La hora de la verdad

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de julio de 2012

(Enviado el 20 de julio de 2012)

Los interrogantes que enmarcaban el título de mi último artículo (“¿Servirá de algo?, Expansión, 12 de julio) denotaban ya mi escepticismo acerca de los efectos benéficos que cabía esperar de los acuerdos adoptados en la cumbre de la UE del 28-29 de junio. Los líderes europeos, Rajoy entre ellos, intentaron convencernos de que se había alcanzado un compromiso inquebrantable con el futuro del euro y bastantes medios de comunicación llegaron incluso a presentarlos como una victoria de Rajoy y Monti sobre la hasta ese momento inflexible Merkel. A la reunión se llegó tras unas semanas de “elevaciones insoportables” en la prima de riesgo y los tipos de interés de la deuda española, y si bien los tímidos acuerdos alcanzados evitaron un lunes negro, sus efectos duraron lo que tardan en disiparse las humaredas producidas por los fuegos artificiales: al final de la semana las dos variables habían repuntado hacia sus máximos históricos.

La letra pequeña de los acuerdos dejaba meridianamente claro que los aparentes ‘triunfos’ de España e Italia –ayuda directa de hasta 100.000 millones de las entidades financieras españolas y utilización de los 450.000 millones del Fondo de Estabilidad Financiera Europea para intervenir en los mercados de deuda– conllevaban plazos, garantías y contrapartidas financieras y macroeconómicas que el Memorándum de Entendimiento sobre Condicionalidad de las Políticas al Sector Financiero (MdE), remitido por la UE al gobierno español, hizo explicitas pocos días después. Acuciado por el cierre de los mercados, la respuesta de Rajoy ante las exigencias de Bruselas no se hizo esperar y el 11 de julio completó la enmienda a la totalidad a su programa electoral anunciando la subida del IVA y otros impuestos, el recorte de las remuneraciones y derechos laborales de los empleados públicos, la reducción de prestaciones a los desempleados y la eliminación de la renta de inserción a los parados, entre otras medidas.

Según manifestó Rajoy en el Congreso, “el paquete de consolidación fiscal incluyendo ingresos y gastos, representará una cifra de 65.000 millones en dos años y medio” y permitirá cumplir los nuevos objetivos de déficit que en el MdE no se especificaban y Bruselas estableció finalmente en el 6,3% del PIB en 2012, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014. Los nuevos ajustes fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 13 de julio y convalidados en el Congreso el 19 con los solos votos de los representantes del PP. En el documento “Additonal fiscal measures undertaken by the Spanish Government on July 13th, 2012”, el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) estima el impacto de las nuevas medidas hasta finales de 2014 en 56.440 millones, una cifra bastante inferior, por cierto, a los 65.000 millones en que lo cifró Rajoy y que se requieren para reducir el déficit 6,1 puntos del PIB como se nos exige para pasar del 8,9% en 2011 al 2,8 por ciento en 2014. En cuanto al reparto del esfuerzo, el  Ministerio prevé ingresar 29.450 millones netos gracias al aumento en la recaudación por IVA (22.100), impuesto de sociedades (7.490 millones), IRPF (4.011 millones) e impuestos especiales (730 millones) de los que habría que deducir la caída originada  por el recorte de las cotizaciones a los empleadores en 2013 y 2014 (4.980 millones). La segunda pata del ajuste es un recorte de 27.000 millones en los gastos, destacando las reducciones en servicios públicos (9.220 millones), prestaciones a los desempleados (13.760 millones) y ayudas a los dependientes (3.020 millones) y otros (1.000 millones).

Es difícil emitir un juicio taxativo sin conocer cómo ha obtenido el MEC los números, pero hay razones para pensar que el escenario presentado incluye altas dosis de voluntarismo. En el caso del IVA, por ejemplo, el Ministerio espera recaudar 2.300 millones más en 2012 y otros 10.000 millones más en 2013 y 2014 y reducir el déficit en esas mismas cantidades. Sin embargo, los resultados obtenidos en un estudio que realicé con M. T. Álvarez-Martínez para examinar los efectos de la subida del IVA en 2010, indican que un aumento del 12,5% en los tipos eleva la recaudación por IVA en 0,68 puntos del PIB pero reduce el déficit en sólo 0,3 puntos, a causa de la caída de la renta disponible de las familias (0,43%) y el PIB real (0,35%) y el aumento en la tasa de paro (0,64 puntos). Extrapolando estos resultados a la subida actual, encuentro plausible que recaudación aumente en 10.000 millones pero mantengo que la reducción del déficit no sobrepasará los 5.000 millones. Por el lado del gasto, tampoco resulta convincente presumir que las medidas adoptadas reducirán la factura de prestaciones a los desempleados en 1.900 millones este año y 12.000 millones en 2013 y 2014 a pesar de escenario recesivo.

Rajoy insiste en que el nuevo plan de ajuste, como su reforma laboral, son medidas indispensables para estimular la producción y crear empleo a medio plazo. Disiento de su diagnóstico: sería más exacto decir que son el precio que Bruselas y el BCE nos impone para prestar recursos a las instituciones financieras ante el cierre de los mercados y la dificultad que encuentra incluso el Estado para financiarse. Como ocurrió con los ajustes implementados por Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 y los Presupuestos de 2011 que pusieron fin a la tímida recuperación iniciada en 2010, los nuevos ajustes aprobados por Rajoy van a agravar más la recesión en curso, aumentar la desconfianza de los inversores en nuestra economía, dificultar más si cabe la financiación del sector privado y elevar la prima de riesgo y la carga de intereses de la deuda pública.

Este es el dilema al que se enfrenta hoy Rajoy: aceptar los dictados de Bruselas como ha hecho por prudencia hasta ahora y apelar a la épica del sacrificio, o plantarse y exigir la intervención inmediata del BCE para seguir en el euro. Cualquier persona razonable entiende que es necesario corregir los fuertes desequilibrios acumulados por el sector privado entre 1996 y 2007 (véase, Programa Nacional de Reformas 2012, p. 43) y reequilibrar las cuentas públicas, pero sabe también que el horizonte de consolidación fiscal no puede fijarse a 2 ó 3 años y pagando el Estado unos intereses desorbitados para financiarse, sino a 10 años y contando con el apoyo explícito del Eurogrupo y del BCE. Sin esas ayudas y un plan a medio-largo plazo, ningún ajuste va a poder contrarrestar el peso de la deuda y todos los sacrificios realizados habrán resultado inútiles.

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Archivado bajo Economía, Política nacional

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