Recaudación y financiación de la independencia

Artículo publicado en Expansión 19-20 de marzo 2016

Mas-Colell anunciando que se aumenta la partida de gasto para potenciar la Agencia Tributaria catalana el 17 de febrero de 2015.

Mas-Colell anunciando que se aumenta la partida de gasto para potenciar la Agencia Tributaria catalana el 17 de febrero de 2015.

El pasado 24 de febrero, Expansión detallaba los pasos que ha dado el gobierno de la Generalitat para poner en marcha la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) con el objetivo declarado de recaudar todos los impuestos que devengamos los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en Cataluña. Tras su creación al amparo del Estatut de 2006, el Consell Assessor per a la Transició Nacional, el órgano creado por Mas para diseñar las ‘estructuras de Estado’ de la República de Cataluña, presentó un primer documento de carácter general en diciembre de 2013 al que al parecer siguieron otros estudios más concretos encargados por el gobierno catalán a empresas consultoras (PwC, Deloitte, Everis, Infraplan y KPMG) que nos costaron a los contribuyentes catalanes la friolera de 226.000 euros.

Sesión constitutiva del Consell Assessor Transició Nacional

Sesión constitutiva del Consell Assessor Transició Nacional

Llenar la caja vacía

Mas con la sonrisa algo forzada da una palmadita a Puigdemont tras sustituir a Mas al frente del gobierno catalán.

Mas con sonrisa forzada dando una palmadita a Puigdemont tras su sustitución al frente del gobierno catalán.

Mas-Colell, anterior consejero de Economía, ya anunció en enero de 2015 que la ATC aumentaría en 168 efectivos su personal y “tendría un presupuesto de 44 millones de euros, un 25% superior al de 2014”. Tal vez fueron los apuros financieros del gobierno catalán lo que obligó a retrasar el ambicioso plan de expansión de la ATC que al final tuvo que conformarse con convocar oposiciones para cubrir 20 plazas de técnicos el pasado septiembre. Pero que nadie se llame a engaño: el proyecto sigue en pie y tanto el presidente Puigdemont (CDC) como Junqueras (ERC), vicepresidente y hombre fuerte del gobierno catalán, son conscientes de que a menos que controlen la caja no podrán tirar adelante su plan de declarar la independencia de Cataluña en dieciséis meses.

Puidemont con su vicepresidente Junqueras y Munté en la primea reunión ordinaria del Consejo, 19 enero 2016.

Puigdemont con su vicepresidente Junqueras y Munté en la primea reunión ordinaria del consejo del Gobierno de la CA de Cataluña el 19 enero 2016.

Puigdemont con su gobierno de los peores.

Puigdemont con su gobierno de los peores.

Buena prueba de esta urgencia es que la mesa del Parlament aprobó el 1 de marzo, haciendo caso omiso del informe negativo emitido por los letrados de la cámara, “la solicitud presentada por Junts pel Sí (ERC+CDC) y la CUP para crear tres ponencias conjuntas para redactar las proposiciones de ley integral de protección social catalana, de régimen jurídico catalán y de la administración tributaria catalana”, tres de las cuatro patas anunciadas en la resolución aprobada por los tres partidos independentistas el 9 de noviembre de 2015 en el Parlament. Quiero recordarles que la citada resolución declaraba “solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente” e instaba al nuevo gobierno a crear en el plazo de un mes las citadas comisiones a las que la mesa del Parlament ha dado luz verde con algo de retraso.

Desafío normativo al Estado constitucional

Forcadell presidiendo la Mesa del Parlament que dio luz verde a la resolución para crear un estado catalán independendiente en forma de república.

Forcadell presidiendo la Mesa del Parlament que dio luz verde a la resolución para crear un estado catalán independendiente en forma de república.

La mayoría independentista que controla el gobierno y el Parlament de Cataluña confía en que la mera aprobación de las tres leyes citadas bastará para proporcionar a la APSC y la ATC la cobertura legal y los instrumentos operativos que necesitan y que a partir de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) se convertirán en las únicas agencias de recaudación en Cataluña. ¿Alguien cree que el gobierno de España y Las Cortes van a permanecer con los brazos cruzados si se consuma el desafío? Descartado, por improbable, que Podemos y sus divergencias (En Comú, Compromís, Marea, etc.) estén al frente del gobierno de España, no me cabe ninguna duda de que tanto las comisiones encargadas de elaborar las ponencias en el Parlament como los proyectos de ley que puedan desarrollar serán recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC), y correrán la misma suerte que la enfática resolución del 9 de noviembre que el TC declaró nula por unanimidad el pasado 2 de diciembre.

Sede del Tribunal Constitucional.

Sede del Tribunal Constitucional.

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015.

Romeva, nuevo consejero de Asuntos Exteriores, con  Junqueras y Mas al final del fallido debate de investidura el 12 de noviembre de 2015.

Así ha ocurrido ya con la cuarta pata de la citada resolución que instaba “al futuro gobierno a adoptar las medidas necesarias” para iniciar el proceso constituyente y preparar “las bases de la futura constitución catalana”. Pese al intento de hacerla pasar por una mera “comisión de estudio, no legislativa”, el Gobierno en funciones ha cumplido su palabra de mantenerse vigilante y ha recurrido ante el TC la comisión creada por el Parlament el pasado 28 de enero porque, como manifestó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, “no se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso constituyente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional”. Suerte similar han corrido la pretensión del gobierno catalán de crear la Consejería de Asuntos Exteriores para canalizar su actividad ‘diplomática’; o la también recurrida Ley Catalana del Ejercicio de las Profesiones del Deporte. No cabe esperar tampoco mejor suerte para las tres ponencias conjuntas con las que se pretende suplantar la legalidad constitucional en ámbitos –protección social, seguridad jurídica y tributos estatales– que sobrepasan las competencias autonómicas reconocidas en el Estatut de Cataluña. Aunque el ministro de Justicia en funciones ya avanzó hace unos días, que el gobierno las recurrirá ante el TC “en cuanto comiencen a trabajar”, la ratificación de su creación por la mesa del Parlament el 8 de marzo constituye motivo más que suficiente para impugnarlas sin más demora.

Sáenz de Santamaría, Guindos y Catalá

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Catalá, ministro de Justicia.

De la ruptura tranquila a la abrupta

Incluso si las comisiones encargadas de elaborar las tres ponencias llegaran, haciendo caso omiso del TC, a culminar su trabajo y se publicaran las tres normas en el DOGC, las agencias de recaudación catalanas no podrían desarrollar sus funciones con normalidad. La principal razón es que muy pocas empresas y trabajadores estarán dispuestos a ingresar voluntariamente las cotizaciones sociales, el IVA e impuestos especiales, y las retenciones a cuenta de los impuestos sobre la renta y sociedades en las agencias de recaudación del gobierno de Cataluña a menos que los contribuyentes tengan completa seguridad de que al hacerlo saldan también sus obligaciones tributarias con la TGSS y la AT del Estado.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Turull, Baños y Romeva presentando las enmiendas a la resolución del inicio del proceso de independencia que aprobó el Parlament el 6 de noviembre 2015.

Turull, CDC, Baños, CUP, y Romeva, ex-diputado europeo de Esquerra Unida, presentando las enmiendas a la resolución del inicio del proceso de independencia que aprobó el Parlament el 9 de noviembre 2015.

Los socios antisistema (CUP) del gobierno de Junts pel Sí tienen razón cuando denuncian la “fantasía de que puede haber una ruptura tranquila, pausada y reconocida internacionalmente con el Estado español”, e incluso financiada por el Fondo de Liquidez Autonómica hasta el minuto anterior a la desconexión, como al parecer pretenden Puigdemont y Junqueras solicitando nuevos préstamos al Estado. De momento, ambos gobiernos siguen representando fielmente sus papeles en la farsa y al Gobierno español le ha bastado de momento con recurrir ante el TC cada uno de los pasos del gobierno y el Parlament de Cataluña para deslegitimarlos. Supongo que el gobierno de España es consciente de que esta estrategia resultará inefectiva a partir del instante en que el gobierno y el Parlament declaren unilateralmente la independencia de Cataluña, y espero que cuente con un plan B para impedir que la APSC y ATC suplanten a la TGSS y AT del Estado en Cataluña, y nuestros impuestos vayan a financiar la independencia.

Sede de la Agencia Tributaria en Madrid.

Sede de la Agencia Tributaria en Madrid.

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