La resaca del 1-O

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de octubre de 2017

Puigdemont pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado.

Por fin, acabó el patético espectáculo que ha ofrecido el gobierno de la Generalitat a España y al mundo el 1-O. El ruido sordo de los helicópteros sobrevolando los cielos de Barcelona cesó hace unas horas y la mayoría de catalanes reanudaremos con normalidad nuestras actividades cotidianas mañana. Quizá no todos, pero sí la mayoría. Hay algo, sin embargo, que no volverá a la normalidad en bastante tiempo: la convivencia y la concordia.

El daño está hecho

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

La Generalitat ha logrado dividir la sociedad catalana y la fractura abierta con la inestimable colaboración de los medios de comunicación y las asociaciones secesionistas (ANC, Omnium y AMI), espoleando a sus huestes a lanzarse contra quienes no compartimos sus aspiraciones, tardará décadas en cerrarse. En cuanto a la vida política, los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto que mientras Puigdemont y Junqueras sigan al frente del gobierno de la Generalitat, y Forcadell y Gabriel continúen al mando de las fuerzas de choque en el Parlament, es de todo punto inviable restaurar la normalidad constitucional en Cataluña. Forcadell lo advirtió hace tiempo cuando proclamó que “nuestro adversario es el Estado español. Lo tenemos que tener muy claro. Y los partidos españoles que hay en Catalunya, como Ciudadanos y el Partido Popular”. En fin, ya ven qué espíritu de concordia y mano tendida anida en el pecho de los más egregios dirigentes de la república ‘españófoba’.

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Valientes cobardes

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

Policía Nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre. Claro ejemplo de brutalidad policial.

El 1-O hemos podido ver a ‘heroicos’ ciudadanos, con niños sobre sus hombros, enfrentarse a la Policía Nacional (PN) y a la Guardia Civil (GC) en Barcelona y otras ciudades de Cataluña,  mientras los Mozos de Escuadra volvían a hacer gala de la misma pasividad que dio alas a las hordas de ‘valientes’ de la ANC y Omnium que destrozaron los vehículos de la policía judicial, el pasado 21 de septiembre. Comenzaron los Mozos incumpliendo, como era previsible, la orden judicial de precintar los centros elegidos para albergar las urnas, y dejaron en manos de la PN y GC la tarea de desalojar a las familias que habían pernoctado en ellos, dispuestas a utilizar a sus hijos como escudos humanos.

Torrecilla, concejal de ERC, una de las heroinas falsas del 1-O. 4 hospitalizados tras las ‘brutales’ cargas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La tarde del sábado visité el centro de enseñanza (CEIP) en que estudiaron mis hijos y pude constatar que un par de docenas de madres y algún padre habían tomado el gimnasio donde presumiblemente se iban a colocar las urnas. A una treintena escasa de metros de la entrada está el cuartel de Mozos que nada hicieron para impedir la ocupación ni para desalojarlos en la madrugada del 1-O. Esta mañana me he desayunado con la noticia de que Conesa, alcaldesa convergente (PDE-Cat) de Sant Cugat del Vallés, había colocado una urna en el pabellón deportivo anejo al Ayuntamiento, en un acto retransmitido por los medios de comunicación del propio consistorio. Si la heroicidad de Conesa me ha llegado a casa en cuestión de minutos, supongo que los Mozos estaban también al tanto. Por cierto, que el citado pabellón saltó a la fama por ser una de las obras por las que el partido de Pujol, Mas, Puigdemont y Conesa se embolsó una comisión del 2,5%, cuando Turull, actual portavoz del gobierno de la Generalitat, era gerente del Ayuntamiento.

Turull, gerente de Sant Cugat del 3%, portavoz parlamentario de CDC y ahora consejero portavoz del gobierno de la Generalitat.

Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, colocando la primera urna en el pabellón deportivo en la madrugada del 1-O.

¡Ay de los tibios!

Algunos parecen no haberse enterado todavía de qué iba el asunto y reparten culpas entre los Gobiernos de la Generalitat y España. Quizá esto no sea un referéndum sino un simulacro, como sostiene Iceta (PSC), pero el Estado no puede permanecer pasivo cuando gobernantes irresponsables convocan a los ciudadanos a conculcar la Constitución, el Estatut, las sentencias y mandatos judiciales. Reflexione: estamos ante el mayor ataque a nuestra democracia desde 1981. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado, siempre a instancias de los jueces, para impedir el atropello que pretendían consumar los golpistas realizando un referéndum ilegal, y los únicos culpables de los enfrentamientos son, como ha dicho Rajoy, quienes han incitado a los ciudadanos a salir a calle. Los golpistas, como en 1981, tienen nombres y apellidos y deben ser

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaban los Mozos? “Estaban tomando cañas…”

detenidos y juzgados por sus actos y por las lamentables consecuencias ocasionadas.

¿Estaba preparado el Gobierno?

Resulta evidente que el operativo desplegado por el Gobierno para impedir el referéndum se ha visto desbordado. A los hechos me remito: los Mozos no han cumplido con su cometido y la mayoría de los centros de votación no se precintaron y han permanecido abiertos todo el día. No, no estaba preparado para responder con rapidez y eficacia. Estas intervenciones no se improvisan y aunque lo ocurrido el 1-O no tendrá consecuencias a corto plazo, el Gobierno de España debería reflexionar también, y cambiar su estrategia si no quiere exponerse a que, de tanto ir a la fuente (9-N, 1-O), el cántaro se rompa. Sería una ingenuidad imperdonable creer que no volverán a intentarlo de nuevo y negociar mañana una salida con los golpistas.

Forcadell, Puigdemont y Sánchez, los mismos perros con distintos collares.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, en su nueva etapa como presidenta del Parlament: el negocio de su vida.

Además de exigir responsabilidades a quienes han orquestado el 1-O, el Gobierno tiene que retener las competencias sobre las principales figuras impositivas y transferencias sociales, preservar el carácter estatal de nuestro sistema judicial, y continuar  manteniendo un control exhaustivo de las órdenes de pago del gobierno de la Generalitat. Pero hay que ir bastante más allá. Visto lo ocurrido, convendría recuperar competencias en materia de seguridad para impedir que la policía autonómica esté al mando de un golpista declarado (Forn) y asegurar así que los Mozos cumplirán las órdenes de los jueces en el futuro. Más incluso: hay que aumentar la presencia permanente de efectivos de la PN y la GC en Cataluña.

Las hordas convocadas por la ANC, Omnium y CUP dando un ejemplo de civismo republicano.

Junqueras, Puigdemont y Romeva, consejero de exteriores, en uno de sus vanos intentos de atraer la atención en Bruselas.

El Gobierno tiene también que desmantelar la consejería que dirige Romeva e impedir que la Generalitat financie organismos como Diplocat o el Consell Assesor per la Transició Nacional. Finalmente, resulta inexcusable recuperar competencias educativas para impedir que escuelas e institutos actúen como centros de adoctrinamiento donde se promueve la hispanofobia y se transmiten a niños y jóvenes interpretaciones sesgadas de la historia de Cataluña y España. Hay mucho por hacer, Sr. Méndez de Vigo, en esta materia. Y urge hacerlo porque el tiempo, si no cambiamos nada, corre en contra nuestra.

 

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Claridad democrática

Artículo publicado en el diario Expansión el 29 de septiembre de 2017

Puigdemont y Junqueras celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación.

Cataluña vive unos días tumultuarios con el gobierno de la Generalitat declarado en rebeldía y el Parlament de Cataluña cerrado por incomparecencia de los 72 diputados que aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y  la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” los días 6 y 7 de septiembre, dos normas que fueron anuladas pocas horas después por el Tribunal Constitucional. Desde entonces, los golpistas andan muy ocupados haciendo campaña a favor del referéndum del 1 de octubre intentando desesperadamente tergiversar la realidad para confundir a los ciudadanos.

Puigdemont pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado.

En su delirio, Puigdemont ha acusado al Gobierno de España de traspasar todas las líneas rojas y ha calificado al Estado español de vergüenza democrática. Hace unos días, el diario El País tuvo que salir al paso de semejantes dislates y publicó un editorial titulado “Las mentiras de Puigdemont”, en el que desmontaba, una a una, la sarta de falsedades que el presidente de los secesionistas encadenó en una alocución televisada al ‘pueblo’ de Cataluña. Ante tanta confusión, me ha parecido pertinente aclarar algunos conceptos a pocas horas de que se consume (y se consuma) el desaforado golpe que están asestando a la democracia española.

¿Quién ha declarado el estado de excepción en Cataluña?

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Sánchez, presidente de la ANC.

El gobierno de la Generalitat y los diputados secesionistas de Junts pel Sí (ERC+CDC) y CUP pretenden realizar el próximo 1 de octubre un referéndum de autodeterminación contrario al ordenamiento constitucional de España y al Estatut de Cataluña. El golpe de estado arrancó el 6 de septiembre cuando los 72 diputados de esos dos grupos parlamentarios, violentando el reglamento de la Cámara, aprobaron en unas horas la llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ mientras la mayoría de diputados constitucionalistas abandonaba el hemiciclo. Incumpliendo flagrantemente la Constitución e invadiendo competencias de otras instituciones del Estado, el Artículo 3.2 de “esta Ley establece un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que pueda entrar en conflicto, en tanto que regula un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña”. (Subrayados míos.)

Puigdemont, Junueras y Forcadell con los presidentes de la AMI y AMC.

Está claro que por mucho que Puigdemont acuse al Gobierno de España de cruzar imaginarias líneas rojas y pretenda deslegitimar al Estado calificándolo de vergüenza democrática, la realidad es que quienes han cruzado todas las líneas admisibles y se han convertido en una vergüenza democrática para la UE son Puigdemont y Junqueras, y el resto de consejeros del gobierno de la Generalitat y diputados que aprobaron una ley contraria al ordenamiento constitucional, una norma que cercena el ejercicio de derechos individuales y colectivos amparados por la Constitución de 1978 y el Estatut de Cataluña.

¿Quién defiende y quién ataca la democracia constitucional en Cataluña y en España?

Sede del Tribunal Constitucional.

La democracia en España la defienden aquellas instituciones y ciudadanos que aceptamos cumplir las reglas democráticamente aprobadas en los órganos competentes, así reconocidos en el ordenamiento constitucional y, en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el Estatut. Todas las actuaciones del Gobierno de España, Las Cortes, los Tribunales de Justicia y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ajustadas escrupulosamente en tiempo y forma a las normas del Estado social y democrático de Derecho que es España, pretenden únicamente asegurar el libre ejercicio de nuestros derechos constitucionales y obligar a los poderes públicos en Cataluña a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por el contrario, las actuaciones del  Gobierno de la Generalitat y los 72 diputados que lo sostienen en el Parlament de Cataluña, juntamente con las acciones tumultuarias y hasta violentas promovidas por la Assemblea Nacional de Cataluña, Omnium Cultural y la AMI, pretenden socavar nuestros derechos y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

Basta con leer algunos artículos del propio Estaut de Cataluña para darse cuenta del disparate político y jurídico en que está incurriendo el gobierno de la Generalitat. El artículo 2.4 establece que “los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo que establecen este Estatuto y la Constitución”. El artículo 4.1 reconoce que “las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cuál la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y por el de multilateralidad”. Por último, el articulo 4.2 establece que “Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de e incorpora los valores los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de ellos referencia”. (Subrayados míos.)

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Resulta evidente que al aprobar el Parlament de Cataluña la “ley del referéndum de autodeterminación” que establece un régimen excepcional que prevalece sobre cualquier otra norma, el Gobierno de la Generalitat y los 72 diputados que la respaldaron en el Parlament han faltado a su obligación de comportarse con lealtad institucional y se han atribuido funciones que no les otorga ni el Estatut ni la Constitución. Además, todos ellos han incumplido su compromiso de respetar el espacio político y geográfico de referencia que, como el Estatut de Cataluña reconoce, lo conforman  el Estado español y la Unión Europea.

 ¿Están legitimados Puigdemont,  sus consejeros y los diputados secesionistas para seguir al frente del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña?

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Al sobrepasar sus funciones constitucionales y estatutarias, el gobierno de la Generalitat y los 72 diputados que apoyaron las ‘leyes’ de desconexión han perdido la fuente de su legitimidad y se han convertido en usurpadores de los cargos que desempeñaban; o, si ustedes lo prefieren, han pasado de gobernantes y diputados legítimos a meros okupas. Como han manifestado notables juristas en los últimos días, los ciudadanos no tenemos obligación de cumplir las normas aprobadas en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre. Más incluso, Lapuerta, catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM, justificaba que “ante un Gobierno o un Parlamento catalán desconectadosi unos cuantos miles de ciudadanos dejaran, por ejemplo, de pagar sus impuestos a un Gobierno como ese, esa no sería una conducta tan injusta e ilegal como pagarlos para sostenerlo y perpetuar su arbitrariedad”. Esperemos que los ciudadanos no tengamos que llegar tan lejos para desalojar a los okupas de las Consejerías y el Parlament.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

Los demócratas valoramos sobremanera la conquista histórica que supuso poner fin a la maldición de las dos Españas en 1978, y consideramos inaceptable que Puigdemont y sus consejeros, y Forcadell los diputados golpistas sigan desempeñando sus funciones, cobrando por ello sueldos astronómicos, y disfrutando de prebendas como el uso de coches oficiales para asistir a mítines por toda Cataluña para promover el ilegal referéndum. Por ello, los demócratas exigimos al Gobierno de España, a Las Cortes, a los Tribunales de Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no permitan más ataques a la democracia, y sienten a los responsables ante los Tribunales de Justicia. La democracia nunca se ha consolidado negociando con sus enemigos declarados: Puigdemont, Junqueras y Forcadell han demostrado reiteradamente que lo son.

Junqueras, Puigdemont y Romeva.

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30 de septiembre-1 de octubre

Acabé ayer la tertulia en Gestiona Radio anunciando la manifestación que habíamos convocado las cuatro asociaciones, España i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática y Movimiento 12-O –a la que sumaron muchas otras– que hemos venido organizando las celebraciones del 12-O en la Plaza de Cataluña. La manifestación partía a las 17:30 de Plaza Urquinaona a las 17.30 y finalizaba en la Plaza de San Jaime, antes Plaza de la Constitución. Nuestras esperanzas se vieron desbordadas y la manifestación cubrió por completo la Vía Layetana y llenó hasta la andanada la Plaza de San Jaime. 5.500 personas según la Guardía Urbana, 15.000 personas según la Delegación del Gobierno.

Más allá de las cifras, quiero destacar el hecho de que una convocatoria que no ha contado con más publicidad que la que hemos podido hacer nuestras modestas asociaciones en Internet y en la entrevista que me hizo Carlos Herrera el viernes en la COPE, lograra un éxito tan rotundo, máxime en un día lluvia fina que nos iba empapando poco a poco de felicidad a los manifestantes portadores de banderas españolas y catalanas y a quienes sosteníamos la pancarta con el lema “Cataluña es España. Democracia, futuro y libertad”.

Está claro que los catalanes silenciosos están despertando poco a poco: somos españoles que nos sentimos orgullosos de Cataluña, nuestra tierra de nacimiento o adopción, que no necesitamos recurrir a viejos victimismos ni recibir comisiones del 3%, como Pujol y toda su prole numerosa de CDC: sus hijos, Mas, Conesa y Puigdemont. 1714 nos queda demasiado lejos y absurdamente trágica: 1978 es una fecha más gozosa y esperanzadora. Somos catalanes y españoles, españoles y catalanes que estamos dispuestos a salir a la calle a pasearnos a cuerpo para defender la democracia, la Constitución y el Estatut de Cataluña, y, al mismo tiempo, denunciar al gobierno de la Generalitat y a los 72 diputados que en el Parlament de Cataluña decretaron un estado de excepción el pasado día 6 de septiembre con el que pretenden escapar a la Justicia y culminarlo con la declaración unilateral de independencia después de un simulacro de referéndum ilegal y vergonzoso en el que no han dudado en utilizar a niños como escudos humanos.

Tras los vergonzosos acontecimientos vividos en Rambla de Cataluña durante las horas que la policía judicial registró la Consejería de Economía el pasado 21 de septiembre y el espectáculo deslealtad y cobardía que han protagonizado hoy los dirigentes secesionistas en Cataluña, cada vez somos más los catalanes que nos preguntamos: ¿hasta cuándo se va a permitir que los Mossos d’Escuadra no cumplan con su cometido y permitan que unos manifestantes destrocen los automóviles de la policía judicial y no cumplan las órdenes de precintar  los centros donde pretendían realizar las votaciones? ¿A qué esperan los tribunales para ilegalizar a la ANC, a Omnium Cultural y a la AMI, las tres asociaciones que están promoviendo el referéndum y las manifestaciones salvajes en las ciudades de Cataluña? ¿Qué más tienen que hacer Puigdemont, Junqueras y Forcadell para que los inhabiliten y los encierren?

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Bastaron 24 horas

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de septiembre de 2017

Ayer me dirigía a una conferencia en el centro de Barcelona por la siempre populosa Puerta del Ángel. De las farolas pendían carteles de la ANC invitando a votar el 1-O y dando la bienvenida a la república. Una decena de números de Mozos de Escuadra y Guardia Urbana estaban desplegados y permanecían en pie junto a sus vehículos o agazapados en su interior. Tres horas después deshice el camino en sentido contrario y contemplé idéntica escena. No pude reprimirme. Me dirigí a dos buenos Mozos que charlaban animadamente en castellano y les pregunté por qué no retiraban los carteles que anunciaban un referéndum ilegal. Uno de ellos me contestó “hemos recibido una incidencia, lo siento” y echaron a andar. No he pasado esta mañana por el lugar pero a buen seguro que las banderolas de la ANC siguen colgadas en las farolas, como lo están en gran parte de Cataluña.

Las asociaciones ANC y Omnium Cultural (Gutural sería más apropiado) son responsables de haber convocado a las hordas salvajes que se exhibieron a gusto. ¿Se imaginan cómo sería la vida cotidiana en un país gobernado por esta gentuza con sus leyes y sus jueces y sin nadie que les pare los pies?

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaba el Mayor de los Mozos? “Y no estaba muerto no, no, estaba tomando cava…”

http://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2017/20092017_rajoycomparece.aspx?galv2r=0

Rajoy dirigiéndose a los españoles el 20 de septiembre de 2017.

Manifestación salvaje convocada por la ANC, Omnium y CUP ante la sede del TSJC con la televisión nacional-secesionista para servirla en directo.

El presidente del Gobierno ha empeñado su palabra en que el referéndum no se hará y esperamos que, por el bien de la inmensa mayoría de los españoles y europeos, la amenaza de Puigdemont y Junqueras de celebrarlo no llegue a consumarse. Pero como el incidente que les acabo de relatar demuestra, el Gobierno de España no cuenta con los Mozos para impedirlo; más bien al contrario, si nos atenemos a las declaraciones que hicieron los responsables de la Consejería de Interior respecto a su papel el 1-O. La actitud desafiante de los manifestantes convocados por la ANC y Omnium frente a la sede de la Consejería de Economía, después de que un juez ordenara a la policía judicial efectuar varios registros, y el acoso a que sometieron a los agentes cuando intentaban abandonar el edificio al finalizar su tarea, dan una idea de hasta qué punto el orden público está en entredicho en Cataluña. Por si todo esto fuera poco, las hordas de manifestantes se han trasladado a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Ciudad de la Justicia para acosar a los jueces y fiscales encargados de interrogar a los detenidos. Campan por sus respetos sin que los Mozos hagan nada para impedirlo.

Sánchez, presidente de la ANC, pidiendo el voto en el ilegal 1-O.

El ministro Catalá se queja del acoso que padecen jueces y fiscales en Cataluña.

El Ministro de Justicia ha despachado el asunto condenando el acoso al tercer poder del Estado. Sr. Catalá: usted no puede limitarse a denunciar los hechos porque, como Gobierno, tiene obligación de impedirlos. Los jueces y fiscales llevan años denunciando el tratamiento que reciben en los medios de comunicación de la Generalitat y están hartos de soportar los cánticos del orfeón secesionista frente sus sedes y, lo que resulta incluso más ominoso, ver a los alcaldes blandiendo amenazadoramente sus varas. La Vicepresidenta denuncia también “el clima de acoso” y pregunta a Puigdemont hasta cuándo va a seguir abusando y tensionando a la sociedad catalana. ¡Basta ya! ¿Qué más tienen que hacer para que detengan, no a los segundos de a bordo, sino a los primeros, a los auténticos responsables de coartar la libertad de expresión e instaurar un estado de excepción en la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿A qué espera el Gobierno para ponerlos a disposición de los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer?

Mas ante la sede del TSJC el 15 de octubre de 2015 con los alcaldes convocados por la AMI.

Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno en rueda de prensa posterior al Consjeo de Ministros.

Desconozco las decisiones que ha adoptado el Consejo de Ministros para afrontar lo que es ya una sedición en toda regla, organizada por el gobierno de la Generalitat. Pero deseo y espero que no sea, como han adelantados varios Ministros, una oferta de diálogo, más financiación y hasta de reforma de la Constitución. Vayan con cuidado porque en el otro extremo de los Pirineos, Urkullu se ha animado y está pidiendo un estado confederal, como el que recogía la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña que el PSC, CiU y ERC aprobaron en el Parlament en 2005. Mucho temo que la comisión territorial, aprobada ayer en el Congreso a instancias del PSOE-PSC, pretenda acabar con la Constitución de 1978 y consumar la disolución de España como comunidad de ciudadanos libres e iguales.

Hernando, portavoz del PP, y Robles, portavoz del PSOE-PSC, poniéndose de acuerdo sobre la Comisión Territorial.

Rivera en el Congreso defendiendo su resolución de apoyo al Gobierno frente a los secesionistas.

Sólo Rivera ha estado a la altura de las circunstancias y no ha defraudado a los españoles en este momento crítico. Ciudadanos ha votado en contra de la creación de la citada comisión, y Rivera ha manifestado que si bien está por el diálogo –¡quién podría no estarlo!–, no se puede dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras, algo que la Vicepresidenta ha podido constatar de primera mano. La ausencia del Presidente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros no puede tranquilizarnos a los españoles residentes en Cataluña, a quienes hemos apoyado al Gobierno de España hasta ahora, a pesar del abandono que hemos padecido durante décadas: mientras se nos vetaba e insultaba en los medios de comunicación públicos y subvencionados; mientras nuestras familias sufrían vejaciones y amenazas por solicitar la utilización del castellano como lengua vehicular; mientras soportábamos la hostilidad ambiental que nos asfixia en nuestros centros de trabajo cada día, etc.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Los niños pueden ser tan malas personas como los padres.

Puigdemont, presidente de los secesionistas, pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado en Sant Cugat del Vallés el 22 de septiembre de 2017.

Sr. Rajoy: los catalanes demócratas y constitucionalistas no podemos aguantar un pacto más con los secesionistas. El cómico Boadella tuvo que abandonar su tierra hace algunos años para escapar de la sociedad atrabiliaria y xenófoba que, alimentada con los presupuestos de la Generalitat, hoy amenaza a jueces, fiscales, diputados y ciudadanos de a pie. ¿Tendremos que marcharnos, siguiendo los pasos de Boadella o hemos de esperar a que nos expulsen de su república? Los golpistas van a por todas y su obligación como Presidente es restablecer el orden constitucional con la misma determinación y contundencia con que el Jefe del Estado atajó el golpe militar en 1981. Bastaron 24 horas.

El cómico Boadella despidiéndose de la Cataluña atrabilaria y xenófoba de Mas y PuigCupqueras.

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El secesionismo amenaza la recuperación

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de septiembre de 2017

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El hecho más destacable de la Diada del sí a la desobediencia y a la división es que fuera la menos masiva de las organizadas en los últimos años, a pesar de contar con la participación estelar de Puigdemont, Junqueras y la mayoría de sus consejeros, y haberla anunciado como el preludio del ‘referéndum de autodeterminación’ del próximo 1 de octubre (1-O). Dentro de lo malo, constituye una buena noticia que la primera Diada promovida abiertamente por el gobierno de la Generalitat y los diputados de Junts pel Sí (JxS) y CUP, declarados en rebeldía contra el Estado de Derecho desde que aprobaron la ‘ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament el pasado 6 de septiembre, haya sido un relativo fracaso.

Menor apoyo

Puigdemont y Junqueras celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeteriminación.

Diada 2017.

Las cifras de asistencia publicadas oscilan entre 225.000 y algo más de un millón, ambas muy inferiores a las estimaciones hechas por esas mismas fuentes en citas anteriores. La realidad constatable por todo el mundo a través de las imágenes ofrecidas por televisión es que la inmensa mayoría de los catalanes se marcharon de fin de semana o se quedaron en sus casas. Si la intención de los organizadores era mostrar a los dirigentes de la UE el clamor unánime de la sociedad catalana en pro de la independencia, se puede afirmar que fracasaron estrepitosamente en el intento. Pero aunque el proceso, cada vez más radicalizado, se haya ido desinflando en los últimos meses, hay que reconocer la capacidad del movimiento nacional-secesionista para movilizar a sus bases una vez al año.

Puigdemont, Forcadell y Sánchez (ANC) en la Diada 2017.

Nadie puede sorprenderse de que la llamada a rebato de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Omnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) consiguiera movilizar a una fracción (360.000 inscritos y 1.800 autobuses fletados según la ANC) de los votantes de JxS (1,62 millones) y CUP (336.000) en las elecciones autonómicas de 2015. Hay detrás una labor tenaz de propaganda y agitación en todos los rincones de Cataluña que cuenta con el apoyo, casi unánime, de los medios de comunicación públicos y privados, que la Generalitat financia generosamente para influir y deformar la opinión pública. A diferencia de la mayoría de asociaciones constitucionalistas que no tienen un duro, los tres tenores del orfeón secesionista nadan en la abundancia.

Riesgos del 1-O

Diada 2017.

Pasada la artificiosa celebración de la caída de Barcelona en 1714, la cuestión más perentoria ahora es afrontar el reto del referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea celebrar el 1-O y cuya campaña está en marcha. 712 alcaldes respondieron afirmativamente a la petición de Puigdemont de ceder locales municipales para albergar las urnas, mientras, Trapero, mayor de los ‘mossos’, ordenaba a petición de la Fiscalía investigar los preparativos del referéndum sin resultado práctico hasta ahora. Algunas agencias de calificación han advertido del riesgo que entraña la secesión de Cataluña para la calificación de la deuda pública, y varios bancos de inversión han apuntado que podría elevarse la prima de riesgo e incluso recomendado vender deuda española. Aunque estamos muy lejos de la dramática situación vivida en 2012, conviene recordar que pocas cosas espantan más a los inversores que la inestabilidad política y la inseguridad jurídica.

Puigdemont comprador de urnas.

Al gobierno de la Generalitat parece importarle un bledo que se hunda un poco más la calificación de su deuda –desde hace años no tiene acceso al mercado– y se eleve la prima de riesgo de la deuda española, creyendo erróneamente que el Gobierno de España se avendrá a negociar el referéndum si empeora la situación. Craso error porque lo único que pueden lograr apostando al “cuanto peor para ellos, mejor para nosotros” es que a todos nos vaya peor. Cataluña no va a alcanzar la independencia mediante un referéndum pactado porque el gobierno de la Generalitat y los diputados secesionistas no cuentan con el apoyo mayoritario de los catalanes, ni con el aval de los partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) que representan a la mayoría de españoles, ni con el respaldo de ninguna institución internacional, como la ONU o la UE, dispuesta a dar pábulo a sus cínicas apelaciones al derecho de autodeterminación. Hasta el momento, Puigdemont y Romeva sólo han conseguido tras infinidad de costosos viajes promocionales concitar el apoyo de algún diputado estonio y un desinformado premio Nobel de la Paz.

Puigdemont con Juncker, Merkel y Hollande en su última visita al Parlament Europeo.

Firmeza democrática

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

España se juega en las próximas semanas la credibilidad política, desde luego, pero también la estabilidad económica. La estrategia de mano tendida seguida por el Gobierno hasta pocas semanas y la calculada ambigüedad del PSOE-PSC sobre el encaje de Cataluña, lejos de tener efectos balsámicos, nos ha llevado a una situación cada vez más enconada. El Estado de Derecho tiene que afrontar esta situación sin complejos, con la misma determinación con que condenó a los militares amotinados en 1981, ilegalizó (aunque tardara demasiado en hacerlo) al entorno político de la banda terrorista ETA, y dio la puntilla al plan Ibarretxe. La inestabilidad política ocasionada por el golpe de estado que patrocinan las secuestradas instituciones de autogobierno de Cataluña no desaparecerá de un plumazo, pero urge dar pasos decididos para desmantelar el entramado político-asociativo que alimenta el proceso nacional-secesionista y amenaza ahora la recuperación económica.

Sáenz de Santamaría en sua vanos intentos de negociar con Junqueras.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, De Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además de las acertadas medidas aprobadas en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para controlar los pagos de nóminas y las facturas de proveedores de la Generalitat, el Gobierno tiene que exigir responsabilidades a interventores y a responsables de ordenar pagos en el sector público catalán y recuperar los recursos públicos destinados a actos ilícitos, como al 9-N y el 1-O, o a financiar actividades del Departamento de relaciones exteriores, el consorcio Diplocat, el Consell Assesor per la Transició Nacional, la ampliada Agencia Tributaria de Catalunya, la Agencia Catalana de Protección Social, etc., que invaden competencias del Estado. Hay que poner cerco a todo el entorno político-asociativo (AMI, Consejo de Cargos Electos, etc.) que se alimenta de fondos de la Generalitat, y escudriñar al céntimo las cuentas de Omnium, ANC, Cercle Català de Negocis, etc. En pocas palabras, el Estado tiene que impedir que los cargos de la Generalitat, los partidos secesionistas y sus grupos parlamentarios, las Diputaciones, los Ayuntamientos, etc., desvíen recursos públicos a asociaciones y actividades cuyos fines son contrarios al ordenamiento constitucional. ¡Lo menos que podemos exigir a quienes pretenden dar un golpe de estado es que corran con los gastos!

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembre de 2016.

Rajoy tras el no de Sánchez en el debate de investidura.

Es hora de que los responsables de las instituciones del Estado tomen la iniciativa y expliquen a los españoles y a la comunidad internacional que no van a tolerar el chantaje de políticos desleales que no respetan siquiera el ordenamiento jurídico del que emana su propia legitimidad, y se jactan de incumplir las sentencias de los Tribunales. El presidente del Gobierno tiene que comparecer ante los españoles, como hizo anoche, para aclarar que las ‘leyes’ aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre instauran el estado de excepción en Cataluña mientras que las medidas adoptadas por el Gobierno sólo pretenden restablecer la normalidad democrática. Los miles de carteles y cartas aprehendidos en imprentas y empresas de mensajería y el resto de material incautado en los registros realizados en organismos dependientes de la Generalitat para impedir el referéndum ponen de manifiesto la imposibilidad de dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras. Esperemos verlos pronto sentados ante los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer. Con la democracia no se juega.

Rajoy con Tajani, presidente del Parlamento Europeo, 10 de febrero de 2017.

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Consecuencias económicas de la independencia de Cataluña

La asociación Empresaris de Catalunya les invita a participar en el almuerzo coloquio que tendrá lugar en el Círculo Ecuestre el 27 de septiembre de 2017 a las 13:45 horas para hablar sobre las consecuencias económicas  de una hipotética independencia de Cataluña.

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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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