La economía catalana: pasado, presente y futurible

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de marzo de 2013

Uno de los aspectos más sorprendentes del creciente auge del independentismo entre la mayoría de los políticos catalanes en activo son los endebles pilares económicos sobre los que se asienta. Dan por sentado que si Cataluña hubiera sido un estado independiente los catalanes disfrutarían hoy de un nivel de bienestar más elevado y que si Cataluña accediera a la independencia en 2014 su nivel de vida mejoraría inmediatamente al eliminar el injusto déficit fiscal que atenaza su economía. “Voten con la cartera: los españoles se apropian de los impuestos que pagamos y nos obligan a recortar (en contra de nuestra voluntad) servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación”, ha sido el argumento economicista más reiterado por los políticos nacionalistas catalanes en las últimas citas electorales.

Lo cierto es que esta visión autocomplaciente carece de cualquier respaldo histórico, y cuando se confronta a los políticos nacionalistas con los hechos sólo les queda el manido recurso a airear agravios históricos reales o imaginarios –ahí están los dispendios del gobierno catalán para celebrar el tercer centenario de la caída de Barcelona en la guerra dinástica que enfrentó a Austrias y Borbones a principios del siglo XVIII– , eludir sus responsabilidades en la gestión de los recursos públicos y la financiación ilegal de sus partidos durante las últimas décadas, y remitirnos, a falta de argumentos de mayor peso, a una futura Arcadia feliz,“un nuevo país para todos” los que piensan como ellos. Hay, además, en esta confrontación política con ‘España’ un notable trasfondo cínico que puede resumirse en esta máxima: “extraer el máximo beneficio posible del resto de España pagando a cambio el peaje más bajo posible”. Un buen ejemplo de esta actitud ‘maximizadora’ lo observamos en el ámbito deportivo donde los equipos catalanes participan voluntariamente en las ligas españolas y las copas del Rey: ¿qué les impide, siendo tan alérgicos a España y a los Borbones, jugar exclusivamente en ligas catalanas y disputar las copas de la Generalitat?

Cuando uno mira a la realidad histórica, lo primero que llama la atención es el crecimiento de las manufacturas catalanas en la segunda mitad del siglo XIX, una circunstancia que llevó a los historiadores catalanes a caracterizar Cataluña como la “fábrica de España”. La industrialización de Cataluña no puede comprenderse sin dos circunstancias que la hicieron posible y nos remiten a su relación con el resto de España. Primera, la protección arancelaria y no arancelaria (restricciones cuantitativas, procedimientos administrativos, requisitos de homologación, etc.) que desde al menos 1850 hasta la entrada en la CEE en 1986 protegió las manufacturas de la competencia exterior. Segunda, la unidad política de España que posibilitó la existencia de un mercado único por el que podían circular con bastante libertad las personas, las mercancías, los ciudadanos y el capital. Cataluña resultó, además, muy beneficiada por decisiones políticas discrecionales durante el franquismo que impulsaron sectores industriales como el automovilístico o el petroquímico que tanta importancia tienen todavía en el tejido industrial catalán y sus exportaciones. Resulta incontestable el papel que han desempeñado estas tres circunstancias –proteccionismo, libertad de circulación y apoyo del Estado– en la industrialización de Cataluña, el desarrollo de una cultura empresarial y la cualificación de su fuerza de trabajo, y el aumento del bienestar de sus ciudadanos. Sin ellas el curso de la historia de Cataluña habría sido muy distinto y negarlo es de necios.

La economía española (como todas) ha registrado cambios importantes en los últimos veintiséis años a resultas de nuestra incorporación en la CEE, la integración en la UE de algunos países del Este, y, sobre todo, la liberalización del comercio y los flujos de capital que han impulsado el desarrollo de China, India, Brasil, etc., convirtiendo el planeta en un mercado global. Naturalmente, este proceso de liberalización ha intensificado los intercambios con países con los que apenas nos relacionábamos hace pocos años, y diversificado nuestras compras (importaciones) y nuestras ventas (exportaciones). Sin embargo, el peso de tantos siglos de relaciones singulares sigue presente en los intercambios entre Cataluña y el resto de España. Como prueba de esa especial relación, basta recordar que, según el IDESCAT, las exportaciones de Cataluña a Francia y Alemania en 2012 alcanzaron 10.050 y 6.675 millones, respectivamente, cifras cuya suma no alcanza ni un tercio de las exportaciones al resto de España, un área con la que Cataluña mantiene todavía un elevado saldo comercial (11.500 millones). Resultados obtenidos con las tablas input-output de Cataluña de 2005 indican que las exportaciones de Cataluña al resto de España explican cerca del 50 por ciento del valor añadido y el empleo en la mayoría de los sectores agrícolas e industriales (en algunos casos bastante más) y el 40 por ciento en los sectores de servicios privados. Resulta obvio que la independencia de Cataluña podría reducir sustancialmente dichas exportaciones con consecuencias desastrosas para los sectores más dinámicos de la economía catalana, efectos que podrían verse reforzados por la contracción del turismo del resto de España en Cataluña, la aplicación del arancel de la UE a las exportaciones catalanas y la deslocalización de empresas.

Hay otros aspectos del futurible de una Cataluña independiente a los que quiero referirme brevemente. En caso de que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Catalunya declarasen unilateralmente (no podrá ser de otra manera) la independencia, el artículo 155 de la Constitución conmina al Gobierno “a adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla [Comunidad Autónoma] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para [alcanzar] la mencionada protección del interés general”. No podemos pues descartar que el gobierno español destituya al gobierno catalán o suspenda el Estatut con consecuencias imprevisibles y poco halagüeñas. Como economista, prefiero no adentrarme en este terreno y limitarme a examinar el proceso de independencia como si pudiera desarrollarse sin generar un conflicto político dramático. A la ruptura de las privilegiadas relaciones comerciales con España y la segura exclusión de la UE ya mencionadas, hay que sumar otras dificultades sobre las que los políticos independentistas catalanes han evitado cuidadosamente hablar: el reparto de la deuda pública y el capital público acumulados tras varios siglos de historia compartida y las consecuencias de la ‘eurización’ de Cataluña.

Con frivolidad y deslealtad impropia de un gobernante, hay quien ha comparado el proceso hacia la independencia con la emancipación de su hija o la separación de una pareja. Alguien debería haberle hecho notar que el Código Civil contempla ambos supuestos y los jueces interpretan las leyes en caso de conflicto entre las partes. Dejo aquí en el aire un par de preguntas que ilustran la dificultad de alcanzar un acuerdo civilizado sobre estas materias entre los gobiernos de España y Cataluña. ¿Cómo va a hacerse cargo la Generalitat de Catalunya de la parte de la deuda pública que le corresponde –pongamos 150.000 millones– si hoy no dispone de recursos para pagar a sus proveedores ni hacer frente a los intereses de su propia deuda? ¿Cómo puede repartirse equitativamente entre dos Estados un stock capital público diseñado en forma de red que resulta indispensable para el buen funcionamiento del resto de la economía española? Mi impresión es que no hay una solución satisfactoria para estas preguntas ni deseo alguno por parte de los políticos independentistas de encontrarla. A examinar la inestabilidad financiera y los flujos de capital que ocasionará la ‘eurización’ (y posterior ‘deseurización’) de la economía catalana dedicaré un próximo artículo.

Hacen mal los políticos catalanes en presentar el futuro de una Cataluña independiente como un camino de rosas porque en el escenario más optimista –el gobierno español ignorando el mandato constitucional no adopta “las medidas necesarias” para salvaguardar el interés general– tendrá consecuencias muy negativas sobre las exportaciones, el turismo, el coste de financiación de las empresas, la inversión extranjera y la estabilidad del sistema financiero. Esperemos no llegar a comprobarlo.