Menos fla, fla, fla

Artículo publicado en el diario Expansión el 24 de abril de 2018

La afirmación del ministro Montoro de que no le consta que se haya producido malversación de caudales públicos y se haya destinado dinero público a financiar el proceso insurreccional que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017, aunque llamativa, no debería sorprendernos. Resulta llamativa porque cualquier persona que haya organizado una modesta conferencia, no digamos ya un acto público o una manifestación, sabe perfectamente que nada es gratis. Cuando, como es el caso, estamos hablando de centenares de conferencias y actos y decenas de manifestaciones multitudinarias durante varios años, la pregunta que surge inmediatamente es de dónde sale tanta pasta. La única respuesta creíble es de los presupuestos de la Generalitat. Pero hay dos buenas razones para que Montoro, que no tiene un pelo de tonto, no se haya enterado todavía pese a llevar tantos años manejando los hilos de Hacienda.

Hubo malversación

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras, en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana.

La primera resulta tan evidente que produce sonrojo sólo mencionarla. Al igual que los defraudadores no comunican a los inspectores sus actividades sumergidas por mucho que la AT insista en  que “Hacienda somos todos”, no hace falta ser muy perspicaz para comprender que los líderes secesionistas catalanes tampoco le iban a pedir a Montoro que aprobara partidas presupuestarias destinadas a comprar urnas, imprimir papeletas, publicitar la consulta, etc. Quizá si Montoro y De Guindos se hubieran dignado a venir a Barcelona tras cesar al gobierno de la Generalitat y hubieran levantado las alfombras de la Consejería de Hacienda, hoy conoceríamos con más exactitud la cuantía de la presunta malversación de caudales públicos que el juez Llarena imputa a los golpistas (1,9 millones) tras analizar algunos documentos incautados por la Guardia Civil en sus registros.

El expresidente catalán Artur Mas junto a las exconsejeras Ortega y Rigau sentados en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los condenó a inhabilitación por desobediencia grave al Tribunal Constitucional.

La segunda es incluso más grave porque sugiere que ni Montoro ni el Gobierno de Rajoy quieren que los golpistas sean juzgados por malversar caudales públicos, como si la comisión de ese delito los dejara a ellos en evidencia. El precedente son los casos del expresidente Mas, el exconsejero Homs y las exconsejeras Ortega y Rigau. Aunque inicialmente fueron acusados de malversación, un delito que lleva aparejada penas de cárcel, por organizar la la ilegal consulta participativa el 9-N de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo los condenaron únicamente a penas de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional. Sin embargo, a instancias de una denuncia presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, el Tribunal de Cuentas sí observó un delito de “malversación contable” y exigió a Mas, Homs, Ortega y Rigau devolver los 5,25 millones que el gobierno de la Generalitat había destinado a la consulta.

Coste de la insurrección

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones finales de la Comisión de estudio para el inicio del proceso constituyente el 27 de julio de 2016, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).

Si nos atenemos a las cifras fijadas en las dos causas, 5,25 millones por la consulta del 9-N y 1,9 millones por el 1-O, estaríamos ante operaciones que, con independencia de su calificación jurídica, resultarían ridículas por su insignificancia económica. Cualquier persona que haya seguido de cerca el proceso insurreccional en Cataluña tiene la certeza de que los fondos públicos que se han destinado a ello son infinitamente mayores, aunque probablemente nunca llegaremos a conocer la cuantía total. A la dificultad intrínseca de cuantificar la malversación que supone el que miles de cargos electos (diputados y concejales) y empleados públicos de todo rango (desde secretarios en las Consejerías a secretarios de Ayuntamiento, desde el president del Parlament al conserje más humilde) hayan dedicado su tiempo y recursos institucionales a subvertir el orden constitucional, una tarea completamente ajena a sus funciones, hay que añadir el desinterés manifiesto de los Gobiernos de España en aflorar esas conductas y perseguirlas judicialmente.

El ministro Montoro saludando al vicepresidente Junqueras que le pidió más dinero para financiar el proceso hacia la independencia de Cataluña.

Cataluña ha recibido 78.362,3 millones del Ministerio de Hacienda entre 2012-2018 y 24.653,3 millones desde que Puigdemont fue investido presidente el 10 de enero de 2016. Incluso si concedemos que ni uno solo de los euros que han llegado a través de los mecanismos extraordinarios de financiación se ha destinado a financiar el proceso insurreccional, resulta innegable que el dinero aportado por Hacienda permitió a la Generalitat destinar a ese menester lo que en su ausencia habría tenido que dedicar a pagar a proveedores y asumir deuda. En mi artículo “Recaudación y financiación de la independencia” (Expansión, 19 de marzo de 2016) advertí que la Generalitat estaba destinando centenares de miles de euros a cumplir la resolución aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 que declaraba “solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente”.  Y en  “FLA nuestro de cada día” (Expansión, 26 de marzo de 2016) expliqué cómo el dinero que Montoro proporcionaba a la Generalitat permitía dedicar recursos a promover actividades dentro de Cataluña y fuera de España cuyo propósito casi exclusivo era promover la independencia.

Mas y Trias en la inauguración del mueseo del Born.

Durante los últimos años, cientos de millones de euros se han destinado a poner en marcha desde el gobierno y el Parlament el ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ y el ‘pacto nacional por el referéndum’, a diseñar desde la Presidencia y el Consell Asesor de Transició Nacional las leyes desconexión de Cataluña luego tramitadas y aprobadas en el Parlament, a inyectar fondos incluso de manera fraudulenta en la agencia tributaria catalana para convertirla en una “estructura de Estado fundamental”, a promover la independencia desde los medios de comunicación públicos y subvencionados, a financiar propaganda institucional y a subvencionar las actividades de las principales asociaciones independentistas, y a internacionalizar el conflicto a través de las embajadas, Diplocat, y viajes al extranjero sin otra finalidad que trasladar una imagen negativa de nuestra democracia.

Reunión del pacto nacional por el derecho a decidir en el salón de actos del Parlament. Puigdemont flanqueado por Forcadell, a su derecha, y Colau a su izquierda. Mas aparece en el extremo izquierda de la foto, desplazado del centro.

Como botón de muestra del despilfarro vivido, sirvan los 84 millones que, según el historiador británico Henry Kamen, la Generalitat destinó a instalar una exposición permanente en el Born con el propósito expreso de mostrar a los catalanes las supuestas “fechorías de Felipe V” y “excitar la imaginación con una serie de ficciones”. O los 121 millones que la Generalitat sepultó en su vano intento de convertir Spanair en una aerolínea de ‘país’. En rigor, la mera utilización del salón de actos del Parlament de Cataluña para acoger una reunión de los miembros del “pacto nacional por el referéndum”, o la retransmisión por TV3 de la firma de la declaración de independencia, constituyen actos de malversación de dinero público. Lo mismo podría decirse de las sesiones que celebraron los Ayuntamientos para apoyar las ‘consultas por la independencia’ o adherirse a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una asociación cuyo exclusivo objetivo es “compartir ideas e iniciativas (cívicas o legales)… que puedan resultar útiles para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia”.

Reunión de la comisión ejecutiva de la AMI, presidida por Lloveras, en Tàrrega el 4 mayo 2016: estamos listos para cuando se apriete el “play”, dijo entonces la presidenta de la asociación secesionista.

Un Estado democrático de Derecho no puede mirar hacia otro lado ni seguir pagando el sueldo a golpistas (Mas, Junqueras, Forcadell y Puigdemont y muchos otros están en nómina del Estado), ni financiando las actividades de quienes como Torrent, parapetados en las instituciones de autogobierno, continúan maquinando cómo subvertir el orden constitucional. Rajoy ni siquiera se ha planteado deducir de las transferencias destinadas a los Mozos los 87 millones que costó al Estado desplazar a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  a Cataluña (Operación Copérnico) para mantener el orden ante la pasividad y connivencia de la policía autonómica. Ante la gravísima crisis todavía abierta, el Gobierno no puede conformarse con urgir a los golpistas a formar gobierno lo antes posible para recuperar la ‘normalidad’ en Cataluña, y dejar intacto en sus manos el entramado administrativo-mediático-asociativo que patrocinó el golpe de estado desde la Generalitat. Un poco más de seriedad y menos fla, fla, fla.

Trapero, mayor de los Mozos, y Forn, consejero de Interior fueron dos piezas claves en el fallido golpe de estado del pasado otoño.

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC), presidente del Parlamnt, preparando una de las cuatro investiduras fallidas. Ahora pretenden cambiar la ley de presidencia para investir a Puigdemont en el ‘exilio’.

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El FMI da una espaldarazo a la economía española

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de abril de 2018.

En lo que toca a España, las previsiones del FMI sobre la evolución de nuestra economía tienen una parte más luminosa (2018) y una parte más oscura (2019 y años siguientes). La parte  bonita de la historia es que el FMI sube cuatro décimas la estimación de crecimiento del PIB en 2018 y lo  sitúa en el 2,8 % , frente al 2,4% estimado hace unos meses. No debería sorprendernos esta revisión al alza porque tanto el Gobierno como el Banco de España revisaron también al alza el crecimiento para este año en 3 décimas. El escenario macroeconómico de los PGE, sitúa el crecimiento del PIB real en el 2,7% y el del PIB nominal en el 4,3%, con un crecimiento del deflactor del PIB (DIPIB) del 1,5%.

 

Los resultados de la EPA y las estimaciones de crecimiento del PIB del cuarto trimestre de  2017 apuntan a una ligera desaceleración del crecimiento del empleo y la reducción del paro, en comparación con lo ocurrido en los cuartos trimestres de años anteriores. Las variaciones intertrimestrales de los datos desestacionalizados aunque corrigen los datos brutos apuntan en esa misma dirección. No obstante, conviene esperar a los resultados de la EPA y a las estimaciones del PIB del primer trimestre de 2018 para confirmar o no la ralentización de nuestra economía.

 

De momento, el servicio de estudios del BBVA ha elevado su previsión de crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2018 al 0,8%, una décima superior al de los dos últimos trimestres de 2017, y apunta a un crecimiento anual del PIB en el entorno del 3% para el conjunto del año. Similares conclusiones se desprenden del termómetro de la AIReF:

AIReF termómetro abril 2018

Vayamos ahora al fondo oscuro del cuadro que se esboza a partir de 2019. El FMI prevé una notable desaceleración del crecimiento que lo sitúa en el 2,2% para ese año, aunque dos décimas superior a la previsión de octubre. A partir de 2020, el Fondo proyecta un crecimiento incluso inferior al 2% y nos adentra en un terreno muy incierto en dos aspectos esenciales para la economía española: continuar creando empleo (18,9 millones de ocupados en el cuarto trimestre de 2017) y reducir la tasa de paro (16,6% en el cuarto trimestre de 2017). Ahora bien, estas previsiones a más de año y medio conviene tomarlas siempre con bastante precaución. Hace unos días comentaba a mis alumnos el abultado error que cometió el FMI cuando predijo un crecimiento del PIB de la economía española del 2,3% para 2017 que, como sabemos, acabó siendo del 3,1%. 8 décimas sobre 23 es un error notable, superior al 33%.

 

No obstante, el FMI hace bien en seguir subrayando los puntos débiles de la economía española. Incluso si se cumplieran las previsiones del FMI y las presupuestarias del Gobierno en 2018, y la producción y el empleo crecen en el entorno del 3 y 2,5 por ciento, respectivamente, la tasa de paro rondaría el 14% a finales de ese año, las cuentas públicas arrojarían todavía un déficit considerable (2,2%) y el endeudamiento de las Administraciones públicas alcanzaría el 95,4% del PIB. El BdE eleva ese déficit al 2,5% el PIB.

 

En estas circunstancias, el efecto combinado de la terminación del programa de compras de deuda del BCE, la salida de algunos fondos de los mercados de deuda soberana y la subida de tipos pueden tener efectos presupuestarios significativos en una economía tan endeudada como la española. La situación podría devenir crítica en caso de que además la economía entrara de nuevo en recesión. En otras palabras, el crecimiento de hoy no nos exime de mirar de cara a las debilidades y los riesgos que acechan nuestra economía, especialmente si se confirma la ralentización del crecimiento del PIB que pronostican tanto el FMI como el BdE.

 

Por ello, la política económica del Gobierno debería orientarse no tanto a satisfacer las demandas de los grupos de presión internos (organizaciones sindicales, empleados públicos, pensionistas, etc.) cuanto a fortalecer el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios y devolver el protagonismo a la demanda exterior neta como motor del crecimiento económico. No será fácil porque tampoco podrá contar el Gobierno con ningún grupo y las elecciones están cada día más próximas.


Documentos de interés:

https://blogs.imf.org/2018/04/17/global-economy-good-news-for-now-but-trade-tensions-a-threat/

https://blogs.imf.org/2018/04/17/global-economy-good-news-for-now-but-trade-tensions-a-threat/

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/relac/Boletin_Economic/Informes_trimes1/

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/03-04-18%20NP%20PGE%202018%20Congreso%20de%20los%20Diputados.pdf

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/03-04-18%20Presentaci%C3%B3n%20pge%202018.pdf

http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/

http://www.airef.es/documents/10181/753108/2018+04+10+NdP+Term%C3%B3metro+AIReF+1T2018.pdf/f09fa507-bd1b-4657-a4f1-b03487e66a8a

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2018/Paginas/Presentacion_PGE_2018_Congreso_20180403.aspx

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-el-mercado-laboral-en-el-1t18-confirma-el-sesgo-al-alza-en-el-crecimiento-del-pib/

http://www.expansion.com/economia/2018/04/17/5ad5ee9722601db9308b45d1.html

https://elpais.com/economia/2018/04/17/actualidad/1523923082_420998.html

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Nada que hablar con los golpistas

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de abril de 2018

Puigdemont El Prófugo dirigiéndose a sus seguidores desde Bélgica antes de las elecciones del 21-D.

La decisión del tribunal de Sleschwig-Holstein de poner en libertad condicional a Puigdemont El Prófugo, sumada a la posterior declaración de la ministra de Justicia alemana adviertiendo que podría quedar en libertad en un país libre como Alemania, en caso de no sustanciarse adecuadamente la acusación de malversación de caudales públicos que sobre él pesa, debería hacernos reflexionar acerca de cómo ha gestionado el Estado español el ataque más grave que ha sufrido nuestra joven democracia. Comparado con lo ocurrido en Cataluña durante los dos últimos años, el golpe del 23-F fue un juego de niños y buena prueba de ello es que la intentona militar de Armada, Bosch y Tejero se desmanteló en unas horas mientras que el entramado político, asociativo y mediático que protagonizó el golpe de Estado en Cataluña sigue intacto cinco meses después.

Josep Antolí (ANC) y David Hereu (CSC), durante la asamblea celebrada en al Departament de Interior del gobierno de la Generalitata para preparar el 1-O.

Hechos incontestables

Pocas dudas hay sobre la naturaleza de los hechos que se han producido en Cataluña durante los últimos meses y que el editorial publicado por El País el 6 de abril califica como “un proceso presidido por la coacción” que “violó la ley de forma sistemática para intentar imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria”. Entre los gravísimos hechos que enumera el diario figuran “derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control”.

Forcadell la guardiana de la urna procediendo al recuento del resultado de la votación que se celebró en el Parlmante el 27 de octubre de 2017 para proclamar la república catalana.

Con independencia de su “calificación judicial”, el diario subraya el carácter violento de la intentona golpista que hizo “usos indebidos y exorbitantes de la fuerza”, mencionando expresamente “obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar algunos de esos abusos”.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles entre abucheos de grupos organizados por los propios consistorios y los partidos polìticos secesionistas.

Estado débil

Aunque comparto la conclusión de que “ni el tribunal alemán ni la propaganda independentistas pueden cambiar esos hechos, que son ya parte de la historia de los españoles y su lucha por mantener la democracia”, tengo más dudas de que nuestro “Estado de derecho y sus instituciones judiciales” hayan respondido adecuadamente. El golpe de Estado que se desarrolló en Cataluña entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 fue la culminación de un proceso de insurrección pregonado, cuidadosamente planificado y financiado con dinero público desde las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se puso en marcha tras las elecciones del 27-S sin que el Estado actuara con la firmeza y contundencia necesarias para atajarlo.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, el 6 de noviembre 2015.

El Parlament, desde la elección de Forcadell como presidenta el 26 de octubre de 2015, y el gobierno de la Generalitat, desde que Puigdemont fue investido el 10 de enero de 2016, se convirtieron en dos instituciones dedicadas a tiempo completo a crear estructuras de Estado, a internacionalizar el conflicto y a consumar la anunciada desconexión. En coordinación casi perfecta, Sánchez, presidente de la ANC, Cuixart, presidente de Òmnium, y Lloveras, presidenta de la Asociación de de Municipios por la Independencia (AMI), se encargaron, con el apoyo de los medios de comunicación de la Generalitat, de sumar efectivos por todos los rincones de Cataluña. A las tres asociaciones se sumaron en los últimos meses los llamados ‘comités de defensa del referéndum’ que protagonizaron los enfrentamientos violentos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O, y ahora se han reconvertido en ‘comités de defensa de la república’ (CDR).

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre. El todavía president se fugó pocas horas despu´s a Bélgica.

Frente a la firme voluntad expresada pública y reiteradamente por Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Lloveras y demás líderes secesionistas de saltarse leyes y sentencias, las instituciones del Estado y los Tribunales se limitaron a advertirles de los riesgos en que incurrían, y sólo intervinieron cuando la situación devino crítica y el 27-O se proclamó en el Parlament, por segunda vez, la república independiente de Cataluña. Fue sólo entonces cuando el Gobierno pidió autorización al Senado para aplicar el artículo 155, cesar el gobierno de la Generalitat y convocar nuevas elecciones al Parlament. A pesar de la gravedad de los delitos en que habían incurrido, los presuntos delincuentes pudieron escapar con toda tranquilidad a Bélgica y montar el circo mediático que estamos padeciendo desde entonces. Como el resto de la puesta en escena, la huida al extranjero formaba también parte de su estrategia para internacionalizar el ‘conflicto’ una vez proclamada la república.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

A la vista de lo ocurrido desde el 27-S, se puede afirmar que el gobierno de Rajoy no ha logrado poner fin al proceso insurreccional en Cataluña. Primero, fracasó su estrategia de aproximación y apaciguamiento seguida en 2016, pues ni consiguió que los partidos secesionistas abandonaran sus planes de iniciar el proceso constituyente ni que aprobaran las leyes de desconexión (referéndum y transitoriedad jurídica) a principios de septiembre de 2017. Segundo, el Gobierno tampoco logró impedir que se celebrara la consulta el 1-O y envió a las

Trapero, Mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn, consejero de Interior. Trapero está siendo investigado como pieza fundamental en la inacción de los Mozos en el asedio a la Consejería de Economía y el 1-O.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas a Cataluña a realizar, en condiciones muy precarias, acciones que deberían haber realizado los Mozos. Tercero, los titubeos y la tardanza del Gobierno en actuar para atajar la insurrección permitió a Puigdemont y a otros golpistas escapar al extranjero y continuar desde el ‘exilio’ denigrando y desacreditando la democracia española, y alentando las esperanzas de sus seguidores.

 

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC) preparando una de las cuatro investiduras fallidas de candidatos fugados de la justicia (Puigdemont), encarcelados (Sánchez) o investigados (Turull).

Se equivocan quienes creen que Cataluña está hoy mejor que el 27-O. Los secesionistas siguen controlando el Parlament y muy probablemente volverán a controlar el gobierno de la Generalitat en pocas semanas. Centenares de Ayuntamientos catalanes adscritos a la AMI ondean banderas estrelladas en sus balcones y han colocado pancartas en las fachadas reclamando la libertad de los ‘presos políticos’. Las asociaciones secesionistas que han abonado las fianzas de los presuntos delincuentes continúan desarrollando su

Carlos Sastre, asesino convicto del industrial Josep María Moltó, y presidente del sindicato secesionista presentado como un patriota en en TV3.

labor propagandística con total impunidad, y los CDR están más activos que nunca. Los medios de comunicación públicos más los subvencionados por la Genealitat, desde TV3 hasta la radio y el diario local más humildes, siguen actuando como altavoces del secesionismo. Salvo dos centenares de asesores cesados tras aplicarse el 155, todo el aparato administrativo del gobierno de la Generalitat

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consultadel 9-N.

permanece intacto y siguen vigentes las normas que impiden a los ciudadanos españoles ejercer en igualdad de condiciones sus derechos constitucionales en Cataluña.

Ante la última exhibición de cinismo de Puigdemont a la salida de la cárcel alemana, exigiendo al Gobierno la excarcelación de los ‘presos políticos’ y el inicio de un diálogo ‘político’ con los golpistas, he recordado las palabras que escribió Javier Marías cuando el

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, con Torrent, nuevo presidente del Parlament, junto al vicepresidente de la ANC,  en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

diario Gara publicó “Ortega Lara vuelve a la cárcel”, después de que el funcionario de prisiones fuera liberado por la Guardia Civil tras haber permanecido secuestrado por ETA en una celda infame durante 532 días. “Cuando el cinismo, la vileza y el escarnio  llegan a tales extremos, se sabe que no hay nada que hablar. Pero entonces, ¿qué queda?”, se preguntaba Marías. Ante las vilezas de Puigdemont y demás líderes secesionistas, a los demócratas sólo nos queda exigir al Gobierno y a la escurridiza oposición más firmeza a la hora de

Casa consistorial del Ayuntamiento Vilobí del Penedés el 23 de febrero de 2018, luciendo la bandera estrellada.

defender nuestra democracia porque con los golpistas “no hay nada que hablar”.

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De Waterloo a Estremera vía Schleswig-Holstein

Artículo publicado en el diario Expansión el 26 de marzo de 2018.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

Cuando hace unas semanas Torrent  propuso al expresidente Puigdemont huido de la justicia como candidato para presidir el gobierno de la Generalitat, expresé en las páginas de Expansión que estaba más cerca de hacer compañía a Junqueras y a Forn en Estremera que de ser elegido nuevamente presidente de la Generalitat. Su detención esta mañana en Alemania pone de manifiesto que su estrategia de llevar al límite la confrontación con el Estado, haciendo caso omiso, primero, de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, y huyendo, más tarde, a Bélgica para evitar comparecer ante el juez del Tribunal Supremo que lo investiga, estaba condenada al fracaso. Sólo un auténtico megalómano podía pretender convertirse en el presidente de un consejo de la república en el exilio y marcar desde Waterloo la agenda de un gobierno títere instalado en la plaza de San Jaime. Era cuestión de tiempo que su pequeña corte belga empezara a flaquear y que quienes seguían dando la cara en Barcelona se hartaran de seguirle la cuerda.

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Puigdemont celebrando con Junqueras el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de fugarse.

Los hechos que se han sucedido durante los últimos meses en Cataluña han demostrado que los líderes secesionistas, Mas y Puigdemont, Junqueras y Rovira, urdieron una gran mentira con la que lograron arrastrar a casi dos millones de personas al borde del precipicio y provocar una crisis social e institucional sin precedentes en la cuarta economía de la Eurozona. A pesar de sus repetidas afirmaciones, los catalanes hemos podido constatar después de la huida de Puigdemont que la manoseada hoja de ruta no era sino una sarta de improvisaciones que nos iba adentrando en un laberinto cada vez más intrincado, cuyo único mérito consistía en alejarnos más y más de la salida; que las famosas estructuras de estado (hacienda, seguridad social y banco central) que habían de ponerse en marcha el día de la desconexión de España eran una ficción ‘vidalesca’; que los empresarios que supuestamente avalaban con su silencio el proyecto independentista tardaron minutos en hacer las maletas después de la consulta del 1-O y poner tierra de por medio; y, en fin, que en lugar de la lluvia de apoyos internacionales que apuntalarían a la recién constituida república lo único que llegó de fuera fueron descalificaciones a los golpistas, y un apoyo sin fisuras de todos los Estados democráticos y organismos internacionales al Gobierno legítimo de España.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

La detención de Puigdemont en Alemania cierra un triste capítulo de la historia de nuestra democracia que ojalá no se hubiera producido nunca. Pero más que lamentarnos por lo que ya no tiene remedio, lo importante ahora es extraer algunas consecuencias con vistas al futuro. La primera conclusión que me gustaría resaltar es que durante el tiempo que Puigdemont presidió el gobierno de Cataluña, los tres poderes del Estado, Gobierno, Congreso y Senado, y Poder Judicial, se comportaron con una extraordinaria prudencia. La parsimonia con que afrontaron la crisis política, evitando caer en las continuas provocaciones del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña, refuerza nuestra confianza en el Estado de Derecho. No obstante, quiero apuntar que un Estado democrático más cuajado que el nuestro habría tenido menos complejos y se habría mostrado quizá más expeditivo a la hora de hora de plantar cara a los gobernantes de una Comunidad Autónoma que alardeaban de saltarse el ordenamiento jurídico y desatender los requerimientos y las sentencias de los tribunales. Convendría

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

analizar con sumo cuidado todo el proceso secesionista y el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo alimentó desde la primera consulta por la independencia el 14 de septiembre de 2009 hasta la proclamación de la independencia el 27 de octubre de 2017, pasando por las consultas del 9-N y el 1-O. ¿Estuvo la maquinaria del Estado a la altura del desafío?

Mas votando en la consulta el 1-O de 2017.

La segunda conclusión importante es que el Estado de Derecho ha salido triunfante del envite. Los principales líderes secesionistas van a ser juzgados y tendrán que responder no por ser republicanos de corazón sino por los posibles delitos (rebelión, sedición, desobediencia, malversación de caudales, etc.) que hayan podido cometer en el ejercicio de sus cargos. El ser elegido democráticamente no otorga a

Puigdemont firmando el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación el 6 de septiembre de 2017.

ningún gobernante el derecho a saltarse el ordenamiento jurídico, invocando una supuesta voluntad popular. La impunidad ha terminado. A Puigdemont, los catalanes lo elegimos para ocupar un escaño de diputado y los diputados lo eligieron en el Parlamente para presidir el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no para hacer un referéndum de autodeterminación ni para constituir la república en Cataluña. Esperemos que pronto sea extraditado y tenga la oportunidad de comparecer ante el juez Llarena para convencerle de que ni antes ni después del 1-O cometió delito alguno como presidente del gobierno de la Generalitat y merece la absolución. Me temo que no le resultará fácil lograrlo.

Estremera CP Madrid VII.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

 

 

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Nuevo desafío del secesionismo al Estado

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de marzo de 2018.

Torrent “El Cancelador”: le viene grande hasta la bandera.

Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Torrent en el acto del ‘9denou’ en Vic.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como  ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

La cosa viene de lejos: Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando el 11 de septiembre de 2016. Testigo: Munté, consejera de Puigdemont.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio

Carod-Rovira (ERC), exvicepresidente del gobierno de Maragall “¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?”.

subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Los candidatos de Junts pel Sí, la noche del 27-S. Entonces se las prometían muy felices,… ahora, parecen no reir tanto.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y  justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falç’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo

Junqueras presentando su hoja de ruta, 11 noviembre 2014.

españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

30 septiembre: manifestación en vísperas de la consulta ilegal del 1-O. Vista general de la plaza de San Jaime.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de huir a Bruselas.”Un cop falç, un cop de…” antes de salir por piernas huyendo.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad  cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Aspecto actual del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) en Vilobí del Penedés.

Ayuntamiento Vilobí del Penedés 23 de febrero de 2018: en rebeldía.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes,

Artadi, Torrent y Pujol en el Parlament tras sellar el acuerdo de investidura.

Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización

El Parlament pide al Govern, a instancias de la CUP, prohibir los desfiles militares en Cataluña. Y el PSC de Iceta reclama el traspaso del patrimonio militar a la Generalitat.

de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Asamblea de la AMI el 15 de marzo de 2018: conjurados con Cervera, su nuevo presidente para seguir trabajando por la independencia.

 

 

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Pensiones y derechos

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de marzo de 2018

Pensionistas concentrados frente al Congreso de los Diputados.

Hace unos días entre 3.000 y 4.000 pensionistas tomaron la Carrera de San Jerónimo y tuvimos ocasión de verlos cortar el tráfico, empujar con energía digna de mejores empresas las vallas que se habían colocado para proteger el Congreso, y forcejear airadamente con los desorientados miembros de la Policía Nacional allí destacados para proteger a sus señorías. La posibilidad de hincar el diente al Gobierno no pasó desapercibida para los grupos de la oposición que salieron en tromba en cuanto avistaron sangre. Errejón, Garzón, Mayoral y otros miembros de la cúpula de Podemos, nostálgicos quizá de los tiempos heroicos en Plaza del Sol y acuciados por las malas noticias que les sirven las encuestas, se lanzaron alborozados a confraternizar con sus mayores y aprovecharon tan propicia ocasión para registrar la solicitud de celebrar un pleno y obligar a Rajoy y a la ministra Bañez a “dar la cara”. Ante la ofensiva de la oposición, Rajoy respondió anunciando que comparecerá a petición propia en el Congreso el14 de marzo y retó a la oposición a cuantificar sus propuestas.

Pensionistas indignados intentando saltarse el cordón policial frente al Congreso de los Diputados.

La manifestación de los pensionistas estuvo precedida por el anuncio de Sánchez de volver a la vieja fórmula de actualizar las pensiones con el IPC y crear dos nuevos impuestos, que recaerían sobre las ‘transacciones financieras’ y la ‘banca rescatada’, parar aumentar los recursos del sistema. En vísperas de la manifestación del 1 de marzo, Escudero confirmó que el PSOE estaría en la manifestación el 1 de marzo para exigir una revaluación de las pensiones del 1,6%, muy por encima del 0,25% fijado por el Gobierno. La medida supondría incrementar la factura de las pensiones contributivas este año en torno a 1.800 millones que se sumarían al agujero de 19.000 millones del año pasado. Para demostrar que la cosa va en serio, Lastra, vicesecretaria de Sánchez, confirmó que su grupo ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende obligar a Ciudadanos a retratarse, después de que la formación de Rivera rechazara dos iniciativas similares de los socialistas en 2016 y 2017.

Derechos y recursos

Sánchez, con Robles y Lastra, exige al Gobierno actualizar las pensiones con el IPC.

Vivimos en una sociedad donde casi cualquier cosa que beneficie a algún colectivo con cierto peso pasa a considerarse un ‘derecho’ y a reivindicarse como tal por algún partido político, siendo muy pocos los ciudadanos a los que les preocupa afinar el concepto y las circunstancias que permiten hacerlo efectivo. El derecho a percibir una pensión contributiva es sólo uno más entre la infinidad de derechos reconocidos en nuestra legislación a recibir  prestaciones de las Administraciones Públicas: sanidad, educación, justicia, seguridad, desempleo, maternidad baja laboral, ayudas y subsidios, incapacidad, etc. El problema radica en que para que determinados colectivos, pensionistas en este caso, puedan hacer efectivo su ‘derecho’ resulta indispensable que las Administraciones cuenten con recursos detraídos vía impuestos de otros ciudadanos.

Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social en el hemiciclo.

A este respecto, conviene reconocer que casi todos los ciudadanos coinciden en considerar que su contribución al Estado de Bienestar excede en mucho los beneficios que reciben, y se sienten legitimados para protestar en cuanto consideran que se están vulnerando sus ‘derechos’. No digo que no sea así en algunos casos pero la afirmación resulta insostenible para la sociedad en su conjunto. Nunca los ciudadanos han recibido más servicios públicos y transferencias que hoy, y además hay una evidencia incontestable de que las aportaciones resultan insuficientes para costearlos. En 2016, sin ir más lejos, las AAPP obtuvieron recursos equivalentes al 37,7% del PIB pero sus necesidades de financiación alcanzaron el 42,2%, y las Administraciones tuvieron que endeudarse para cubrir el agujero de 4,5 p.p. del PIB.

Para comprobar que no estamos ante una circunstancia extraordinaria sino habitual, basta con echar una ojeada a las cuentas públicas entre 1995 y 2016. Durante estos 22 años, las Administraciones registraron superávits presupuestarios tan sólo en tres ocasiones (2005, 2006 y 2007) y la necesidad de financiación acumulada durante el período ascendió a la imponente cifra de 788.051 millones. Además, el grueso de esta cifra, 722.036 millones, se acumuló entre 2008 y 2016, una indicación inapelable de que para el conjunto de la sociedad los beneficios recibidos por los ciudadanos en los últimos años han sido muy superiores a los recursos detraídos para financiarlos.

La principal consecuencia de la insuficiencia crónica de recursos de las Administraciones para financiar los ‘derechos’ durante la última década ha sido el espectacular aumento de la deuda pública que pasó de 384.662 millones en diciembre de 2007 a 1.144.629 en diciembre de 2017, con un incremento de 759.967 millones. Además de las consecuencias presupuestarias negativas que puede acarrear en el futuro la previsible subida de tipos y el consiguiente aumento de la carga de intereses, la elevada deuda de la economía española reduce de manera significativa los grados de libertad del Gobierno para implementar políticas fiscales expansivas ante una futura recesión y deja al Tesoro en una situación delicada, a merced de cambios repentinos en la confianza de los inversores como pudimos constatar con toda su crudeza en 2012. Recurrir al endeudamiento continuado para implementar ‘derechos’ resulta, se mire como se mire, indeseable e insostenible.

Desigual reparto de costes

España registró dos recesiones encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, acompañadas por una severa crisis financiera. Entre 2008 y 2013, el PIB nominal cayó 8,1% y el PIB real 8,0%, y para el conjunto del período 2008-2017 el PIB nominal creció 3,1% y el PIB real aumentó el  3,0%.  Las dos recesiones redujeron en 3,7 millones el número de ocupados, y aunque se han creado cerca de 2 millones de empleos en los últimos años, los salarios y condiciones laborales de hoy son muy distintas a las de 2017. Los trabajadores más jóvenes fueron golpeados con especial dureza porque además de soportar tasas de paro extraordinariamente elevadas vieron interrumpidas sus carreras profesionales. A finales de 2017, la economía arrojaba un saldo de casi 2 millones más de parados que en  2007, y los segmentos de trabajadores más jóvenes siguen registrando tasas de paro muy superiores a la ya elevada tasa media (16,6% en el cuarto trimestre de 2017). Sin duda, quienes perdieron sus puestos de trabajo y se vieron obligados a sobrevivir con prestaciones y subsidios a los desempleados, y hasta con ayudas de sus familiares más próximos fueron los grandes perjudicados durante estos años.

En contraste con las personas activas, los pensionistas salieron bastante bien parados del envite. Entre 2008 y 2013, las pensiones contributivas y la pensión media crecieron 8,04 y 18,89 por ciento, respectivamente, y para el conjunto del período 2008-2017, las cifras fueron 13,40 y 27,92 por ciento, con un aumento del gasto total en pensiones del 45,05%. Basta con comparar estas cifras con las variaciones del PIB nominal o la evolución de los salarios para concluir que los pensionistas han sido un colectivo privilegiado en comparación con la suerte de la inmensa mayoría de parados e incluso ocupados. El Fondo de Reserva está ya prácticamente agotado y para poder pagar las pensiones de 2017 y 2018, el Gobierno ha tenido que suplementar los ingresos del sistema con dos créditos presupuestarios de 10.193 y 15.000 millones, respectivamente.

Muchas pensiones siguen siendo, sin duda, bajas, como lo son también la mayoría de salarios y otras prestaciones en España, pero si algo deberíamos haber aprendido estos años es que los ‘derechos’ no pueden satisfacerse indefinidamente endeudándonos. Aumentamos impuestos o recortamos ‘derechos’, ése es el dilema. Pero la oposición ‘sensata’ (Podemos es plato aparte) prefiere seguir jugando al despiste con los electores. El PSOE se conforma con apuntar con el índice al chivo expiatorio de los ‘bancos’, y Ciudadanos, el partido que aspira a modernizar España, se inclina hacia el realismo mágico: propone aumentar nuestros ‘derechos’ (extender la baja por paternidad, establecer un complemento salarial para jóvenes, facilitar la conciliación laboral, establecer un modelo de educación trilingüe, etc.) y bajar impuestos (Sucesiones, IRPF) al mismo tiempo. El miércoles veremos si la oposición se atreve a bajar al ruedo o torea desde la andanada.

Rivera y Garicano. su consejero económico.

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Abandonados

Artículo publicado en el diaro Expansión el 24 de febrero de 2018.

Turull, consejero portavoz en el último gobierno de Puigdemont, Baños, diputado de la CUP, y Romeva, consejero de Puigdemont para la internacionalización del proceso, presentando las enmiendas a la Resolución I/XI de inicio de la independencia el 6 de noviembre 2015.

Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las  competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en la que se votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en la consulta ilegal celebrada el 1-O.

desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.

Todo sigue igual

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 defendiendo la aplicación del articulo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.

Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de ´Òmnium, arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017.

Malparada neutralidad

Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’.

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, junto a Torrent, nuevo presidente del Parlament, y otros líderes golpistas en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.

 

El presidente de la ACM Miquel Buch y la presidenta de la AMI Neus Lloveras mamifestándose en Bruselas junto al eurodiputado Tremosa en apoyo a Puigdemont.

Resumen de la regresión democrática del Estado español y sus agravios contra Cataluña, editado por la ACM y la AMI.

El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.

Sanchís, presidente de TV3.

Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.

Temor

Adoctrinamiento escolar.

Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas.

Font, portavoz naconal del sindicato USTEC dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”

Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.

Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.

Aspecto actual del CAP Vilobí del Penedés.

Una estrellada colocada en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Vilobí del Penedés, julio 2015.

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