Presupuestos para apuntalar la legislatura

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de abril de 2018

http://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/especial-informativo-debate-presupuestos-generales-del-estado-1/4581715/

Montoro recibe un caluroso aplauso de los suyos tras lograr que el Congreso rechazara las seis enmiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

En torno a las 11:20, el Congreso rechazaba por un estrecho margen (174-176) en primera votación las seis enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos de la oposición. Sin duda, se trata del momento clave en la tramitación de la principal ley económica y el Gobierno lograba una victoria legislativa que permitirá al PP afrontar con más tranquilidad el resto de la legislatura en un momento políticamente muy complicado. A los 137 diputados del PP y partidos afines (UPN y Foro Asturias), se sumaron los 32 diputados de Ciudadanos, Oremas, diputada de CC, y los 5 diputados del PNV, cuyo portavoz tuvo que hacer malabarismos en el hemiciclo, habida cuenta del compromiso de su formación en rechazarlos mientras esté en vigor el artículo 155.

Quevedo, diputado de la formación Nueva Canarias afin al PSOE.

La anécdota de la mañana la protagonizó  Quevedo, diputado de Nueva Canarias, una formación que suele alinearse con los socialistas, a quien al parecer le traicionó el subconsciente y votó en contra de las enmiendas. El PSOE votó junto a Podemos y sus divergencias, Compromís, los representantes de los partidos secesionistas catalanes (JxC y ERC) reconocibles por sus lazos amarillos, y Bildu, el grupo vasco que representa el espíritu de Alsasua. La formación de Sánchez  ha quedado fuera de juego y tendrá que avenirse a negociar en Comisión enmiendas parciales en franca desventaja con otros grupos. Probablemente, los dirigentes de las CCAA gobernadas por socialistas habrán respirado aliviados al ver rechazada la enmienda presentada por su propio partido

Suavizar tensiones

Presentados con seis meses de retraso, los PGE de 2018 serán aprobados a mediados de año cuando el Gobierno haya empezado a preparar los presupuestos de 2019. Resulta bastante evidente que el principal objetivo político del Gobierno es aprovechar el margen que ofrece un crecimiento del PIB algo más robusto de lo anticipado hace unos meses para suavizar las tensiones sociales y territoriales que han aflorado en los últimos tiempos. Además de cumplir los acuerdos alcanzados con los sindicatos en la mesa de la función pública y equiparar los sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus homólogos autonómicos, el Gobierno espera calmar también la revuelta de los airados pensionistas e inyectar más fondos a las CCAA.

Banco de España

El Ministerio de Economía y el Banco de España han elevado las previsiones de crecimiento del PIB real y el PIB nominal hasta 2,7 y 4,3 por ciento, respectivamente, y el servicio de estudios del BBVA considera plausible que el PIB real crezca el 2,9% en 2018. Son buenas noticias para un Gobierno en minoría que tampoco gobierna en bastantes CCAA y capitales de provincia. El Gobierno cuenta con que la previsible expansión de la producción y el empleo, sumada a la contención de los intereses de la deuda y las prestaciones a los desempleados, proporcionará el margen suficiente para asumir algunas alegrías presupuestarias sin incumplir el compromiso acordado con Bruselas de reducir el déficit de las AA. PP. desde el 3,1% del PIB en 2017 al 2,2% en 2018.

El PSOE queda fuera de juego al rechazarse su enmienda a la totalidad y presenta más de 2000 enminedas parciales a los PGE de 2018. Más le hubiera valido negociar de entrada como hizo Ciudadanos.

Para comprender la hipérbole empleada por el Gobierno de que estamos ante los presupuestos “más sociales de la historia”, resulta preciso sumar a los 188.620 millones que la SS destina a pensiones, prestaciones a los desempleados y fomento del empleo las cuantías destinadas por el Estado al acceso a la vivienda y fomento de la edificación (473 millones) y a sanidad, educación y cultura (7.690 millones), hasta obtener los 196.782 millones que representan el 55,6% del total del gasto consolidado del Estado y la SS (354.225 millones). Habida cuenta que el 14% del gasto del Estado incluye 49.519 millones en transferencias a otras Administraciones Públicas y que éstas destinan el 70% de su presupuesto a financiar políticas sociales, la aportación directa e indirecta del Estado y la SS a las políticas sociales rondaría los 230.600 millones, equivalente al 65,1% del total presupuestado.

Un Estado descompensado

Montoro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 27 de abril.

En un Estado tan descentralizado como el nuestro, la cifra del gasto no financiero del Estado en los PGE, 154.436 millones con un crecimiento del 1,6% en 2018, proporciona una idea bastante inexacta del peso del Estado en la economía. Por una parte, cuando se deducen las transferencias a las Administraciones Territoriales (34.602 + 1.621 millones), los intereses de la deuda (31.547 millones), las aportaciones a organismos no ministeriales (31.557 millones) y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social (SS) (13.557 millones), obtenemos que el gasto disponible de los Ministerios ronda 37.700 millones, una cifra similar al gasto del sector público (38.100 millones) de la Generalitat de Cataluña en 2017 que atiende a 7,4 millones de españoles.

Montoro tratando de convencer a los diputados de que aumenta el gasto total y el gasto social.

El modesto papel del gasto del Estado y sus organismos autónomos en los PGE se agranda cuando se enmarca dentro del gasto del conjunto de las AAPP. En 2017, el primero alcanzó 477.372 millones (41,0% del PIB) frente a los 327.957 del segundo. En 2018, la primera cifra la podemos estimar en 491.268 millones sobre un PIB estimado de 1.213.000 millones y un gasto presupuestado del 40,5% del PIB. Quiere esto decir que el grueso del gasto consolidado no financiero de las AAPP lo ejecutarán la SS (188.620 millones) y las Administraciones Territoriales (199.000 millones). Además, una parte sustancial del gasto del Estado (104.656 millones), neto de transferencias a otras Administraciones  se dedicará a pagar los intereses de la deuda (31.547 millones).

Suavizar tensiones

Montoro acuerdo de empleo público con los sindicatos el 29 de marzo de 2017.

Los presupuestos de 2018 contemplan un aumento salarial del 1,75% que beneficiará a 3,1 millones de los empleados públicos. Se trata del primer paso para cumplir el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos que prevé un aumento salarial acumulado hasta 2020 en la horquilla  6,9-8,8 por ciento, dependiendo del crecimiento del PIB en 2019 y 2020. A este aumento general, hay que sumar el impacto sobre la masa salarial de elevar las tasas de reposición al 100% (115% por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policías autonómicas y municipales) y de igualar los sueldos de guardias civiles y policías nacionales con sus homólogos autonómicos (600 millones). Los PGE del Estado contemplan también un aumento del 3,6% de los fondos destinados a las Administraciones Territoriales (4% para las CCAA y 1,2% para las CCLL), lo que supondrá una inyección de 4.244 millones. En el caso del País Vasco, las obras para conectar las tres capitales vascas con alta velocidad suponen una inversión de 509,05 millones en 2018.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, charlando con Montoro antes de rechazar las enamiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

Las recientes protestas protagonizadas por los pensionistas tampoco han caído en saco roto. Hasta hace unos días, el Gobierno planeaba elevar el 3% las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, el  2% las pensiones de viudedad, el 1,5 y 1 por ciento las pensiones inferiores a 10.000 € y 12.040€, respectivamente, y el 0,25% el resto de pensiones. La propuesta beneficiaba directamente a 5,7 millones de pensionistas y 1.000.000 resultarían favorecidos por la reducción de tipos del IRPF para rentas comprendidas entre 12.000 y 18.000€. El acuerdo alcanzado con el PNV a última hora ha obligado al

Pensionistas indignados el 22 de febrero 2018.

Gobierno a revalorizar todas las pensiones, este año y el próximo, con el IPC. El previsible aumento del gasto en pensiones y el retraso en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023 permitirán desactivar las protestas de los pensionistas pero no ayudarán a cerrar el agujero de la SS: 18.500 millones en 2016 y 16.597 en 2017. Al contrario, el préstamo del Estado a la SS de 15.000 millones incluido en los PGE resultará insuficiente para cubrir el previsible mayor déficit.  Si algo ha quedado claro hoy en el Congreso es que la estabilidad política también tiene precio.

Habida cuenta de que la pensión mínima en El País Vasco es la más alta en el cuadro, el PNV favorece claramente a los ciudadanos al lograr que las pensiones aumenten con el IPC para todos los pensionistas. Fuente: Expansión.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Economía, Política nacional

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s