Ni causa ni remedio

Artículo publicado en el diario Expansión el 24 de febrero de 2012

Terminaba mi último artículo (Expansión, 14 de febrero) afirmando que las medidas incluidas en el Real Decreto 3/2012 no son las que necesita el mercado laboral español para empezar a corregir las graves disfunciones que lo aquejan desde hace décadas. Esta convicción, no el hecho evidente de que la reforma altera significativamente las relaciones entre empresarios y trabajadores a favor de los primeros, era lo que me indujo a calificarla como “una reforma laboral más”. De los tres grandes bloques de cambios legislativos, las medidas dirigidas a reducir el coste de despido y facilitar los despidos colectivos, por una parte, y flexibilizar la interpretación de los convenios y el descuelgue de los mismos, por otra, han sido las que han suscitado el rechazo frontal de las organizaciones sindicales, exteriorizado en las manifestaciones celebradas el domingo pasado. Las medidas orientadas a proporcionar subvenciones o beneficios fiscales a ciertos empresarios por contratar a determinados colectivos de trabajadores no han levantado, sin embargo, ningún rechazo por parte de CCOO y UGT, a pesar de la ineficiencia y dudosa justicia que supone primar a unos colectivos sobre otros y el elevado coste que tienen para los contribuyentes.

Para cubrirse en salud, Rajoy se apresuró a reconocer -¡casi antes de aprobarlas!– que las medidas adoptadas no evitarán que el paro siga aumentando en los próximos meses. Una perfecta coartada para quienes como el propio Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro jamás dieron un día de tregua a las reformas emprendidas por Rodríguez Zapatero y las descalificaron sin contemplaciones tan pronto los resultados de la EPA confirmaban que se seguía destruyendo empleo y aumentando el paro en España. Ahora piden un acto de fe, confianza ilimitada en unas medidas que crearán más paro en los próximos meses pero servirán –nos dicen– para sentar las bases de un crecimiento sólido, dando a entender que el elevado coste del despido y la inflexibilidad originada por la negociación colectiva han sido los obstáculos que han frenado la creación de puestos de trabajo en las épocas de bonanza y provocado aumentos muy fuertes del paro durante las etapas recesivas. ¿Se les puede conceder algún crédito a semejantes afirmaciones?

La evolución de la economía española desde la aprobación de la Constitución en 1978 pone de manifiesto que se han generado abundantes puestos de trabajo durante las épocas de crecimiento (1986-92 y 1995-2008) y destruido empleo con gran intensidad durante las recesiones (1992-93 y 2008-10) y los períodos de crecimiento anémico (1978-85, 1994 y 2010-11). Tras el ingreso en la CEE en 1986, el número de asalariados temporales aumentó casi en 2,0 millones entre el segundo trimestre de 1987 y el tercer trimestre de 1992, mientras que el de indefinidos lo hizo en 419.000 entre el segundo trimestre de 1987 y el cuarto trimestre de 1991. La recesión de 1992-93 puso fin al proceso de creación de empleo y el número de asalariados temporales cayó en 287.000 desde el tercer trimestre de 1992 al cuarto trimestre de 1993, y el de indefinidos en 540.000 desde el cuarto trimestre de 1991 al cuarto trimestre de 1994. Durante la prolongada expansión 1994-2008, se incrementó en 2,4 millones el número de asalariados temporales y en 6 millones el de indefinidos. Por último, la desaceleración económica y la recesión de 2008-10 han recortado 1,6 millones de empleos temporales entre el tercer trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2011 y 755.800 asalariados con contrato indefinido entre el segundo trimestre de 2008 y el cuarto de 2011.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto que ni los costes de despido ni las rigideces impuestas por los convenios sectoriales han impedido crear millones de empleos durante las fases de expansión o constituido un serio obstáculo para recortar drásticamente plantillas durante las épocas de vacas flacas. Si centramos la atención en la última recesión, se constata que el ajuste de las empresas españolas ha sido incluso más intenso que en otros países desarrollados donde los costes de despido y las rigideces se supone que son muy inferiores a las del nuestro. En los ocho trimestres comprendidos entre el cuarto  trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2010, la caída media del PIB fue del 2.09%, la del empleo del 4,74% y la tasa de paro se elevó 8.4 puntos en España. Las cifras de los EE.UU. en ese mismo período indican que aunque el PIB se redujo en una cuantía similar, 1,9%, el empleo sólo se redujo el 2,43% y la tasa de paro aumentó en 2.3 puntos. ¿Cómo a la vista de estas cifras alguien puede sostener con seriedad que el coste del despido o las rigideces impuestas por los convenios sectoriales impiden ajustar con rapidez las plantillas en España?

Al margen de la ideología, lo que las cifras de Contabilidad Nacional y la EPA de las últimas décadas sugieren es que los empresarios españoles son los más rápidos del condado global desenfundando y enviando al paro a sus trabajadores. En ausencia de penalizaciones, lo más rentable resulta recortar plantillas para reducir los costes salariales, aunque ello incremente la factura en prestaciones a los desempleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). No es mera casualidad que la participación del Excedente de explotación bruto en el PIB haya pasado del 41,67% en 2007 al 44,76% en 2011, un incremento de las rentas no salariales privadas de 33.167 millones de euros sólo en 2011 que supera la cuantía de las prestaciones a los desempleados del SEPE el año pasado. El Gobierno tiene mayoría absoluta y todo el derecho a llevar a cabo las reformas que considere convenientes, incluso aquéllas que como ésta los empresarios reciben con alborozo apenas disimulado. Pero lo que intelectualmente no es de recibo es apuntar al elevado coste de despido o la supuesta inflexibilidad impuesta por los convenios como las causas de los males pasados y el remedio de los futuros. Porque sencillamente no es verdad.

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2 comentarios

Archivado bajo Economía

2 Respuestas a “Ni causa ni remedio

  1. Daniel

    Clemente, por fin… Está claro que disminuir costes de despido sirve para ‘despedir’ más barato, no para crear empleo.

    En general, para el trabajador y la economía es un paso atrás: en tiempos de crisis, con tasas de desempleo creciendo, será más barato (y fácil) despedir, por lo que ese trabajador tendrá un ‘colchón’ menor que repercutirá en consumo privado e inversión (existen muchos ejemplos de personas que tras haber sido despedidas, han utilizado la indemnización para crear su propia empresa) e ingresos públicos vía impuestos.

    Si algo bueno tiene, aunque tardará bastante en llegar (y, probablemente, sólo se de en la parte alcista del ciclo), es que el trabajador cualificado y con experiencia ya no se verá ‘atado’ a su empresa (por no perder la antigüedad), fomentará la movilidad y, como consecuencia, los salarios de estos trabajadores aumentarán.

    No sería más fácil intentar llegar a un modelo parecido al austríaco donde el empresario vaya provisionando cada año parte de la potencial indemnización del trabajador, de tal manera que cuando se llegue a una situación crítica, la empresa no tenga que desembolsar los 45 días por año (ó 33) de golpe. Estas provisiones se podrían invertir en deuda pública (quizás si el monto llega a ser suficiente, alieve la presión de los mercados secundarios), de manera que se recupere más de lo provisionado (por los intereses de esta deuda)…

    Soluciones ‘parciales’ existen, pero quizás no hayan preguntado a las personas indicadas o solamente a los que hacen más ruido.

    Un saludo desde Estocolmo

    • Clemente Polo

      Gracias, Daniel, por tus comentarios. El modelo austriaco se podría poner en marcha eliminando los contratos temporales que ahora se saldan con 8 días de despido. Como tú dices, empleadores y empleados podrían aportar a este fondo individual cantidades de las que el trabajador podría disponer en caso de ser despedido o despedirse para buscar un nuevo empleo. Si el fondo es personal y puede trasladarse de una empresa a otra, podemos estar seguros de que el trabajador no tiene ningún incentivo para abusar del sistema como ocurre en la actualidad. Además, las aportaciones de los empleadores deberían modularse para penalizar a aquellos empleadores que utilizan la SS como un mecanismo para reducir el coste salarial, enviando al paro a los trabajadores.

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