Alternativas a la nociva austeridad

Artículo publicado en el diario Expansión el 16 de mayo de 2012

Al locuaz Rodríguez Zapatero que creyó poder afrontar la severa recesión y la crisis financiera echando la endeudada economía sobre la espalda del Estado –aumentando la inversión pública, las transferencias a los desempleados y avalando a las entidades financieras– mientras los ingresos de las AAPP se desplomaban, le ha sucedido al frente del Gobierno un cauto Rajoy que ha hecho de la austeridad la piedra angular de su política económica. Cuando se le pregunta por qué hay que recortar los servicios públicos, incluidos los que había prometido no tocar, responde sin titubeos haciendo alarde de su probado sentido común: las administraciones, como las familias, no pueden gastar más de lo que ingresan. Un principio sencillo, aparentemente incontestable, que algunos economistas de quinta fila aplauden y jalean en algunos medios. Lo cierto es que esa comparación además de inexacta, ha llevado al Gobierno a implementar unas políticas contractivas cuyos efectos sobre la economía van a resultar muy perjudiciales a corto y medio plazo. ¿Lo peor de todo? Hay otras vías menos nocivas para avanzar hacia el equilibrio presupuestario.

Empecemos por lo más obvio, la inexactitud de la comparación. Cualquier persona sabe que las familias, las empresas no financieras y las entidades financieras pueden gastar más de lo que ingresan, y lógicamente cuando lo hacen se endeudan. Suele ocurrir cuando compran un automóvil o una vivienda, emprenden o amplían un negocio, o adquieren otras empresas. Gastar más de lo que se ingresa y endeudarse es un hecho habitual, y además beneficioso en la mayoría de los casos tanto para el prestatario como para el prestamista. Si aplicáramos la máxima de Rajoy al sector privado, pocas familias habrían adquirido una vivienda y pocas empresas alcanzado su dimensión actual. Los problemas que padece la economía española no tienen su origen en gastar más de lo que se ingresa sino en haber adquirido activos –suelo, viviendas, empresas de construcción, etc.– a crédito que no han generado los ingresos esperados y posibilitado hacer frente a las deudas contraídas. Es haber destinado tantos recursos a invertir en activos devaluados lo que ha debilitado la inversión privada y el consumo, destruido varios millones de empleos y puesto a las entidades financieras en una situación muy delicada.

En cuanto a la deseabilidad de acomodar los gastos a los ingresos, se puede afirmar que la mayoría de los economistas profesionales, desde la publicación de la Teoría general del empleo, el interés y el dinero en 1936, ha considerado deseable que gobiernos y bancos centrales implementen políticas contra-cíclicas, fiscales y monetarias, para suavizar los efectos de caídas de la demanda privada, y hasta encuentra aceptable que adopten medidas heterodoxas, como ha hecho la Reserva Federal desde 2008, para evitar que la combinación de una recesión severa y una crisis financiera acabe en una depresión económica. Hay, naturalmente, también algunos economistas que siguen confiando en los recortes de salarios y precios para restaurar la plena ocupación de los recursos, e incluso algunos que se muestran partidarios de que las autoridades persigan políticas pro-cíclicas o de austeridad, como Rajoy gusta denominarlas. Hay que elegir entre ambas posiciones y la primera, en mi opinión, tiene un respaldo empírico mucho más sólido. En particular, pocos profesionales recomendarían al Gobierno español perseguir hoy políticas pro-cíclicas y al BCE seguir contemplando el espectáculo desde la barrera.

Pues bien, las declaraciones y decisiones que han adoptado Rajoy y su equipo económico desde la llegada al Gobierno en diciembre los sitúa en el ala más radical del segundo grupo. Quieren alcanzar la estabilidad presupuestaria lo antes posible y hasta amenazan con exigir responsabilidades penales a aquellos gestores públicos que incumplan la norma. Poco o nada parece preocuparles los efectos negativos que las continuadas reducciones del gasto público están teniendo sobre la actividad económica y el empleo a corto plazo, ni el empeoramiento de la calidad de servicios públicos básicos, como sanidad y educación, o las infraestructuras y los recortes en I+D+I a medio plazo. Ante las crecientes dificultades de las distintas administraciones para hacer frente a los gastos, se han limitado a concluir que el “estado de bienestar no es sostenible”, verdad de Perogrullo pues cualquier programa, por modesto que sea, resulta insostenible cuando no se recauda lo suficiente para financiarlo. Y lo que desde luego no parece habérseles ocurrido –ni durante los ochos años en que gobernaron, ni durante los ocho años que estuvieron en la oposición ni tras su vuelta al Gobierno– es que el equilibrio presupuestario también puede alcanzarse aumentando los ingresos públicos.

La Hacienda española necesita, además de reordenar competencias, priorizar y fiscalizar mejor el gasto, una profunda reforma. No me refiero a subir algunos tipos o eliminar deducciones, algo que ya hizo Rodríguez Zapatero y ha vuelto a hacer Rajoy con resultados recaudatorios decepcionantes, sino a poner en pie un sistema fiscal potente y ágil, capaz de detectar y gravar las rentas y actividades que hoy escapan al fisco y castigar con dureza y prontitud a los defraudadores. Si el INE está en lo cierto, el PIB alcanzó 1,053 billones en 2007 y, casi la misma cifra, 1,073 billones, en 2011. Sin embargo, los ingresos no financieros de las AAPP se desplomaron durante esos años, desde 433.029 millones en 2007, a 402.278 en 2008, 367.661 en 2009, 381.427 en 2010 y 377.085 en 2011. La pérdida acumulada de recursos respecto a 2007 alcanza la imponente suma de 207.385 millones en cuatro años, una cuantía que explica por sí sola por qué las AAPP se han visto obligadas a despedir a sus empleados, a endeudarse para pagar las nóminas, a retener sine die las facturas de sus proveedores, a cerrar quirófanos, a recortar los fondos destinado a educación e investigación, y a endeudarse hasta las cejas.

Incluso si la UE y el BCE siguen empecinados en reducir los déficits presupuestarios a una velocidad excesiva, Rajoy puede seguir dos caminos muy distintos. Continuar recortando el gasto tres o cuatro años más y elevando “temporalmente” algunos tipos impositivos cuya efectividad recaudatoria está muy mermada por la expansión de la economía sumergida y las caídas en la actividad y el empleo que ocasionarán las reducciones del gasto. O reformar a fondo el sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria, gravando las rentas no salariales y las actividades invisibles que las generan a tipos efectivos comparables a los que soportan los salarios y las actividades no opacas. La segunda opción, además de suavizar el impacto de las políticas contractivas sobre el consumo y la inversión privada, el empleo y la morosidad, permitiría sostener servicios públicos básicos cuyo desmantelamiento puede agravar la marginación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y la creciente tensión social. Tampoco estaría mal que escuchara los consejos de Buffet y otros millonarios e incrementara la progresividad del IRPF, o estableciera como su amigo Sarkozy un impuesto “temporal” sobre grandes fortunas, o siguiera los pasos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y declarase la guerra a los bancos suizos. Hay pues alternativas serias a la pala y la piqueta empleada por Rajoy (y Mas en Cataluña) hasta ahora. Falta tal vez voluntad para ponerlas en marcha.

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2 comentarios

Archivado bajo Economía, Política nacional

2 Respuestas a “Alternativas a la nociva austeridad

  1. Santiago Quesada

    ¿Podríamos decir pues que la expansión monetaria, la expansión fiscal y la persecución del fraude formarían el trípode sobre los que habría que asentar la obtención de recursos necesarios para generar políticas de empleo?

    • Clemente Polo

      No estoy hablando sólo de expansión fiscal y monetaria, estoy hablando de prácticas menos ortodoxas que ha seguido la Reserva Federal para eliminar los denominados activos “tóxicos” de los balances. Las entidades financieras pueden absorberlos si se les otorgan plazos amplios (de 5 a 10 años, por ejemplo) pero intentar digerirlos de golpe como se pretende al exigirles provisionarlos resulta contraproducente.

      Gracias por tu comentario

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