Juego limpio con el déficit público

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de junio de 2012

(Enviado el 29 de mayo)

En un artículo publicado hace un par de meses (Expansión, 12 de marzo de 2012) pedí a Montoro que aclarase las cifras del déficit público de 2011, tras anunciar el ministro el 28 de febrero que el déficit de todas las Administraciones se había disparado al 8,51% del PIB, 2,51 puntos por encima del objetivo del 6% comprometido con Bruselas. En particular, le pedía que explicara por qué cifraba el déficit de la Administración Central en el 5,1% del PIB y el de las Comunidades Autónomas en el 2,94%, cuando la Intervención General del Estado estimaba el déficit de la Administración Central en el 2,91% del PIB. Resultaba ya entonces evidente para cualquier analista informado que Montoro intentaba presentar a la Administración Central, gobernada por el PSOE hasta diciembre de 2011, como la principal responsable del incumplimiento y desviar con esta argucia la atención de las Comunidades Autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el PP.

Montoro tampoco proporcionó los datos de las diecisiete CCAA e intentó echar tierra sobre el asunto aduciendo que no era momento de buscar responsables sino de poner remedio a la calamitosa situación heredada. Una pobre excusa, pues todo el mundo sabe perfectamente que para reducir el déficit público resulta indispensable asignar responsabilidades a las distintas administraciones, comprender las causas que originaron las desviaciones en 2011, e incorporar las medidas apropiadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 –todavía entonces en fase de elaboración– para corregir los problemas. Montoro prefirió seguir jugando al trile con las cifras del déficit y logró generar tal desconfianza entre nuestros socios que cuando Rajoy anunció al finalizar el Consejo Europeo del 2 de marzo su decisión soberana de fijar en el 5,8% del PIB el objetivo de déficit para 2012, el Eurogrupo no lo aceptó y le obligó a rebajarlo hasta el 5,3% en la reunión celebrada el 24 de marzo.

Como suele ocurrir con las trampas tontas, la verdad sobre el déficit y su reparto en 2011 tardó poco tiempo en salir a la luz. En el informe remitido a Bruselas el 30 de marzo, el Ministerio de Hacienda cifró el déficit de todas las administraciones en 91.344 millones (8,51% del PIB), el del Estado Central en 31.619 millones (2,95% del PIB), el de las CCAA en 50.488 (4,70% del PIB), el de los Ayuntamientos en 8.242 millones (0,77% del PIB) y el de la Seguridad Social en 995 millones (0,09% del PIB). Para aumentar el desconcierto, el Ministerio anunció el 18 de mayo que el déficit público se incrementaba en 4 décimas del PIB, unos 4.200 millones, a causa de las nuevas desviaciones reconocidas por algunas Comunidades, principalmente Madrid y Valencia, dos territorios donde el PP gobierna desde hace décadas y cuya brillante gestión económica se contraponía con frecuencia al despilfarro socialista. (“Si no tiene ideas, acepte las de los demás… “) Resulta tragicómico que desde el Ministerio de Hacienda se haya justificado la nueva desviación como un “ejercicio de transparencia”. En resumen, si al déficit del 4,70% de las Comunidades reconocido en marzo se suman las cuatro décimas añadidas en mayo, se alcanza el 5,1% del PIB en 2011, 1,8 puntos por encima de su objetivo del 3,3%, quedando perfectamente establecido que han sido las Comunidades, no la Administración Central, las principales responsables de la desviación registrada en 2011.

A Zapatero se le puede acusar de no haber establecido los controles necesarios para evitar las desviaciones registradas en las Comunidades, pero quienes incurrieron en déficits excesivos e incumplieron los objetivos fueron sobre todo los gobiernos autonómicos, con Aguirre, Camps-Fabra y otros líderes del PP a la cabeza del pelotón. También resulta injusto achacar a Rodríguez Zapatero haber ocultado la desviación del déficit antes de las elecciones del 20N, como los líderes del PP y algunos medios de comunicación afines han repetido una y otra vez desde diciembre. En este sentido hay que recordar que el déficit  de todas las Administraciones acumulado hasta junio fue de 40.955 millones, o el 3,82% del PIB, y que esta era la única estimación conocida antes de las elecciones. Y también conviene recordar que no fue hasta enero de 2012, con Rajoy ya al frente del gobierno, cuando se conoció que el déficit acumulado hasta septiembre ascendía a 56.811 millones, o el 5,23% del PIB. A la vista de esta secuencia temporal, a Zapatero sólo se le puede acusar de haber pecado de optimista al esperar en otoño que todavía se podía alcanzar el objetivo de déficit, pero no de haber ocultado unas cifras que sólo se conocieron meses después.

La cuestión realmente importante ahora es establecer por qué el déficit de las Administraciones se disparó hasta 91.344 millones, o el 8,9% del PIB, en el cuarto trimestre de 2011. En primer lugar, se observa que la ligera recuperación de los ingresos registrada a partir del segundo trimestre de 2010 fue perdiendo fuelle a medida que la economía se desaceleraba en 2011 y se adentraba en una nueva recesión en el cuarto trimestre. En segundo lugar, llama la atención la elevada cuantía de las obligaciones (no financieras) reconocidas por las Comunidades en el cuarto trimestre, 45.139,65 millones, el 30,05% del total anual, una clara indicación de que las Comunidades retrasaron intencionadamente el reconocimiento de obligaciones hasta el último trimestre del año para impedir que la Administración Central pudiera adoptar medidas correctoras. Es también muy probable que esta práctica tan poco edificante de sacar las facturas de los cajones al final del año se viera avivada por la victoria electoral del PP el 20 de noviembre, ya que cuantas más obligaciones se reconocieran en 2011 más desacreditada quedaba la gestión del gobierno de Rodríguez Zapatero y mejor parado el nuevo gobierno del PP, su infausto heredero. ¡Eso es lo que también sugiere que algunas Comunidades gobernadas por el PP hayan reconocido cerca de 3.000 millones más de déficit en mayo de 2012, cinco meses después de finalizado el año!(Los modelos de Rajoy)

Varias lecciones pueden extraerse de nuestra experiencia reciente. Primera, constituye una irresponsabilidad utilizar, como ha hecho Montoro y algunos líderes del PP, las cifras del déficit público con fines partidistas para desacreditar a la oposición en lugar de buscar puntos de encuentro para “salir del pozo”. Segunda, resulta indispensable que las Comunidades comuniquen todas sus obligaciones a la Administración Central para impedir que se produzca un aluvión de reconocimientos en el último trimestre del año. Tercera, la Administración Central debería retener una fracción de los ingresos a cuenta destinados a las Administraciones Territoriales para evitar que éstas se vean en la difícil tesitura de tener que devolver unos recursos que ya se han gastado. Cuarta, para reducir el déficit de manera más equitativa sería deseable –como sugería en “Alternativas a la nociva austeridad”, Expansión, 16 de mayo de 2012– aumentar la recaudación elevando los tipos de las rentas más elevadas, creando un impuesto sobre grandes patrimonios y, sobre todo, reformando el sistema fiscal para detectar y gravar las rentas no salariales y las transacciones que las generan con tipos similares a los que soportan las rentas salariales. ¡Ojalá que la sensatez se imponga y el juego limpio prevalezca a partir de ahora!

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Archivado bajo Economía, Política nacional

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