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El problema de Cataluña se llama insurrección

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa.

¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a

Parlament de Cataluña decorado con lazos amarillos.

representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.

¿Reunión o concesión?

Sánchez conversando con Torra que lucía su lacito amarillo y tenía detrás dos jarrones con flores amarillas.

Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.

El Congreso aprueba el 20 de diciembre la senda de déficit de los PGE con apoyo de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT.

Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.

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Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república independiente de Cataluña en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el  “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.

Comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno de la CA de Cataluña.

21-D: mucho ruido y nueces huecas

El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos  Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos,más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.

Sánchez posa con sus ministros antes de iniciar el Consejo de Ministros en la Lonja del Mar.

La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’ al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos  miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.

Aspecto del ‘consejo popular de ministros’ celebrado frente a la estación de Francia en Barcelona.

A modo de conclusión

El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por

Los CDR en acción en la madrugada del 21 de diciembre.

desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.

Y cuando se hizo la luz, pudo constatarse la cruda realidad: cuatro gatos que los Mozos  podrían haber reducido en un santiamén.

 

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La república del dedazo

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de mayo de 2018.

Torra, en el atril del Parlament, anunciando en la sesión de investidura que restablecerá las normas anuladas por el Tribunal Constitucional y retomará el proceso constituyente. 12 de mayo de 2018.

La fallida investidura de Joaquim Torra i Pla en el Parlament el 12 de mayo se resolvió este lunes con la proclamación del hombre elegido a dedo por Puigdemont para sucederle al frente del gobierno de la Generalitat. Mediado el domingo, el consejo político de la CUP reunido en Cervera anunció que sus cuatro diputados se abstendrían y harían buena la mayoría de 66 diputados de Junts per Catalunya (JcC) y ERC frente a los 65 de la oposición. A Torra, lo ha hecho presidente la misma fuerza política que hizo presidente a Puigdemont y apoyó su deriva republicana. Como todos los líderes de los partidos de la oposición advirtieron en sus intervenciones, la designación de Torra como presidente del gobierno de la Generalitat reabrirá, con más virulencia si cabe, la confrontación social y política en Cataluña y el conflicto entre la Generalitat y las instituciones democráticas del Estado.

Grupos organizados enfrentándose el 1-O a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

República o república

Ninguna otra cosa cabe esperar de un presidente que pretende en los cinco meses concedidos por Puigdemont restablecer las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, promover la desobediencia civil y retomar el proceso constituyente para restaurar la república que Puigdemont ya proclamó en octubre. Éste es el programa real que esconden las hermosas palabras del candidato: “diálogo y vida”. Sordos y ciegos a la realidad plural de la sociedad catalana, los diputados de los dos partidos secesionistas que apoyaron a Torra se niegan a aceptar que la coalición JxS sólo obtuvo el 39,5% de los votos en las elecciones del 25-S y que JxC y ERC lograron el 43,04% el 21-D.

Resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 21-D en Cataluña.

El candidato Torra habló en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña cuando en realidad JxC y ERC no representan en el mejor de los casos a más de 2,1 millones de catalanes de los 5,6 censados. Incluso sumando los votantes de la CUP, los catalanes que apoyaron a los partidos secesionistas sólo consiguieron el 47,5 % de los votos el 21-D. Le escuchamos también llenarse la boca con palabras como democracia y libertad, cuando en realidad su programa de gobierno atenta contra el principio más elemental de cualquier régimen democrático, a saber, el sometimiento de los gobernantes al ordenamiento constitucional y a las leyes democráticamente aprobadas, y cuando constituye un ejemplo de libro de intervencionismo autoritario en todos los ámbitos: político, social y económico. No me extraña que la CUP lo apoye.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

En su apartado populista, Torra nos remitió a una futurible república democrática, justa, eficiente y transparente completamente ajena a la bastante más pedestre realidad: Mas fue el sucesor nombrado a dedo por Pujol; Puigdemont el heredero elegido a dedo por Mas; y Torra el valido designado a dedo por Puigdemont. Sabemos ya que el patriarca de la saga, Jordi Pujol i Soley, se dedicó con toda su familia a saquear a los catalanes durante décadas. El ascenso de Mas y Puigdemont en CDC, no ocurrió por casualidad, sino por el importante papel que ambos desempeñaron en la trama del 3%: en la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Gerona, respectivamente. Algún día conoceremos también qué parte de los recursos que Mas destinó a celebrar el tricentenario de 1714 –90 millones según el historiador Kamen– desaparecieron enterrados en el Born mientras Torra, nominado a dedo por el alcalde Trías, dirigía el centro ‘cultural’.

Radicalizar el conflicto

Torra fue nombrado a dedo por el alcalde Trias director del Centro Cultural del Born donde se enterraron millones de euros con motivo de la celebración del tricentenario de 1714. Presupuesto, según el historiador Kamen: 90 millones de euros. Apliquen el 3% para hacerse una idea de lo que pudo llegar a CDC.

Ni ser religioso ni haber editado algún que otro libro subvencionado por la Generalitat convierte a nadie en persona razonable, respetuosa y leal, mucho menos en humanista. La infinidad de tuits y artículos de opinión que ha publicado Torra en la última década, calificando a los españoles de ignorantes, opresores y expoliadores, producen vergüenza ajena, y lo invalidan para presidir el gobierno de la Generalitat. No parece haberse parado a pensar este ideólogo del secesionismo y rendido admirador de quienes practicaron el pistolerismo republicano, que los catalanes eran en 1714 tan pobres como el resto de españoles pero que su renta per cápita llegó a superar el 60% la media española en plena dictadura franquista. Basta con consultar la obra Estadísticas Históricas editada por Carreras (secretario de Economía de Mas-Colell) y Tafunell para comprobarlo. Constatado el impresionante progreso económico de los catalanes entre 1714 y 1975, resulta obligado concluir que si los españoles se dedicaron a expoliarlos hicieron muy mal su trabajo, Sr. Torra.

Torra y Trias en el centre cultural del Born.

Tras escuchar atentamente sus intervenciones y declaraciones de estos días y leer algunos de sus artículos, no albergo ninguna duda de que el séptimo presidente del gobierno de la Generalitat desprecia la lengua, las tradiciones y la cultura de la mayoría de catalanes, y está decidido a ahondar la fractura política y social abierta por Mas y Puigdemont, y a llevarla a sus últimas consecuencias. No nos engañemos más: Torra desenterró ayer el hacha y declaró la guerra. Quién crea que exagero, le recomiendo que lea su artículo “Per un nou Prats de Molló”. Como ocurrió en la Guerra de Sucesión, un conflicto mitificado y manipulado obscenamente por los partidos y las asociaciones secesionistas, esta guerra la ganará quien tenga mayor determinación, destine más recursos a la empresa y despliegue la mejor estrategia. De momento, los secesionistas van ganando: su determinación es indubitable; han dispuesto a su antojo de 38.000 millones de presupuesto para ganarse voluntades y financiar el entramado administrativo-mediático-asociativo; y, por último, dedican todo su tiempo, no a gobernar, sino a fortalecer el proceso secesionista en Cataluña y a desprestigiar la democracia española en el extranjero.

¿Está el Estado preparado?

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Gobierno, Cortes y Tribunales se han limitado hasta ahora a responder a cada uno de los sucesivos golpes que la Generalitat y el Parlament iban asestando a nuestra democracia: aprobación de resoluciones y normas declaradamente inconstitucionales (resolución I/XI de inicio del proceso constituyente; conclusiones finales de la ‘comisión del proceso constituyente’ y las leyes del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’); acciones tumultuarias frente a la consejería de Economía y el Parlament y realización de la consulta ilegal del 1-O; y, por último, proclamación de la república el 27 de octubre.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

Llegados a ese punto y muy a su pesar, Rajoy se vio obligado aplicar el artículo 155, destituir a Puigdemont y a sus consejeros, y convocar elecciones autonómicas. Pero poco se ha hecho para desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que protagonizó el golpe de estado, y para revertir el proceso insurreccional que los partidos y las asociaciones secesionistas alientan y alimentan desde el Parlament y los Ayuntamientos.

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 solicitando la aprobación para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El 1-O pudimos constatar la imprevisión del Gobierno cuyo plan para impedir la consulta se vio superado por las acciones coordinadas del gobierno de la Generalitat y los Mozos, las asociaciones secesionistas (ANC, Ómnium y AMI), los sindicatos de enseñanza y los Comités de Defensa del Referéndum. Grupos bien organizados y pertrechados ocuparon los edificios públicos donde iban a celebrarse las votaciones y provocaron enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña. Espero que el Ministro del Interior tomara buena nota y esté preparándose para afrontar el proceso insurreccional que se avecina. No basta para restablecer la normalidad democrática, Sr. Rajoy, apelar a “la sensatez, el sentido común y la legalidad” cuando enfrente se tiene a un gobierno dispuesto a saltarse la ley y a constituirse en república. Al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos les compete ahora adoptar las medidas necesarias para desmantelar el entramado golpista, y respaldar, no lo olviden, a los catalanes que están dando aquí la cara. Confío que así sea.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

Rajoy y Rivera fotografiados en uno de sus últimas reuniones.

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La lista de Puigdemont

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de febrero de 2018.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

ERC sometida al pujolismo

Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.

Junqueras de president a presidente de mesa de cartón en Sant Vicenç dels Horts, donde es alcalde el 9 de noviembre de 2014.

ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.

Torrent (ERC) dirigiéndose a los diputados tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP, cerrando acuerdos en el Palau de la Generalitat.

 Volver a las andadas

Riera con el resto de diputados de la CUP en el amago fallido de sesión de investidura el 30 de enero de 2018.

Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados inmediatamente de franquistas y fascistas.

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Sánchez, presidente de la ANC.

Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).

Turull, Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015.

Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.

Rull, cuenta de twitter.

Conclusión

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos, Ponsatí, Puig, Serret y Comín, la noche del 21 de diciembre de 2017.

No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con  la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.

Rajoy anunciando la destitución de Puigdemont y su gobierno el 28 de octubre de 2017.

El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana. La pregunta que muchos se hacen es cuánto dinero sacaron fuera de España y si ese dinero está financiando a Puigdemont en Bruselas.

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