Que no caiga España

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de junio de 2012 (Enviado el 10 de junio.)

Nota: la versión del artículo publicada en Expansión es unas 220 palabras más corta que la  incluida aquí.

“Que caiga España que ya la levantaremos nosotros”, estas son, según la diputada Oramas de Coalición Canaria, las palabras con las que Montoro, hoy ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y entonces portavoz económico del PP en la oposición, intentó presionarla para que no apoyara el paquete de medidas que Rodríguez Zapatero presentó en el Congreso el 12 de mayo de 2010 para recortar el déficit público y evitar, según se dijo entonces, la intervención de España. Algunos observadores teníamos fundadas sospechas de que el PP había seguido una estrategia de tierra quemada durante la pasada legislatura, anteponiendo su deseo irrefrenable de recuperar el gobierno de España –perdido ocho años antes por su desastrosa gestión de los atentados del 11M– a los intereses de los españoles, sin reparar en el daño que su actitud destructiva pudiera acarrear a nuestra economía y la credibilidad de las instituciones.

Pero una cosa es tener sospechas fundadas y otra muy distinta verlas confirmadas por boca de una diputada en el hemiciclo del Congreso durante la sesión plenaria del pasado día 28 de mayo, en una intervención histórica que se perdió Montoro ausente del banco azul del Gobierno en esos momentos. Después de escuchar sus palabras –que no han sido desmentidas por el ministro–, tenemos la completa certeza de que entre septiembre de 2008 y noviembre de 2011, mientras la economía española padecía la recesión más grave que ha registrado desde los años 50 y las endeudadas entidades financiera intentaban digerir sus inversiones inmobiliarias fallidas y sobreponerse al cierre de los mercados financieros internacionales, los líderes del PP estaban obsesionados en hacer caer el gobierno de Rodríguez Zapatero y no regateaban esfuerzos para ridiculizarlo y desprestigiar su labor, dentro y fuera de España, responsabilizándolo de la mala evolución de la economía, para lograr el adelanto de las elecciones generales, objetivo que al fin consiguieron en julio de 2011.

Cabe hacer, también, una interpretación más benévola de las palabras que Montoro dirigió a Oramas: el ministro sólo habría pretendido, al pedirle que dejara “caer a España”: que la diputada prestara un gran servicio a los españoles ayudando a sustituir un gobierno inepto por otro liderado por el PP, cuya eficacia y solvencia garantizaban los éxitos conseguidos durante su anterior etapa al frente del gobierno (1996-2004). Quizás Montoro creía sinceramente lo que le decía, pero Oramas hizo bien en ignorar su canto de sirena porque si de veras creía sus palabras demostraba gran ignorancia, y si no creía en ellas se comportaba como un cínico irresponsable. Tres semanas antes de que Rodríguez Zapatero, forzado por las circunstancias, asombrara a propios y ajenos al anunciar un giro de 180 grados en su política económica el 12 de mayo de 2010, publiqué el 20 de abril en Factual –periódico digital de corta vida– un artículo titulado “Un abismo” en el que ya mantenía que los líderes del PP “andan algo extraviados… si creen que la situación actual guarda parecido alguno con la que heredaron entonces de Felipe González”. En dicho artículo, presenté “un inventario no exhaustivo de las diferencias más notables que separan 2009 de 1996” y concluí que “seguimos sin conocer su diagnóstico [de los líderes PP] de la situación… y mientras se limiten a decirnos ‘nosotros ya lo hicimos’, los ciudadanos tenemos todo el derecho a ser escépticos”.

A la vista de los cambios de opinión, contradicciones  y rectificaciones a las que hemos asistido desde que Rajoy fue investido Presidente el 20 de diciembre –elevación de impuestos, fijación del objetivo de déficit, recortes del gasto social, amnistía a los defraudadores, reformas financieras, rescate de Bankia extendido ya a buena parte del sistema financiero, etc.– sólo puedo reafirmarme en la tesis de que los líderes del PP ni eran conscientes de la delicada situación económica y financiera de España en mayo de 2010 ni tenían un plan articulado para afrontarla. Lo más grave de todo es que después de llegar al Gobierno, el PP ha seguido practicando su política de tierra quemada como si todavía estuviera en la oposición. En dos artículos publicados en Expansión (12 de marzo y 2 junio) he desvelado la burda “operación” de Montoro para ocultar el déficit de las Comunidades Autónomas en 2011, presentándolo como déficit de la Administración Central para así achacar al manirroto gobierno de Rodríguez Zapatero la desviación del objetivo de déficit del 6% del PIB acordado con Bruselas.

La última víctima de la campaña de  descrédito ha alcanzado de lleno al mismísimo Banco de España (BdE), una institución a la que el Gobierno ha pretendido endosar el fracaso de las dos reformas financieras diseñadas por el PP desde febrero. Comenzó cuando el ministro Guindos se avino a que los balances de nuestras entidades financieras fueran auditados por empresas privadas extranjeras –tras pago de unas suculentas minutas–, en lugar de confiar dicha tarea a los servicios de inspección del BdE bajo supervisión del BCE. ¿Se imaginan a Obama pasando por encima de la Reserva Federal y encargando a Oliver Wyman el análisis de la situación de una entidad financiera estadounidense? Continuó la campaña de desprestigio cuando el grupo parlamentario del Gobierno impidió, para ocultar el fracaso de la última gran operación financiera del PP, la fusión de cajas liderada por Caja Madrid que dio lugar a Bankia y su matriz BFA, que comparecieran en el Congreso Fernández Ordóñez, todavía gobernador del BdE, y Rato, presidente de Bankia hasta su forzada salida, para exponer sus cualificadas opiniones, mientras los ciudadanos asistían confusos y atemorizados al baile de cifras sobre la cuantía del rescate requerido y el procedimiento a seguir para recapitalizar la entidad.

Resulta paradójico que el ministro Guindos, tras adoptar tan insólitas y desafortunadas decisiones que han producido gran malestar en el BdE, encomiende ahora a Linde, el nuevo gobernador, la tarea de recuperar la credibilidad de una institución que –pese a algunos borrones en su historial– ha desempeñado un papel crucial en el diseño y la ejecución de la política económica desde los años setenta. Con independencia de la opinión que puedan merecer las biografías del nuevo gobernador –un hombre de confianza del ministro cuyo mandato expirará dentro de tres años– y la de Restoy, nuevo subgobernador y destacado investigador, los noticias publicadas estos días en diversos medios sobre los tiras y aflojas entre el Gobierno y el PSOE para designar al subgobernador, atestiguan que la principal preocupación del Gobierno no es asegurar la solvencia intelectual e independencia de sus órganos sino asegurarse el control de la institución.

Aunque sólo cabe congratularse de que Rajoy y su equipo económico hayan al fin comprendido que los problemas derivados del alto endeudamiento privado y público y la necesidad de recapitalizar las entidades financieras requerían algo más que “hacer caer a España” para levantarla después con su varita mágica –el tan repetido “nosotros ya lo hicimos”–, convendría que, una vez acordadas las líneas maestras del necesario rescate del sector financiero con el Eurogrupo el 9 de junio, serenasen sus ánimos, asumieran sus aciertos y errores, y empezaran a actuar con la responsabilidad exigible a quienes personifican el Gobierno de España desde hace cinco meses. Al PSOE que gobernó hasta hace muy poco tiempo, también hay que pedirle que no se deje arrastrar por la tentación de desgastar al Gobierno a costa de la crisis porque la situación económica sigue siendo crítica, y el Gobierno y el principal partido de la oposición deberían unir sus fuerzas para evitar que España caiga.

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Archivado bajo Economía, Política nacional

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