Una reforma laboral más

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de febrero de 2012

La reforma laboral aprobada por el Gobierno el viernes vino precedida por una campaña de lanzamiento que, como ocurrió también antes de la publicación de la última EPA, buscaba preparar el terreno para suavizar su impacto. Guindos alertaba en voz baja sobre su  “agresividad extrema” a sus homólogos europeos, y Rajoy reconocía ante sus pares que la reforma iba a costarle una huelga general. Más allá de si la reforma contradice la promesa de Rajoy de no abaratar el despido, la entusiasta acogida de un empresario que ve en ella “la primera reforma profunda de la democracia” y el previsible rechazo de las sindicales, a los ciudadanos les interesa saber si las medidas recogidas en el Real Decreto 3/2012 servirán o no para crear empleo y corregir las graves disfunciones del mercado laboral.

Abaratamiento del despido y flexibilización de los ERE

Entre las medidas que han suscitado reacciones más encontradas se encuentran las que abaratan o facilitan el despido. La reforma reduce la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades a partir de su publicación, sin efecto retroactivo. Por otra parte, precisa las condiciones que permitirán a los empresarios despedir procedentemente a los trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado. Por último, la reforma facilita la ejecución de los ERE al eximir a los empresarios de obtener la preceptiva autorización administrativa y abre la puerta a su aplicación en el sector público.

Ni son tan novedosas las medidas como se ha dicho ni cabe esperar que tengan efectos significativos sobre el coste del despido. La indemnización por despido improcedente de 33 días ya se aplicaba a los contratos indefinidos de fomento tras la última reforma laboral de Rodríguez Zapatero. Además, al mantener los trabajadores los derechos hasta la entrada en vigor de la reforma, su impacto será marginal para la mayoría de los trabajadores con contratos indefinidos. No hay que olvidar que la evolución del empleo y el paro en los últimos trimestres demuestra que el abaratamiento del despido ni ha creado puestos de trabajo ni detenido la escalada del paro. En cuanto a la objetivación de las causas que justifican el despido procedente, sorprende su ambigüedad al no especificarse cómo se calcula la caída de las ventas (intermensual o interanual) ni aclarar a quién compete contrastar su veracidad. En un país donde la mayoría de los empresarios no declaran sus ingresos –¡son mileuristas!– u la economía sumergida está muy extendida, comprobar la caída de los ingresos se me antoja una tarea casi imposible.

Fomento de la contratación indefinida

El Real Decreto también contempla diversas ayudas para favorecer la contratación indefinida y a tiempo parcial. Se crea un nuevo contrato indefinido (con un año de prueba) para empresas y autónomos con plantillas inferiores a 50 trabajadores subvencionado con 3.000 € por el primer trabajador contratado. Cuando el trabajador esté además en paro, el empresario podrá también deducirse el 50% de la prestación por desempleo y el trabajador complementar su salario con el 25% de la misma. En segundo lugar, la contratación indefinida durante tres años de parados de larga duración menores de 30 (mayores de 45) años conllevará una bonificación de hasta 3.600 € (4.500 €) en las cotizaciones. También la contratación de mujeres en sectores donde están poco representadas se bonificará con 1.500 €. Por último, la contratación indefinida se fomenta indirectamente proponiendo por enésima vez limitar, en este caso a dos años, el encadenamiento de contratos temporales.

Tampoco en este campo ofrece la reforma grandes novedades. Las subvenciones a la contratación las han utilizado la mayoría de los gobiernos desde 1978. Nadie duda que una vez tomada la decisión de contratar a un nuevo trabajador, el empresario se inclinará, en igualdad de condiciones, por un trabajador cuya contratación esté subvencionada o bonificada. Otra cosa muy distinta es que tales ayudas lleven a los empresarios a realizar ofertas que no habrían hecho en su ausencia. Lo que sí es seguro es que las ayudas para contratar a ciertos colectivos (jóvenes, parados de larga duración, mujeres, etc.) dificultarán la contratación de los trabajadores que los incumplen. Sobre la limitación a 2 años del encadenamiento de contratos temporales, cabe recordar que son bien conocidos los subterfugios que han empleado los empresarios para eludir iniciativas similares hasta ahora.

Flexibilización de los convenios y otras medidas

Quizás lo más novedoso de la reforma impulsada por el gobierno de Rajoy sean los cambios que introduce en la negociación colectiva, al primar los convenios de empresa sobre los sectoriales y facilitar a las empresas la posibilidad de descolgarse del convenio cuando atraviesen dificultades económicas. Además, para agilizar la firma de los convenios, su vigencia se prorrogará durante dos años pero expirará agotado dicho plazo. En sectores minifundistas (comercio al por menor, hostelería a pequeña escala, reparación de automóviles, servicios profesionales, etc.) donde el tamaño de las empresas es muy reducido, la pregunta natural es cómo se determinarán los salarios y las condiciones de trabajo. ¿Están los trabajadores abocados a aceptar reducciones en los salarios o en las horas percibidas para evitar el despido cada vez que los empresarios aleguen atravesar una mala situación económica? ¿Pretende el gobierno extender a estos sectores las condiciones laborales de los bazares chinos?

El Real Decreto incluye también otras medidas entre las que cabe destacar las siguientes: la extensión del contrato de formación hasta los 30 años mientra la tasa de paro supere el 15%; la potenciación del contrato a tiempo parcial indefinido en hostelería para compatibilizar el trabajo con los estudios y la vida familiar; la ampliación del ámbito de actuación de las ETT que ahora podrán actuar como agentes de colocación junto al Servicio Público de Empleo (SPE); el derecho de los trabajadores a recibir 20 horas de formación anuales a cargo de las empresa; la obligación de los parados que perciban prestaciones sociales de realizar trabajos comunitarios; y potenciar la lucha contra el fraude en la percepción de la prestación por desempleo. Algunas de estas medidas son anecdóticas, como potenciar el contrato a tiempo parcial en hostelería, obligar a quienes reciben prestaciones sociales a realizar trabajos para la comunidad o proporcionar 20 horas de formación a los ocupados; hay alguna, como la extensión de los contratos de formación hasta los 30 años, que resulta sencillamente impúdica; otra, la ampliación de funciones de las ETT, que reconoce implícitamente el fracaso del SPE como oficina de empleo pero no aborda su reforma; y, por último, la persecución del fraude en la percepción de prestaciones por desempleo, merecedora de mayor atención y desarrollo.

Comentario final

La reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy ni me parece “histórica” ni de “gran calado”, sino continuista e improvisada: abarata y flexibiliza el despido siguiendo las líneas apuntadas en la última reforma laboral de Rodríguez Zapatero, vuelve a apostar, como tantas otras reformas, por subvencionar y bonificar la contratación de algunos colectivos y elude abordar reformas capitales para acabar con la dualidad indefinido-temporal, potenciar la movilidad espacial, reformar el SPE, perseguir el fraude en la percepción de las prestaciones sociales y combatir la economía sumergida. Abaratar el despido, aumentar las ayudas la contratación y crear inseguridad en las condiciones laborales ni creará empleo indefinido ni resolverá los graves problemas de nuestro mercado laboral.

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