su entorno incivil llegara a pedir perdón a las víctimas, podemos estar seguros de que no lo harían movidos por el arrepentimiento sino por mero oportunismo político, para favorecer las expectativas electorales del conglomerado “batasuno” al que se han incorporado sin rubor algunos partidos y organizaciones que minimizaron (si no comprendieron) las atrocidades de ETA.

Ante la perspectiva que ha abierto un próximo final de ETA, dos asuntos deben preocuparnos a los españoles que aspiramos a vivir en una sociedad democrática y abierta. En primer lugar, el gobierno español que ha salido de las elecciones 20 de noviembre deberá ignorar los cantos de sirena que interpreta la “refundada coral batasuna” y continuar con las acciones policiales y judiciales que han permitido acorralar a los cada vez más escasos efectivos con que cuenta la banda hasta que ésta decida disolverse y entregar incondicionalmente las armas. Rajoy ya tuvo que parar los pies al Sr. Antigüedad, portavoz de Amaiur en el Congreso, que le reclamaba sin pudor en el debate de investidura dar nuevos pasos para alcanzar “una resolución integral de un conflicto… que es de naturaleza política” y “la desactivación de las medidas restrictivas de los derechos de las personas [eufemismo para referirse a los terroristas condenados] que están en la cárcel”. “No le debo a Vd. absolutamente nada. Ni yo, ni la sociedad española”, le espetó Rajoy al representante de quienes sí han contraído una deuda infinita con las víctimas al haber justificado, ensalzado y patrocinado el terrorismo de ETA durante décadas. Podemos estar seguros de que cuanto mayor sea la firmeza del gobierno español en los próximos meses antes llegará el esperado momento.
En segundo lugar, el nuevo gobierno español, los fiscales y los jueces tienen ante sí un reto mucho más difícil que derrotar militarmente a ETA: asegurar el ejercicio de las libertades constitucionales de expresión, asociación y participación política en El País Vasco, coartadas por la presencia de ETA y su entorno incivil desde 1978. No se puede olvidar que el conglomerado “batasuno” está presente no sólo en el Congreso sino también en las Diputaciones forales y numerosos Ayuntamientos vascos y navarros. Por incomprensible que nos resulte, hay varios cientos de miles de ciudadanos dispuestos a votar a estos facinerosos, y el Estado tendrá que vigilar de cerca sus movimientos para asegurarse de que acatan la Constitución y las leyes vigentes, y no utilizan las instituciones por ellos controladas para canalizar dinero público a organizaciones dedicadas a enaltecer a los terroristas y demandar su amnistía, así como a intimidar y amenazar, empleando quizás métodos más sutiles que en el pasado, a quienes rechazan sus objetivos xenófobos y totalitarios para El País Vasco. Así ha de ser, al menos hasta que ETA anuncie su disolución y entregue las armas.

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Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

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