No, diguem no

Artículo publicado en el diario Expansión el 20 de septiembre de 2012

Visita hoy Artur Mas, presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña, a Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, con la intención declarada de exigirle que en el futuro inmediato el gobierno catalán sea quien recaude todos los impuestos estatales devengados en Cataluña y transfiera posteriormente al Estado español una fracción de los mismos en pago por los servicios prestados a los catalanes. Esta es la esencia de la propuesta que los nacionalistas catalanes denominan eufemísticamente pacto fiscal y que, de llevarse a cabo, supondría que Cataluña –¿y por qué no el resto de CC. AA.?– realizaría las funciones de recaudar y transferir recursos, ahora desempeñadas por la Administración Central, y ésta se convertiría en mero receptor de las recursos que Cataluña –y el resto de CC. AA., en su caso– le transferirían en función de las cambiantes circunstancias. No hace falta insistir en que la propuesta de Mas alteraría de manera radical el actual modelo del Estado español al intercambiar los papeles que hoy juegan la Administración Central y la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Conviene no perder de vista que la visita de Mas para exigir un pacto fiscal entre Cataluña y España se produce pocos días después de la masiva manifestación del pasado día 11 de septiembre en Barcelona que, aunque convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña, contó con el apoyo entusiasta del presidente Mas y la mayoría de los consejeros de su gobierno que copaban la cabecera de la misma. Tampoco hay que olvidar que fue el propio Mas quién dos días después de la marcha reclamó en Madrid el derecho de Cataluña a desarrollar un estado propio dentro de la UE y la realización de una consulta “para saber si Cataluña se siente nación”. Duran i Lleida, líder de UDC, el partido coaligado con CDC, el partido de Mas y Pujol, intentó apagar las llamaradas advirtiendo a la coalición nacionalista (CiU) que abrazar el independentismo podría provocar una importante fractura social en Cataluña, pero Pujol, secretario general de CDC, le replicó con contundencia: “no podremos lograr una mayor cohesión social si no tenemos un Estado”. El pobre Duran no ha reparado en que para convertir a todos los catalanes en independentistas no basta con la inmersión lingüística, el control de los medios de comunicación públicos, la imposición de barreras al acceso a la función pública incluso en las Universidades, la gestión de un presupuesto de 40.000 millones y regar con subvenciones a las organizaciones “civiles” que patrocinan el proyecto de construcción nacional: se precisa, además, eliminar todos los obstáculos que dificultan el progreso del proyecto, ya sea la Agencia Tributaria, el gobierno de España, las Cortes, el sistema judicial, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Así que Duran ha tenido una vez más que hacer mutis por el foro y conformarse con recordar que lo importante ahora no es reclamar la independencia sino alcanzar el pacto fiscal.

¿Debería Rajoy plegarse ante las nuevas exigencias de los nacionalistas catalanes como lo hicieron en el pasado los presidentes González, Aznar y Rodríguez Zapatero? Pienso que no, que hay buenas razones para rechazar la propuesta de pacto fiscal en los términos planteados. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que si el gobierno catalán recaudara todos los impuestos devengados en Cataluña, la posición del gobierno español se asemejaría en el mejor de los escenarios a la de la UE, una asociación de estados donde sus miembros aportan a Bruselas una fracción de su recaudación, cuyas debilidades institucionales y operativas han quedado patentes durante la presente recesión y crisis financiera. Pero es que incluso resulta altamente improbable que este insatisfactorio esceneario pudiera materializarse en el caso de España y Cataluña. La razón es bastante obvia: Mas, su partido y otros partidos políticos catalanes (ERC, IC-EUiA, SI y PUC) han manifestado reiteradamente su deseo de segregarse de España y constituirse en un estado independiente. Sería, por tanto, una ingenuidad esperar que si Mas y su gobierno tuvieran “la llave de la caja”, por utilizar la expresión que tanto les gusta emplear a los nacionalistas, seguirían pagando la cuota acordada con el gobierno de Madrid por formar parte de un club –España– al que no quieren pertenecer. En otras palabras, el gobierno español no puede alcanzar acuerdos fiables en materia fiscal –ni sobre casi ningún otro asunto importante: política exterior, defensa, sanitaria, educativa, etc.– con un gobierno como el catalán cuyo objetivo declarado es independizarse de España.

Al argumento anterior hay que sumar lo injusto que resultaría para el resto de españoles que una agencia tributaria catalana recaudara todos los impuestos estatales devengados en Cataluña y esos ingresos se destinaran casi en su totalidad a financiar servicios públicos e inversiones en Cataluña. Dos son las razones que avalan esta afirmación. En primer lugar, los impuestos devengados en un territorio no se corresponden con los impuestos soportados por sus ciudadanos y, por tanto, resulta injusto que la recaudación se destine a financiar servicios públicos e infraestructuras exclusivamente para ellos. En segundo lugar, la recaudación devengada en un territorio puede resultar más elevada que en otro porque la concentración de la actividad económica en el primero genera mayor volumen de transacciones y rentas más elevadas para sus residentes; por tanto, si lo recaudado en cada territorio se destinara a financiar servicios públicos o inversiones en dicho territorio se producirían enormes diferencias territoriales en la calidad y cantidad de servicios públicos e infraestructuras. Constituye una tremenda incongruencia que el gobierno de Cataluña no emplee este criterio –¡supongo que porque lo estima injusto!– para distribuir sus recursos entre las cuatro provincias catalanas y, en cambio, exija su aplicación en España.

Concluyendo, ¿qué debería responderle Rajoy a Mas hoy? Depende. Si lo que el gobierno catalán pretende es recaudar y administrar todos los impuestos en Cataluña, porque como dijo Mas hace un par de días “sin soberanía fiscal no hay soberanía política”, Rajoy debería instarle a plantear formalmente en las instituciones del Estado español la segregación democrática de Cataluña, un asunto al que dediqué mi anterior artículo “Conjura independentista en Barcelona” (Expansión, 13 de septiembre 2012). Pero, si lo que el gobierno catalán exige “por ahora” es alcanzar un pacto fiscal que le permita recaudar y administrar todos los impuestos estatales devengados en Cataluña, sin asumir ninguno de los riesgos y costes que conlleva la independencia, Rajoy debería contestarle que no puede hacerlo, dejando, eso sí, la puerta abierta para dilucidar con rigor y objetividad si, como a veces se afirma, Cataluña dispone de menores recursos que otras Comunidades Autónomas para financiar sus servicios públicos e infraestructuras.