Menos fla, fla, fla

Artículo publicado en el diario Expansión el 24 de abril de 2018

La afirmación del ministro Montoro de que no le consta que se haya producido malversación de caudales públicos y se haya destinado dinero público a financiar el proceso insurreccional que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017, aunque llamativa, no debería sorprendernos. Resulta llamativa porque cualquier persona que haya organizado una modesta conferencia, no digamos ya un acto público o una manifestación, sabe perfectamente que nada es gratis. Cuando, como es el caso, estamos hablando de centenares de conferencias y actos y decenas de manifestaciones multitudinarias durante varios años, la pregunta que surge inmediatamente es de dónde sale tanta pasta. La única respuesta creíble es de los presupuestos de la Generalitat. Pero hay dos buenas razones para que Montoro, que no tiene un pelo de tonto, no se haya enterado todavía pese a llevar tantos años manejando los hilos de Hacienda.

Hubo malversación

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras, en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana.

La primera resulta tan evidente que produce sonrojo sólo mencionarla. Al igual que los defraudadores no comunican a los inspectores sus actividades sumergidas por mucho que la AT insista en  que “Hacienda somos todos”, no hace falta ser muy perspicaz para comprender que los líderes secesionistas catalanes tampoco le iban a pedir a Montoro que aprobara partidas presupuestarias destinadas a comprar urnas, imprimir papeletas, publicitar la consulta, etc. Quizá si Montoro y De Guindos se hubieran dignado a venir a Barcelona tras cesar al gobierno de la Generalitat y hubieran levantado las alfombras de la Consejería de Hacienda, hoy conoceríamos con más exactitud la cuantía de la presunta malversación de caudales públicos que el juez Llarena imputa a los golpistas (1,9 millones) tras analizar algunos documentos incautados por la Guardia Civil en sus registros.

El expresidente catalán Artur Mas junto a las exconsejeras Ortega y Rigau sentados en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los condenó a inhabilitación por desobediencia grave al Tribunal Constitucional.

La segunda es incluso más grave porque sugiere que ni Montoro ni el Gobierno de Rajoy quieren que los golpistas sean juzgados por malversar caudales públicos, como si la comisión de ese delito los dejara a ellos en evidencia. El precedente son los casos del expresidente Mas, el exconsejero Homs y las exconsejeras Ortega y Rigau. Aunque inicialmente fueron acusados de malversación, un delito que lleva aparejada penas de cárcel, por organizar la la ilegal consulta participativa el 9-N de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo los condenaron únicamente a penas de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional. Sin embargo, a instancias de una denuncia presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, el Tribunal de Cuentas sí observó un delito de “malversación contable” y exigió a Mas, Homs, Ortega y Rigau devolver los 5,25 millones que el gobierno de la Generalitat había destinado a la consulta.

Coste de la insurrección

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones finales de la Comisión de estudio para el inicio del proceso constituyente el 27 de julio de 2016, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).

Si nos atenemos a las cifras fijadas en las dos causas, 5,25 millones por la consulta del 9-N y 1,9 millones por el 1-O, estaríamos ante operaciones que, con independencia de su calificación jurídica, resultarían ridículas por su insignificancia económica. Cualquier persona que haya seguido de cerca el proceso insurreccional en Cataluña tiene la certeza de que los fondos públicos que se han destinado a ello son infinitamente mayores, aunque probablemente nunca llegaremos a conocer la cuantía total. A la dificultad intrínseca de cuantificar la malversación que supone el que miles de cargos electos (diputados y concejales) y empleados públicos de todo rango (desde secretarios en las Consejerías a secretarios de Ayuntamiento, desde el president del Parlament al conserje más humilde) hayan dedicado su tiempo y recursos institucionales a subvertir el orden constitucional, una tarea completamente ajena a sus funciones, hay que añadir el desinterés manifiesto de los Gobiernos de España en aflorar esas conductas y perseguirlas judicialmente.

El ministro Montoro saludando al vicepresidente Junqueras que le pidió más dinero para financiar el proceso hacia la independencia de Cataluña.

Cataluña ha recibido 78.362,3 millones del Ministerio de Hacienda entre 2012-2018 y 24.653,3 millones desde que Puigdemont fue investido presidente el 10 de enero de 2016. Incluso si concedemos que ni uno solo de los euros que han llegado a través de los mecanismos extraordinarios de financiación se ha destinado a financiar el proceso insurreccional, resulta innegable que el dinero aportado por Hacienda permitió a la Generalitat destinar a ese menester lo que en su ausencia habría tenido que dedicar a pagar a proveedores y asumir deuda. En mi artículo “Recaudación y financiación de la independencia” (Expansión, 19 de marzo de 2016) advertí que la Generalitat estaba destinando centenares de miles de euros a cumplir la resolución aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 que declaraba “solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente”.  Y en  “FLA nuestro de cada día” (Expansión, 26 de marzo de 2016) expliqué cómo el dinero que Montoro proporcionaba a la Generalitat permitía dedicar recursos a promover actividades dentro de Cataluña y fuera de España cuyo propósito casi exclusivo era promover la independencia.

Mas y Trias en la inauguración del mueseo del Born.

Durante los últimos años, cientos de millones de euros se han destinado a poner en marcha desde el gobierno y el Parlament el ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ y el ‘pacto nacional por el referéndum’, a diseñar desde la Presidencia y el Consell Asesor de Transició Nacional las leyes desconexión de Cataluña luego tramitadas y aprobadas en el Parlament, a inyectar fondos incluso de manera fraudulenta en la agencia tributaria catalana para convertirla en una “estructura de Estado fundamental”, a promover la independencia desde los medios de comunicación públicos y subvencionados, a financiar propaganda institucional y a subvencionar las actividades de las principales asociaciones independentistas, y a internacionalizar el conflicto a través de las embajadas, Diplocat, y viajes al extranjero sin otra finalidad que trasladar una imagen negativa de nuestra democracia.

Reunión del pacto nacional por el derecho a decidir en el salón de actos del Parlament. Puigdemont flanqueado por Forcadell, a su derecha, y Colau a su izquierda. Mas aparece en el extremo izquierda de la foto, desplazado del centro.

Como botón de muestra del despilfarro vivido, sirvan los 84 millones que, según el historiador británico Henry Kamen, la Generalitat destinó a instalar una exposición permanente en el Born con el propósito expreso de mostrar a los catalanes las supuestas “fechorías de Felipe V” y “excitar la imaginación con una serie de ficciones”. O los 121 millones que la Generalitat sepultó en su vano intento de convertir Spanair en una aerolínea de ‘país’. En rigor, la mera utilización del salón de actos del Parlament de Cataluña para acoger una reunión de los miembros del “pacto nacional por el referéndum”, o la retransmisión por TV3 de la firma de la declaración de independencia, constituyen actos de malversación de dinero público. Lo mismo podría decirse de las sesiones que celebraron los Ayuntamientos para apoyar las ‘consultas por la independencia’ o adherirse a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una asociación cuyo exclusivo objetivo es “compartir ideas e iniciativas (cívicas o legales)… que puedan resultar útiles para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia”.

Reunión de la comisión ejecutiva de la AMI, presidida por Lloveras, en Tàrrega el 4 mayo 2016: estamos listos para cuando se apriete el “play”, dijo entonces la presidenta de la asociación secesionista.

Un Estado democrático de Derecho no puede mirar hacia otro lado ni seguir pagando el sueldo a golpistas (Mas, Junqueras, Forcadell y Puigdemont y muchos otros están en nómina del Estado), ni financiando las actividades de quienes como Torrent, parapetados en las instituciones de autogobierno, continúan maquinando cómo subvertir el orden constitucional. Rajoy ni siquiera se ha planteado deducir de las transferencias destinadas a los Mozos los 87 millones que costó al Estado desplazar a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  a Cataluña (Operación Copérnico) para mantener el orden ante la pasividad y connivencia de la policía autonómica. Ante la gravísima crisis todavía abierta, el Gobierno no puede conformarse con urgir a los golpistas a formar gobierno lo antes posible para recuperar la ‘normalidad’ en Cataluña, y dejar intacto en sus manos el entramado administrativo-mediático-asociativo que patrocinó el golpe de estado desde la Generalitat. Un poco más de seriedad y menos fla, fla, fla.

Trapero, mayor de los Mozos, y Forn, consejero de Interior fueron dos piezas claves en el fallido golpe de estado del pasado otoño.

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC), presidente del Parlamnt, preparando una de las cuatro investiduras fallidas. Ahora pretenden cambiar la ley de presidencia para investir a Puigdemont en el ‘exilio’.

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1 comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

Una respuesta a “Menos fla, fla, fla

  1. Sergio Brosa

    Es lamentable que tengas tanta razón en lo que expones lisa y llanamente en tu artículo. El Gobierno de Rajoy está caducado como él mismo. Ha desdeñado durante años el procés y así nos va. Desde fuera de Catalunya no se puede valorar lo que aquí ocurre con el secesionismo que se empecina en afrentar al Estado sin importarle Catalunya ni los catalanes. El mismo hecho de pretender que el golpista fugado por cobardía Puigdemont, el suplente de Mas y el peor presidente de la Historia sea de nuevo investido, es peor que las flaquezas de la pobre Cifientes que también necesitan tratamiento.

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