Tres compromisos

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, en el ensayo general de la obra “Butifarréndum o Muerte”. Teatro Nacional de Cataluña 4 de julo de 2017.

Texto en el que basé mi conferencia en el Centro Cívico Can Cabanyes de Badalona el 13 de julio de 2017.

  • Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos en esta calurosa tarde de julio. Soy Clemente Polo, profesor de Economía de la UAB, presidente de la asociación Regeneración Democrática y Vicepresidente del MCEC, una asociación con la que colaboro desde 2014.
  • A la vuelta del verano tenemos tres citas importantes con la historia y quiero empezar recordándolas para que las apuntéis en vuestra agenda. Con independencia de lo que ocurra de aquí al 1 de octubre, las asociaciones que defendemos los valores que inspiran la Constitución de 1978, libertad y justicia, igualdad y pluralismo político, vamos a llamar a los ciudadanos que los comparten a manifestar su rechazo al proceso de secesión que impulsan Puigdemont y Junqueras desde el gobierno de la Generalidad con apoyo de dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí (JxS=CDC+ERC) y CUP.
  • Manifestacón en Vía Layetana, 6 de diciembre de 2016.

    Empezaré por la cita más lejana, el 6 de diciembre, también la más trascendente desde un punto de vista político; a continuación, me referiré a la más popular de las tres, la Fiesta Nacional del 12-O; y finalmente, dedicaré la mayor parte de mi intervención a hablar sobre la más cercana y excepcional: el 1-O. El orden que he elegido no es casual sino que pretende subrayar que, con independencia de lo que suceda de aquí al 1-O, nosotros vamos a mantener nuestra propia agenda.

 

  • El próximo 6 de diciembre conmemoraremos el refrendo de la Constitución de 1978 por todos los ciudadanos españoles. Las asociaciones constitucionalistas convocaremos de nuevo la manifestación que recorrerá la Vía Layetana desde la Plaza Urquinaona y finalizará en la Plaza de San Jaime, frente al palacio del gobierno de la Generalidad, tal y como hemos venido haciendo desde 2012.
    • En estos días inciertos en que vemos a tantos políticos ansiosos por reformar la Constitución, queremos reafirmar nuestro compromiso con el marco político que refrendaron el 87,9% de los votantes españoles y el 90,5% de los votantes catalanes y ha convertido en realidad el sueño de los españoles de vivir en libertad, concordia y prosperidad durante cuatro décadas. A quienes este logro les parezca pequeño, les recomendaría que echen una ojeada a la historia moderna y contemporánea de España.
    • Sabemos que la Constitución de 1978 es perfectible pero mucho me temo que las reformas que hoy se propugnan, incluso desde partidos pretendidamente de izquierdas, sólo servirán para blindar o reforzar las actuales asimetrías y desigualdades. Precisamente porque estas reformas apuntan hacia regímenes federales asimétricos (o incluso confederales) ponen, en nuestra opinión, en riesgo la igualdad de todos los españoles que proclama la Constitución. ¿Por qué antes de reformar la Constitución no se ocupan algunos partidos de cumplirla y velar para que se cumpla? Pase lo que pase el 1-O, les aseguro que nosotros celebraremos este año el trigésimo noveno aniversario de la Constitución de 1978.

      Plaza de San Jaime, 6 de diciembre.

      12 de octubre 2016 en Plaza de Cataluña.

  • La segunda cita que tenemos que apuntar en nuestra agenda es el 12 de octubre. Algunas asociaciones (Convivencia Cívica, Movimiento Cívico Espanya i Catalans, Regeneración Democrática, Sociedad Civil Catalana, Somatemps y 12-O) hemos mantenido ya reuniones para organizar la manifestación que, como en años anteriores, recorrerá Paseo de Gracia y finalizará en la Plaza de Cataluña, donde tendrá lugar, como el año pasado, dos actos: uno cívico y con marcado carácter político para celebrar la Fiesta Nacional de España; y otro más festivo con el que queremos destacar los lazos fraternales que unen a los españoles con los países hispanoamericanos del otro lado del Atlántico.
    • La celebración se producirá este año sólo once días después del anunciado referéndum de autodeterminación. Convendría, por ello, que hagamos una celebración unitaria (como siempre hemos intentado que lo fuera), sin contraprogramaciones, con presencia de los líderes de los partidos constitucionalistas que quieran sumarse, y con un objetivo claro: congregar una multitud que empequeñezca la Plaza de Cataluña.
    • Pero sabemos que no es fácil movilizar a los ciudadanos cuando, como es nuestro caso, no se dispone de recursos ni se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación públicos y subvencionados, algo con lo que sí cuentan las asociaciones secesionistas (AMI y AMC, ANC y Omnium Cultural) para organizar las manifestaciones multitudinarias el 11-S.

      La pancarta con el lema España en el corazón / Espanya al cor.

    • A diferencia de ellos, nosotros hemos organizado el 6-D y el 12-O sin ayuda de partidos políticos y hasta enfrentándonos a los obstáculos que se nos han puesto para tratar de desanimarnos. Tenemos pocos aliados y además bastante tacaños. El año pasado, ningún medio de comunicación “amigo” acudió a la conferencia de prensa que ofrecimos para anunciar el 12-O en el Colegio de Periodistas. Carlos Herrera (COPE), un potencial aliado nuestro, me entrevistó durante 5 minutos dos días antes del 12-O después de emitir algunas cuñas (pagadas) en su cadena. Fuera de los limitados canales de Facebook en los que anunciamos los actos, nuestros blogs y muros personales y cuentas de Twitter, poco más podemos hacer para movilizar a los españoles residentes en Cataluña.
    • Cualquier acto, incluso nuestras austeras celebraciones del 12-O y 6-D, requiere contar con algo de dinero para montar el escenario, contratar la megafonía, abonar los seguros, imprimir la pancarta y algunos carteles, etc. Y nuestras asociaciones son pobres de solemnidad hasta el punto de que el dinero para costearlos ha salido en ocasiones de nuestros bolsillos.
    • Este año queremos esmerarnos para que el 12-O de 2017 sea mejor que el de años pasados. Son muchas las acciones que queremos realizar durante el mes de septiembre y vuestra ayuda resulta imprescindible para llevarlas a cab Os necesitamos para movilizar a las personas que en Badalona piensan como nosotros pero hoy no están aquí, necesitamos vuestra ayuda para estar presentes con carpas en la calle a partir del 1 de septiembre, para organizar actos como éste en otras localidades del cinturón de Barcelona, etc. Tenemos que ponernos manos a la obra y desentumecer a los cientos de miles de catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos y desean que el Barcelona, el Español y el Gerona sigan jugando en la primera división de la Liga Española.
    • Por eso quiero invitaros a todos los que estáis hoy aquí a que no os marchéis a casa sin darnos vuestro nombre, dirección de correo electrónico y teléfono, para ponernos en contacto y haceros copartícipes de la organización de nuestros actos. Tenéis que ser protagonistas. Para ganar esta batalla tenemos que empezar por crear organizaciones locales tan potentes como las que tienen las asociaciones secesionistas y estar presentes en todos los rincones de Cataluña. Sólo así podremos difundir nuestro mensaje a favor de una sociedad abierta, esperanzada y solidaria y contraponerlo al discurso tribal, victimista y egoísta que, con marcado carácter xenófobo y hasta racista, ha calado en amplios sectores de la sociedad catalana.
  • Puigdemont en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 de junio. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

    Aunque nuestro interés primordial sea organizar y promocionar los actos del 12-O y 6-D, las asociaciones constitucionalistas no podemos ignorar la amenaza que supone la celebración del referéndum el 1 de octubre, nuestra cita excepcional de este año. Como sabéis, Puigdemont anunció el pasado 9 de junio la pregunta que quiere plantearnos a los españoles empadronados en esta Comunidad Autónoma:

 “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?

  • Hemos sabido hace pocos días que si ganara el “sí”, aunque sólo votaran Puigdemont, Junqueras y Colau y el resultado fuera 2 “síes” y 1 voto en blanco, el Parlament de Cataluña proclamaría la república en un plazo no superior a dos días contados a partir del momento en que se oficialicen los resultados. Quizá pretendan hacerlo el 6 de octubre para emular la “gesta” que protagonizó Companys ese mismo día en 1934, cuando proclamó desde el balcón de la entonces Plaza de la República (ahora Plaza de San Jaime) el Estado Catalán de la inexistente República Federal española. Horas después fue detenido, juzgado y encarcelado por sublevarse contra el gobierno legítimo de la II República.

    Placa que retiró el alcalde Trias (CDC) de la actual Plaza de San Jaime. Así se llamó desde 1843 hasta 1931 en que pasó a llamarse Plaza de la República.

  • Como sabéis 8 diputados del Parlament de Cataluña, 4 de la coalición CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) y 4 de la coalición JxS (Corominas, Turull, Orobitg y Rovira), presentaron el pasado 4 de julio la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” en un patio del Parlament de Cataluña. Puigdemont, alias “Peluquín Airado”, y Junqueras, alias “Ojo Extraviado”, se encargaron de presentar el engendro jurídico en sociedad esa misma tarde en el Teatro Nacional de Cataluña.
  • Por cierto, que hoy mismo la Guardia Civil se ha personado en el Teatro Nacional de Cataluña, en calidad de policía judicial, para averiguar quién abonó los 17.600€ a que ascendió el alquiler del local donde Puigdemont y Junqueras presentaron la “ley del referéndum de autodeterminación” el pasado 4 d julio. Al parecer la pagó el grupo parlamentario de JxS con el dinero de todos los ciudadanos. Esperemos que se decanten las responsabilidades de los presuntos malversadores de caudales públicos.
  • De momento, se trata del borrador oficioso de un proyecto de ley cuyos

    Presentación de la “ley del referendumde autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

    promotores no se han atrevido a registrarlo y tramitarlo en el Parlament, ni a debatirlo y votarlo en el hemiciclo. Cuenta con el apoyo entusiasta de los 10 diputados de la CUP y con el apoyo de Puigdemont y Junqueras y buena parte del rebaño de 60 diputados que pastorean los dirigentes de CDC y ERC. Se oponen al proyecto los 25 diputados de Ciudadanos, los 16 del PSC y los 11 del PP. Por su parte, los 11 diputados de Colau (CatSíqueesPot) lo apoyan con reservas: quieren a toda costa evitar aparecer en la foto junto a quienes se oponen al referéndum, para robarle votos al PSC, si bien su deseo oculto es que Puigdemont naufrague y convoque elecciones anticipadas. Esta es la situación política en el Parlament de Cataluña.

  • Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley suprema”.

    ¿Qué podemos decir sobre esta pretendida “ley suprema” elaborada en secreto por una decena de diputados? El objetivo principal de la ley es proporcionar cobertura legal a un ilegal referéndum de autodeterminación y a todas las personas e instituciones que participen en su organización. Para ello, el Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, como la Constitución y el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

  • Está claro que el gobierno de Puigdemont y Junqueras pretende aprovechar la circunstancial mayoría que tiene en el Parlament de Cataluña para tramitar y aprobar la “ley” por sorpresa este verano, con el aval de 72 diputados autonómicos que obtuvieron el 47,7% de los votos válidos y 36,8% del censo en las elecciones del 27-S, un número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Se trata de una “ley” manifiestamente inconstitucional que ignora la división de poderes, invade las competencias de otras instancias del Estado y se sitúa por encima de la Constitución y el propio Estatut de Cataluña.
  • Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

    Con este audaz golpe de mano Puigdemont y Junqueras pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho y suspender los derechos constitucionales de los españoles empadronados en Cataluña. Constituye un despropósito jurídico sin parangón en ningún Estado democrático que intenta finiquitar en 48 horas con la democracia en Cataluña y dejarnos a los catalanes en una situación de indefensión ante la acumulación en manos de los 72 diputados secesionistas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La situación recuerda aquella famosa consigna que hizo celebre la revolución bolchevique: “Todo el poder para los soviets”.

  • El Parlament tras aprobar la resolución de inicio del proceso constituyente.

    ¿Cómo debemos responder los demócratas al órdago del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña? Voy a suponer (aunque no está claro que vayan o puedan hacerlo) que el gobierno de la Generalidad y la banda de los 72 presentan y aprueban en 24 horas la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” durante el mes de agosto. A continuación voy a sugerir algunas pautas para afrontar los acontecimientos que pueden presentarse hasta el 1-O:

  • Primero: en cuanto la “ley del referéndum” sea aprobada en el Parlament este verano, la Abogacía del Estado interpondrá en nombre del Gobierno de España el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como ha ocurrido con otras resoluciones del Parlament –inicio del proceso constituyente, conclusiones finales de la comisión de estudio de proceso constituyente, etc.- el recurso será admitido a trámite por el TC y la “ley” quedará inmediatamente suspendida: no existirá ninguna “ley suprema” que ampare las conductas delictivas.
  • Sede del Tribunal Constitucional.

    A partir de ese momento, todos los miembros del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament que la hayan aprobado, así como aquellos que pretendan implementarla, habrán incurrido o incurrirán en delitos por los que tendrán que responder ante los Tribunales, como ha ocurrido en los casos del presidente Mas, los consejeros Homs, Ortega y Rigau, los diputados Forcadell, Nuet, Corominas y Simó y la consejera Borràs.Esperamos que a todos los que decidan seguir adelante y organizar el referéndum se les imputen, además de los delitos de desobediencia grave, usurpación de funciones y prevaricación, el delito de malversación de caudales públicos. En situación similar se hallarán también los funcionarios del gobierno de la Generalitat que elaboren el censo y los miembros de la “sindicatura electoral de Cataluña” que usurpen las funciones de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos facultados por Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la libre participación y la limpieza de los procesos electorales. Tampoco escaparán de la Justicia los cargos electos de los Ayuntamientos que pongan a disposición del gobierno de la Generalitat centros públicos para realizar el referéndum.

    Artur Mas junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo.

  • Segundo: aunque es al Estado a quien corresponde enfrentarse al gobierno de la Generalitat y detener en seco la “ley del referéndum“, las asociaciones cívicas tenemos que estar junto al Gobierno, el TC y Las Cortes en este trance, y respaldar todas las medidas y autos que adopten para impedir la celebración del referéndum.
  • Tercero: las asociaciones cívicas tenemos además que estar preparadas para acosar con denuncias al gobierno de la Generalitat. La “ley del referéndum” deja en manos de la administración electoral del gobierno de la Generalitat, bajo supervisión de la “sindicatura electoral de Catalunya”, la elaboración del censo electoral y la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales. Se sigue de lo anterior que estos dos organismos tendrán que enviarnos nuestra tarjeta censal, e indicarnos, la sección y la mesa donde podemos votar, e incluso comunicarnos, en su caso, que hemos sido nombrados presidentes o vocales de mesa.
  • Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral, una tarea que la Junta Electoral Central encomienda al Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos podremos presentar una denuncia en cuanto se nos comunique que nuestros datos personales figuran en un “censo” ilegal elaborado por el gobierno de la Generalitat. Ningún organismo administrativo puede obtener o disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Tenemos que empapelar con denuncias el edificio del gobierno de la Generalitat en la Plaza de San Jaime el 6-D.
  • Así entienden la democracaia las diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

    Cuarto: convendría pone en marcha campañas para denunciar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos a los que se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional, la Constitución y hasta el Estatut. Hay que convencerlos de que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falsos y que no deben participar en un referéndum que se salta las tres reglas básicas de la democracia: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. La “ley del referéndum de autodeterminación” viola los tres. Todo un record.

  • Quinto: No estoy seguro que el referéndum llegue a realizarse el 1-O, como dan por hecho incluso personas tan poco sospechosas de connivencia con el secesionismo como (Arcadi) Espada. Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy han reiterado que el referéndum no se hará y confío en que así sea. Sería un éxito importante del Gobierno de España, tanto a nivel nacional como internacional, impedirlo. Para ello, el Gobierno ,además de recurrir al TC la “ley del referéndum”, debería permanecer invigilando y seguir muy de cerca todos los movimientos de consejeros y diputados para impedir que compren las urnas, que editen las papeletas, que hagan campañas institucionales en favor de la participación, que cedan espacios públicos, etc. Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, y Romeva, consejero de asuntos exteriores y relaciones institucionales, han manifestado su dispoción a responsabilizarse de la adquisición de las urnas; y Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona colaborará para que el 1-O sea un éxito. Pues bien, convendría que advertirles a los tres que si hacen lo que anuncian incurrirán en varios delitos.

    Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

  • Sexto: ¿qué debemos hacer los ciudadanos el día 1? No hace falta deciros que no hay que ir a votar. En el hipotético caso de que llegaran a abrirse algunos centros de votación en nuestra ciudad, aconsejo acercarnos al centro que se nos haya asignado en la tarjeta censal para constatar si nuestro nombre figura en el censo. En ese caso, podemos dirigirnos a la comisaría más próxima y denunciar al presidente de la mesa.
  • Concentración de alcaldes de la AMI ante el Parlament de Cataluña para respaldar a los encausados.

    Séptimo: si el referéndum no se celebra, como esperamos y seria deseable, no puede descartarse que Puigdemont se encierre junto con los dirigentes de la CUP y los líderes de las asociaciones secesionistas en el Parlament de Cataluña para escenificar su protesta por la falta de democracia. Podrían incluso convocar a las huestes juveniles de los partidos  (JERC, Arran, etc.) a rodear el edificio en la Ciudadela para defender a sus corajudos líderes. No creo que aguanten mucho tiempo y la estrategia más inteligente, si llegamos a esta situación, tal vez sea dejarles que se conviertan en okupas del Parlament (sin sueldo) durante unos días para que se despedacen entre ellos.

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión para el inicio de el 27 de julio de 2016.

Amigos, el día 1 pasará a mejor vida pero lo que no pasará es el odio y la ponzoña que han sembrado en contra del esperanzador proyecto de una España democrática en la que, por fin, cabemos todos los ciudadanos y todos, con independencia de nuestras creencias religiosas e ideología política, somos libres e iguales ante la ley. Para superar  esta gravísima situación, necesitamos contar con un gobierno al frente de la Generalidad que devuelva a la educación y los medios de comunicación la independencia que nunca debieron perder y utilice el dinero de todos para proporcionar mejores servicios. Antes de que proclamen su república monstruosa, tenemos que desalojarlos de la antigua plaza de la Republica.

Muchas gracias por su atención.

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Irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de julio de 2017.

Rajoy con el ministro Montoro en el Congreso.

Sin apenas margen para respirar, antes incluso de culminar la tramitación en Las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, el Gobierno se encuentra ya preparando los PGE de 2018. El primer paso es, como exige la UE, aprobar un techo de gasto que el Congreso tiene que revalidar. En el artículo que publiqué en Expansión (31 de mayo de 2016), casi un mes antes de las últimas elecciones generales, pronosticaba que “la única posibilidad de que Rajoy pueda formar gobierno pasa por que el PP logre 135-140 escaños en el Congreso y Ciudadanos entre 35 y 45. Ni siquiera en este optimista escenario resultará sencillo fraguar un acuerdo de investidura con Ciudadanos, a menos que Rivera y sus ‘juveniles’ huestes nacidas después de 1978 acepten al inmovilista Rajoy como presidente. Pero incluso si Rajoy fuera investido, le resultará complicado gobernar con un Congreso donde Podemos con sus divergencias e IU, PSOE-PSC, y los partidos independentistas (ERC, CDC, EH-Bildu y PNV) podrían bloquear sus iniciativas de gobierno”.

Rajoy y Rivera tras sellar el acuerdo de investidura.

El PP cumplió el 26-J y obtuvo 137 diputados pero Ciudadanos se quedó en 32 y, a pesar de las numerosas ocasiones en que Rivera había declarado que no lo apoyaría, Rajoy fue investido presidente con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE, todavía en manos de la comisión gestora que había echado a Sánchez en primavera. Durante ese ínterin, el Gobierno logró aprobar los PGE de 2017 haciendo numerosas concesiones a Ciudadanos, al PNV y a CC y NC, los dos partidos canarios. Pocas, si alguna, de las concesiones hechas responden a los intereses generales y la mayoría sólo han servido para hacer guiños a algunos colectivos, en el caso de Ciudadanos, o para obtener beneficios para vascos y canarios en detrimento del resto de los españoles. Pero lo más importante, desde un punto de vista económico, es que estas decisiones sumadas a las reducciones de impuestos que, con marcado carácter electoral, hizo el PP en 2015, han impedido recortar en mayor medida el déficit público y detener el aumento de la deuda pública, los dos principales desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía.

Tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación.

Llevamos ya tres años y medio de crecimiento económico y seguimos con un déficit público que se prevé alcance el 3,1% a finales de año y una deuda pública que está en torno al 100% del PIB. ¿Se puede vivir con una deuda equivalente a lo que producimos en un año? Las familias sabemos que podemos vivir con una deuda igual a nuestra renta. Ahora bien, cuando un estado lo hace se corren dos grandes riesgos. Primero, si las cuentas presentan un déficit de entrada se reduce el margen de maniobra de la política fiscal para hacer frente a una futura recesión. Segundo, la economía española será mucho más vulnerable si los inversores perciben que las Administraciones Públicas son incapaces de financiar sus gastos año tras año y siguen acumulando deuda, incluso después de varios años de crecimiento de la producción y el empleo. No hace falta recordar, las dificultades que tuvo el Tesoro para financiarse a partir de 2009 y el punto álgido que se alcanzó en el verano de 2012 que sólo pudo solventarse gracias a la intervenciónd el BCE. Ahora, con una deuda de 1,1 billones, una elevación de la prima de riesgo resultaría catastrófica, no sólo para las Administraciones sino también para el sector privado.

Gráfico de la prima de riesgo española y el valor de las acciones bancarias.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 22 de mayo de 2017.

El triunfo de Sánchez en las primarias nos ha devuelto a la situación de conflictividad vivida entre el 28-D y el 26-J. Lograda su revancha contra los enemigos de partido, el objetivo de Sánchez ahora es echar a Rajoy como sea y cuenta para ello con los votos de Podemos y sus divergencias, y el apoyo moral de las organizaciones sindicales. No habrá abstención en este caso como ocurrió con los PGE de 2017. La cuestión, por tanto, es si podrá reeditarse el apoyo que han prestado Ciudadanos, PNV y los partidos canarios al PP. Montoro ha anunciado un ligero aumento (1,3%) del techo de gasto pero los primeros escarceos políticos indican que el gesto resulta muy insuficiente para colmar las ansias de Ciudadanos que quiere adelantarse al PP –el ministro Guindos avanzó que es posible acompasar la reducción de impuestos con la del déficit– y presentarse ante la  opinión pública como el adalid de una nueva reducción del IRPF. El argumento que ha ofrecido Rivera es que hay que devolver “a los españoles el esfuerzo que han hecho”.

Rivera exige al Gobierno bajar el IRPF para apoyar los PGE 2018.

Evolución del fondo de reserva de la SS.

El razonamiento de Rivera hace aguas por la sencilla razón de que el esfuerzo que dice hemos hecho resulta todavía insuficiente para pagar todo lo que el Estado devuelve a los ciudadanos en forma de servicios, prestaciones y transferencias de todo tipo. Más incluso, una reducción de los impuestos y un mayor déficit ponen en riesgo el mantenimiento de esos servicios, prestaciones y transferencias en el futuro. Más razonable parece la opinión de quienes señalan la insuficiencia recaudatoria de nuestro sistema fiscal –después de un forcejeo ministerial la paga extraordinaria de los pensionistas de junio se ha pagado con un crédito extraordinario incluido en los PGE de 2017 de 10.200 millones a devolver en 10 años– y abogan por subir los impuestos para eliminar el déficit público y lograr superávits presupuestarios durante las fases alcistas del ciclo. Quiero recordar, para finalizar, que la cifra de déficits (nominales) acumulados desde 1995 a 2015 alcanzó 735.000 millones y que las AA. PP. sólo lograron superávits en 3 años de 21. Se puede ser liberal pero no irresponsable.

Gráfico Deuda Pública España en % PIB 2009-2017

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Universidades por la Constitución

Estimados miembros del PDI y PAS, y estudiantes de las Universidades públicas y privadas de Cataluña:

El pasado 15 de mayo, los miembros del PDI y PAS de la Universidad Autónoma de Barcelona recibimos un correo de la autodenominada plataforma “Universitats per la República”. En él se nos anunciaba la creación de un espacio aglutinador (“Universitats per la República”) en defensa de la realización de un “referendum” unilateral en Cataluña y, como correlato, de una “República Catalana Independent”. En la misiva, se adjuntaba el “Manifest d’Universitats per la República”, al tiempo que se nos pedía que lo apoyáramos con nuestra firma, para consolidar el proceso de independencia unilateral de Cataluña.

Ante el contenido y los objetivos tanto del correo como del manifiesto, un grupo de profesores de la UAB  que no comulgamos con estas ruedas de molino (referéndum unilateral y desprecio de la legalidad vigente) consideramos que no podemos responder a esta iniciativa con el “silencio del miedo y de la cobardía” (Abate Dinouart, dixit), que es el silencio del que calla cuando resulta imperativo hacer oír nuestra voz. En efecto, pensamos que violar la democracia en nombre de la democracia constituye una aberración intelectual que no puede quedar sin respuesta porque, como nos enseñó Hannah Arendt, los gobernantes y los ciudadanos debemos respetar el abcé del sistema democrático que se resume en que no hay democracia fuera de la ley.

 

Turull (CDC), Botran (CUP) y Palazui, secesionista confesa y decana de Facultad de Economía y Empresa de la UB entre 2009 y 2017.

Estas son las razones que nos han impulsado a redactar este correo y el manifiesto alternativo “Universidades por la Constitución” que te adjuntamos. Al modo de los caballeros medievales que se reunían alrededor del pendón en el fragor de las batallas, te invitamos a que te sumes a nuestra plataforma para respaldar el ordenamiento constitucional y te pedimos tu ayuda generosa para difundirlo entre tus colegas.

 

Recibe un cordial saludo.

Plataforma “Universidades por la Constitución”

  • Clemente Polo Andrés, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico  (UAB).
  • Manuel Cabezas González, profesor Titular de Filología Francesa (UAB).

UAB, Campus de Bellaterra, 26 de junio de 2017.

 

Universidades por la Constitución

La Constitución que aprobaron las Cortes y refrendaron los ciudadanos españoles, el 6 de diciembre de 1978, inauguró el período más largo de libertad, concordia y prosperidad de nuestra historia. Nuestra Constitución reconoce los derechos individuales y colectivos de los españoles, sin ningún tipo de discriminación; configura el funcionamiento de las instituciones donde están representados todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia; y establece una razonable separación de poderes que ha ido afirmándose con el paso del tiempo. Gracias a ella, los españoles hemos podido convivir en libertad durante casi cuatro décadas sin que una de las dos Españas, a las que se refirió Antonio Machado, nos helara el corazón.

Ciudadanos votando la Constitución el 6 de diciembre de 1978.

Puigdemont negociando con las diputadas Gabriel y Boya de la CUP.

Frente a este Estado social y democrático de Derecho en el que “todos los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, los líderes de algunos partidos políticos de Cataluña (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP-CC) están utilizando su escuálida mayoría en las instituciones de autogobierno para saltarse a la torera el ordenamiento constitucional. Pretenden, empleando toda suerte de ardides y tretas inconfesables, imponer, por la vía de los hechos consumados, una república que liquide el pluralismo social y político y la división de poderes en Cataluña. En su perversa concepción de la democracia, estos partidos rechazan las normas aprobadas en aquellas instituciones del Estado donde ellos no tienen mayoría y desacatan las resoluciones de los Tribunales, contrarias a sus intereses partidistas.

Rosa Díez (diputada de UPyD), agredida en la UAB.

La Constitución es el baluarte más importante con que cuenta la comunidad universitaria para defender la libertad de expresión y la libertad de cátedra así como la igualdad de oportunidades, amenazadas por la deriva secesionista en Cataluña. Desde hace años, los colectivos PAS y PDI recibimos todas las comunicaciones oficiales exclusivamente en catalán, y el catalán se nos impone, por defecto, como idioma del sistema operativo en los equipos informáticos adquiridos con fondos de nuestros proyectos de investigación. Algunas Universidades exigen el conocimiento del catalán para participar en los concursos, anteponiendo una lengua oficial (el catalán) a la otra (el castellano), e impidiendo a potenciales candidatos del resto de España participar en los mismos. Además, los órganos de gobierno universitarios han permitido, e incluso alentado, las acciones intimidatorias y violentas que desarrollan algunos sindicatos estudiantiles, correa de transmisión de los partidos secesionistas, para coartar la libertad de expresión. Recientemente, el “manifiesto a favor del catalán como lengua oficial única” –presentado con toda solemnidad en el paraninfo de la Universidad de Barcelona– establece como objetivo principal “restituir al catalán el estatus de lengua territorial de Cataluña”, algo que supondría erradicar completamente el castellano de las aulas universitarias.

Presentación en el paraninfo de la Universidad de Barcelona del manifiesto que reivindica la oficialidad exclusiva del catalán el 31 de marzo de 2016. En la foto (de izquierda a derecha) J.C.Moreno, J.Marti, J. Murgadas, J.Arenas i M.Lorente.

La situación actual de los profesores, los investigadores y el personal administrativo que no compartimos el proyecto secesionista es ya harto incómoda, pero puede devenir crítica en los próximos meses si los partidos secesionistas aprueban la llamada “ley de transitoriedad jurídica” y proclaman la república catalana. Poca ayuda cabe esperar de los órganos de gobierno de las Universidades públicas, que se sumaron sumisamente al pacto por el derecho a decidir. Además, “el hombre de la estaca” (Lluis Llach) nos ha advertido que la Generalitat sancionará a los funcionarios díscolos que osemos desobedecer las “leyes republicanas”.

Ante estas imposiciones y amenazas barriobajeras, impropias de un estado democrático, los firmantes de este manifiesto reivindicamos la plena vigencia de nuestro ordenamiento constitucional –garante de las libertades, el pluralismo y la democracia en Cataluña y en el resto de España– y solicitamos el apoyo de toda la comunidad universitaria española en esta hora decisiva.

Congreso de los Diputados, histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó por 299 votos la propuesta de transferir a la Generalitat la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Plataforma “Universidades por la Constitución”

  • Clemente Polo Andrés, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UAB).
  • Manuel Cabezas González, profesor Titular de Filología Francesa (UAB)

 

Campus de Bellaterra, 26 de junio de 2017

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¿Hay que ilegalizar la AMI?

Artículo publicado en el diario Expansión el 29 de junio de 2017

AMI: asamblea general en Palamós, 3 de marzo de 2017.

La Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) se constituyó en el año 2011 al  calor de las “consultes per l’independencia” que se iniciaron en Arenys de Munt el 14 de septiembre de 2009 y culminaron en Barcelona el 10 de abril de 2011. La AMI “está formada por instituciones que representan el mundo local y tiene como principal objetivo sumar esfuerzos para conseguir, en un futuro cercano, la creación de un Estado propio para Cataluña en el marco de la Unión Europea”. En un recuadro de su página de Internet se subraya “que se trata de un movimiento que aglutina todas las sensibilidades políticas y trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, un objetivo a todas luces imposible de encajar en nuestro ordenamiento constitucional.

Una asociación anticonstitucional

Según el último informe de gestión de 2015 (presentado el 8 de abril de 2016), la AMI está integrada por 785 Ayuntamientos catalanes, las 4 Diputaciones Provinciales, 35 Consejos comarcales, 9 Entidades Municipales Descentralizadas y 1 consorcio. La mayoría de alcaldes en municipios adheridos a la AMI pertenecen a CDC (381) y ERC (239), aunque hay también 15 con alcaldes del PSC y la población de sus municipios alcanza el 43,65% de Cataluña. Este informe (como los anteriores) proporciona una información exhaustiva de las reuniones, resoluciones y campañas desarrolladas para promover la secesión de Cataluña. Veamos algunos de sus hitos recientes más significativos.

Vila d’Abadal, primer presidente de la AMI en el acto de firma de la hoja de ruta acordada por Mas y Junqueras el 30 de marzo de 2015. Junto a ellos, Forcadell, presidenta de la ANC, y Casals, presidenta de Omnium Cultural.

En una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat el 30 de marzo de 2015, Vila d’Abadal, alcalde de Vic y primer presidente de la AMI, firmó, junto al presidente Mas (CDC), Junqueras (ERC), Forcadell (ANC) y Casals (Omnium Cultural) el documento “Hoja de ruta” del proceso unitario soberanista catalán, donde se detallaban los pasos a dar para alcanzar la independencia en 18 meses contados a partir de las elecciones del 27 de septiembre. Unos meses después, ya con Carles Puigdemont como presidente, la AMI aprobó una moción de apoyo a la resolución I/XI de inicio del proceso constituyente que había sido aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 y el TC declaró nula el 2 de diciembre.

Puigdemont, segundo presidente de la Asociación de Municipios Indepedencia.

 

Los diputados de C’s y el PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones finales de la comisión de estudio del proceso constituyente el 27 de julio de 2016.

El 27 de julio de 2016, se votaron en el Parlament las “Conclusiones finales” de la “comissió d’estudi del process constituent”. La presidenta Forcadell y cuatro vocales de la mesa de portavoces (Barrufet, Corominas, Nuet y Simó) están siendo investigados por llevarlas al Pleno, ignorando la opinión contraria de los letrados del Parlament y las reiteradas advertencias del TC. Lloveras, tercera presidenta de la AMI, asistió a esa ‘histórica’ sesión y “celebraba, al final de la votación, que el proceso de construcción de una nueva república dé un paso «cumpliendo los pasos que se habían fijado»”.

Lluis LLach, el hombre de la estaca: antaño cantautor, hoy ‘bienpagao’ inquisidor.

Lloveras, presidenta de la AMI, con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, el 26 de julio de 2016 en el Parlament.

En varias ocasiones, la AMI ha movilizado a sus alcaldes y concejales ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arropar a los encausados por la consulta del 9-N (Mas, Ortega y Rigau) y a los diputados que desobedecieron al TC. A principios de mayo, Lloveras declaró tras una reunión de la Comisión ejecutiva “estar preparados para tener «una implicación activa» en cuanto «se apriete el botón del play» del referéndum en las próximas semanas”.

Mas acude a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015, arropado por los alcaldes de la AMI.

Reunión de la comisión ejecutiva de la AMI, presidida por Lloveras, en Tàrrega el 4 mayo 2016: estamos listos para cuando se apriete el “play”.

Tras el anuncio hecho por Puigdemont de la fecha y la pregunta del referéndum, la AMI ha anunciado que “como agentes locales, nos ponemos a la disposición del gobierno catalán y el Parlament para todo que pueda requerir para esta cita con las urnas… El mundo local asumirá aquellas responsabilidades que le sean requeridas”. De momento, la AMI y la Asociación catalana de Municipios (ACM) han convocado el 1 de julio de 2017 a los representantes de los municipios adheridos para escenificar, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, su apoyo al proceso secesionista: “queremos que los alcaldes vengan a mostrar su compromiso con la celebración del referéndum y el derecho a decidir del pueblo catalán. No queremos continuar con las imposiciones del gobierno español”.

Desmantelar la AMI

Lloveras, tercera presidenta de la AMI, junto al presidente de la Asociación Catalana de Municipios, presentando el acto que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 1 de julio de 2017 .

No nos dejemos engañar por estas apelaciones vacías al ‘pueblo’ de Cataluña y a la democracia refrendaria. No estamos ante imposiciones arbitrarias del “gobierno español”, como la AMI da a entender, sino ante una Constitución refrendada por todos los ciudadanos, unas normas democráticamente aprobadas a las que los poderes públicos están sujetos, y unas sentencias que todos hemos de acatar. Lo que resulta profundamente antidemocrático es que el gobierno de la Generalitat y dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí y CUP-CC que cuentan con una exigua mayoría –insuficiente incluso para reformar el Estatut de Autonomía de Cataluña–, pretendan realizar un referéndum inconstitucional que el Congreso rechazó por una mayoría abrumadora el 8 de abril de 2014, y ratificó el pasado 17 de mayo.

Puigdemont, segundo presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose ya como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Como ciudadano español y europeo que vivo y trabajo en Cataluña me pregunto cómo es posible que la AMI desarrollado su actividad y extendiendo sus redes impunemente. ¿Acaso los miembros de la Comisión Ejecutiva de la AMI, con sus tres presidentes a la cabeza –Vila d’Abadal, Puigdemont y Lloveras– no han incurrido en los mismos delitos que han producido la inhabilitación del ex-presidente Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau?  Y, ¿qué decir de los concejales que al tomar posesión de sus actas y jurar sus cargos añadieron, a instancias de la AMI, “estoy a disposición del gobierno de la Generalitat de Cataluña que surja de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, juntamente con todas nuestras instituciones, EL ESTADO CATALÁN LIBRE Y SOBERANO”?

Los Ayuntamientos por la independencia.

Informes de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local por la Independencia.

Hay también otro asunto de capital importancia cuya legalidad convendría examinar. Según los Estatutos de la AMI, los municipios asociados “han de contribuir al sostenimiento económico de la asociación satisfaciendo al menos la cuota [ordinaria] establecida” que fija el Consejo Directivo  “teniendo en cuenta la población de cada entidad asociada”. En otras palabras, sus actividades anticonstitucionales las financiamos los ciudadanos con los impuestos y tasas que ingresan los Ayuntamientos. ¿No estamos ante un caso flagrante de malversación de caudales públicos? Cabe incluso preguntarse si Ayuntamientos y Diputaciones, en tanto que entidades de derecho, pueden adherirse a una asociación cuyo objetivo central –lograr la independencia de Cataluña– y los medios que propugna para alcanzarlo –celebrar un referéndum de autodeterminación ilegal– han sido declarados inconstitucionales.

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de algunos partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno de la Generalitat  la potestad de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Cataluña vive una situación insurreccional, similar a la que había en El País Vasco en 2003 antes de la ilegalización del partido Herri Batasuna y otras organizaciones afines a ETA. El argumento que entonces se dio para ilegalizarlas fue precisamente “la utilización por la banda terrorista ETA del apoyo de partidos políticos, cuyo amparo se encuentra precisamente en el funcionamiento del propio Estado de Derecho y los postulados de la Constitución, cuyo sustento y bases pretende destruir”. En Cataluña no existe ETA pero sí partidos políticos y asociaciones, como la AMI, que amparadas en el funcionamiento del Estado de Derecho pretenden destruir sus bases. El mantenimiento del orden constitucional exige actuar con firmeza frente a ellos y descartar cualquier tentación de hacer hoy concesiones que lamentaremos mañana. Queda poco tiempo.

Cartel anunciador del acto del 1 de julio de 2017.

Forcadell arropada por Puigdemont y Junqueras y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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El 12-O… EnMarcha

El 28 de junio de 2017, los representantes de las asociaciones que han organizado la celebración de la Fiesta Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona desde 2012 nos reunimos, por segunda vez, para reafirmar nuestro compromiso de realizar un acto unitario el próximo 12 de octubre de 2017. La celebración incluirá, como en otros años, una manifestación que recorrerá el Paseo de Gracia y finalizará en Plaza de Cataluña, donde se desarrollará un acto de reafirmación política seguido por el desfile de comparsas hispanoamericanas que simbolizan los fraternales lazos que unen a los pueblos de las dos márgenes del Atlántico.

 

 

Puigdemont anunciando la pregunta y la pregunta del referéndum el 6 de junio en la sede del gobierno la Generalitat. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

Ni el anuncio hecho por Puigdemont de  la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre, ni la intención de aprobar con nocturnidad y alevosía las leyes de “desconexión” en el Parlament en los próximos meses, ni la amenaza del “hombre de la estaca” (Lluis Llach, antaño cantautor, hoy “bien pagao” inquisidor)  de que la Generalitat sancionará a los funcionarios díscolos que incumplan la llamada “ley de transitoriedad jurídica” podrán impedir que salgamos a la calle a festejar casi  cuatro décadas de libertad, concordia y prosperidad.

Puigdemont reunido con Gabriel y Boya, dos dirigentes del partido anticapitalista y antisistema CUP-CC en el palacio del gobierno de la Generalitat.

 

Llach, antaño cantautor y hoy ‘bien pagao’ inquisidor, presidiendo junto a Serra (CUP-CC) la comisión de estudio del proceso constituyente.

De momento, queremos enviar un mensaje claro y nítido a quienes no respetan el derecho constitucional a la libertad de expresión ni la cooficialidad de la lengua mayoritaria de los catalanes; a quienes dedican todas sus energías a emponzoñar con falsedades y medias verdades la historia compartida y a desfigurar la realidad social hasta límites grotescos; a quienes amenazan con saltarse las leyes democráticamente aprobadas y se jactan de desacatar las sentencias de los Tribunales: sepan que no les vamos a dar tregua y que por mucho que nos opriman y amenacen no nos moverán. El 12-O, todos a Paseo de Gracia y Plaza de Cataluña.

12-O, 2016. Cabecera de la manifestación.

Clemente Polo durante su intervención en la Plaza de Cataluña el 12 de octubre de 2016.

 

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EiC denuncia una nueva irresponsabilidad de Puigdemont

¿Dónde estaban Otegui, Carod-Rovira,Forcadell, Barrufet, Fernández y Tardà?

El 19 de junio de 1987 la banda terrorista ETA perpetró uno de sus atentados más sangrientos en el aparcamiento del supermercado Hipercor, situado en la Avda. Meridiana de Barcelona. Fallecieron 21 ciudadanos españoles, otros 45 sufrieron heridas de diversa consideración y se truncó para siempre la vida de decenas de familias. Dos de los terroristas que formaban el comando Barcelona, Domingo Trotino y Josefa Ernaga salieron de prisión tras cumplir 26 y 27 años de condena, respectivamente; Rafael Caride, arrepentido, abandonará la prisión en breve tras cumplir 30 años; y Santiago Arróspide, jefe del comando, continúa preso. Las víctimas que sobrevivieron y todos los familiares siguen sufriendo (y sufrirán de por vida) las consecuencias irreparables de los crímenes de estos cuatro sicarios.

Otegui con Barufet y Fernández (CUP), Tardà (ERC) y Lluis Llach.

Puigdemont durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas de Hipercor.

Con motivo del XXX aniversario del atentado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han querido honrar a las víctimas organizando y sumándose a diversos actos conmemorativos que se han celebrado en Barcelona estos días. En uno de ellos, Puigdemont, el Nada Honorable (N. H.) presidente de los secesionistas catalanes, llamó al ‘pueblo catalán’ a resistir a quienes se oponen a la secesión de Cataluña como la misma determinación que la sociedad resistió los embates criminales de ETA. El movimiento cívico EiC condena esta irresponsable y ofensiva comparación que ha suscitado, lógicamente, el rechazo unánime de los partidos de la oposición, del gobierno de España y de casi todos los ciudadanos decentes y con sentido común.

Otegui con Forcadell (ERC), presidenta del Parlament de Cataluña.

Maragall (PSC) y Carod-Rovira (ERC) haciendo turismo en Israel durante el primer tripartito-

A los catalanes que venimos denunciando desde hace años las políticas sectarias y anticonstitucionales del gobierno de la Generalitat, la ‘salida de tono’ de Puigdemont no nos ha pillado por sorpresa. El N.H. vicepresidente de la Generalitat Carod-Rovira (ERC) ya tuvo la desfachatez de reunirse con terroristas de ETA en Francia para pedirles que mataran fuera de Cataluña. Hace un par de meses vimos a un terrorista de Terra Lliure, Carles Sastre i Benlliure, condenado por el asesinato del industrial José María Moltó Marqués, junto a Puigdemont, Junqueras y Colau –y al lado del ex-juez Vidal – en la foto de familia que reunió a los integrantes del llamado pacto por el derecho a decidir’ en el Parlament de Cataluña. Y la CUP-CC, apoyo indispensable del gobierno de Puigdemont-Junqueras, mantiene excelentes relaciones con Otegui, condenado por pertenecer a ETA. Los mismos perros con distintos collares.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Fernández (CUP) con Otegui: “que grandes somos”.

 

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Ya no cuela

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de junio de 2017

Puigdemont, primer presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo . “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Guardiola, hijo de la Masía y jugador de la selección española, artista invitado en la última obra de la compañía PuigCupQueras.

 

Democracia devaluada

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

Forcadell arropada por Hagrid y Puigdemont y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Junqueras, Puigdemont y Romeva en el Parlament de Cataluña.

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de  la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Congreso histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Puigdemont y Gabriel celebrando un acuerdo para iniciar la puesta en marcha de la república independiente.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagao” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Lluis Llach, antaño cantautor, hoy ‘bien pagao’ inquisidor.

 

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro de Carles Sastre, terrorista convicto de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario José María Bultó Marqués, junto al ex-juez y ex-senador Vidal.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

Sáenz de Santamaría visitando la exposición en homenaje a las víctimas de Hipercor en Barcelona.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Rajoy interviniendo en la moción de censura que presentó Podemos en el Congreso el 13 de junio de 2017.

Soledad del Gobierno

Iglesias abraza a Montero al término de su intervención en la moción de censura.

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad  “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 24 de mayo de 2017.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno en junio de 2015.

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

39º Congreso del PSOE. la delegación andaluza liderada por Díaz abandona la sala antes de votarse la ponencia política el 18 de junio de 2017.

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