Ultimátum a los secesionistas

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de octubre de 2017

El fin de semana se abría con la vetusta ciudad de Oviedo convertida en la capital de la UE por unas horas. La nada casual coincidencia de los principales líderes de la UE, Tajani, presidente del Parlamento, Tusk, presidente del Consejo, Juncker, presidente de la Comisión, y Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia, para recoger el premio Princesa de Asturias a la Concordia, otorgó al acto una extraordinaria trascendencia simbólica de reafirmación de nuestra joven democracia que, como oportunamente recordó el Rey, cumplirá 39 años el próximo 6 de diciembre.

Preludio real

Las palabras de Felipe VI que presidía el acto, refiriéndose sin ambages al “inaceptable intento de secesión de una parte de nuestro territorio” y a la necesidad de resolverlo dentro de nuestro marco constitucional, han puesto límite a la aventura secesionista que protagonizan Puigdemont, Junqueras y Forcadell en Cataluña, bien porque los golpistas en un arranque de insólita lucidez desisten en el último instante de consumar sus planes, bien porque el Estado de Derecho pone coto al despropósito político y jurídico que supuso aprobar en el Parlament dos leyes abiertamente inconstitucionales –la ley del referéndum de autodeterminación y la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”–, bajo cuyo amparo se celebró un simulacro de referéndum de autodeterminación el 1 de octubre (1-O) al que la Generalitat concede plena validez.

(Acto I) La UE respalda a España

Los tres cabezas visibles de las instituciones centrales de la UE desterraron cualquier duda sobre la naturaleza de la UE, una Comunidad de Derecho donde el respeto a las leyes de la propia UE y de los Estados miembros resulta esencial para asegurar su buen funcionamiento y resolver las disputas. Como afirmó un tajante Tajani, el complimiento de la ley no es una opción para los gobernantes sino una obligación. Dejaron fura de toda duda que ni las instituciones ni ningún Estado miembro de la UE reconocerán a la república catalana, si el Parlament llegara a proclamarla antes del viernes, ni pondrán impedimento alguno para que España adopte las medidas constitucionales apropiadas para mantener su integridad territorial, un asunto interno de cada Estado según los Tratados de la UE.

 (Acto II) El Gobierno aplica el 155

El acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 21 de septiembre constituye un punto de inflexión en la crisis institucional abierta por la decisión del gobierno de la Generalitat y 72 diputados en el Parlament de instaurar un estado de excepción en Cataluña el pasado 6 de septiembre. Ante la negativa de Puigdemont a retomar la senda de la legalidad, el Gobierno de España se ha visto obligado a invocar el artículo 155 de la Constitución, y proponer al Senado la destitución de todos los miembros del gobierno de la Generalitat, cuyas funciones serán asumidas por el Estado Central, y limitación de la capacidad del Parlament para investir a un nuevo Presidente hasta que se celebren elecciones autonómicas en 6 meses. El Gobierno asume, entre otras funciones, el control de la policía autonómica y los medios de comunicación públicos para asegurarse la leal colaboración del cuerpo armado y la neutralidad informativa. Como expresó el Rey, se trata de poner fin al “inaceptable intento de secesión” y garantizar la Autonomía de Cataluña y el cumplimiento del Estatut, empleando escrupulosamente los mecanismos garantistas previstos en la propia Constitución.

(Acto III) La Generalitat responde en la calle

La respuesta del gobierno de la Generalitat y la presidenta del Parlament, con apoyo de la ANC, Omnium y la AMI, fue tomar de nuevo la calle con la excusa de la entrada en prisión de los ‘jordis’, ordenada por un juez de la Audiencia Nacional, no por ser independentistas sino por su actuación en los actos tumultuarios ocurridos frente a la consejería de Economía el 20-21 de septiembre. Mas, pendiente todavía de ingresar parte de los 5,2 millones de fianza que le el Tribunal de Cuentas por promover la consulta del 9-N, aprovechó la ocasión para advertir a ‘Madrid’ que hay mucha gente dispuesta a defender el autogobierno de Cataluña. Curioso argumento, puesto que son Puigdemont y Forcadell quienes se han cargado la legitimidad democrática de la Generalitat, al reemplazar los procedimientos establecidos en la Constitución y el Estatut de Cataluña por apelaciones directas al ‘pueblo’ de Cataluña. Populismo, sí, pero no democracia, Sr. Mas. Lo que quede de CDC tendrá ocasión de medir el respaldo ciudadano en elecciones autonómicas dentro de seis meses.

(Acto IV) Declaro… o no declaro

En su declaración institucional esa misma tarde, Puigdemont instó a los grupos parlamentarios de JxS y CUP a convocar un pleno extraordinario u ordinario para debatir la situación política en el Parlament. Haciendo buena la admonición bíblica de lo fácil que resulta detectar la paja en ojo ajeno e ignorar la viga en el propio, el President que ha avalado tantas iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatut desde su investidura el 10 de enero de 2016, acusaba cínicamente a Rajoy de situarse “fuera del Estado de Derecho” para intentar liquidar el autogobierno de Cataluña. Poco después, comparecía Forcadell para denunciar el supuesto golpe de Estado contra las instituciones de autogobierno de Cataluña. Curiosa coincidencia que ambos presidentes comparecieran, un día después del respaldo unánime de las instituciones de la UE a la democracia española, con la bandera de la UE junto a la señera. Ambos olvidaron la estrellada en Paseo de Gracia.

Desenlace

Junqueras (ERC) está, al menos de cara a la galería, harto de debatir la “cuestión” con Puigdemont y cuenta con apoyo de la CUP, la ANC y Omnium para seguir adelante. Dan por bueno el ‘mandato’ del 1-O y quieren declarar la república (dura o blanda) sin más dilaciones, y sacar a los comités de defensa (de la república, CDR) a la calle, como ya hicieron el 1-O, para provocar enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Están ansiosos por llegar al cuerpo a cuerpo y mostrar al mundo el carácter represivo del Estado español. Dos cosas pueden darse por descontadas: la insurrección desbordará el marco del Parlament, cuandoquiera que proclamen la independencia, y el Estado necesitará algo más que apelaciones a la cordura para restablecer el orden constitucional.

Puigdemont es el único actor que puede todavía paralizar la aplicación del 155 antes del próximo viernes, y quizá ni él mismo sabe cuál será su decisión. El artículo 75 del Estatut le otorga la exclusiva potestad, previa deliberación con su gobierno, de disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas en un plazo no superior a sesenta días. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué curso de acción sería más deseable para los catalanes y para el conjunto de los españoles, aunque hay buenas razones para pensar que la disolución anticipada del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas no bastaría para restablecer la normalidad política y la seguridad jurídica en Cataluña, ni para detener la sangría de empresas, ni la caída del turismo ni la paralización de las inversiones que amenazan el bienestar de todos. Ante la incertidumbre creada, hay que aplaudir la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución y obligar a Puigdemont a no demorar más su decisión. El viernes a más tardar conoceremos la respuesta.

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Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

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