Del tijeretazo de Zapatero a los hachazos de Rajoy

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de marzo de 2012

El 27 de febrero desvelaba Montoro la primera estimación del déficit público de las AAPP en 2011 que cifró en el 8,51% del PIB, 2,51 puntos por encima de la acordada (6.0%) con la UE en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. Todas las AAPP registran desviaciones, si bien son las cuentas de las CCAA las que “explican” el 65,3% de la desviación total. Se confirma así que los ajustes realizados en 2011 no han permitido acercarse siquiera a los objetivos fijados por el gobierno de Rodríguez Zapatero y ponen en duda que el gobierno de Rajoy pueda cumplir el calendario de consolidación fiscal aprobado por aquél en junio de 2011: 4,4% en 2012, 3% en 2013 y 2,1% en 2014. El próximo viernes cuando el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto para los presupuestos de 2012 dispondremos de nueva información al respecto.

La escueta información que proporcionó el Ministro en su comparecencia ante la prensa ni detalla las cifras de ingresos y gastos de cada administración, lo que permitiría acotar el origen de las desviaciones, ni proporciona pista alguna sobre los incumplimientos de la Administración Central en materia de transferencias que han afectado lógicamente a los resultados de las CCAA. Tampoco resulta transparente el desglose del “saldo presupuestario, en % del PIB” para las CCAA al no indicarse qué estimaciones del PIB se han empleado para calcularlas. En este caso, lo único que puede decirse es que todas las CCAA salvo Madrid han rebasado el objetivo de déficit fijado en el 1,3%, y que mientras algunas Comunidades continuaron incrementándolo (Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura), otras apenas lo alteraron (Andalucía, Aragón, Baleares,  Castilla y León,  Valencia, Murcia y  País Vasco) o incluso lograron reducirlo (Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja).

Con la vista puesta en el futuro, la única conclusión relevante que se desprende de la nueva cifra de déficit público es que una enorme brecha de 4,11 puntos la separa del objetivo aceptado por el anterior gobierno para 2012 (4,4%), un agujero que utilizando el PIB de 2011 (1.073.383 millones) se puede cifrar en 44.116 millones. ¿Está en condiciones el gobierno de Rajoy de comprometerse a cumplir la senda de ajuste aprobada por Rodríguez Zapatero? El viernes el Gobierno hará público el techo de gasto para el presupuesto de 2012 y su nueva estimación de déficit para 2012, pero todo apunta a que Rajoy tendrá que distribuir el peso del ajuste de una manera más equilibrada y la UE aceptar los cambios, a menos que quiera provocar una recesión todavía mayor y de imprevisibles consecuencias. He aquí una senda más suave por la que podría apostar el Gobierno: 5.9% en 2012, 3,9% en 2013 y 2,4% en 2014. Incluso si la UE accediera a ello, el Gobierno estaría obligado a reducir el déficit 2,6 puntos en 2012, otros 2 puntos en 2012 y 1,5 puntos en 2013, con impactos sobre la actividad económica, la ocupación y el paro negativos en los próximos tres años.

En un estudio realizado en 2010 con Álvarez-Martínez, estimamos los efectos de reducir 1,5 puntos el déficit público sobre el PIB utilizando diversas vías. Cuando se recorta el consumo público, el PIB cae el 0,36%, el empleo el 0,72% y la tasa de desempleo aumenta 0,62 puntos. Esas cifras resultan bastante más favorables cuando el recorte se realiza reduciendo la inversión pública, aunque en este caso se ignoran los efectos que la reducción de la inversión pública pueda tener sobre la productividad a medio plazo. Mucho más desfavorables resultan los recortes que se instrumentan elevando los tipos del IVA o del IRPF: la caída del PIB sobrepasa el 1%, la del empleo el 2% y la tasa de paro aumenta algo más de 1 punto. Estos resultados ponen de manifiesto que los recortes de gasto, aunque reducen la calidad de los servicios públicos o de las infraestructuras, resultan menos indoloros para la actividad a corto plazo que las elevaciones de los tipos del IVA que impulsan al alza los precios de consumo (y también los gastos de las AAPP), o del IRPF que recortan la renta disponible de las familias y la oferta de trabajo.

Aunque el Gobierno logre que la UE acepte limitar a 2,6 puntos (27.908 millones) el recorte del déficit en 2012, todavía tendría que adoptar nuevas medidas de aquí a finales de marzo para complementar las subidas “temporales” de impuestos (IRPF, 5.375 millones, IBI, 918 millones) con las que espera recaudar 6.275 millones adicionales y los recortes de los gastos estimados en 8.900 millones –una cantidad que el gobierno debería desglosar pues supera en mucho la suma de las reducciones cuantificadas en la referencia del Consejo de Ministros del 30 de diciembre–. Si Rajoy insiste en no tocar las pensiones ni las prestaciones a los desempleados, lo más probable es que buena parte del recorte en 2012 vuelva a recaer sobre los empleados públicos y la inversión pública. En el caso de las infraestructuras, los efectos podrían paliarse si Rajoy convence a sus socios de la conveniencia de financiar un plan de inversiones públicas para relanzar la actividad en la UE. Cierto alivio presupuestario podría lograrse también si la UE, a la vista de que nuestra tasa de paro duplica holgadamente la media europea, decidiera aumentar los fondos destinados a formación en España.

Rajoy y el Gobierno saben que a los ajustes de 2012 les seguirán nuevas subidas de tipos o recortes adicionales de gasto en los presupuestos de 2013 y 2014 para continuar reduciendo el déficit, a menos que consigan mejorar la eficiencia recaudatoria del sistema fiscal o reconducir el gasto del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) desbordado desde 2009. En “Dos agujeros negros en las cuentas públicas” (Expansión, 21 de octubre) ya manifesté mi insatisfacción con un sistema fiscal que perdió 67.426 millones de ingresos entre 2007 y 2009 aunque el PIB permaneció inalterado (1.053.161 millones en 2007 y 1.047.831 en 2009), prueba incontestable de que las rentas no salariales tributan poco o nada y numerosas transacciones escapan al fisco. Asimismo apuntaba la urgencia de reformar el SEPE que ha destinado más de 30.000 millones a “prestaciones a los desempleados” desde 2009, y a las que en 2011 hay que sumar 7.206 millones destinados al “fomento de la inserción y estabilidad laboral”. Urge que el Gobierno aborde estas reformas antes de presentar en septiembre los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

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