Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

La incierta lotería del 21-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de diciembre de 2017

Los candidatos a presidir el gobierno de la Generalitat: Puigdemont, Junqueras, Arrimadas, Iceta, Domenech, Riera y García-Albiol.

Los catalanes estamos llamados a las urnas el jueves 21 de diciembre (21-D), pocas horas antes de que los niños del colegio de San Ildefonso canten el Gordo de Navidad, y los afortunados por la suerte lo celebren alborozados, abriendo botellas de cava y repartiendo abrazos en la puerta de alguna administración de lotería en cualquier rincón de España. El resultado de estas elecciones, como la lotería, se presenta muy incierto pero a diferencia de lo ocurre en el sorteo navideño, la incertidumbre podría subsistir tras conocerse los resultados. Los catalanes están llamados a decidir si quieren seguir enfangados en agrias disputas fratricidas, o prefieren pasar página a dos años de desgobierno y malas noticias económicas para encarar el futuro con esperanza. La fractura social y el enconamiento son tan grandes que nadie puede asegurar que las elecciones nos acercarán a la salida del laberinto.

Elecciones excepcionales

Son las cuartas elecciones autonómicas en 7 años. Los catalanes votamos en 2010, 2012 y 2015, y vamos a hacerlo de nuevo en 2017, cuando en circunstancias normales las elecciones se habrían producido en 2010, 2014 y 2018. Algo va francamente mal cuando la duración media de las legislaturas a duras penas supera los 2 años, en lugar de los 4 previstos. La brevedad de la legislatura precedente no es la única razón por la que debamos considerar las elecciones del 21-D singulares y hasta excepcionales. Lo son también porque no las convocó Puigdemont, el anterior presidente de la Generalitat, que fue cesado junto con el resto de su gobierno después de que el Parlament de Cataluña votara el 27 de octubre una resolución, según la cual, Cataluña se constituía en un estado independiente en forma de república.

Puigdemont huido de la justicia en Bruselas con un Mozo de Escuadra haciendo funciones de guardaespaldas.

Desde su destitución, Puigdemont anda huido por Bélgica acompañado por cuatro de sus exconsejeros, y, aunque dice considerarse el presidente legítimo en el exilio, concurre a estas elecciones autonómicas con un nuevo partido, Junts per Catalunya, en cuyas listas figuran en las primeras posiciones Sánchez, presidente de la ANC encarcelado, algunos de los consejeros huidos y otros consejeros detenidos y ya excarcelados. Igualmente insólita es la situación de Junqueras, el que fuera vicepresidente de Puigdemont, que se encuentra en prisión y es el candidato de ERC a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Forcadell, la presidenta del Parlament disuelto, y varios ex consejeros de Puigdemont, todos ellos en libertad condicional figuran en los primeros puestos de las listas de ERC. Como casi todos saldrán elegidos, el día 22 nos encontraremos con que al menos una decena de diputados del nuevo Parlament, y dos de los aspirantes a presidir el gobierno de la Generalitat, Junqueras y Puigdemont, estarán encarcelados o huidos, y todos a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo para responder de los delitos de rebelión, sedición y malversación. El tríptico secesionista lo completan los renovados candidatos de la CUP que ya han manifestado que no apoyarán a ningún candidato que no rompa con la “lógica colonial del Estado” y se apreste a impulsar la república constituida el 27 de octubre.

Arrimadas, líder de la oposición, con Espejo, vicepresidente del Parlament.

A las elecciones concurren también tres partidos, llamémosles por brevedad, constitucionalistas: Ciudadanos, PSC y PP, los tres partidos cuyos diputados se ausentaron del Parlament el 27 de octubre. Sus líderes, Arrimadas, Iceta y García Albiol, respectivamente, se han comprometido a acabar de un modo u otro con el proceso secesionista. Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, es la única de los tres que, a tenor de lo que apuntan algunas encuestas, libra una apretada lucha con ERC para ganar las elecciones. Promete hacer una auditoría y apagar el proceso. Iceta, primer secretario del PSC, apuesta por la reconciliación y se ha comprometido a no apoyar a Puigdemont y Junqueras. El compromiso de García Albiol, muy alejado de los puestos de cabeza, es sumar para que Cataluña tenga un presidente constitucionalista.

García-Albiol, líder del PP en el Parlament de Catalunya, abandonando el pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente el 27 de julio de 2016.

Resultado muy incierto

Todas las encuestas publicadas hasta ahora indican que los seis partidos a los que me he referido, más Catalunya en Comú-Podem (CeC-Podem), lograrán representación parlamentaria. Puesto que ninguna encuesta otorga a los partidos constitucionalistas los 68 diputados que permitirían asegurar la investidura de alguno de sus líderes, y sí hay varias que dan esa mayoría a los tres partidos secesionistas, no hay seguridad alguna de que las elecciones del 21-D pondrán punto y final al proceso de secesión, y, por ende, a la inestabilidad política e inseguridad jurídica que se ha adueñado de Cataluña desde las elecciones de 2012.

La investidura de Arrimadas no está asegurada, incluso si Ciudadanos resultara el partido más votado. Iceta no apoyará su investidura salvo en el improbable caso de que los tres partidos constitucionalistas lograran la mayoría absoluta. En el caso algo más probable de que no alcancen la mayoría absoluta pero superen en escaños a los partidos secesionistas, Arrimadas podría intentarlo pero los diputados de CeC-Podem, el partido de Colau y Domenech se opondrán a investirla. Iceta, por su parte, está jugando con habilidad sus escasas bazas, presentándose como el candidato catalanista comprometido con el diálogo y la reconciliación. En realidad, Iceta es un nacionalista interesado en aumentar la autonomía, mejorar la financiación de Cataluña, e impulsar una reforma ‘federal’ de la Constitución para convertir España en un estado confederal. Dispuesto a dialogar y a llegar a pactos, sí, pero con una preocupante inclinación a hacerlo con ERC, los ‘comunitas’ y hasta la CUP, que contrasta con la dureza exhibida contra Ciudadanos y, no digamos, contra el PP. Aunque posee una habilidad constatada para forjar tripartitos, la probabilidad de lograrlo en esta ocasión es pequeña, porque  ERC tendría que aparcar el compromiso de impulsar la república y renunciar una vez más a la presidencia de la Generalitat para entregársela a Iceta.

El gran riesgo que presentan estas elecciones anticipadas es que los tres partidos secesionistas ganen de nuevo las elecciones y ERC sea la fuerza más votada. Si lograran superar el listón de 68 diputados, la investidura del candidato de ERC estaría asegurada en primera votación, siempre que ofreciera garantías a la CUP de seguir adelante con el proceso constituyente. En caso de no conseguir la mayoría absoluta, el candidato de ERC podría superar la votación de investidura gracias a la abstención de los diputados de CeC-Podem. Aunque la situación no sería exactamente igual que en 2015, puesto que la justicia va a seguir su curso inexorable y saltarse la Constitución y el Estatut ya no va a salirles gratis, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica se prolongarían, y la fractura social se ahondaría.

Compás de espera

Domenech con Colau, Iglesias y Garzón en un mitin en Nou Barris.

Para salir de dudas tendremos que esperar a la noche del 21-D, o incluso bastante más tiempo si la fragmentación del Parlament y la dificultad de alcanzar acuerdos obligara a Rajoy a convocar nuevas elecciones, tras una o dos investiduras fallidas. No sería éste, ni mucho menos, el peor de los escenarios. Durante los meses de interinidad que se abrirían, la normalidad administrativa y la neutralidad de las instituciones estarían garantizadas, y los partidos y asociaciones secesionistas seguirían sin poder meter la mano en la caja de la Generalitat, como ocurría hasta que el Gobierno aplicó el artículo 155 y dejó claro que la impunidad con que habían operado hasta entonces había llegado a su fin.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

Las recetas de Iceta

Artículo publicado en el diario Expansión el 20 de diciembre de 2017

Iceta en un acto de campaña en Tarragona el 16 de diciembre.

Iceta, primer secretario del consejo nacional del PSC se muestra estos días contenidamente eufórico. El caos en que han sumido Puigdemont y Junqueras a Cataluña durante los dos últimos años ha servido para que este político afable y dialogante pueda presentarse a las elecciones catalanas como la (única) solución para cambiar el rumbo y dejar atrás unos años que han resultado desastrosos para la mayoría de los catalanes en todos los ámbitos: político, social y económico. El 12 de diciembre tuve ocasión de interpelarle en el desayuno que organizó Empresaris de Catalunya (EC) y pude confirmar de primera mano su consumada habilidad para escaparse de las preguntas incómodas. Algunas de sus posiciones políticas quedaron, no obstante, meridianamente claras.

Borrón y cuenta nueva

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en que se depositaron los votos que llevaron a declarar constituida la república catalana el 27 de octubre.

La república de Puigdemont-Junqueras acabó pocas horas después de que se proclamara en el Parlament el 27 de octubre. El Gobierno de España invocó el artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno de la Generalitat, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Al presidente y al vicepresidente cesados se les investiga por organizar y financiar el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña, y serán probablemente juzgados junto con el resto de consejeros, Forcadell, presidenta del Parlament, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Aunque ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento alguno y varios siguen empeñados en desacreditar la democracia española, el conciliador Iceta se ha apresurado a pedir el indulto para los golpistas.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia.

La marcha de más 3.000 sociedades de Cataluña desde el 1-O, la caída del turismo y la inversión inmobiliaria, la paralización de inversiones empresariales, y la salida de capitales en busca de lugares más seguros, constituyen otro lamentable legado de dos años de desgobierno. No me sorprende que a Iceta le preocupe el informe del BBVA que sitúa a Cataluña en el furgón de cola en sus previsiones de crecimiento para 2018, cuando hace sólo tres años era una de las Comunidades con mejores perspectivas. A todo ello, hay que añadir el aumento sostenido de la deuda de la Generalitat a la que el pérfido Ministerio de Hacienda ha inyectado 72.564,2 millones desde 2012, para hacer frente a las nóminas de empleados, las facturas de proveedores y los vencimientos de deuda. Aduciendo que el peso del ajuste ha recaído sobre las Comunidades, Iceta solicita condonar la deuda contraída.

Montoro y Junqueras.

Más autonomía y mejor financiación

Iceta con sus dos banderas: la catalana y la roja.

Las propuestas de Iceta para despejar la inestabilidad política y revertir la situación económica en Cataluña son también bastante simples: conceder más autonomía a Cataluña y mejorar su financiación, respetando el principio de ordinalidad. Nada nuevo bajo el sol. La música me retrotrae al primer tripartito de Maragall, cuando el Parlament aprobó la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre de 2005, con gran alborozo de ERC y CiU; y al segundo tripartito, presidido por Montilla, cuando el PSC negoció el nuevo modelo de financiación aprobado en 2009. A la vista del desastre actual, uno sacaría la paradójica conclusión de que la solución no es precisamente más autonomía y mejor financiación.

En una entrevista reciente en Expansión, Iceta expresaba su intención de nombrar a un consejero delegado (CD) en caso de ser investido presidente. Lo primero que el CD le diría es que un organismo (Generalitat) que presenta un agujero de 12.100 millones en media durante los últimos 6 años está claramente sobredimensionado. En segundo lugar, le recordaría que el déficit puede eliminarse aumentando la financiación, como pide Iceta, o reduciendo el gasto. Y tercero, que se pueden destinar más recursos a sanidad, educación y políticas laborales y sociales, como Iceta desea, cambiando las prioridades. Hay margen: el importe destinado a estas tres secciones presupuestarias asciende a 16.500 millones en 2017 sobre un total presupuestado de 28.000 millones (deuda excluida).

Iceta con Sánchez en un mitin junto al alcalde Ballesteros de Tarragona.

Quizá el problema de infrafinanciación tenga su origen en la pretensión de la Generalitat de convertirse en estado donde, además, sus gobernantes, diputados, policías, funcionarios, etc., cobran más que sus homólogos en la Administración Central u otras Comunidades. No hay razón alguna para que el M.H. President cobre el 80% más que el Presidente de España, ni para que al terminar su mandato tenga derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 80% del sueldo y a disponer de un despacho pagado por los contribuyentes. Pienso, además, que un buen CD podría encontrar sin demasiado esfuerzo varias decenas de millones en otras secciones presupuestarias (82,3 millones al Parlament y órganos consultivos y 673,1 millones a Presidencia, Vicepresidencia y Relaciones Institucionales) que podrían dedicare a mejorar los servicios públicos.

Talante e intolerancia

Sánchez en un mitin del PSC en Cataluña.

Tras unos años de enorme crispación política y social en Cataluña, se agradece el  talante afable de Iceta. Conviene recordar, sin embargo, que la confrontación con las instituciones del Estado se gestó durante los gobiernos tripartitos presididos por el PSC, que prepararon el terreno al soberanismo de Mas y al secesionismo desbocado de Puigdemont-Junqueras. Me alegra comprobar que el programa del PSC ya no incluye el ‘derecho a decidir’ y sus líderes han renunciado a acabar con el PP (“fem fora a Rajoy”). Pero en muchos aspectos, las actitudes sectarias y las posiciones políticas apenas han variado.

Iceta mostró, en un mitín en Hospitalet, el escudo de la bandera constitucional, un hecho insólito.

Cuando pregunté por qué la bandera constitucional brilla por su ausencia en los actos del PSC, Iceta respondió que le gusta el escudo porque simboliza la España federal pero que la única bandera que le pone es la roja. Cuando inquirí acerca de la inmersión lingüística en la escuela catalana –una práctica reminiscente del franquismo que coarta los derechos de los castellano-parlantes– repitió los tópicos habituales: es un modelo de éxito que facilita la integración y promueve la cohesión social. ¡Por eso, pensé, Montilla llevó a sus hijas al Colegio Alemán! En fin, ahí está la hemeroteca para recordar la furibunda reacción del PSC contra los inocentes decretos de enseñanzas mínimas de Zapatero, nunca aplicados en Cataluña. O la infinidad de resoluciones que el PSC ha promovido o aprobado en Ayuntamientos a favor de la inmersión y en contra del cumplimiento de las sentencias que reconocen el derecho a que el castellano sea lengua vehicular.

Puigdemont y Junqueras en la presentación de la renovada Agencia Tributaria Catalana. Junto a ellos los secretarios de presidencia y vicepresidencia, hombres claves en el proceso y la organización del 1-O.

En el ámbito económico, además de la inasumible petición de condonar la deuda, Iceta propone que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los  impuestos estatales y el nuevo modelo de financiación no penalice a las Comunidades con mayor capacidad fiscal. En cuanto a la primera propuesta, hay buenas razones para preferir el modelo estadounidense –donde el IRS recauda los impuestos federales– al modelo alemán. En cuanto a la financiación, los socialdemócratas deberían aspirar a que todos los ciudadanos reciban la misma financiación, a igual esfuerzo fiscal, con independencia de dónde residan, ni más ni menos. La Hacienda del Estado no puede ser la suma de las aportaciones de las haciendas territoriales a un fondo de solidaridad.

Ni el federalismo un mero pretexto para frenar la consecución de la igualdad o favorecer subrepticiamente a unos ciudadanos a costa de otros. Para un socialdemócrata, el reconocimiento de Cataluña como nación no puede ser excusa para establecer diferencias en derechos y obligaciones o limitar la solidaridad interpersonal. Como norma, los principios aplicables al conjunto de Comunidades deberían ser también aplicados a los territorios que integran cada Comunidad. Azúa, uno de los impulsores del manifiesto que dio origen a Ciudadanos, decía en una entrevista que el PSC es “primero catalán y luego socialista”. Aunque llevan algunos años soltando lastre, el nacionalismo sigue todavía primando sobre el socialismo. Una pena, porque los socialdemócratas catalanes llevan tiempo huérfanos.

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional, Uncategorized

Por unas elecciones limpias el 21-D

El final de la Transición, elecciones generales 1982.

Desde hace 40 años se vienen celebrando en España elecciones europeas, españolas, autonómicas y locales sin apenas incidencias reseñables. Las  interferencias detectadas en la campaña del Brexit en el Reino Unido, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Francia y Holanda, y los casos de manipulación informativa que se produjeron con motivo de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre en Cataluña, han hecho saltar las alarmas y creado cierta psicosis sobre la fiabilidad de los comicios autonómicos que tendrán lugar en Cataluña el próximo 21 de diciembre (21-D). No está muy claro si ese temor se circunscriba a hipotéticas interferencias rusas durante la campaña electoral o se extiende incluso a la fiabilidad de los mismos resultados.

Hace unos días, Sáenz de Santamaría aseguraba en la Comisión sobre gastos reservados del Congreso que se habían adoptado las medidas pertinentes para asegurar la fiabilidad y limpieza del proceso electoral. El 18 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno compareció en el Senado a petición propia para reiterar el compromiso de la UE con la ciberseguridad en los procesos políticos y expuso las medidas que el Gobierno ha adoptado para reforzar diversos aspectos del proceso electoral, tales como la recogida de datos, el recuento de papeletas y la publicación de datos provisionales, a fin de evitar intromisiones indeseables y asegurar la fiabilidad de la información trasladada a los medios de comunicación. De todo lo dicho se deduce que el Gobierno ha adoptado las medidas apropiadas para asegurar la limpieza del proceso electoral.

Resultados de las elecciones autonómicas de 27 de septiembre en Cataluña.

Hay un aspecto, sin embargo, del proceso electoral más difícil de controlar. Me refiero a las medidas que se van a adoptar para asegurar la neutralidad de las mesas constituidas y la limpieza del recuento en localidades pequeñas donde no todos los partidos políticos tendrán interventores para seguir las incidencias de la jornada electoral y supervisar el recuento de las papeletas. En este sentido, Sáenz de Santamaría se limitó a avanzar que habrá “una patrulla por colegio”.  La pregunta que me hago es si esta medida será suficiente para garantizar la limpieza del proceso electoral el 21-D, máxime habida cuenta de la falta de neutralidad y profesionalidad de que hicieron gala los Mozos de Escuadra el pasado 1-O, por no hablar del incumplimiento flagrante de la de la orden judicial que exigía a la policía autonómica de Cataluña sellar los centros electorales para impedir la consulta, hechos ambos gravísimos por los que sus mandos están siendo investigados.

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn, consejero de Interior.

Hasta hace unos meses, la duda que acabo de plantear habría sido considerada extemporánea y fuera de lugar, si no ofensiva para nuestra democracia. Hoy, ya no podemos estar tan seguros. Los partidos secesionistas, ERC, Junts per Catalunya y CUP, cuyos líderes se llenan la boca con la palabra democracia, han dado suficientes pruebas durante la pasada legislatura de su profundo desprecio a las leyes y los procedimientos democráticos. No contentos con atribuirse la representación y voluntad del ‘pueblo’ de Cataluña, cuando en realidad no representaban siquiera a la mitad de los votantes y a un tercio del censo, se han mostrado dispuestos a cometer cualquier tipo de ilegalidades con tal de conseguir sus objetivos. Para ellos saltarse la ley y los procedimientos democráticos más elementales son sólo pequeños detalles, justificables por el fin más elevado perseguido: hacer república, como ellos dicen.

Puigdemont y su gobierno ‘legítimo’ en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Se trata de la foto oficial del gobierno antes de ser cesado al aplicarse el artículo 155 y de la que se ha borrado la cabeza del consejero Vila, cuya pierna todavía puede verse entre las de  Junqueras y Puigdemont.

Ahora los partidos secesionistas se enfrentan a una prueba decisiva en las urnas el 21-D, a unas elecciones que ellos contemplan no como lo que son, meras elecciones autonómicas, sino como un plebiscito sobre la aplicación del artículo 155. Su pretensión es demostrar al mundo que las observará que el ‘pueblo’ de Cataluña rechaza la intervención de la Generalitat, y exige la reposición del gobierno ilegítimamente cesado por el PP. Para ellos cualquier cosa que no sea obtener la mayoría absoluta constituiría un sonado fracaso y dejaría en evidencia que no representan al ‘pueblo’ de Cataluña, ni siquiera a la mitad más uno de los votantes. Para evitar tentaciones innobles como las que se produjeron en la consulta del 1-O, resultará imprescindible cotejar las actas en Ayuntamientos adscritos a la AMI donde los partidos constitucionalistas no tengan interventores destacados.

AMI: mapa de implantación de la Asociación de Municipis per l’Independencia.

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política internacional, Política nacional

Querida Constitución

Este es el texto en el que basé mi intervención en la Plaza de San Jaime el 6 de diciembre de 2017 para celebrar el aniversario del refrendo de la Constitución. La negativa de la alcaldesa Colau a permitir situar en la plaza un pequeño escenario móvil, aduciendo que nos encontramos en campaña electoral,  fue un intento innoble y de marcado caríz totalitario con el que pretendió acallarnos sin éxito.

Manifestación 6 de diciembre de 2017.

Ciudadanos, representantes de partidos políticos y asociaciones cívicas, amigos todos. Gracias en nombre de las asociaciones organizadoras Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Movimiento Cívico 12-O, España con la Selección, Españoles de a pie, etc.,  por acompañarnos en este día tan señalado.  Gracias a quienes ya sois veteranos y gracias a los que habéis venido por primera vez este año. ¡No será la última! Gracias también a Sociedad Civil Catalana por adherirse a la convocatoria y mantener la unidad de acción que iniciamos con las manifestaciones multitudinarias de octubre.

Regeneración Democrática.

Manifestación 6 de diciembre de 2016.

Desde el año 2012, Espanya i Catalans celebra el aniversario del día en que los españoles aprobamos la Constitución, un ya lejano 6 de diciembre de 1978. Y aquí estamos un año más ante las sedes del gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona para recordar a quienes invocan la legitimidad de las urnas que el 87,9 % de los españoles  respaldaron la Constitución y que en Cataluña la cifra fue del 90,5 %. Tampoco está mal recordar que hace pocas semanas, unos miles de independentistas estuvieron aquí celebrando la constitución de la república catalana. Hoy estamos nosotros, en nuestra triple condición de catalanes, españoles y europeos, para celebrar orgullosos el aniversario de la Constitución Española, denunciar sus reiterados incumplimientos y advertir los peligros que entrañan algunas propuestas de reforma.

Manifestación 6 de diciembre de 2017.

Lo primero que queremos, queridos compatriotas, trasladaros es que la Constitución es la ley de todos, el marco legal que ha posibilitado a los españoles vivir en libertad, concordia y prosperidad durante casi cuatro décadas ininterrumpidamente e incorporarnos plenamente al proceso de construcción de la Unión Europea. Los avatares que han sacudido nuestra joven democracia no pueden hacernos olvidar que la Constitución fue el resultado de la apuesta de un puñado de políticos clarividentes, Suárez, Abril-Martorell, González, Guerra, Fraga y Carrillo, por citar sólo a los más destacados, convencidos de que más allá de sus dispares trayectorias vitales y antagónicas posiciones ideológicas, los españoles teníamos que dejar atrás los estériles enfrentamientos cainitas del pasado y aplicarnos a construir democráticamente un futuro compartido.

Fraga y Carrillo, símbolos de una reconciliación imposible, hoy cuestionada por algunos.

El logro que supuso acordar la Constitución de 1978 cobra mayor valor cuando se lo compara con el desasosegante panorama político que pintaba Azaña, protagonista principal de la convulsa y trágica II República, al finalizar la Guerra Civil:

“Desde hace siglo y medio, la sociedad española busca, sin encontrarlo, el asentamiento durable de sus instituciones. Las guerras civiles, pronunciamientos, destronamientos y restauraciones, reveladores de un desequilibrio interno, enseñan que los españoles no quieren o no saben ponerse de acuerdo para levantar por asenso común un Estado dentro del cual puedan vivir todos, respetándose y respetándolo”.

Gracias a la Constitución que articula nuestra convivencia desde 1978, los españoles hemos podido encarar el futuro superando las dificultades que han ido surgiendo, y sumarnos al ilusionante proyecto europeo. El Estado social y democrático de Derecho que compartimos a unos puede gustarnos más y a otros menos, pero gracias a la Constitución todos los españoles hemos podido vivir juntos, respetándonos y respetándolo. O al menos así había sido hasta hace pocos años.

Los padres de la Constitución: Cisneros, Pérez-Llorca, Herrero, Roca, Fraga, Peces Barba, Solé-Tura.

El segundo aspecto que queremos subrayar es que la Constitución reconoce y ampara nuestros derechos individuales y colectivos y es la mejor arma con que contamos para hacer frente a las arbitrariedades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. No penséis que estamos completamente satisfechos con la Constitución. Somos conscientes de que el amparo que nos presta es en ocasiones más teórico que efectivo. Así ocurre cuando, por ejemplo, el gobierno de la Generalitat niega a nuestros hijos la posibilidad de educarlos en las dos lenguas oficiales en la Comunidad, o cuando establece requisitos lingüísticos que impiden a ciudadanos españoles concursar a plazas en la Generalitat. El Gobierno de España debería haber recurrido algunas normas autonómicas que restringen nuestros derechos constitucionales y haber exigido con más firmeza el cumplimiento de las sentencias judiciales. A pesar de lo insatisfactoria que pueda resultarnos la situación, estamos convencidos que si Cataluña fuera hoy esa república independiente que se constituyó (ahora dicen que sólo simbólicamente) el pasado 27 de octubre estaríamos mucho peor. O, ¿acaso pensáis que Puigdemont, Junqueras y Colau nos habrían dado permiso para convocar esta manifestación de haber logrado su propósito?

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional para que abandonase el plan de realizar un referéndum como paso para constituir una respública independiente.

Por otra parte, tenemos que reconocer que la Constitución nos ha permitido atajar lo que su Majestad Felipe VI calificó como un “inaceptable intento de secesión”. Gracias a la aplicación del artículo 155, el Gobierno de España ha podido legalmente destituir al gobierno de la Generalitat, disolver el Parlament de Cataluña y convocar elecciones anticipadas.

La delicada situación política de España y Cataluña puede resumirse con bastante sencillez. Hay dos voluntades políticas claramente encontradas. En un lado, están los partidos con implantación en casi todas las CC. AA., respetuosos con la Constitución aunque abiertos a reformarla siguiendo los procedimientos previstos. Y en el otro lado, hay partidos que quieren acabar con lo que despectivamente llaman el ‘régimen de 1978, dispuestos a liquidar la Constitución Española e iniciar un proceso constituyente.

Felipe VI reclamando el restablecimiento del orden constitucional el 4 de octubre de 2017.

Entre el último grupo, se encuentran los partidos secesionistas catalanes que pretenden constituir un estado independiente en la única Comunidad donde están implantados, una tarea a la que, cómo vamos descubriendo, han dedicado ingentes recursos públicos. Algunos de sus líderes han sido juzgados, otros están encarcelados o acaban de ser excarcelados, y unos pocos deambulan por los bosques y platós de Bélgica. Aunque algunos han acatado la aplicación del artículo 155 para facilitar su excarcelación, sus declaraciones indican que no tienen ningún propósito de la enmienda. De ahí la importancia de desenmascarar sus mentiras y desalojarlos de la Generalitat.

En tercer lugar, nuestras asociaciones aceptan de buen grado que la Constitución puede ser reformada pero piden a los ciudadanos mantenerse atentos para evitar que nos den gato por liebre. La Constitución, queridos compatriotas, es, a pesar de sus imperfecciones, la joya de la Corona que debemos esforzarnos en preservar porque encarna la España de ciudadanos, libres e iguales, exenta de barreras y obstáculos artificiales, frente al modelo de territorios yuxtapuestos con plena autonomía fiscal y jurídica al que algunos pretenden arrastrarnos. Algunos se muestran escandalizados porque han pasado 39 años y nos hemos adentrado en el siglo XXI con una Constitución del último cuarto del siglo XX. ¡Qué pensarían si fueran estadounidenses! De las reformas que se han avanzado, las hay que afectan a detalles relativamente nimios pero hay otras que podrían agrandar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación y aumentar, en lugar de reducir, las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales.

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut.

Pregúntense qué habría ocurrido en Cataluña si la Propuesta de Reforma de Estatut que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 se hubiera convertido en ley sin pasar por los filtros del Congreso y del Tribunal Constitucional, y pregúntense qué tal habrían funcionado las instituciones del Estado y de la UE de haber tenido que contar con Puigdemont para tomar decisiones. Da miedo, ¿verdad? Pues eso es lo que han sugerido algunos eminentes juristas para resolver el encaje de Cataluña en España.

Quisiera, antes de finalizar, transmitirles tres mensajes. Primero, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico garantizan la libertad e igualdad de los españoles y constituyen el único baluarte con que contamos los catalanes para hacer frente a la opresión jurídico-administrativa que padecemos, y para cortar los intentos de secesión.

Tras votar la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío. Una diputada de Colau retirando las banderas de España.

Segundo, la única forma de asegurar que los partidos secesionistas no culminarán sus planes pasa por arrebatarles la mayoría en el Parlament de Cataluña para restablecer la neutralidad de las instituciones e  impedir que los presupuestos de la Generalitat se destinen a impulsar y financiar el proceso secesionista.

Y, tercero, tenemos que convencer a la mayoría de los catalanes que seguir formando parte de la España constitucional y de la UE es la vía más segura para garantizar la libertad, la pluralidad social y la prosperidad económica. Después de la salida en tromba de entidades financieras y empresas, muchos catalanes deben estar dándose cuenta de que no hay duros a cuatro pesetas. Estamos convencidos de que si actuamos coordinadamente, con inteligencia y tenacidad, podremos conseguirlo. Pongámonos ya manos a la obra.

27-O: jóvenes celebrando la constitución de la república catalana el 27 de octubre en la Plaza de San Jaime.

Querida Constitución: feliz aniversario y larga vida. Cuenta conque nosotros estaremos aquí el año próximo para celebrar tu cuadragésimo aniversario.

¡Visca Catalunya! ¡Viva España!

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

La sociedad civil catalana ante el 6-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 5 de noviembre de 2017

Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república junto a un centenar de alcaldes congregados para la ocasión en el Parlament.

Hasta hace pocos meses, la mayoría de ciudadanos catalanes que se sentían demócratas e inequívocamente constitucionalistas guardaban un prudente silencio, entre anestesiados y atemorizados por la todopoderosa y desafiante Generalitat (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos) que controla, además del ingente presupuesto del sector público, cercano a los 40.000 millones, casi todos los órganos rectores de instituciones públicas y semipúblicas y los omnipresentes medios de comunicación, siempre prestos a difundir las consignas del régimen nacional-secesionista, y a descalificar y estigmatizar a quienes osan oponerse a su plan de constituir un estado independiente en forma de república. La situación ha cambiado notablemente este otoño pero las amenazas a la libertad e igualdad de los españoles seguirán muy presentes tras las elecciones autonómicas del 21-D.

El despertar de la sociedad civil catalana

30-S: vista de la plaza de San Jaime.

El pasado 30 de septiembre, las asociaciones cívicas Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, Movimiento 12-O y Profesores por el Bilingüismo desafiaron una vez más al poder establecido y convocaron una manifestación en Barcelona que alcanzó un notable éxito de asistencia. Fue el pistoletazo de salida de las tres manifestaciones multitudinarias que se celebraron los días 8, 12 y 29 de octubre, en las que centenares de miles de catalanes tomaron las calles de Barcelona para reclamar libertad, democracia y respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Las secuelas de esas movilizaciones se han dejado sentir también en infinidad de manifestaciones y concentraciones en otras ciudades de Cataluña, las últimas en Badalona y Gerona el 25 y 26 de noviembre, respectivamente.

12-O 2016: manifestación en Barcelona.

Estas movilizaciones recientes hacen más meritoria si cabe la tenaz labor de resistencia que estas modestas asociaciones han venido desarrollando desde 2012 para mantener vivas en Barcelona las celebraciones de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre (12-O) y el aniversario del refrendo de la Constitución Española el 6 de diciembre (6-D). Así cayera un sol de justicia o chuzos de punta, sin apenas recursos y conscientes de que su esfuerzo tenía un valor meramente testimonial, algunos catalanes se empeñaron en mantener encendida la llama de la libertad y la justicia, la igualdad y la pluralidad en Cataluña, haciendo oídos sordos a las siempre inmisericordes descalificaciones de los medios de comunicación, y sobreponiéndose a la incomprensión de otras asociaciones y partidos.

12-O 2017: Plaza de Cataluña.

30-S: manifestación en Vía Layetana.

En 2014, publiqué un artículo titulado “Ausencias significativas” (Crónica Global, 9 de diciembre) en el que lamentaba que “casi todos los partidos políticos y algunas asociaciones decidieron que sus líderes tenían cosas mejores de las que ocuparse ese día, y en lugar de movilizar a sus bases celebraron la efeméride por separado, bien ese día bien unos días antes”. La situación ha mejorado mucho desde entonces y las manifestaciones del 8, 12 y 29 de octubre en Barcelona contaron con el respaldo de todas las asociaciones constitucionalistas. Pese a que un medio de comunicación anunció hace unos días que Sociedad Civil Catalana (SCC) renunciaba “a manifestarse el día 6… para no enfrentar a los partidos constitucionalistas”, deseamos y esperamos que los actos que la asociación planea hacer en Bruselas, Washington y Tarragona no sean obstáculo para adherirse a la manifestación convocada por Espanya i Catalans y otras asociaciones en Barcelona el 6 de diciembre. En ningún caso, la celebración del refrendo popular de la Constitución debería ser motivo de enfrentamiento entre partidos constitucionalistas.

Peligros tras el 21-D

La aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque, gracias a ella, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidas. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que cuentan para detener las arbitrariedades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para los catalanes, la Constitución cobra incluso más importancia por la inclinación de la Generalitat a saltarse el ordenamiento jurídico. Paradójicamente, esa misma Constitución y el resto de normas democráticas que pretendían derogar las llamadas ‘leyes’ de desconexión son las que ahora amparan el derecho de Puigdemont,  Junqueras y el resto de sediciosos a tener un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman los secesionistas, en España no hay presos políticos porque nadie va a la cárcel por expresar ideas a menos que cometa actos tipificados como delitos.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell con Buch, presidente de la ACN, y Lloveras, presidenta de la AMI.

Hay una segunda razón de peso para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6-D. Como las setas en un otoño lluvioso y benigno, cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con la excusa de ponerla al día. Algunos se muestran escandalizados porque han pasado 39 años y nos hemos adentrado en el siglo XXI con una Constitución del XX. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación y aumentar, en lugar de reducir, las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales.

Los padres de la Constitución de 1978.

Hay reformistas que abogan por aplicar el principio de proporcionalidad de manera estricta, otros partidarios de convertir el Senado en una ‘auténtica’ cámara territorial y hasta algunos que pretenden eliminar la Cámara Alta. Hay quienes desean acabar con aforamientos y Diputaciones, otros introducir derechos sociales y algunos reformar el Título VIII para precisar las competencias de cada instancia ejecutiva y legislativa; etc. A casi nadie parece habérsele ocurrido pensar que los principales problemas a los que nos enfrentamos los españoles en el siglo XXI, incluido el auge del secesionismo en Cataluña, podrían no ser culpa de la Constitución ni tampoco resolverse con su reforma. Siendo realistas, las únicas reformas imprescindibles son aquéllas que podría compartir una mayoría cualificada de nuestros representantes políticos y acordarse, por ende, con suma facilidad.

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut el 30 de septiembre de 2005.

No se me malinterprete: animo a los expertos constitucionalistas y administrativistas a seguir avanzando propuestas de reforma y a los ciudadanos a estar muy atentos para impedir que les den gato por liebre. Por ello, propongo someter cada propuesta a un sencillo test: ¿servirá para reforzar la libertad e igualdad los españoles o para blindar y reforzar los privilegios de unos ciudadanos a costa de otros? Pónganse sobre aviso en cuanto escuchen al reformista de turno defender la superioridad del “modelo federal” para sustanciar la noción de ‘nación de naciones’; o apelar a los ‘derechos históricos’ y ‘singularidades nacionales’ de tal o cual ‘pueblo’ para justificar el establecimiento de un “régimen jurídico singular’ sobre la base de una ‘relación bilateral con el Estado’.

Presentación de algunas ideas para reformar la Constitución de 1978.

Me explico. La reciente propuesta avanzada por un equipo de diez catedráticos –cinco de ellos adscritos a Universidades catalanas– sugiere que para evitar conflictos competenciales “los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico” y aboga por “reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y la Unión Europea”. ¿Qué habría sido de los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña si la Propuesta de Reforma de Estatut aprobada por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 se hubiera convertido en ley sin pasar por los filtros del Congreso y del Tribunal Constitucional? Y, ¿podrían funcionar con normalidad las instituciones del Estado y de la UE con participación de gobiernos cómo los que ha tenido Cataluña en los últimos 5 años? Al parecer, los líderes de Podemos y los secesionistas catalanes no son los únicos empeñados en acabar con España y con la UE: cuentan con la inestimable ayuda de algunos eminentes juristas.

Iglesias (Podemos) abraza a Tardà (ERC) tras la intervención del diputado de en el Congreso el 14 de junio de 2017.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

El 6-D en Plaza Urquinaona celebramos el XXXIX aniversario de la Constitución Española

Congreso de los Diputados

Ayer, como viene ocurriendo desde hace varias legislaturas, el Congreso abrió a los ciudadanos su puerta principal, flanqueada por los dos hermosos leones de bronce que simbolizan la defensa de la sede de la soberanía nacional. Y sentí un gran orgullo al ver entrar con total normalidad democrática a los ciudadanos que habían hecho pacientemente cola durante varias horas, dejando atrás un año especialmente agitado desde el punto de vista político, el año en el que por primera vez el Gobierno de España ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución para destituir al gobierno de una Comunidad Autónoma declarado en rebeldía. Resultaba un espectáculo edificante ver a gentes llegadas de todas partes de España deambular, con una sonrisa en los labios, por los pasillos habitualmente reservados a nuestros representantes políticos, contemplar satisfechos el hemiciclo donde se desarrollan las sesiones de control y los plenos, y ocupar orgullosos los asientos de diputados y miembros del Gobierno mientras se hacían las fotos de rigor para inmortalizar el momento.

Aitor Esteban (PNV), Llach, presidente de la comisión de estudio del proceso constituyente en el Parlament, Junqueras y Puigdemont, vicepresidente y presidente del gobierno de la Generalitat, protestando frente al Congreso por el enjuiciamiento del exconsejero Homs, a cuenta de la organización de la consulta del 9-N en 2014.

Fernando Abril y Alfonso Guerra en el Congreso de los Diputados durante la Transición.

El próximo 6 de diciembre se cumplirán 39 años del refrendo popular de la Constitución Española de 1978. Al volver la vista atrás, uno no puede sino sentir una enorme gratitud hacia los protagonistas de la agitada transición y sonreír al contemplar fotografías ya históricas de Fernando Abril-Martorell (UCD) con Alfonso Guerra (PSOE), de Manuel Fraga (AP) con Santiago Carrillo (PCE), y de los siete padres de la Constitución, algunos de ellos ya fallecidos. Que dos personas como Fraga, ministro de Franco que como tal asumió sin levantar la voz el régimen franquista, y Carrillo, que como comunista militante había asumido sin rechistar el totalitarismo soviético, aceptaran dirimir sus profundas diferencias ideológicas en el marco de la Constitución constituye un hito histórico.

Fraga y Carrillo, símbolos de una reconciliación imposible, hoy cuestionada por algunos.

Los siete ‘padres’ de la Constitución: Cisneros, Pérez-Llorca, Herrero, Roca, Fraga, Peces Barba y Solé Tura.

Para quienes vivimos la dictadura de Franco con incomodidad y hasta rechazo, pocos, muchos menos de los que ahora la denuncian con 42 años de retraso y la comparan grotescamente con la España constitucional,  para nosotros, estos 39 años de democracia han constituido un auténtico bálsamo, una suerte de compensación por toda la merma de libertades y arbitrariedades padecidas durante los 36 años que transcurrieron desde el final de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939 hasta la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. Permítanme que insista: la aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque gracias a ella los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad, por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidamente. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que contamos para frenar las desviaciones y arbitrariedades en que pueden incurrir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Paradójicamente, esa Constitución y el resto de normas democráticas que algunos pretendieron ilegalmente derogar en Cataluña durante los dos últimos años son precisamente las que amparan ahora su derecho a un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman algunos partidos políticos y asociaciones secesionistas, en España no hay presos políticos porque la Constitución garantiza que nadie va a la cárcel por expresar sus ideas, a menos que en nombre de esas ideas cometa actos tipificados como delitos.

Junqueras, vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, afirmó en RAC1 el 13 de marzo de 2017 que “no responderemos ante un juez español sino ante un tribunal internacional”.

Hay otra poderosa razón para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6 de diciembre. Cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con las más variadas excusas. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos y aun contradictorios que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que con la excusa de actualizar el Estado de las Autonomías podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación de personas, bienes, servicios y capitales, y aumentar las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales. A los constitucionalistas, nos conviene estar atentos para impedir que nos den gato por liebre.

Catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo presentando una propuesta de reforma de la Constitución.

Desde 2012, algunas asociaciones cívicas como Espanya i Catalans, Convivencia Cívica Catalana y Regeneración Democrática vienen celebrando el 6-D en Barcelona. Este año, volveremos a concentrarnos de nuevo en Plaza Urquinaona a las 11:00 para marchar en manifestación a las 12:00 hacia la Plaza de San Jaime, antigua plaza de la Constitución. Os esperamos.

¡Larga vida a la Constitución!

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional