Archivo de la categoría: Política nacional

Puigdemont apuntilla a Mas y al PDeCAT

Artículo publicado en el diario Expansión el 17 de enero de 2018.

Mas entrando a la sede donde tuvo lugar el Consejo Nacional del PDeCAT el 13 de enero de 2017.

Cataluña ha vivido un  fin de semana intenso, protagonizado por la amarga despedida de Artur Mas i Gavarró de la política, y el entierro anticipado de la sardina. Me refiero, claro está, al casi nonato Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), constituido en julio de 2016 para poner tierra de por medio con la otrora todopoderosa Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Y la semana que empieza llega también muy cargadita. El lunes, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia del caso Palau-CDC y el miércoles 17 se constituirá el Parlament de Cataluña, un espectáculo circense que promete superar incluso el sainete puesto en escena en la pasada legislatura.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT el 13 de enero de 2017 después de la despedida de Mas.

 Moises y el PDeCAT al sumidero

Mas decidió ponerse al frente del movimiento independentista y convocó elecciones plebiscitarias después del éxito de la Diada del 11 de septiembre de 2012.

A Artur Mas se le recordará como aquel presidente del gobierno de la Generalitat que haciendo gala de su irrefrenable oportunismo decidió subirse al carro de la independencia el 11 de septiembre de 2012 y sucumbió a manos de una decena de insobornables matronas feministas y pancatalanistas, rabiosamente socialistas y anticapitalistas, que decidieron vetar su investidura y enviarlo a la papelera de la historia. Nombrado presidente del PDeCAT en julio 2016, deambuló errante y errático por la política catalana, esperando inútilmente que el ‘pueblo’ reclamara su vuelta y se ha despedido de la política a las puertas de la Tierra prometida mientras su testaferro les asestaba, a él y a su criaturita, el PDeCAT, el golpe de gracia desde Bruselas.

Mossos d’Esquadra entrando para registrar el Palau de la Musica el 24 de julio de 2009.

Las tribulaciones de Mas y CDC comenzaron el 23 de julio de 2009 cuando la policía judicial irrumpió en el sagrado templo del Palau de Música Catalana y salió de allí cargada, no con viejas partituras olvidadas, sino con trece cajas con abundante documentación cuyo contenido acabó por incendiar el oasis catalán. Las declaraciones de los delincuentes confesos, Millet y Montull, presidente y gerente de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, permitieron desvelar el modus operandi que utilizaba CDC para financiarse ilegalmente. Según se desprende de las investigaciones, algunas empresas adjudicatarias de obra pública donaban un porcentaje de la cuantía a la Fundación del Palau que los diligentes Millet y Montull se encargaban de hacer llegar a CDC. El presidente Maragall estaba en lo cierto cuando en 2005 le espetó a Mas en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aunque al parecer se quedó corto.

La suerte de Mas ha ido de la mano de la de Daniel

Mas abraza a Osàcar en 2011. Osácar, secretario personal (2000-2005) y el tesorero de CDC (2005-2011) y las fundaciones (Trias Farga y CatDem) de CDC, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 4 años y 5 meses de cárcel por los delitos que se le imputaban.

Osácar, el hombre que fue su secretario personal entre 2000 y 2005, y se convirtió en el tesorero de CDC y de la fundación Trias Farga y su sucesora FemCat. La publicación de la sentencia del caso Palau-CDC cifra la cuantía de los fondos recibidos por el partido de Pujol, Mas y Puigdemont en 6,6 millones de euros y el juez condena a Osàcar a 4 años y 5 meses de prisión. Nadie espera que Mas tenga la gallardía de asumir las responsabilidades en que incurrió su subalterno en los años claves en que desempeñó los cargos de  consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1997-2000) y primer consejero del gobierno de la Generalitat (2000-2003). Hay indicios de que la práctica de cobrar comisiones no se circunscribía a empresas remilgadas que, como Ferrovial, disimulaban por pudor sus pagos patrocinando al Palau, sino que ese trataba de una práctica generalizada. Lo que hoy se ha juzgado es la punta visible del iceberg de la corrupción convergente.

Homs, condenado por el Tribunal Supremo, Turull, exconsejero investigado en libertad bajo fianza, y (Oriol) Pujol, investigado y condenado, arropando todos ellos a Daniel Osàcar, el tesorero de CDC cuando compareció en el Parlament. ¡La nueva Cataluña!

Aunque el caso Palau-CDC fue el inicio del fin de Mas y CiU, su oportunista conversión al secesionismo en 2012 le ha causado también numerosas tribulaciones. A pesar de las presiones ejercidas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le juzgó por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta ilegal que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. A la inhabilitación de dos años que le impuso el TSJC, hay que sumar la fianza de 5,2 millones que le exigió el Tribunal de Cuentas para cubrir el daño causado al erario público.

Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo del TSJC. Fue inhabiliado durane dos años.

Si bien la  ANC puso 2,2 millones para hacer frente a la fianza, quedan 3 millones por pagar y Mas tiene su vivienda y propiedades embargadas. Por si todo esto fuera poco, el juez Llarena del Tribunal Supremo, instructor de la causa por rebelión, secesión y malversación de caudales públicos contra varios ex-consejeros del gobierno de la Generalitat y contra los presidentes de la ANC y Òmium, va a citar a Mas como investigado por su presunta pertenencia al “comité estratégico” que protagonizó el “inaceptable intento de secesión” que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Mas en su despedida del PDeCAT.

En su lacónica despedida ante los militantes abducidos por Puigdemont, el expresident no pudo reprimir su sentimiento de frustración al verse alejado de la primera línea política y les previno del peligro que entraña arrojarse en brazos de “líderes que confunden la realidad con la ideología”. El reproche, válido para él mismo, iba dirigido a su locuaz epígono flamenco, que le contestó a renglón seguido empleando el plural mayestático: “no sufrimos ningún trastorno de ideología”. Arrojado a la papelera de la historia por su propio partido, Mas dispondrá ahora de todo el tiempo del mundo para hacer frente a las causas judiciales que le esperan. Víctima de la corrupción y de su propia altivez y oportunismo, Mas pasará a engrosar la lista de los peores políticos catalanes: por haber acabado con CiU y haber arruinado su propio partido, dejándolo en manos de un prófugo amoral.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Adelanto del Carnaval en Cataluña

El 17 de enero están convocados los diputados que obtuvieron escaño en las elecciones del 21-D para constituir el Parlament de Cataluña. Se pondrá en marcha la XII legislatura que, me atrevo a pronosticar, será más bronca e incluso más corta que la precedente. Puigdemont y su grupito de junteros y aduladores insisten en que todo lo que no sea investirle a él presidente será un ‘fraude democrático’ y están dispuestos a retorcer el reglamento de la Cámara y saltarse el Estatut o lo que haga falta. Sorprende tanta insistencia y personalismo, máxime habida cuenta que Puigdemont manifestó en distintas ocasiones tras su azarosa investidura el 10 de enero de 2016 que carecía de ambiciones personales y no se presentaría a la reelección. “No seré presidente dentro de un año”, afirmó el 5 de enero de 2017.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bélgica.

Pugidemont no puede refugiarse aduciendo que no fue él quien convocó las elecciones del 21-D, porque en su mano estuvo hacerlo y prefirió salir huyendo. Lo más incomprensible del embrollo republicano –nadie entiende que quien se considera el ‘presidente legítimo’ de un gobierno en el exilio aspire a ser investido por diputados escogidos en unas elecciones ‘ilegítimas’– es que la dirección de ERC haya buscado refugio en los letrados de la Cámara, a los que hizo caso omiso en la pasada legislatura, para poner reparos a la investidura de un ausente Puigdemont. ERC obtuvo 935.861 votos frente a los 948.233 que obtuvo JxC, y los republicanos están tan legitimados por las urnas como JxC para presentar su candidato. De hecho, resultaría una grotesca afrenta para Junqueras, preso por afrontar sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que su partido apoyara la elección del expresidente prófugo.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT.

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Tabarnia: entre inocentada y regalo de Reyes

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de enero de 2018.

Montilla, presidente de la Generalitat, junto al expresidente Pujol y Benach, presdiente del Parlament, en la manifestación organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010.

El 4 de agosto de 2014 Expansión publicó un artículo (“El  funesto legado político de Jordi Pujol”) en el que sostenía que el mayor logro político del defraudador confeso en los 23 años en que permaneció al frente del gobierno de la Generalitat fue precisamente conseguir que los partidos de izquierda en Cataluña asumieran como algo natural y hasta progresista la ideología nacionalista, y acabaran concediendo al hecho diferencial catalán y a los intereses particulares de los ‘catalanes’ primacía sobre las nociones igualitarias de ciudadanía e interés general consagradas en la Constitución de 1978. En otras palabras, Pujol consiguió que  la izquierda catalana acabara dando prioridad en sus programas a los intereses locales o de ‘país’,  y relegara a un segundo plano las políticas en marcos territoriales más amplios, como España y la UE.

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, y un sonriente vicepressidente Carod-Rovira (ERC).

El desarme ideológico de la izquierda ante el nacionalismo se aceleró paradójicamente tras las elecciones de 2003, cuando el gobierno tripartito asumió como tarea propia impulsar la segregación de Cataluña del resto de España, algo que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear en 23 años. Aunque camuflado bajo la apariencia de avanzar políticas sociales, el planteamiento era en el mejor de los casos profundamente conservador, al pretender mejorar el bienestar de los catalanes imponiendo límites territoriales a la solidaridad interpersonal en el ámbito fiscal y levantando barreras lingüísticas para segregar el mercado laboral. Políticamente, representaba el triunfo del particularismo frente al universalismo y nos retrotraía a una concepción de España suma de compartimentos prácticamente estancos, más propia de los siglos XVII y XVIII que de los Estados modernos sustentados en la noción de ciudadanía y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Paso a paso

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, y Mas, entonces jefe de la oposición, aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre.

No fue casualidad que todos los partidos que aglutinaron a militantes socialistas y comunistas (PSC, ICV-EUiA) en Cataluña y sucedieron a Convergencia Democràtica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya al frente del gobierno de la Generalitat en 2003 incluyeran también en sus siglas la letra ‘C’ de Cataluña que marcaba con toda claridad los límites territoriales de sus anhelos y aspiraciones. Tampoco que el gobierno tripartito que formaron junto a ERC aprobara la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en septiembre de 2005, un texto que proclamaba al ‘pueblo’ catalán sujeto soberano en base, no a la Constitución de 1978, sino a unos supuestos derechos históricos. Tal fue la claudicación ideológica de socialistas, comunistas y republicanos al nacionalismo endogámico y excluyente que algunos catalanes se vieron casi obligados a constituir un nuevo partido político en 2006, Ciudadanos, con el propósito de reivindicar el concepto de ciudadanía como piedra angular de una sociedad libre e igualitaria.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Sin pretensión de ser exhaustivo, ahí están para ilustrar esta rendición incondicional de la izquierda al nacionalismo la virulenta reacción del gobierno de Montilla (2006-2010) a los inocentes decretos de enseñanzas mínimas –exigían dedicar tres horas a la enseñanza de la lengua y literatura castellanas en los ciclos de primaria –, aprobados por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2006 y nunca aplicados en Cataluña, o el indignado rechazo del President a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba 14 artículos del Estatut y su llamada a los catalanes a sumarse en la primera manifestación masiva organizada por el propio gobierno de la Generalitat contra las instituciones centrales del Estado en julio de 2010. Ahí están también la tutela ejercida por los Ayuntamientos a las ‘consultas por la independencia’ que tuvieron lugar entre septiembre 2009 y abril 2011, con apoyo explícito de los concejales del PSC, ERC e ICV-EUiA, la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas de estos tres partidos en las elecciones de 2012. Y ahí están la exigencia del PSC de reformar la Constitución para blindar las actuales competencias o su insistencia en que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos devengados en Cataluña y el modelo de financiación respete el principio de ordinalidad.

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

¡Toma del frasco!

Después de tantos años de intoxicación, la confusión creada tanto entre la ‘inteligencia’ catalana como a pie de calle es enorme. En el más puro estilo franquista, la ‘izquierda’ nacionalizada asumió la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana y los medios de comunicación públicos e impulso multas a quienes desatendieran la obligación de rotular en catalán sus negocios. Pretendió, asimismo, hacer pasar por federalismo lo que en realidad era en la Propuesta de Reforma del Estatut de 2005 una vaga confederación de ‘pueblos’ libremente asociados, y acabó incorporando el ‘derecho a decidir’ o incluso el ‘derecho a la autodeterminación’ en sus programas electorales. Y utilizó torticeramente los siempre discutibles saldos de las balanzas fiscales de Cataluña con la Administración Pública Central para exigir mejoras en la financiación de Cataluña y trasladar a los catalanes la falsa noción de que estaban siendo expoliados por el mismísimo Felipe V resucitado.

Rivera en el cartel electoral de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006.

Inconsistencias que han pasado a formar parte del acervo indiscutible de una izquierda nacionalista y nacionalizadora y han propiciado, además del nacimiento de Ciudadanos, una iniciativa para segregar las zonas más populosas de las provincias de Barcelona y Tarragona y constituir la ‘comunidad autónoma’ de Tabarnia. Si Cataluña en tanto que sujeto de derechos históricos tiene ‘derecho a decidir’, lo mismo podría decirse de la mayoría de condados o marquesados que acabaron conformando su territorio. Si Cataluña tiene derecho a recaudar los impuestos aquí devengados, el mismo privilegio podrían reclamar otros ‘territorios históricos’. Si la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con la Administración Central, faculta al gobierno de la Generalitat a exigir una mejor financiación, lo mismo podrían demandar las provincias o comarcas que aportan más de lo que reciben a la Generalitat. Y si el modelo de financiación autonómico tiene que satisfacer el principio de ordinalidad, no hay ninguna razón para no aplicar ese mismo criterio a los territorios de Cataluña.

Aplicando la lógica secesionista, cualquier subconjunto de ciudadanos residentes en un territorio histórico de Cataluña podría reclamar el ‘derecho’ a decidir y a recaudar los impuestos allí devengados, o limitar que se transfieran al resto de catalanes. Nadie puede extrañarse de que el invento haya causado perplejidad en el mundillo secesionista, acostumbrado a apelar al ‘derecho a decidir’ y a reclamar consultas sólo en aquellas circunscripciones donde anticipan pueden obtener mayoría, o a exigir la aplicación de tal o cual principio distributivo sólo cuando beneficia a Cataluña. Ahora se han visto obligados a beber su propia medicina. Tampoco ha sido ninguna sorpresa que quienes han acogido con mayor fervor la iniciativa de constituir la comunidad de Tabarnia no hayan sido los constitucionalistas, como algunos han apuntado erróneamente, sino personas y asociaciones que hasta anteayer pedían al Estado que recuperase las competencias cedidas a la Generalitat y hasta que eliminara las autonomías.

Renuión del pacto nacional por el ‘derecho a decidir’ el 23 de diciembre de 2016 en el auditario del Parlament de Cataluña.

Al margen del disparate que supone atribuir ‘derecho a decidir’ a cualquier minoría que pueda resultar mayoritaria en una parte de un Estado, Comunidad o Región Autónoma, y las casi insuperables dificultades, legales y prácticas, que entraña segregar una parte de Cataluña, la popularidad alcanzada por Tabarnia en las redes sociales brinda la oportunidad de articular una asociación constitucionalista arraigada en los municipios capaz de actuar como contrapunto de la ANC y Òmnium. Por lo demás, la tarea de los constitucionalistas es exigir al Gobierno de España y a Las Cortes que se tomen en serio el artículo 139 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”. De momento, en Cataluña no es así.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 

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Juan Carlos I: el rey Mago de la Transición

Artículo publicado en el diario El Economista el 6 de enero con el título “El Rey de la transición y la democracia”.

Juan Carlos I, Rey de España: 1975-2014.

Felicidades, Majestad. 80 años como 37, la edad con que Juan Carlos fue proclamado Rey un lejano 22 de noviembre de 1975, sólo se cumplen una vez, pero la perspectiva vital es indudablemente muy distinta. Los españoles que hemos recorrido ya un gran trecho de nuestras vidas y tenemos, por decirlo benévolamente, cierta edad, hemos compartido con usted –cada uno en su lugar: usted como gran protagonista y la mayoría de nosotros como meros figurantes– el período más largo de libertad, concordia y prosperidad de nuestra Historia. Primero y único, me atrevería a decir. Sólo por ese logro tan trascendental, los españoles que ansiábamos que España se incorporara a la Europa democrática deberíamos tenerle una enorme gratitud.

Una incógnita real

Juan Carlos en el acto de proclamación como Príncipe de España en Las Cortes, junto a Franco. Abajo a la izquierda, aparece el vicepresidente de Gobierno Carrero Blanco, asesinado años después por la banda terrorista.

Permítame situarme en aquel de 20 de noviembre de 1975 en que el presidente Arias anunció entre lágrimas el fallecimiento del dictador. Muchos compatriotas lloraron su muerte y formaron interminables colas  para rendirle su último tributo. Entre quienes la celebraron, pocos, muy pocos si alguno, albergaban la esperanza de que España pudiera alcanzar la democracia en breve. En realidad, el Príncipe era para la inmensa mayoría de los españoles una gran incógnita, un completo desconocido. Los hombres del régimen confiaban en que habiendo sido educado a la sombra del dictador, Juan Carlos daría continuidad al régimen franquista. Y quienes aspiraban a implantar la democracia veían en el candidato elegido por Franco para sucederle más un obstáculo a sortear que un puente de plata. Ignorancia, tal vez, pero así se veían las cosas en 1975.

Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo, y Adolfo Suàrez, jurando su cargo de presidente del Gobierno.

Tanto para unos como para otros, resultó una sorpresa mayúscula que en apenas dos años se celebraran en España las primeras elecciones libres en décadas, con participación de los dirigentes históricos del PCE recién llegados de su exilio en países soviéticos, y que España completara el tránsito de la dictadura a la democracia en 3 años y unos días, cuando el 8 de diciembre de 1978 los españoles refrendamos la Constitución aprobada en Las Cortes. Mucho se ha escrito sobre el papel que desempeñaron los tres principales protagonistas, Juan Carlos I, Fernández Miranda y Adolfo Suárez, y los líderes de la oposición, González, Fraga y Carrillo. Si bien todos ellos ayudaron a reconciliar a los dos bandos que hasta entonces habían helado el corazón de los españolitos que venían al mundo, hay que reconocer el decisivo papel que desempeñó Juan Carlos I marcando al piloto el rumbo.

El desafío de Tejero

El final de la Transición política se produjo con la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982

La transición de la dictadura a la democracia se completó cuando  González ganó las elecciones de 1982 con mayoría absoluta y el PSOE, un partido socialdemócrata, tomó las riendas del gobierno de España. Ante el deterioro económico y los numerosos atentados de ETA, a algunos mandos militares les costaba entender que la democracia había llegado para quedarse e intentaron con el fracasado golpe militar de 1981 una vuelta al pasado sin éxito.

Juan Carlos I, en su alocución a los españoles el 21-F.

Todos recordamos junto a la violenta irrupción del teniente coronel Tejero, al mando de grupo de guardias civiles, en el hemiciclo del Congreso, las palabras del Rey en el conciso mensaje que emitió por TVE: “confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional”. El Rey obró como correspondía a un monarca constitucional, defendiendo la Constitución que ampara nuestros derechos individuales y colectivos y legitima a la Monarquía.

El Rey votando en el refrendo de la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978.

Como una jugada maestra en ajedrez que desarbola al oponente, la velocidad y relativa tranquilidad con que se desarrolló la transición española siguen causando asombro a propios y a extraños. Desde entonces, Juan Carlos I mantuvo una elevada popularidad durante buena parte de los 39 años que estuvo al frente de la Jefatura del Estado, casi cuatro décadas en las que los españoles vivimos acontecimientos tan trascendentales como la adhesión a la CEE en 1986,

Juan Carlos en la firma del Tratado de Adhesión a la CEE

los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla en 1992, la constitución de la UE, la intensificación de las relaciones políticas y económicas con Iberoamérica, amén de notables éxitos científicos, culturales, deportivos, etc.

De los últimos años del reinado, empañados por algunas decisiones desacertadas del Monarca y el caso Noos, la decisión de abdicar en Felipe VI constituye un ejemplo más de su clarividencia política. Ahora, corresponde al hijo recordar, como en su día hizo el padre, que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”. Felicidades y que cumpla muchos más.

Juan Carlos I abdica en su hijo Felipe que le sucedió con el nombre de Felipe VI.

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Se hundió la Babilonia porque le faltó el cimiento

Artículo publicado en The Economy Journal.com el 29 de diciembre de 2017

http://www.theeconomyjournal.com/texto-diario/mostrar/971987/hundio-babilonia-porque-falto-cimiento

Parlament semivacio al finalizar la votación para constituir la república catalana el 27 de octubre de 2017

Había buenas razones para pensar que Cataluña no podría constituirse como estado independiente en forma de república, por muchas veces que la ajustada mayoría de diputados secesionistas en el Parlament –72 de 135 que representaban al 47,7% de los votantes– aprobara resoluciones y leyes inconstitucionales y diera por iniciado el proceso constituyente, y por muchas veces que el gobierno de la Generalitat se empeñara en declarar constituida la república catalana, nadie sabe si simbólicamente o de veras, tras celebrar con nocturnidad y alevosía una consulta ilegal (1-O), en la que tampoco nadie sabe quién votó ni cuántas veces. Resultará difícil de borrar de la retina la imagen del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament saltándose la Constitución y el Estatut que los legitimaban y pretender al mismo tiempo dar por ‘legítimo’ el resultado.

Puigdemont y su gobierno ‘legítimo’ en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica.

La primera causa del fracaso del secesionismo es que, al no contar con un respaldo social aplastante, el intento de llevar el órdago al Estado hasta sus últimas consecuencias ha acabado por despertar a la mayoría silenciosa que había permanecido entre anestesiada y atemorizada durante las últimas décadas. El poder que otorgaba a la Generalitat el control de los presupuestos del sector público en Cataluña, sin prácticamente interferencias del Estado, permitió a los dirigentes del Gobierno,  Diputaciones y Ayuntamientos desplegar sus redes en la sociedad y ejercer un control casi omnímodo sobre los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), los itinerarios escolares y los libros de texto, los órganos rectores de las Universidades, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales, las asociaciones culturales y educativas, etc. La capacidad casi ilimitada de proporcionar empleos bien remunerados y facilitar el acceso a subvenciones y contratos fueron los mecanismos utilizados por la Generalitat para ir comprando voluntades y marginando simultáneamente a cualquier ciudadano, empresa o asociación que mostrara tibieza o entorpeciera sus designios soberanistas. La situación empezó a cambiar el 30 de septiembre, cuando la mayoría que callaba y aguantaba rompió su silencio con un sonoro ¡basta ya!, y salió a la calle para reivindicar el ordenamiento constitucional y exigir responsabilidades a los golpistas. Esperemos que este cambio tenga consecuencias en las elecciones del 21-D.

30-S: vista de la plaza de San Jaime.

La segunda razón del fracaso cosechado por la Generalitat es la soberbia de los líderes nacionalistas, esa suerte de impostado supremacismo que les alienta y acaba haciéndoles creer que son el ombligo del mundo, cuando en realidad Cataluña es bastante poquita cosa: 7,4 millones de habitantes que generan el 1,5% del PIB de la UE. Dejando al margen las chuscas historietas que atribuyen al genio catalán desde el nacimiento de la democracia hasta el descubrimiento de América, pasando por la autoría de El Quijote, lo cierto es que los lideres secesionistas contaban con que la UE obligaría al Gobierno español a sentarse a negociar las condiciones de la independencia, en cuanto ellos la declararan. Cualquier persona con conocimientos elementales sabe que la UE es un conjunto de Tratados –en los que ha ido estableciendo con minuciosidad las funciones y reglas por las que se rigen cada institución–, y podía haber anticipado que la UE jamás aceptaría la secesión ilegal de una región de un Estado miembro. Y así ha sido. Los líderes del Parlamento, el Consejo y la Comisión la han rechazado con contundencia, y ni un dirigente de un solo Estado miembro ha hecho el más mínimo gesto de complicidad. Despechados y contrariados, los dirigentes secesionistas se dedican a denigrar también a las instituciones europeas en Bélgica.

Puigdemont arropado por los cuatro exconsejeros prófugos de la justicia durante una rueda de prensa.

La tercera causa del fracaso de la operación salida es la fuerte dependencia económica de Cataluña del resto de España (RDE) y del resto de la UE (RUE). El auge de la economía catalana durante los tres últimos siglos se explica por el acceso de sus comerciantes y empresas al mercado español (incluidas las colonias) donde colocaban sus manufacturas y bienes industriales, un mercado protegido por prohibiciones y aranceles hasta la puesta en marcha del Mercado Único en 1992. Aunque el comercio se ha diversificado considerablemente desde entonces, y Cataluña exporta bienes y servicios tanto al RDE como al RUE, la situación de dependencia no ha cambiado en lo esencial. En caso de secesión, Cataluña quedaría excluida de la UE y los tratados dejarían de aplicarse desde ese mismo instante y sus exportaciones a sus dos principales mercados podrían registrar caídas muy severas. En otras palabras, la economía catalana resulta, hoy por hoy, inviable fuera de la UE, máxime habida cuenta que muchas de las sociedades radicadas en Cataluña que invierten, producen y exportan son empresas de la UE.

Comisión Europea en Bruselas.

Gabriel, Reguant y el resto de la compaña de la CUP celebrando la constitución de la república catalana. La CUP, socio de Puigdemont y Junqueras durante la pasada legislatura, pretende abolir el capitalismo e imponer un régimen socialista, rehacer las fronteras de España y Francia y sacar a Cataluña de la UE.

Cataluña se encuentra en estos momentos en una situación crítica. La creciente inestabilidad política e inseguridad jurídica que fue acumulándose desde las elecciones del 27-S se precipitó a principios de octubre y ha desencadenado el éxodo masivo de casi 3.000 sociedades, incluidas las principales entidades financieras y aseguradoras y empresas no financieras. Se ha resentido el turismo y las últimas cifras de afiliación a la SS y paro registrado tampoco han sido buenas. Por si todo esto fuera poco, Cataluña tiene una administración pública sobredimensionada y ha acumulado 72.532,3 millones de deuda con la Administración Central desde 2012. Todo un record de mala gestión que amenaza el bienestar de los catalanes a los que recomiendo que no se dejen embaucar por los cantos de sirena del interminable viaje a Itaca y presten sus oídos a la ‘soleá’ de Pepe el de la Matrona –dos de cuyos versos encabezan este artículo–, porque como Babilonia quizá Cataluña se hundió porque le faltó el cimiento.

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José Sánchez Muñoz, un hombre bueno

Querido José:

Ayer día de los Santos Inocentes, recibí una triste llamada anunciando el fallecimiento de José Sánchez Muñoz. Escuché en el contestador el mensaje entrecortado de Carmen, su apenada viuda, y sentí una profunda tristeza. La llamé en cuanto pude y aunque no me fue posible hablar con ella  –son días en los que se reciben demasiadas llamadas rituales, como la mía–, sí le dejé un improvisado mensaje en el contestador manifestándole mi pesar por el deceso. Le comenté también que, al encontrarme fuera de Barcelona no podría acompañarles en el funeral pero que escribiría unas líneas para glosar su figura, a modo de modesto homenaje.

Foto de José Sánchez Muñoz.

A José no lo conocía demasiado. Nos solíamos encontrar en conferencias, premios y manifestaciones en pro de la libertad y la igualdad. Como hasta hace muy poco tiempo éramos muy pocos quienes acudíamos a este tipo de actos en Cataluña, resultaba fácil verse y cruzar algunas palabras amables. José, siempre con la cámara en la mano, se convirtió durante estos años difíciles en testigo gráfico de la desigual batalla que algunas asociaciones han librado contra el gobierno de la Generalitat y el nacionalismo xenófobo en Cataluña. Animo a estas asociaciones, y muy especialmente a Espanya i Catalans, a organizar una exposición con una selección de sus innumerables fotografías para honrar su inquebrantable compromiso y desinteresada dedicación. Lamento que me hayas enviado tantas fotos y no pueda hoy incluir en esta nota ninguna tuya.

Clemente Polo, 12 de octubre de 2017 en Plaza de Cataluña.

En los últimos actos en que coincidimos, José me comentó que se encontraba luchando contra esa imperiosa mano que nos arranca de las personas a las que queremos y nos retira de las tareas que nos han importado y nos ennoblecen. Recuerdo muy bien la última vez que nos encontramos en una ceremonia religiosa para honrar a las víctimas del terrorismo en Barcelona. Estuvimos departiendo un buen rato a la entrada de la iglesia en la calle Balmes en compañía de tu hijo. El verano pasado sé que fuiste a visitar a tu hija a Francia y recuerdo que me comentaste que al poco tiempo de la llegada tuvieron que ingresarte. Más tarde supe que estabas ingresado en el Hospital General de Cataluña. Y el 25 de noviembre recibí un mensaje excusando tu ausencia en la manifestación que Espanya i Catalans convocó en Badalona. “Me han vuelto a ingresar”, decía. EL 10 de diciembre, añadías a la noticia de que el pintor Eduardo Arroyo reconocía que “hasta hace no mucho si veía una bandera española me ponía nervioso”, un acertado “propio de nuestros progres”.

Manifestación el 30 de septiembre de 2017 en Barcelona.

Incluso en las condiciones tan difíciles que ha vivido en los últimos meses, José seguía enviándonos enlaces a artículos, fotos y videos casi todos los días. El domingo 24 de diciembre mandé un mensaje navideño a las 16:10 y José me contestó a las 17:49 con un escueto “Feliz Navidad, Clemente”. A las 21:29, le respondí “Igualmente. Un fuerte abrazo”. Fue el punto y final a un  intercambio de notas y mensajes durante bastantes años. Desde que inicié mi activismo político en la asociación Ciudadanos de Cataluña en una lejana primavera de 2006, he conocido a muchísimas personas pero a pocas (si alguna) admiro más que a esta hombre sencillo, afable, honrado y tenaz. Tenerte cerca fue un ejemplo para todos y un lujo para tu familia que pudo disfrutar de ti en la intimidad. De algo puedes estar seguro: siempre estarás presente en nuestras actividades y nuestros ojos siempre buscarán entre el público tu rostro de buena persona y tu insobornable cámara.

Un fuerte abrazo, José.

P.D. Video de José del 12-O de 2016.

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Auge y decadencia del nacional-secesionismo

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de diciembre de 2017

La ajustada mayoría absoluta obtenida por Junts per Catalunya (34 diputados), ERC (32 diputados) y CUP (4 diputadas), los tres partidos secesionistas que propiciaron la declaración de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, ha empañado en cierto modo la rotunda victoria de Ciudadanos que, con 37 diputados y 1,1 millón de votos, se convierte en el primer partido en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, si miramos el asunto con cierta perspectiva, los constitucionalistas que residimos en Cataluña podemos encontrar razones sobradas para estar orgullosos de la victoria de la formación naranja, y hasta para dejarnos llevar por la euforia y celebrarlo con un buen cava catalán (y por tanto español) estos días.

No me cabe duda de que el 21-D ha sido un día histórico, como también lo fue aquél lejano 1 de noviembre de 2006 en que Ciudadanos irrumpió en el Parlament con tres diputados y fue objeto de mofas y chirigotas por parte de los partidos nacionalistas y catalanistas. Si los partidos y asociaciones cívicas que han mantenido viva la llama de la multiculturalidad en Cataluña durante estos años tan difíciles, mantienen cierta unidad de acción y propósito, las elecciones del 2017 podrían ser vistas en una o dos legislaturas como el punto de inflexión que marca el inició del declive del movimiento nacional-secesionista. Queda mucho trabajo por delante y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero la tarea es factible siempre que las instituciones centrales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Tribunales) sepan estar a la altura de sus responsabilidades, algo que no siempre han hecho.

Rivera con Domingo y Robles, los tres diputados de Ciudadanos en el Parlament en noviembre de 2006.

Perro ladrador

El deslenguado y fullero Puigdemont sigue huido en Bruselas haciendo cábalas sobre cómo sacar el mayor provecho a los 34 diputados que ha obtenido con su lista de cortesanos convergentes, reforzada con el presuntamente rebelde presidente de la ANC. Ayer vimos a Puigdemont sobreactuar, como es habitual en él, y declarar enfáticamente en su comparecencia que la ‘república’ ha ganado a la ‘monarquía’. Patético pero efectivo por lo que hemos podido constatar en estas elecciones. Su mensaje ‘soy el presidente legítimo’, avalado por la bobalicona cúpula de ERC que se prestó a rendirle incluso algunos  inmerecidos homenajes en Bruselas mientras su líder criaba malvas en Entremeras, le ha dado unos réditos impensables hace sólo unos meses. El pobre Junqueras ha visto desde su celda como el pájaro que tantas veces lo engañó durante estos dos años susurrándole al oído ‘me voy’, ‘no repetiré’, volvía a dejarlo con un palmo de narices meditando sobre su injusto de su destino. Y es que Junqueras, por impericia y docilidad, ha visto como se le escapaba de las manos la (¿única?) oportunidad de ser investido presidente del gobierno de la Generalitat.

Puigdemont en su comparecencia con cuatro exconsejeros prófugos la noche electoral en Bruselas.

¿Vendrá no vendrá? No sé qué tal marchan las finanzas en la corte belga –todo un misterio que algún día conoceremos– pero si algo está claro es que en caso de que regrese a España será con toda probabilidad detenido, interrogado, encarcelado y juzgado con todas las garantías que concede nuestro Estado de Derecho. Los delitos que se les imputan a él, a los consejeros de su gobierno cesado y a los líderes de la ANC y Òmnium, rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato al poder judicial, son los más graves que se pueden imputar a un político en democracia.

Carles Puigdemont en una conferencia de prensa el 22 de diciembre de 2017.

Desconozco si nuestro sistema judicial y penitenciario lo permiten, pero sería un auténtico dislate que a un golpista irredento, que sigue denigrando nuestras instituciones democráticas en Bélgica, se le permitiera acudir a recoger su acta de diputado sin acatar la Constitución y mucho menos ser investido presidente del gobierno de la Generalitat. Lo malo sobre este asunto, como sobre muchos otros que debilitan nuestra democracia –estoy pensando en la ausencia de la bandera nacional en edificios públicos y en comparecencias institucionales, la ocupación de espacios públicos con banderas estrelladas por acuerdos municipales, los insultos y silbidos a Felipe VI,  la celebración del 9-N, las sesiones parlamentarias del 6-7 de septiembre, la consulta ilegal del 1-O, etc. – es que el Gobierno de España ha demostrado, pese a las afirmaciones en sentido contrario, que no tenía una estrategia efectiva para hacer frente a los secesionistas.

Optimismo constitucionalista      

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

Pero pese a la euforia del mal perdedor, lo cierto es que el movimiento nacional-soberanista transformado en nacional-secesionista desde 2012, no sólo no avanza sino que retrocede. Desde las elecciones del año 2010, el porcentaje de voto de los partidos que defendían estas posiciones alcanzó su máximo, 49,1%, en 2012 y ha caído desde entonces hasta situarse en el 47,5% en 2017. En escaños, alcanzó su máximo, 76, en 2010 y en estas elecciones se ha quedado en 70. La caída es lenta pero quien pensara que podía acabarse en cuatro días con un movimiento tan bien alimentado desde las instituciones, confundía el deseo con la realidad. El dominio casi absoluto de la Generalitat sobre los medios de comunicación, el sistema educativo, las asociaciones culturales, etc., aseguran su pervivencia mientras no se consiga restablecer la neutralidad del gobierno de la Generalitat, el Parlament, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Ningún adicto puede dejarlo en un día, mucho menos si sigue recibiendo abundantes dosis.

Manifestación del 30-S en Barcelona organizada por EiC, Somatemps y Regeneración Democrática.

La evolución del movimiento constitucionalista resulta asimismo esperanzadora. Para empezar, ahí están las movilizaciones que este otoño sacudieron Cataluña el 30 de septiembre, el 8, 12 y 29 de octubre y de nuevo el 6 de diciembre. Cientos de miles de catalanes silenciosos (o silenciados) perdieron el temor a expresar su deseo, nada facha, sino profundamente progresista, de seguir compartiendo nuestro destino con nuestros primos, hermanos y amigos en el resto de España. Frutos, el viejo líder del PCE, lo expuso maravillosamente el 29 de octubre en Paseo de Gracia. Las movilizaciones lideradas por Espanya i Catalans y Sociedad Civil Catalana, pero en las que han participado otras asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Asociación por la Tolerancia, Somatemps, etc., han de mantenerse y servir para movilizar a todos los catalanes que compartimos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Manifestación del 😯 en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana, Espanya i Catalans y otras asociaciones cívicas.

Además, el peso de los partidos constitucionalistas no ha cesado de crecer, especialmente a partir de 2012. En escaños, estos partidos han pasado de 47 en 2010 a los 57 conseguidos en 2017, un número todavía alejado de los 68 que otorgan la mayoría absoluta. En porcentaje de votos, hemos pasado del 37,1% en 2010 al 43,5% en 2017. Todavía queda un buen trecho pero estamos cada vez más cerca y, si perseveramos en la línea seguida en los últimos años, la victoria puede llegar en una o dos legislaturas. Aunque es cierto que la aritmética electoral favorece a los secesionistas por su predominio en las zonas rurales, la solución no pasa necesariamente por cambiar la ley electoral, sino por reconquistar estas zonas dominadas por el secesionismo. Para ello, conviene mantener el nivel de movilización social de los últimos meses, requisito indispensable para lograr mayores cotas de participación, y hay que responder con inteligencia a las provocaciones de un republicanismo trasnochado y victimista que ha provocado una fractura social gravísima, espantado a las empresas y a los inversores y amenaza con provocar una recesión en Cataluña.

Clemente Polo, 12 de octubre de 2016 en Plaza de Cataluña.

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Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

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