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Torra: incoherente usurpador

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de mayo de 2018.

Torra en el acto de toma de posesión reducido a su mínima expresión y con ausencia de representantes de las instituciones centrales del Estado. Torre prometió fidelidad únicamente al ‘pueblo’ y al Parlament de Cataluña.

Las primeras declaraciones, decisiones y actos protagonizados por Torra tras su elección como presidente del gobierno de la Generalidad han confirmado su inequívoca voluntad de elevar la tensión social en Cataluña y reavivar la confrontación de la Generalidad con las instituciones centrales del Estado que caracterizó la presidencia de Puigdemont. Tal y como avanzó en sus discursos de investidura, los objetivos de su gobierno ‘provisional’ son restablecer las leyes de desconexión anuladas por el Tribunal Constitucional, movilizar a las bases de los partidos y asociaciones secesionistas y animarlas a tomar la calle (empoderar a la ciudadanía, fue el ampuloso término empleado), y retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó su mentor el 27 de octubre, cuando después de proclamar la república y aplicarse el artículo 155 se dio a la fuga. No me cabe duda que éste (o Estremera) será también el destino de Torra, si insiste en mantener su desafío al Estado.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

Coherencia incoherente  

Varios gestos coherentes con ese plan de restitución han marcado los primeros días del mandato que el propio Torra ha calificado de ‘excepcional’. El primero, fue viajar a Berlín para reunirse con el cesado Puigdemont y dejar muy claro a Rajoy y a las autoridades de la UE quién es el ‘legítimo’ presidente de la Generalidad y quién su fiel secretario. El segundo, aprovechar el acto de toma de posesión de su cargo, reducido intencionadamente a su mínima expresión formal, para avisar que su única obligación de fidelidad es con el  ‘pueblo’ de Cataluña y el Parlament que lo representa, evitando hacer cualquier referencia de acatamiento a la Constitución y al Estatut. Por último, Torra se inclinó por desafiar a Rajoy incluyendo en su gobierno a dos exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Rull y Turull) y a otros dos exconsejeros prófugos (Comín y Puig), a fin de disipar cualquier duda sobre su intención de restituir el gobierno ‘legítimo’ cesado el 27-O. Y para demostrar su compromiso inequívoco con su designación, Torra se desplazó a la cárcel de Estremera para entrevistarse con Rull y Turull.

Torra ejerciendo de president tras tomar posesión del cargo, nombra consejeros a dos exconsejeros prófugos y a dos exconsejeros encarcelados.

Estamos ante una política de aspavientos para la galería cuya pretendida coherencia esconde una incoherencia de partida que desactiva su pretendida radicalidad: el haber aceptado participar en unas elecciones que ellos mismos consideran ilegítimas. Si hubieran sido realmente coherentes con su propio relato, los líderes secesionistas se habrían negado a participar en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de España y habrían exigido la restitución del gobierno de Puigdemont. Incluso la fiera CUP cuyos líderes alardean de rechazar cualquier tentación autonomista y apostar por la desobediencia, se concurrió a las elecciones autonómicas del 21-D para preservar su principal fuente de ingresos: los sueldos de sus diputados en el Parlament. Tan cínicos como el mismo Torra, quien al aceptar concurrir a unas elecciones ilegítimas y prestarse luego a ser investido se convirtió en usurpador del ‘legítimo’ president en el ‘exilio’.

Efectos contraproducentes

Torra y Borrás fueron los negociadores designados por Puigdemont para asegurarse la abstención de la CUP.

Si Torra leyera estas líneas, quizá sonriera con ese aire de superioridad impostada del que hace gala al escuchar a sus adversarios en el Parlament, mientras decide donde encuadrarlos en su singular bestiario. Más allá de actitudes personales y poses tribales, hay un hecho objetivo incontestable: el ceremonial de confusión al que estamos asistiendo no busca restituir el gobierno de Puigdemont, una empresa imposible, sino meramente trasladar esa impresión a sus desconcertados votantes. Estamos ante una compleja operación de márquetin cuya verdadera finalidad es recuperar lo antes posible el control del presupuesto de la Generalitat para seguir inyectando desde las Consejerías, las Diputaciones y los Ayuntamientos la gasolina que sostiene el entramado administrativo-mediático-asociativo secesionista. Los puestos de trabajo y la adhesión fervorosa de decenas de miles de militantes e interesados afectos al régimen están en juego.

Torra departiendo amablemente con Riera, portavoz de la CUP, al finalizar la sesión de investidura.

Desconozco si Torra, recién llegado a la alta política, es plenamente consciente del terremoto que ha provocado pero no tengo ninguna duda de que los líderes de ERC y de lo que queda de CDC (PDeCAT), más duchos en lidiar con ingresos y gastos, saben que de prolongarse el 155 resultará imposible mantener la ficción del gobierno en el exilio, continuar financiando el hipertrofiado aparato mediático de la Generalidad y las costosas campañas de propaganda y proselitismo que la ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la AMC, y las organizaciones sindicales (CCOO, UGT,

Los dirigentes sindicales Pacheco (CCOO) y Ros (UGT)encabezando la manifestación a favor de los golpistas el 15 de abril de 2018.

USTEC, Intersindical-CSC, etc.) vienen desarrollando por todos los rincones de Cataluña desde hace una década. Los saldos de las cajas de resistencia han debido quedar algo tocados tras abonar las costosas facturas de abogados y las fianzas de los encausados, y el castillo de arena podría deshacerse en pocos meses si se interrumpe el flujo de dinero público. La elección de Torra como décimo (o séptimo) presidente de la Generalidad y la exacerbación de la política gestual quizá hayan confortado a los votantes más amarillos pero puede resultar perjudicial para la financiación del proceso.

Torra, investido ya como president, posa con lazo amarillo tamaño de bolsillo para reclamar la libertad de los políticos encarcelado y fugados.

Después del agitado período que acabó con la destitución del gobierno de Puigdemont y la disolución del Parlament, el movimiento nacional-secesionista necesitaba una pausa. Lo inteligente habría sido aceptar el batacazo de octubre, olvidarse del patético Puigdemont, y situar al frente del gobierno de la Generalidad a un político más pragmático, dispuesto a llegar a acuerdos con Iceta y Domenech, dos catalanistas siempre prestos a tender puentes con los secesionistas. Iceta, por ejemplo, desaprueba la prisión preventiva de los golpistas y considera un simple ‘error’ los nombramientos de consejeros que no podrán ejercer sus cargos. En lugar de consensuar una salida con ellos para atrapar al Gobierno de España en sus redes, los secesionistas han optado por Torra y su descarnado proyecto de restitución. El candidato obtuvo los aplausos fervorosos de 65 diputados y también el rechazo sin paliativos de otros 65.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

La elección de Torra y sus primeras decisiones han tenido consecuencias incluso más importantes en Las Cortes. A la vista del desafío planteado, PP, PSOE y Ciudadanos han aparcado sus diferencias sobre la estructura territorial del Estado y guardado sus propuestas de reforma constitucional. Mención especial merece, por lo novedosa, la firmeza mostrada por el secretario general del PSOE, refrendada por Robles, su portavoz en el Congreso, y Calvo, su secretaria de Igualdad. Sánchez apoya sin titubeos la decisión del Gobierno de impedir el nombramiento de políticos encarcelados o fugados y mantener vigente el artículo 155 entretanto no haya gobierno. El líder socialista tampoco ha descartado aplicar el artículo 155 reforzado, si Torra no rectifica. Pero, sin duda, lo más relevante de las últimas manifestaciones de Sánchez ha sido su propuesta de modificar el ordenamiento jurídico para exigir a cualquier electo acatar el orden constitucional al tomar posesión del cargo.

Torra visitando a los exconsejeros encarcelados en la prisión de Estremera.

Los políticos, como el resto de ciudadanos, pueden ser liberales o marxistas, monárquicos o republicanos. Lo que no pueden hacer es saltarse la Constitución y el ordenamiento jurídico invocando, como hacen Torra y la CUP, la ‘legitimidad popular’ expresada el 1-O. La fórmula empleada al tomar posesión del cargo de presidente de la CA de Cataluña resulta inadmisible en un Estado democrático, y el Gobierno debería haberle exigido acatamiento expreso a la Constitución antes de haber publicado su nombramiento. No se hizo con Puigdemont y así nos ha ido. Lástima que este acercamiento táctico entre los dos partidos con mayor representación en el Congreso llegue algo tarde y no sea el inicio de una fructífera relación que podría haber facilitado aprobar los PGE sin contraer gravosas hipotecas con el PNV. Me temo que no estamos a tiempo.

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos la noche del 21 de diciembrfe de 2017.

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La república del dedazo

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de mayo de 2018.

Torra, en el atril del Parlament, anunciando en la sesión de investidura que restablecerá las normas anuladas por el Tribunal Constitucional y retomará el proceso constituyente. 12 de mayo de 2018.

La fallida investidura de Joaquim Torra i Pla en el Parlament el 12 de mayo se resolvió este lunes con la proclamación del hombre elegido a dedo por Puigdemont para sucederle al frente del gobierno de la Generalitat. Mediado el domingo, el consejo político de la CUP reunido en Cervera anunció que sus cuatro diputados se abstendrían y harían buena la mayoría de 66 diputados de Junts per Catalunya (JcC) y ERC frente a los 65 de la oposición. A Torra, lo ha hecho presidente la misma fuerza política que hizo presidente a Puigdemont y apoyó su deriva republicana. Como todos los líderes de los partidos de la oposición advirtieron en sus intervenciones, la designación de Torra como presidente del gobierno de la Generalitat reabrirá, con más virulencia si cabe, la confrontación social y política en Cataluña y el conflicto entre la Generalitat y las instituciones democráticas del Estado.

Grupos organizados enfrentándose el 1-O a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

República o república

Ninguna otra cosa cabe esperar de un presidente que pretende en los cinco meses concedidos por Puigdemont restablecer las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, promover la desobediencia civil y retomar el proceso constituyente para restaurar la república que Puigdemont ya proclamó en octubre. Éste es el programa real que esconden las hermosas palabras del candidato: “diálogo y vida”. Sordos y ciegos a la realidad plural de la sociedad catalana, los diputados de los dos partidos secesionistas que apoyaron a Torra se niegan a aceptar que la coalición JxS sólo obtuvo el 39,5% de los votos en las elecciones del 25-S y que JxC y ERC lograron el 43,04% el 21-D.

Resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 21-D en Cataluña.

El candidato Torra habló en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña cuando en realidad JxC y ERC no representan en el mejor de los casos a más de 2,1 millones de catalanes de los 5,6 censados. Incluso sumando los votantes de la CUP, los catalanes que apoyaron a los partidos secesionistas sólo consiguieron el 47,5 % de los votos el 21-D. Le escuchamos también llenarse la boca con palabras como democracia y libertad, cuando en realidad su programa de gobierno atenta contra el principio más elemental de cualquier régimen democrático, a saber, el sometimiento de los gobernantes al ordenamiento constitucional y a las leyes democráticamente aprobadas, y cuando constituye un ejemplo de libro de intervencionismo autoritario en todos los ámbitos: político, social y económico. No me extraña que la CUP lo apoye.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

En su apartado populista, Torra nos remitió a una futurible república democrática, justa, eficiente y transparente completamente ajena a la bastante más pedestre realidad: Mas fue el sucesor nombrado a dedo por Pujol; Puigdemont el heredero elegido a dedo por Mas; y Torra el valido designado a dedo por Puigdemont. Sabemos ya que el patriarca de la saga, Jordi Pujol i Soley, se dedicó con toda su familia a saquear a los catalanes durante décadas. El ascenso de Mas y Puigdemont en CDC, no ocurrió por casualidad, sino por el importante papel que ambos desempeñaron en la trama del 3%: en la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Gerona, respectivamente. Algún día conoceremos también qué parte de los recursos que Mas destinó a celebrar el tricentenario de 1714 –90 millones según el historiador Kamen– desaparecieron enterrados en el Born mientras Torra, nominado a dedo por el alcalde Trías, dirigía el centro ‘cultural’.

Radicalizar el conflicto

Torra fue nombrado a dedo por el alcalde Trias director del Centro Cultural del Born donde se enterraron millones de euros con motivo de la celebración del tricentenario de 1714. Presupuesto, según el historiador Kamen: 90 millones de euros. Apliquen el 3% para hacerse una idea de lo que pudo llegar a CDC.

Ni ser religioso ni haber editado algún que otro libro subvencionado por la Generalitat convierte a nadie en persona razonable, respetuosa y leal, mucho menos en humanista. La infinidad de tuits y artículos de opinión que ha publicado Torra en la última década, calificando a los españoles de ignorantes, opresores y expoliadores, producen vergüenza ajena, y lo invalidan para presidir el gobierno de la Generalitat. No parece haberse parado a pensar este ideólogo del secesionismo y rendido admirador de quienes practicaron el pistolerismo republicano, que los catalanes eran en 1714 tan pobres como el resto de españoles pero que su renta per cápita llegó a superar el 60% la media española en plena dictadura franquista. Basta con consultar la obra Estadísticas Históricas editada por Carreras (secretario de Economía de Mas-Colell) y Tafunell para comprobarlo. Constatado el impresionante progreso económico de los catalanes entre 1714 y 1975, resulta obligado concluir que si los españoles se dedicaron a expoliarlos hicieron muy mal su trabajo, Sr. Torra.

Torra y Trias en el centre cultural del Born.

Tras escuchar atentamente sus intervenciones y declaraciones de estos días y leer algunos de sus artículos, no albergo ninguna duda de que el séptimo presidente del gobierno de la Generalitat desprecia la lengua, las tradiciones y la cultura de la mayoría de catalanes, y está decidido a ahondar la fractura política y social abierta por Mas y Puigdemont, y a llevarla a sus últimas consecuencias. No nos engañemos más: Torra desenterró ayer el hacha y declaró la guerra. Quién crea que exagero, le recomiendo que lea su artículo “Per un nou Prats de Molló”. Como ocurrió en la Guerra de Sucesión, un conflicto mitificado y manipulado obscenamente por los partidos y las asociaciones secesionistas, esta guerra la ganará quien tenga mayor determinación, destine más recursos a la empresa y despliegue la mejor estrategia. De momento, los secesionistas van ganando: su determinación es indubitable; han dispuesto a su antojo de 38.000 millones de presupuesto para ganarse voluntades y financiar el entramado administrativo-mediático-asociativo; y, por último, dedican todo su tiempo, no a gobernar, sino a fortalecer el proceso secesionista en Cataluña y a desprestigiar la democracia española en el extranjero.

¿Está el Estado preparado?

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Gobierno, Cortes y Tribunales se han limitado hasta ahora a responder a cada uno de los sucesivos golpes que la Generalitat y el Parlament iban asestando a nuestra democracia: aprobación de resoluciones y normas declaradamente inconstitucionales (resolución I/XI de inicio del proceso constituyente; conclusiones finales de la ‘comisión del proceso constituyente’ y las leyes del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’); acciones tumultuarias frente a la consejería de Economía y el Parlament y realización de la consulta ilegal del 1-O; y, por último, proclamación de la república el 27 de octubre.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

Llegados a ese punto y muy a su pesar, Rajoy se vio obligado aplicar el artículo 155, destituir a Puigdemont y a sus consejeros, y convocar elecciones autonómicas. Pero poco se ha hecho para desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que protagonizó el golpe de estado, y para revertir el proceso insurreccional que los partidos y las asociaciones secesionistas alientan y alimentan desde el Parlament y los Ayuntamientos.

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 solicitando la aprobación para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El 1-O pudimos constatar la imprevisión del Gobierno cuyo plan para impedir la consulta se vio superado por las acciones coordinadas del gobierno de la Generalitat y los Mozos, las asociaciones secesionistas (ANC, Ómnium y AMI), los sindicatos de enseñanza y los Comités de Defensa del Referéndum. Grupos bien organizados y pertrechados ocuparon los edificios públicos donde iban a celebrarse las votaciones y provocaron enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña. Espero que el Ministro del Interior tomara buena nota y esté preparándose para afrontar el proceso insurreccional que se avecina. No basta para restablecer la normalidad democrática, Sr. Rajoy, apelar a “la sensatez, el sentido común y la legalidad” cuando enfrente se tiene a un gobierno dispuesto a saltarse la ley y a constituirse en república. Al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos les compete ahora adoptar las medidas necesarias para desmantelar el entramado golpista, y respaldar, no lo olviden, a los catalanes que están dando aquí la cara. Confío que así sea.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

Rajoy y Rivera fotografiados en uno de sus últimas reuniones.

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Cataluña, de mal en peor

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de mayo de 2018.

Rajoy anuncia la destitución de Puigdemont y su gobierno.

Rajoy puede seguir evitando mirarse de frente en el espejo y continuar alardeando en el Congreso de la firmeza de su Gobierno al que atribuye los méritos de haber cesado al president Puigdemont y a todos sus consejeros y de haber aplicado el artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional en Cataluña. Cierto, pero si él y sus Ministros se hubieran tomado la molestia de venir por aquí durante estos meses, y hubieran dedicado siquiera unas horas a visitar las Consejerías cuya titularidad ostentan desde el pasado 27 de octubre, y recorrido unas cuantas ciudades y pueblos de Cataluña, tal vez habrían llegado a la conclusión opuesta: la realidad política, administrativa, mediática y asociativa apenas ha cambiado tras la aplicación del 155.

Una nube amarilla

Torrent, con su lazo amarillo, junto a Artadi y Pujol, diputados de JxC, preparando en el Parlament una de las cuatro investiduras fallidas.

Quizá las dos imágenes que mejor resumen la situación política actual sean la de Torrent, sucesor de Forcadell, luciendo un lazo amarillo en su solapa mientras desempeña sus labores institucionales, y los enormes lazos asimismo amarillos que cubren los respaldos de los asientos vacíos de los diputados prófugos o encarcelados. No sé cómo ustedes calificarían esta situación pero a mí me parece una clara demostración de que el proceso insurreccional sigue su curso y la aplicación del artículo 155 no ha logrado restablecer el orden constitucional en Cataluña. Un Estado que permite a sus representantes dedicarse a tiempo completo a aprobar leyes anticonstitucionales y utilizar recursos públicos para ello, no tiene derecho a esperar que el tribunal de Schleswig-Holstein haga el trabajo que debería haber hecho por sí mismo: detener a Puigdemont y juzgarlo.

Después de cinco meses de aplicación del artículo 155, la dinámica de las instituciones de autogobierno de Cataluña no sólo no ha mejorado sino que todo indica que vamos a peor. Las secuencias de presidentes que han estado al frente de las dos principales instituciones autonómicas en los últimos años, De Gisbert, Forcadell y Torrent en el Parlament, y Mas, Puigdemont y Torra en el gobierno de la Generalitat, constituyen una prueba fehaciente de que quienes están al frente de instituciones que deberían representar a todos los catalanes, se han apropiado de las instituciones y están decididos a imponer sus puntos de vista al conjunto, saltándose las reglas democráticas más elementales: respeto a la ley y a la división de competencias y poderes. Todo vale si ayuda a promover la secesión de Cataluña.

Mas, elegido por Pujol para sucederle al frente de CiU, ganó las elecciones en noviembre de 2010, cuando todavía pensaba que la independencia era un concepto anticuado y que el presidente de la Generalitat debía dedicarse a gobernar. A partir del 11 de septiembre de 2012, Mas abandonó la calculada

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

ambigüedad característica de CiU y decidió dejar de ser el presidente de todos los catalanes para convertirse en el para convertirse en epresident de los independentistas. Consumó su desafío al Estado convocando la consulta ilegal del 9-N en 2014 por la que fue juzgado e inhabilitado y por la que el Tribunal de Cuentas le reclama 5,2 millones. Después de estos hechos gravísimos, solicité públicamente su dimisión. La radicalización de Mas provocó la ruptura de CiU y tras las elecciones del 27-S en 2015, Mas quedó rehén de la CUP que le obligó finalmente a ceder el timón a Puigdemont el 10 de enero de 2016. Fue el acta de defunción de la ya extinta CDC.

Aunque no hay ninguna duda de que Mas “El Astuto” acabó siendo un presidente sectario, hay que reconocer que procuró disimularlo durante algún tiempo.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requrimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

No así su sucesor que dejó muy claro ya en el discurso de investidura que su único objetivo era llevar Cataluña a las puertas de la independencia. Puigdemont fue un president sectario desde el instante en que fue investido y utilizó los casi dos años que presidió el gobierno de la Generalitat para aprobar las leyes de desconexión y patrocinar campañas internacionales para desprestigiar la democracia española. Fue precisamente la ‘ley del referéndum de autodeterminación’, aprobada el 6 de septiembre en el Parlament, el paraguas que utilizó para convocar la consulta ilegal el 1-O y proclamar la  independencia de Cataluña el 27 de octubre, horas antes de ser destituido y darse a la fuga. Como ciudadano, me resulta incomprensible que un prófugo pueda ser incluido en listas electorales y todavía más que el Estado le pague un sueldo envidiable. Algo no funciona bien en nuestra democracia.

Puigdemont con Torra y Artadi en Berlín el 10 de mayo antes de nominar a su ‘sucesor’.

Torra i Pla, el sucesor designado por Puigdemont para sucederle al frente del gobierno de la Generalitat, podría competir con su antecesor en cuanto a sectarismo se refiere pero parece incluso superarle en el ranking de xenofobia. Los tuits publicados por Torra no tienen desperdicio. Más allá de achacar a los españoles ser fuerzas de ocupación desde 1714 dedicadas a expoliar a los sufridos catalanes, Torra los califica de pijos, groseros, locos, fachas y otras lindezas que, advierte, se contagian como el sarampión. Seguro que este locuaz editor

Torra fue nombrado por el acalde Trias para presidir la Comisión que se encargó de remodelar el Born e inaugurar los fastos del tricentenario de 1714. Presupuesto, según el historiador Kamen: 90 millones de euros. Algunos de esos millones seguro que llegaron al bolsillo del ‘editor’ subvencionado y arruinado Torra.

podría explicarnos por qué el PIB per cápita de los catalanes, tan pobres como el resto de españoles en1714, superaba en un 60% el PIB de los españoles a mediados del siglo XX. Convendrán conmigo que si los españoles se dedicaron a expoliar a los catalanes, hicieron francamente mal su trabajo. Más allá de sus opiniones sobre el ser de los ‘españoles’, queda por averiguar si como editor ha traspasado el umbral de imprimir folletos secesionistas y papeletas electorales. Incluso Colau, la alcaldesa de Barcelona, lo ha descalificado como candidato y le ha exigido que pida perdón por “sus comentarios etnicistas y ofensivos hacia millones de catalanes”.

A vueltas con el 155

La receta secesionista puede resumirse en la fórmula T+T: no queríais una taza, pues aquí tenéis dos. Que pretendan investir a Torra presidente del gobierno de la Generalitat el próximo lunes, además de un insulto a la mayoría de catalanes que no votamos la lista de Puigdemont (JxC) ni la de Junqueras (ERC),

Torra, en el atril del Parlament, anunciando que retomará el proceso constituyente en la sesión de su investidura el 12 de mayo de 2018.

demuestra que los partidos secesionistas han perdido todo sentido de la decencia y están dispuestos a seguir instrumentalizando las instituciones de autogobierno para promover sus planes golpistas. Con Torrent en el Parlament y Torra en el gobierno de la Generalitat, se desvanece cualquier esperanza de recobrar la normalidad institucional, si por tal entendemos gobernar para todos en Cataluña y hacerlo con lealtad hacia el resto de instituciones del Estado. El plan T+T es gobernar para seguir engrosando la minoría secesionista hasta convertirla en mayoría (50% + 1) en el plazo más breve posible.

Rajoy y Rivera sellando el acuerdo para investir al presidente del Gobierno.

En la última sesión de control, Rivera retiró el apoyo que le dio al Gobierno para aplicar el artículo 155. Según explicó el líder de Ciudadanos, Rajoy debería haber recurrido la delegación de los votos de Puigdemont y Comín que resultan imprescindibles para elegir a Torra President en segunda votación. Rivera tiene razón en esta ocasión, aunque quiero recordar que no la tuvo cuando se opuso a aplicar el 155 el pasado septiembre ni cuando exigió a Rajoy que no interviniera TV3 y convocara elecciones autonómicas en el plazo más breve posible. Los constitucionalistas no entendimos entonces la urgencia Ciudadanos en rentabilizar la situación electoralmente como no comprendemos ahora la urgencia de Rajoy en levantar el 155, sin asegurarse antes de que el gobierno de la Generalitat acatará la Constitución. Cataluña sigue en estado insurreccional bajo el 155 y pronostico que la situación se agravará en cuanto Torra se instale en la buhardilla que Puigdemont le ha cedido en el Palau. Admito apuestas.

Torra está en la misma línea de radicalidad y compromiso con la ‘república’ que la CUP.

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Último aquelarre de ETA en Iparralde

Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de mayo de 2018.

Llegó ETA exhausta a su fin tras seis décadas en las que sus arrogantes pistoleros dedicaron sus vidas a quitársela a todos aquellos que se opusieron a sus designios o la fatalidad los llevo a cruzarse en su camino. Eso sí, nunca expusieron en vano su pellejo: mejor ir a la cárcel, ya saldremos y seremos homenajeados, se decían, que acompañar a sus víctimas al otro barrio. Un día antes de la escenificación del aquelarre en Cambo-les-Bains (Francia), dos reputados matones, Urruticoechea máximo dirigente de la banda desde los años 80, en situación de busca y captura desde hace 15 años, e Iparraguirre miembro de los comandos Araba y Madrid y jefa de comandos legales, actualmente encarcelada en Francia, pusieron voz al comunicado final de la banda. Dieron por concluido el “ciclo caracterizado por la violencia política” y anunciaron el inicio de una nueva fase de “lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal en otros ámbitos” para “materializar el derecho a decidir”.

Urruticoechea, Josu ‘Ternera’ máximo dirigente de ETA en su sillón de parlamentario en El País Vasco. Lleva 15 años huido de la justicia. ¿Tan difícil resulta dar con él?

Sólo algún ingenuo se habrá sorprendido ante esta nueva exhibición de hipocresía por parte de los desalmados que justificaron una y otra vez en nombre del pueblo vasco sus crueles atentados y ejecuciones y se burlaron sin compasión de los familiares de las víctimas. Al margen de la extorsión generalizada a familias y a empresas y la salida forzosa de más de cien mil personas de El País Vasco, el macabro balance de las casi seis décadas de actividad de la banda arroja cifras espeluznantes: miles de actos terroristas y decenas de secuestros que causaron la muerte a más de ochocientas personas y dejaron varios miles de víctimas en las cunetas de la historia. Hay algunas dudas sobre las cifras exactas de la barbarie pero ninguna sobre la crueldad de los ejecutores y la magnitud de las irreparables tragedias infligidas.

Funeral de una de los cientos y cientos de víctimas de la barbarie terrorista de ETA.

Del bochornoso espectáculo en Cambo-les-Bains, hay varias cosas que como ciudadano de un Estado democráticos me llamaron poderosamente la atención. La primera sorpresa fue la presencia de algunos señores con traje y corbata que se sumaron sin pudor alguno a los valedores y cachorros de ETA, vivos y en cuerpo presente, para respaldar la pantomima. No podía faltar a la cita Gerry Adams, líder del Sinn Fein, el brazo político de la organización terrorista irlandesa IRA hermandad con ETA. Pero encontré de todo punto inapropiado la presencia de Jean René Etchegaray, presidente de la

La retaguradia de ETA: Currin, Etchegaray y Adams.

mancomunidad de Iparralde (Euskadi Norte) y alcalde de Bayona, una ciudad enclavada en el departamento de los los Pirineos Atlánticos que ha sido refugio de infinidad de comandos terroristas y desde donde las cúpulas de ETA planearon tranquilamente sus asesinatos y extorsiones. Aunque sólo fuera por haber servido de escondrijo a tantos criminales durante tantos años, Etchegaray debería haber excusado su asistencia a tan vergonzoso encuentro.

Etchegaray, alcalde de Bayona y presidente mancomunidad de Iparralde (El País Vasco francés.

Fuera de lugar encontré también la presencia de Michel Camdessus, exdirector general del FMI, quefue el encargado de leer en francés la llamada declaración de Arnaga. El documento, leído en primer lugar en vascuence por  Irati Agorria, una guerniquesa del partido de Otegui, lamenta que el Gobierno de España no abriera negociaciones con ETA tras la ‘conferencia internacional’ de Aiete en octubre de 2011 e invita a las partes a iniciar un proceso de reconciliación. El abogado sudafricano Brian Currin, director del International Contact Group y coordinador del acto, abrió la jornada con unas palabras francamente desafortunadas: “hoy es

Ortuzar, presidente del PNV, conversando animandamente con Otegui, terrorista de ETA y líder actual de EH Bildu, su organización política.

un  día de celebración”, dijo, digno incluso de convertirse en fiesta nacional. ¿Para quién Sr. Currin? Desconozco si se habrá formulado usted esta pregunta pero puedo asegurarle que a muy pocos españoles se nos ha pasado por la cabeza celebrar la escenificación que ha organizado con tan selectos y numerosos invitados para dar el último adiós a la banda que sembró el horror en un estado democrático de la UE. Desconozco qué papel desempeñó usted en Sudáfrica durante el apartheid y más tarde en Irlanda del Norte, pero puedo asegurarle que haberse prestado a otorgar cierta solemnidad al funeral de ETA empaña su curriculum.

Otegui con Arzalluz (PNV) y el lehendakari Goicoechea (Eusko Alkartasuna) tras firmar el pacto de 1999. Sonrientes y cogiditos de la mano mientras ETA masacraba a los españoles.

Pero el colmo de la desvergüenza fue ver a los líderes del PNV, Elkarrekin Podemos y de las organizaciones sindicales ELA, LAB y UGT compartir con Otegui las butacas de platea y conversar animadamente con el terrorista que tras salir de la cárcel vuelve a ser lacabeza visible de EH Bildu, el brazo político de ETA. Ordóñez, Múgica, Casado, Buesa, Becerril, Tomás y Valiente, Lluch, Blanco, Broseta, Pagazaurtundúa, y tantos otros asesinados por la banda llevan demasiado tiempo muertos como para levantarse de sus tumbas y gritar ¡Basta ya! La guinda del aquelarre la pusieron Urkullu y Barko, los presidentes de los gobiernos de El País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, que permanecieron

Urkullu y Barkos en rueda de prensa el 4 de mayo de 2018, nada más finalizar la ‘conferencia’ en Cambo-des-Baines.

agazapados en el Señorío de Bertiz tomando el aperitivo a la espera de que terminara la función en Cambo-les-Baines. Luego, comparecieron juntos ante los medios para reclamar el acercamiento al País Vasco de los terroristas encarcelados. Dios los cría y ellos se juntan. Sólo eché en falta en el ágape al obispo Setién siempre tan comprensivo  con “el mundo de los verdugos”.

Setién dedicando la mejor de sus sonrisas a familiares de terroristas presos.

 

 

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¿Nos hemos tomado los españoles en serio a ETA?

Nota explicativa: este es el texto sin modificación alguna del artículo que escribí en enero de 2007, hace más de 11 años, sobre ETA. Intenté publicarlo sin éxito en algunos diarios que hoy condenan el terrorismo sin paliativos pero que habían mantenido y todavía mantenían entonces posiciones mucho más ambiguas.

Las últimas encuestas vuelven a situar la actividad terrorista de ETA a la cabeza de los problemas más importantes de nuestra sociedad. No es extraño que así sea. Cada nuevo acto de violencia contra la propiedad, cada nueva acción de intimidación contra las personas y cada nuevo asesinato renueva la sensación de impotencia entre los ciudadanos desarmados ante la barbarie terrorista, cuidadosamente organizada y ejecutada. Día a día, muerto a muerto, entre quehaceres rutinarios y sobresaltos violentos, van pasando los años, hasta que un día caemos en la cuenta de que la mayoría de nosotros -y muy especialmente los ciudadanos del País Vasco- hemos vivido gran parte de nuestras vidas con el lastre de terror asido a nuestras espaldas.

Los numerosos éxitos policiales -desarticulación de comandos informativos y operativos, legales e ilegales; extradiciones y detenciones de activistas, dirigentes de la organización, etc.- nos han familiarizado con la terminología del terror, pero no han bastado para acabar la barbarie terrorista. Lo que es peor, este fracaso de la política democrática frente a la descarnada práctica terrorista ha impedido a los ciudadanos del País Vasco, la gente que vive allí con apellidos y Rh de variada etimología y signo, y también, aunque en menor medida, al resto de ciudadanos españoles, manifestar sus opiniones y vivir plenamente la democracia por temor a las amenazas, agresiones y posibles atentados. ¡Basta ya! claman los ciudadanos indefensos y atemorizados por 40 años de extorsión y asesinatos.

¿Han estado y están nuestros representantes políticos a la altura de las circunstancias? Por pensar lo mejor, diría que han pecado de exceso de confianza. Quizás creyeron ingenuamente que la consolidación de la democracia en España, la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la unidad formal de los partidos democráticos frente a ETA y los éxitos policiales conducirían inexorablemente a una solución negociada. No ha sido así: han pasado cerca de 30 años desde la instauración de la democracia en España y ETA continúa dispuesta a seguir eliminando a los adversarios políticos de un tiro en la nuca, a hacer saltar por los aíres a cualquier miembro de los cuerpos de seguridad y a matar a cualquier pobre ciudadano que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino de destrucción.

Otegui, Arzallus y Garaicoechea.

En la supervivencia de ETA seguramente ha jugado un papel importante la asunción por algunos dirigentes y parte de las bases de los partidos nacionalistas vascos (Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna) las tesis de alcanzar la independencia y reunificación de unos territorios que nunca fueron independientes, ni nunca formaron una unidad política. Igualmente saludable para la organización terrorista ha sido que un grupo mucho más reducido de ciudadanos vascos, los votantes de Batasuna, hayan llegado a aceptar la amenaza y la extorsión cotidiana como un precio inevitable para lograr esos objetivos y hasta a justificar la muerte de quienes no piensan como ellos. Pero, en última instancia, la supervivencia de ETA requiere, además de ese caldo social e ideológico favorable, contar con una organización eficaz que acoge, financia, pertrecha y defiende a los muy pocos ciudadanos vascos que están dispuestos a amenazar, extorsionar y matar a todo aquel que no comparte sus objetivos políticos.

A pesar de estos factores que favorecen su permanencia, considero que ETA continúa siendo tan eficaz porque los responsables políticos españoles nunca se han tomado suficientemente en serio a la organización terrorista. No querría que se me malinterpretara. Descontando a los familiares de las víctimas, quizás sean el Ministro de Interior y el Presidente de Gobierno de turno quienes más directamente sufren cada zarpazo terrorista. Mi solidaridad para con ellos. Pero dicho esto, quiero añadir a renglón seguido que los sucesivos Gobiernos democráticos han puesto menos empeño en acabar con ETA que en construir autovías, aeropuertos y trenes de alta velocidad, en adquirir nuevos equipamientos para las fuerzas armadas, en extender y mejorar la cobertura sanitaria o el sistema de pensiones, etc. Como economista, bien sé que los recursos disponibles para atender las múltiples necesidades sociales son escasos. Lo que mantengo es que nuestros políticos no han dedicado a la lucha contra ETA unos recursos acordes con la importancia que los ciudadanos españoles conceden a este problema y los recursos de que disponen las Administraciones Públicas en nuestro país

¿Qué entiendo por tomarse en serio la lucha contra ETA? En primer lugar, contar con unos cuerpos de seguridad equipados con la mejor tecnología para desarrollar su cometido y con instrucción apropiada para atender a los dos aspectos esenciales de la lucha antiterrorista: la defensa efectiva de los potenciales ciudadanos y organizaciones amenazados y la ejecución de las acciones propiamente antiterroristas. Para cumplir estas misiones con eficacia, las  fuerzas deberían estar dirigidas por profesionales altamente cualificados, dedicados exclusivamente a diseñar, planificar y monitorizar acciones contra la banda terrorista en coordinación con las fuerzas de seguridad francesas y los órganos judiciales competentes. Naturalmente, una organización de tan alto nivel no se improvisa en un día, pero casi 30 años de democracia debería haber bastado para hacer grandes avances en esa materia. Sin embargo, cuando se repasa la galería de personajes con responsabilidades en la lucha antiterrorista que han desfilado por los tribunales de justicia, llegamos a la triste conclusión de que los responsables políticos de nuestra democracia han fallado estrepitosamente en esta materia.

En segundo lugar, la lucha eficaz contra ETA requiere contar con un presupuesto suficiente para desarrollar todas las actividades que el mando antiterrorista considere necesarias y debilitar a la organización en todos los frentes, interior y exterior, siempre eso sí dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad constitucional. ETA declaró la guerra al Estado español y no ha dudado en servirse de todos los medios legales e ilegales a su alcance para alcanzar sus fines. Ante esta cruel realidad, los responsables políticos de nuestra democracia deberían haber antepuesto la lucha antiterrorista a la realización de otros proyectos, juzgados menos importantes por los ciudadanos españoles. Unas dotaciones presupuestarias más generosas habrían permitido remunerar de forma acorde con la importancia y riesgo de su misión a los cuerpos de seguridad encargados de ejecutar las políticas contra el terrorismo y de mejorar la seguridad pasiva, individual y colectiva, de esas fuerzas de seguridad, de los políticos de los partidos no nacionalistas y de los familiares de unos y otros. Un presupuesto más elevado habría permitido también desarrollar un mayor número de operativos preventivos de contravigilancia, de seguimiento de presuntos miembros y simpatizantes de ETA, dentro y fuera del País Vasco, de infiltración en la organización, etc. Siempre quedará flotando en el aire la duda de cuántos asesinatos y actos terroristas podrían haberse evitado si los Gobiernos de España hubieran dedicado más recursos a combatir a ETA y su entorno civil. En todo caso, el Gobierno de la octava potencia económica mundial -con un PIB cercano al billón de euros- debería plantearse de forma inmediata la necesidad de asignar un presupuesto más acorde a la importancia que los ciudadanos conceden a la lucha contra la organización terrorista.

Finalmente, tomarse en serio a ETA exige realizar un esfuerzo sostenido para desmantelar la red habitual de extorsión de la organización que permite financiar sus  actividades delictivas y las de las organizaciones políticas afines. Y en este terreno lo que hemos leído y oído durante décadas produce

Registrando una Herriko taberna.

estupor. ¿Cómo es posible que se haya hablado y escrito tanto sobre el llamado impuesto revolucionario que pagan los empresarios vascos y navarros a ETA casi con la  misma naturalidad con que la que se habla y escribe sobre el impuesto de sociedades? ¿Qué ha hecho el estado democrático para desmantelar las redes de extorsión de la organización terrorista que siguen incluso hoy operativas? ¿Qué ha hecho para impedir que los empresarios paguen? La detención ocasional de los responsables de administrar el botín de la organización apenas tiene consecuencias prácticas para la organización, en tanto los recaudadores de ETA continúen actuando y la organización cuente con recursos suficientes para seguir financiando sus actividades delictivas y propagandísticas.

Para la inmensa mayoría de los ciudadanos, ETA ha sido y continúa siendo el principal problema de nuestra joven democracia, una organización totalitaria cuya sola presencia deja inconcluso el proceso de transición a la democracia iniciado en 1975. Tras décadas de sufrir sus criminales zarpazos, a nadie puede extrañar que surjan voces, incluso algunas bien intencionadas, pidiendo que se dialogue con la banda y su entorno civil para acabar con esta lacra. Pero no hace falta ser un lince para prever que para que una negociación con la banda acabe definitivamente con el terror hace falta que ETA esté económicamente exhausta, militarmente muy debilitada y sus dirigentes tengan la certeza de  que nunca lograrán extraer concesiones políticas del Gobierno español.

Para llegar a esa situación y alcanzar los objetivos intermedios descritos, el Gobierno debería, en primer lugar, aumentar sustancialmente los recursos humanos y materiales que destina a la lucha antiterrorista, y, en segundo lugar, impulsar un pacto con el primer partido de la oposición que asegure a las dos fuerzas políticas que previsiblemente gobernarán España en los próximos diez años, PSOE  y  PP, una participación paritaria en un eventual proceso de negociación con ETA para acordar el cese definitivo de sus actividades delictivas, cuando quiera que ese momento llegue y con independencia de qué partido ejerza las responsabilidades de Gobierno en ese momento. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los españoles acogería con entusiasmo un pacto de esta naturaleza que apartara definitivamente el terrorismo de la contienda partidista y aceptaría de buen grado la diversión de recursos necesaria para financiar la intensificación de la lucha contra ETA. El tiempo y las vidas perdidas ya no se podrán recuperar, pero más vale rectificar el rumbo tarde que nunca.

Bellaterra, 31 enero 2007.

 

 

 

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No me esperen el 1 de mayo

Artículo publicado en el diario Expansión el 1 de mayo de 2018

Unai Sordo, líder de CCOO.

En una entrevista publicada por un diario nacional hace unos días, Unai Sordo, secretario general de CCOO, expresaba su opinión personal de que en España “no hay presos políticos ni exiliados”. Aunque el líder sindical matizó su afirmación sugiriendo que algunos jueces han podido abusar de la prisión preventiva, lo cierto es que leer estas palabras resultó un alivio para quienes vivimos en Cataluña, habida cuenta de las posiciones que han mantenido los líderes de CCOO y UGT en estos lares desde hace unos años. Las dos organizaciones sindicales

Álvarez, secretario general de UGT, y Pacheco, secretario general de CCOO, con Casals, presidenta de Òmnium, dos organizaciones integradas en el conglomerado secesionista ‘som escola’.

se sumaron enseguida al ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ de Mas en 2013, luego denominado por  Puigdemot ‘pacto nacional por el referéndum’, y forman parte de conglomerados asociativos, como ‘som escola, cuyo objetivo paradójicamente es imponer la inmersión lingüística en catalán, sustrayendo a los ciudadanos el ‘derecho a decidir’ en el ámbito educativo.

Dime con quién vas…

Dicen que una imagen vale por mil palabras. Pues bien la fotografía de Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO, y Josep Maria Álvarez, entonces

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consulta que convocó Mas el 9 de noviembre de 2014.

secretario general de UGT en Cataluña, reclamando junto a Casals, presidenta de la asociación secesionista Òmnium Cultural, el “derecho a decidir” del ‘pueblo’ catalán, nos puso sobre aviso de la transmutación que habían sufrido los sindicatos de clase, alineados ya sin ningún pudor con quienes pretenden extraer privilegios económicos para una parte de los ciudadanos españoles. Aquella foto nos dejó muy claro que los profesionales del sindicalismo en Cataluña habían trocado la vieja proclama solidaria de Marx en el Manifiesto Comunista, ‘¡proletarios del mundo, uníos!” por otra vergonzante: ¡‘proletarios de España, dividíos’! Por cierto, una mutación –transustanciación, sería quizá la palabra apropiada en este ámbito– similar a la que se ha producido en las diócesis en Cataluña, donde sus obispos, abdicando de la vocación de universalidad de la Iglesia, animan a sus feligreses a sumarse al republicanismo secesionista.

Permítanme ilustrar la situación, examinando la actuación de CCOO y UGT en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) desde que se inició el proceso de insurrección en septiembre que, como todo el mundo sabe, culminó en el golpe de estado del 27 de octubre. Como podrán comprobar enseguida los lectores, las dos organizaciones sindicales han tomado partido y los trabajadores de la Universidad hemos tenido soportar estoicamente los comunicados que regularmente nos envían CCOO y UGT cuestionando las instituciones democráticas de España. Ni uno solo de la infinidad de actos ilegales y antidemocráticos perpetrados por Puigdemont, Forcadell y las organizaciones secesionistas ha merecido el más mínimo reproche de las dos sindicales, mientras que todas las actuaciones del Gobierno de España, del Tribunal Constitucional, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa del orden constitucional han sido calificadas de acciones represivas y antidemocráticas. Les dejo aquí unas cuantas perlas sacadas de las notas que los sindicatos de Unai y Álvarez remiten a los trabajadores de la UAB.

Sánchez y Cuixart arengando a los comités de defensa del referéndum sobre un vehículo de la policía judicial de la Guardia Civil.

El 21 de septiembre, después de los desórdenes y actos vandálicos protagonizados por los manifestantes convocados por la ANC y Òmnium Cultural frente a la Consejería de Economía, UGT y CCOO enviaron una nota a todo el personal de la Universidad en la que nos animaban “a luchar, contra la represión, por la democracia, por la libertad de expresión, por la defensa de nuestras instituciones y por el derecho a decidir”. El 2 de octubre, un día después de la ilegal consulta organizada y financiada

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaban los Mozos? “Estaban tomando cañas…”

por el gobierno de la Generalitat, las sindicales nos enviaron un mensaje pidiéndonos participar en convocatorias “frente a nuestros centros de trabajo”  para denunciar “los episodios gravísimos de represión y violencia vividos ayer en pueblos y ciudades de Cataluña”.

El 26 de octubre, un día antes de que se proclamara la república independiente en el Parlament de Cataluña, las sindicales nos enviaron, en nombre de la ‘mesa por la democracia’, una nota llamando “a la movilización de la ciudadanía en rechazo a la aplicación del artículo 155 y en defensa de las

CCOO se une al ‘pacto nacional por el referéndum’.

instituciones de autogobierno”. Además, manifestaban su apoyo “a los trabajadores y trabajadoras de TVC, Catalunya Ràdio y Agencia Catalana de noticias contra la posible intervención de estos medios de comunicación públicos, y a las movilizaciones de la comunidad educativa a favor del modelo de escuela catalana, y exigimos de nuevo la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez”, los dos golpistas encarcelados por su papel protagonista en los actos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía.

Y te diré quién eres

Pacheco, líder de CCOO, y Ros, líder de UGT, junto a los golpistas Sánchez y Cuixart en la constitución de la ‘mesa por la democracia’. Un nombre más apropiado: ‘mesa para el golpe de estado’.

El pasado 5 de abril, las dos sindicales nos enviaron una nueva comunicación para preparar la macro-manifestación del día15 convocada por todos los partidos y asociaciones secesionistas para reclamar la retirada del artículo 155, la libertad de los golpistas encarcelados y de los cargos contra el resto de encausados, incluido Puigdemont ‘El Prófugo’. La nota empezaba afirmando que “en los últimos años nuestra sociedad ha padecido un enorme retroceso en el respeto a las libertades políticas, sindicales y de expresión. Frente al encarcelamiento de miembros de diversas formaciones políticas, algunos de ellos miembros y exmiembros de nuestra comunidad universitaria, queremos expresar nuestro posicionamiento a la imposición de una medidas de prisión cautelar del todo injustificadas y

Pacheco y Ros conversando amigablemente con Torrent, el presidente del Parlament que pretende investir presidente a Puigdemont ‘El Prófugo’.

desproporcionadas”. La pregunta que como miembro de esa comunidad me hago es con qué derecho pueden enviarme una nota plagada de afirmaciones falsas sobre la supuesta falta de libertad de expresión que su propia comunicación contradice. Nuestra democracia se está deteriorando, cierto, pero no por meter en prisión y someter a juicio a golpistas confesos, sino por exceso de permisividad de un Estado que les ha permitido saltarse las leyes y mofarse de las decisiones de los tribunales durante años.

 

Los CDR en acción el 1-O para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los que se encomendó mantener el orden constitucional.

Los sindicalistas de CCOO y UGT en Cataluña, no contentos con alinearse con quienes han cuestionado  nuestro Estado social y democrático de Derecho, pretenden justificar su actitud aduciendo que “en una sociedad libre, el derecho y los poderes públicos han de ser una herramienta que nos permita alcanzar una sociedad más abierta, plural y justa y no para encarcelar a políticos, artistas y sindicalistas que lo que hacen es expresar sus opiniones, defender los derechos de todos y hacer una sociedad más rica”. No puedo estar más de acuerdo con su deseo de alcanzar una sociedad más abierta y justa, pero da la casualidad de que a veces para que mis derechos

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

constitucionales sean respetados hay que encarcelar a quienes, haciendo caso omiso del Estado de Derecho, aprueban normas inconstitucionales, eufemísticamente denominadas ‘leyes de desconexión’,  promueven consultar ilegales que cercenan los derechos de la mayoría de los ciudadanos, y acaban proclamando una república independiente.

A los demócratas y partidarios sinceros de una sociedad abierta, debería resultarles indiferente si quienes organizan un golpe de Estado son militares amotinados, políticos profesionales, artistas reputados, o sindicalistas desclasados. Todos merecen ser juzgados por atentar contra la libertad del resto de ciudadanos, respetando, naturalmente, la presunción de inocencia. Recuerdo con cierta nostalgia aquellos 1 de mayo a finales de los años 60, Franco todavía en El Pardo, cuando estudiantes y sindicalistas convocaban conatos de manifestación en Atocha para exteriorizar el rechazo a la dictadura.

Pacheco y Ros llamando a la movilización el pasado 15 de abril para respaldar a los golpistas.

Ahora siento desconsuelo al constatar que lo que nos piden es que les acompañemos en “la gran manifestación que hemos convocado para el domingo 15 de abril, dentro del ‘espacio democracia y convivencia’, junto con un gran número de entidades, entre ellas Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana”. Como demócrata de toda la vida, sólo puedo sentir vergüenza ante su claudicación al secesionismo, y sólo por ello, ningún demócrata debería acompañarlos este 1 de mayo.

Pacheco y Ros encabezando la manifestación a favor de los golpistas el 15 de abril de 2018. Los quiero donde los pongan los jueces. De momento, en Soto del Real y Estremera.

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Presupuestos para apuntalar la legislatura

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de abril de 2018

http://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/especial-informativo-debate-presupuestos-generales-del-estado-1/4581715/

Montoro recibe un caluroso aplauso de los suyos tras lograr que el Congreso rechazara las seis enmiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

En torno a las 11:20, el Congreso rechazaba por un estrecho margen (174-176) en primera votación las seis enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos de la oposición. Sin duda, se trata del momento clave en la tramitación de la principal ley económica y el Gobierno lograba una victoria legislativa que permitirá al PP afrontar con más tranquilidad el resto de la legislatura en un momento políticamente muy complicado. A los 137 diputados del PP y partidos afines (UPN y Foro Asturias), se sumaron los 32 diputados de Ciudadanos, Oremas, diputada de CC, y los 5 diputados del PNV, cuyo portavoz tuvo que hacer malabarismos en el hemiciclo, habida cuenta del compromiso de su formación en rechazarlos mientras esté en vigor el artículo 155.

Quevedo, diputado de la formación Nueva Canarias afin al PSOE.

La anécdota de la mañana la protagonizó  Quevedo, diputado de Nueva Canarias, una formación que suele alinearse con los socialistas, a quien al parecer le traicionó el subconsciente y votó en contra de las enmiendas. El PSOE votó junto a Podemos y sus divergencias, Compromís, los representantes de los partidos secesionistas catalanes (JxC y ERC) reconocibles por sus lazos amarillos, y Bildu, el grupo vasco que representa el espíritu de Alsasua. La formación de Sánchez  ha quedado fuera de juego y tendrá que avenirse a negociar en Comisión enmiendas parciales en franca desventaja con otros grupos. Probablemente, los dirigentes de las CCAA gobernadas por socialistas habrán respirado aliviados al ver rechazada la enmienda presentada por su propio partido

Suavizar tensiones

Presentados con seis meses de retraso, los PGE de 2018 serán aprobados a mediados de año cuando el Gobierno haya empezado a preparar los presupuestos de 2019. Resulta bastante evidente que el principal objetivo político del Gobierno es aprovechar el margen que ofrece un crecimiento del PIB algo más robusto de lo anticipado hace unos meses para suavizar las tensiones sociales y territoriales que han aflorado en los últimos tiempos. Además de cumplir los acuerdos alcanzados con los sindicatos en la mesa de la función pública y equiparar los sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus homólogos autonómicos, el Gobierno espera calmar también la revuelta de los airados pensionistas e inyectar más fondos a las CCAA.

Banco de España

El Ministerio de Economía y el Banco de España han elevado las previsiones de crecimiento del PIB real y el PIB nominal hasta 2,7 y 4,3 por ciento, respectivamente, y el servicio de estudios del BBVA considera plausible que el PIB real crezca el 2,9% en 2018. Son buenas noticias para un Gobierno en minoría que tampoco gobierna en bastantes CCAA y capitales de provincia. El Gobierno cuenta con que la previsible expansión de la producción y el empleo, sumada a la contención de los intereses de la deuda y las prestaciones a los desempleados, proporcionará el margen suficiente para asumir algunas alegrías presupuestarias sin incumplir el compromiso acordado con Bruselas de reducir el déficit de las AA. PP. desde el 3,1% del PIB en 2017 al 2,2% en 2018.

El PSOE queda fuera de juego al rechazarse su enmienda a la totalidad y presenta más de 2000 enminedas parciales a los PGE de 2018. Más le hubiera valido negociar de entrada como hizo Ciudadanos.

Para comprender la hipérbole empleada por el Gobierno de que estamos ante los presupuestos “más sociales de la historia”, resulta preciso sumar a los 188.620 millones que la SS destina a pensiones, prestaciones a los desempleados y fomento del empleo las cuantías destinadas por el Estado al acceso a la vivienda y fomento de la edificación (473 millones) y a sanidad, educación y cultura (7.690 millones), hasta obtener los 196.782 millones que representan el 55,6% del total del gasto consolidado del Estado y la SS (354.225 millones). Habida cuenta que el 14% del gasto del Estado incluye 49.519 millones en transferencias a otras Administraciones Públicas y que éstas destinan el 70% de su presupuesto a financiar políticas sociales, la aportación directa e indirecta del Estado y la SS a las políticas sociales rondaría los 230.600 millones, equivalente al 65,1% del total presupuestado.

Un Estado descompensado

Montoro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 27 de abril.

En un Estado tan descentralizado como el nuestro, la cifra del gasto no financiero del Estado en los PGE, 154.436 millones con un crecimiento del 1,6% en 2018, proporciona una idea bastante inexacta del peso del Estado en la economía. Por una parte, cuando se deducen las transferencias a las Administraciones Territoriales (34.602 + 1.621 millones), los intereses de la deuda (31.547 millones), las aportaciones a organismos no ministeriales (31.557 millones) y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social (SS) (13.557 millones), obtenemos que el gasto disponible de los Ministerios ronda 37.700 millones, una cifra similar al gasto del sector público (38.100 millones) de la Generalitat de Cataluña en 2017 que atiende a 7,4 millones de españoles.

Montoro tratando de convencer a los diputados de que aumenta el gasto total y el gasto social.

El modesto papel del gasto del Estado y sus organismos autónomos en los PGE se agranda cuando se enmarca dentro del gasto del conjunto de las AAPP. En 2017, el primero alcanzó 477.372 millones (41,0% del PIB) frente a los 327.957 del segundo. En 2018, la primera cifra la podemos estimar en 491.268 millones sobre un PIB estimado de 1.213.000 millones y un gasto presupuestado del 40,5% del PIB. Quiere esto decir que el grueso del gasto consolidado no financiero de las AAPP lo ejecutarán la SS (188.620 millones) y las Administraciones Territoriales (199.000 millones). Además, una parte sustancial del gasto del Estado (104.656 millones), neto de transferencias a otras Administraciones  se dedicará a pagar los intereses de la deuda (31.547 millones).

Suavizar tensiones

Montoro acuerdo de empleo público con los sindicatos el 29 de marzo de 2017.

Los presupuestos de 2018 contemplan un aumento salarial del 1,75% que beneficiará a 3,1 millones de los empleados públicos. Se trata del primer paso para cumplir el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos que prevé un aumento salarial acumulado hasta 2020 en la horquilla  6,9-8,8 por ciento, dependiendo del crecimiento del PIB en 2019 y 2020. A este aumento general, hay que sumar el impacto sobre la masa salarial de elevar las tasas de reposición al 100% (115% por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policías autonómicas y municipales) y de igualar los sueldos de guardias civiles y policías nacionales con sus homólogos autonómicos (600 millones). Los PGE del Estado contemplan también un aumento del 3,6% de los fondos destinados a las Administraciones Territoriales (4% para las CCAA y 1,2% para las CCLL), lo que supondrá una inyección de 4.244 millones. En el caso del País Vasco, las obras para conectar las tres capitales vascas con alta velocidad suponen una inversión de 509,05 millones en 2018.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, charlando con Montoro antes de rechazar las enamiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

Las recientes protestas protagonizadas por los pensionistas tampoco han caído en saco roto. Hasta hace unos días, el Gobierno planeaba elevar el 3% las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, el  2% las pensiones de viudedad, el 1,5 y 1 por ciento las pensiones inferiores a 10.000 € y 12.040€, respectivamente, y el 0,25% el resto de pensiones. La propuesta beneficiaba directamente a 5,7 millones de pensionistas y 1.000.000 resultarían favorecidos por la reducción de tipos del IRPF para rentas comprendidas entre 12.000 y 18.000€. El acuerdo alcanzado con el PNV a última hora ha obligado al

Pensionistas indignados el 22 de febrero 2018.

Gobierno a revalorizar todas las pensiones, este año y el próximo, con el IPC. El previsible aumento del gasto en pensiones y el retraso en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023 permitirán desactivar las protestas de los pensionistas pero no ayudarán a cerrar el agujero de la SS: 18.500 millones en 2016 y 16.597 en 2017. Al contrario, el préstamo del Estado a la SS de 15.000 millones incluido en los PGE resultará insuficiente para cubrir el previsible mayor déficit.  Si algo ha quedado claro hoy en el Congreso es que la estabilidad política también tiene precio.

Habida cuenta de que la pensión mínima en El País Vasco es la más alta en el cuadro, el PNV favorece claramente a los ciudadanos al lograr que las pensiones aumenten con el IPC para todos los pensionistas. Fuente: Expansión.

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