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Torra: año nuevo, camisa vieja

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de enero de 2019.

El N. H. presidente Torra en el cementerio de Montjuich.

Aprovechó el N.H. presidente Torra la festividad de Navidad para acercarse al cementerio de Montjuich a homenajear a Macià en el aniversario de la muerte del líder de ERC –golpista por partida doble: primero a la Monarquía y después a la República– y lanzar desde allí un nuevo desaire al Jefe del Estado y varias exigencias desaforadas al presidente del Gobierno. Al deseo expresado por Felipe VI en su discurso de Nochebuena de buscar el entendimiento y promover la convivencia en Cataluña, Torra le respondió que no existe tal problema sino de falta de democracia y justicia en España. Aprovechó también la ocasión para marcarle el paso a Sánchez, aireando tres de las veintiuna exigencias incluidas en el documento que le entregó en la reunión mantenida en Barcelona el pasado 21 de diciembre: ‘desfranquización’ de España y aislamiento del ‘fascismo’ y la ‘ultraderecha’; regeneración democrática y ética de la política; y creación una comisión internacional de mediación entre ambos gobiernos para ejercer el derecho de autodeterminación.

Sánchez y Torra “El Enlazado” en la reunión que mantuvieron en Barcelona el pasado 20 de diciembre.

Gobiernos desleales, sociedad rota              

Cualquier ciudadano atento al devenir de la vida pública conoce lo que al parecer el presidente Torra ignora: que España es una democracia desde hace 40 años, perfectamente homologable con cualquier otra, y Cataluña es hoy una sociedad fracturada donde la cordialidad y el respeto al prójimo brillan por su ausencia. En cuanto a los orígenes y desarrollo de la fractura política y social, su inicio puede fecharse el 14 de septiembre de 2009, cuando los gobiernos de Montilla y Zapatero permitieron celebrar en Arenys de Munt la primera consulta por la independencia; uno de los momentos álgidos del proceso de confrontación fue la primera consulta ilegal organizada por

Mas burlándose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

el gobierno de Mas (mientras Rajoy miraba hacia otro lado) el 9 de noviembre de 2014; y las tensiones adquirieron tintes de enfrentamiento abierto tras la elección de Forcadell como presidenta del Parlamento el 26 de octubre de 2015 y la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalidad el 12 de enero de 2016.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Porque sólo como fracturada puede calificarse una sociedad donde expresar tus legítimos puntos de vista puede acarrearte que tus compañeros de clase o trabajo, o incluso tus vecinos, te tachen inmediatamente de ‘provocador’, si no de ‘fascista’;  donde las asociaciones y los grupos organizados que promueven abiertamente la secesión de Cataluña reciben respaldo moral, cobertura mediática y hasta subvenciones de los representantes del Estado en

Aspecto del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud en Vilobí del Penedés.

Cataluña: el gobierno de la Generalidad, las Diputaciones y los Ayuntamientos; donde estas instituciones de autogobierno y otros organismos públicos (colegios, institutos, centros sanitarios, Universidades, orfeones y coros, organizaciones sindicales, etc.), en lugar de mantener la debida neutralidad ideológica, adoptan sin ningún recato posiciones partidistas que sólo representan a una parte de los ciudadanos que contribuimos a sostenerlas; donde representantes legítimamente elegidos en las urnas reciben amenazas y necesitan protección para desarrollar con normalidad su actividad política; donde las sedes de los partidos

Sedes del PP atacadas por vándalos independentistas.

estigmatizados como ‘feixistes,’ o simplemente de ‘derechas’ por los dirigentes secesionistas son vandalizados impunemente por hordas ‘republicanas’; donde jueces y fiscales (y a veces sus familias) son hostigados y presionados hasta el punto de verse obligados a solicitar el traslado a otras Comunidades; donde más de 5.000 sociedades han decidido trasladar sus sedes fuera de Cataluña por causa de la inestabilidad política; y, en fin, un paraíso democrático donde las asociaciones secesionistas confeccionan ficheros de empresas desafectas al régimen.

Los CDR cortando una vía de comunicación ante la inacción de los Mozos de Escuadra.

Si alguien quiere una prueba de la quiebra de la convivencia en Cataluña, sólo tiene que volver la vista a la violencia, soterrada y desenfrenada, vivida el pasado 21 de diciembre, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Empecemos por reconocer que los portavoces de los partidos al frente del gobierno de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña, calificaron de provocación la iniciativa de Sánchez. Continuemos sopesando que para captar la instantánea de Sánchez  con sus

Vivienda familiar del juez Llarena tras una visita de las (m)arranitas,las juventudes de la CUP.

Ministros esforzándose por aparentar normalidad, requirió desplegar a 9.000 policías y dejó decenas de heridos y detenidos. Y para terminar de valorar la gravedad de la situación, conviene tener presente que los ciudadanos normales, los jueces y los fiscales, los diputados y los concejales de los partidos constitucionalistas, a diferencia de Sánchez y sus Ministros, acuden cada día a su trabajo sin protección alguna.

Todos a Waterloo

Torra en su discurso de fin de año.

La estrambótica exigencia de Torra de crear una comisión internacional de mediación para acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, bien podría tomarse en estas fechas como una pueril inocentada, de no ser porque Pedro está en plan de prometerlo todo con tal de asegurarse unos meses más en La Moncloa, y porque Torra acaba de convocar en su discurso de fin de año a sus huestes a “rebelarse ante la injusticia y hacer caer los muros de la opresión”. Monólogo quizá, Sr. Sánchez, pero monólogo que augura un 2019 no menos conflictivo que 2018 y 2017, y traslada a la opinión pública de todo el mundo acusaciones gravísimas que merecerían una respuesta contundente del Gobierno de España. ¿Está usted en condiciones de hacerlo?

Romeva, Turull, Rull y otros consejeros golpistas acuden a declarar en plan estrellas cinematográficas.

Porque resulta vital reforzar la credibilidad de nuestro Estado de Derecho a pocos días del inicio del juicio que sentará en el banquillo a políticos y activistas acusados de alentar, organizar y ejecutar coordinadamente actos cuyo objetivo declarado era suspender la Constitución y el Estatuto, destituir al Rey de sus facultades y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. No hay razón alguna para sentirse acomplejado o incómodo y el Gobierno de España debería aprovechar esta ocasión para explicar en Barcelona, Ponferrada, Berlín, Washington y Pekín, las razones por las que estos ciudadanos están encarcelados o prófugos y van a ser juzgados con todas garantías. Incluso concediendo que “cumplieron con lo que [algunos] pedíamos”, ello ni los convierte en “inocentes”, como afirma Torra, ni los exime de responder de sus presuntos delitos.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

Resulta patético que mientras el presidente y los consejeros de la Generalidad dedican la mayor parte de su tiempo e ingentes recursos a desacreditar al Estado, difundiendo a través los medios locales, nacionales e internacionales la especie de que en España hay políticos y activistas inocentes encarcelados o exiliados, Sánchez se avenga a reunirse con Torra y a poner en marcha comisiones bilaterales con los recaderos (Aragonés y Artadi) de los golpistas (Junqueras y Puigdemont), para facilitarles recursos en condiciones aún más ventajosas y hasta cederles nuevas competencias, cuando lo apropiado habría sido recordarles sus límites competenciales, acordar medidas con otros partidos constitucionalistas para impedir nuevas intentonas golpistas, y, en fin, extremar el control del gasto de la Generalidad para evitar que se destinen recursos a ámbitos ajenos a sus competencias, y puedan incluso llegar a los bolsillos de los prófugos ‘exiliados’ (y sus abogados) en Waterloo, Suiza y Escocia. Sánchez quedó rehén de los golpistas al auparse a La Moncloa con sus votos y ellos están aprovechando su debilidad para volar de nuevo.

Puigdemont en su lujosa mansión en Waterloo. No descarto que sean los contribuyentes españoles quienes estamos pagando la factura.

El 21-D seremos ingobernables.

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El problema de Cataluña se llama insurrección

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa.

¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a

Parlament de Cataluña decorado con lazos amarillos.

representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.

¿Reunión o concesión?

Sánchez conversando con Torra que lucía su lacito amarillo y tenía detrás dos jarrones con flores amarillas.

Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.

El Congreso aprueba el 20 de diciembre la senda de déficit de los PGE con apoyo de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT.

Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.

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Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república independiente de Cataluña en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el  “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.

Comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno de la CA de Cataluña.

21-D: mucho ruido y nueces huecas

El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos  Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos,más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.

Sánchez posa con sus ministros antes de iniciar el Consejo de Ministros en la Lonja del Mar.

La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’ al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos  miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.

Aspecto del ‘consejo popular de ministros’ celebrado frente a la estación de Francia en Barcelona.

A modo de conclusión

El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por

Los CDR en acción en la madrugada del 21 de diciembre.

desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.

Y cuando se hizo la luz, pudo constatarse la cruda realidad: cuatro gatos que los Mozos  podrían haber reducido en un santiamén.

 

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Sánchez negocia con Torra en vísperas de otra insurrección

Artículo publicado en Economía Digital, Catalunya Press y otros diarios el 19 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando estampitas en La Moncloa.

Mientras Sánchez continúa negociando con Torra reunirse en Barcelona el jueves 20 y Ábalos pone sobre la mesa 200 millones en inversiones en carreteras para endulzar el cónclave, Cataluña vive inmersa en un proceso insurreccional cuyo plato fuerte será la manifestación unitaria convocada para el viernes 21 a las 18:00 con el significativo lema “21-D Derribemos el régimen del 78” (“21-D Tombem el regim del 78”) que está previsto que finalice con una concentración en la Plaza de Cataluña. La convocatoria de lucha cuenta con el aval de las asociaciones secesionistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos respectivos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están encarcelados a la espera de ser juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo. Ambas asociaciones llevan meses desarrollando campañas de desinformación por todos los rincones de Cataluña para exigir  “la liberación de los presos, exiliados y represaliados”, y trasladando a los ciudadanos la falsedad de que nuestro Estado es un Estado represivo que, con frecuencia, asimilan a la dictadura de Franco.

Éste es el mensaje: Franco sigue vivo.

Entre las organizaciones que apoyan la convocatoria están los grupos parafascistas autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que han protagonizado acciones violentas desde la consulta ilegal del 1-O de 2017 y se han enfrentado a los Mozos de Escuadra en Barcelona, Gerona y Tarrasa en las últimas semanas. Asimismo, se han sumado la CUP y sus cachorrros de Arran que han realizado también acciones violentas contra varias sedes del PP en Cataluña y contra las viviendas del juez Llarena en Sant Cugat del Vallés y la Cerdaña. Por último, conviene no olvidar a la Intersindical CSC que ha convocado un paro entre las 12:30 y 14:30 el día 21 para conseguir “un mundo laboral digno y un sistema de protección social justo’”. Quiero recordar que su secretario general, Carles Sastre, miembro de las organizaciones terroristas Exercit de Lliberació Popular y Terra Lliure, fue condenado por el asesinato del empresario Josep María Moltó al explotarle una bomba que le había adosado en el pecho.

Además del plato fuerte, hay diversos aperitivos previstos para completar el menú insurreccional del 21-D. Los CDR planean desconectar Cataluña de España y librar la batalla urbana en Barcelona. En concreto, han anunciado en las redes sociales su intención de tomar el control de puntos estratégicos en las fronteras de La Junquera, Vinaroz y Aragón, los puertos de Tarragona y Barcelona, los aeropuertos de Barcelona y Reus, la autopista AP-7 en Gerona y las vías de circunvalación Ronda de Dalt y Ronda Litoral en Barcelona. Con el lema “Ingobernables” animan a sus comandos (“quien no comparta la batalla, compartirá la derrota”) en Barcelona a realizar acciones de protesta desde muy temprano el viernes 21 por la mañana en las inmediaciones de la Lonja del Mar, el lugar elegido por el Gobierno de España para celebrar el Consejo de Ministros. La Forja, organización juvenil que se autodenomina “juventud revolucionaria”, propone acciones similares a las del movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en Francia para parar Barcelona.

La ANC ha llamado a sus socios en Instagram a salir de buena mañana hacia Barcelona para realizar una concentración a las 9:00 en la Ciudad de la Justicia y a las 11.00 horas ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en la estación de Francia, lugar muy próximo a la Lonja del Mar. Universitats per la Republica, organización a cuyo frente estaba Elisenda Palazui antes de ser elegida presidenta de la ANC, ha convocado un paro en las Universidades catalanas entre las 10:00 y las 14:00 horas para “parar el Consejo y mostrar una vez más que los estudiantes son la vanguardia de la lucha para garantizar los derechos civiles y políticos”.

Que con este panorama, Sánchez esté negociando reunirse con quienes alientan y financian el proceso insurreccional, con el descarado propósito de mantenerse en La Moncloa unos meses más, constituye un despropósito que, lejos de amainar los ánimos, aumentará su sensación de impunidad y dará alas a las fieras. Ni los 80.000 millones del FLA ni la aplicación timorata del 155 permitieron siquiera frenar el proceso insurreccional en Cataluña, ni tampoco poner coto a las falsedades que lo alimentan y lo mantienen vivo gracias a los formidables presupuestos que manejan las asociaciones (ANC, Òmnium y AMI) y los partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y CUP). Mientras no se desmantele el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo mantiene vivo, el proceso continuará ganando terreno.

Torra posando satisfecho con el lazo amarillo que va a ofrecer a Sánchez para que lo coloque en La Moncloa.

Hace falta aplicar el artículo 155 para hacer lo que no se hizo cuando se aplicó timoratamente hace unos meses: asegurar que todas las Administraciones Públicas catalanas, desde el gobierno de la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos, los partidos políticos y las asociaciones cumplen el orden constitucional y acatan las sentencias de los Tribunales. No queda mucho tiempo para restablecer la neutralidad de lasinstituciones públicas y subvencionadas y si el Gobierno de España no se pone manos a la obra de inmediato, los demócratas y constitucionalistas nos veremos en la tesitura de seguir los pasos de Boadella y de tantas otras personas y empresas que,  abandonadas a su suerte por el Estado español, se han visto obligadas a dejar Cataluña en las dos últimas décadas.

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Semana movidita antes del Gordo

Artículo publicado en el diario Expansión el 18 de diciembre de 2018.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el viernes 27 de octubre de 2017. El segundo está en prisión preventiva y el primero prófugo de la justicia, tras abandonar el país a hurtadillas al tiempo que pedía a sus colaboradores acudir a sus centros de trabajo el lunes.

En la agenda pública de esta semana, sobresalen dos fechas marcadas en rojo que con toda seguridad van a marcar el devenir de la política española en los próximos meses y años. El martes 18, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará la vista previa del juicio a varios ciudadanos españoles a los que la Fiscalía acusa de rebeldía, por el papel protagonista que desempeñaron en los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 y que, como todo el mundo conoce, culminaron con la constitución de Cataluña como república independiente el 27 de octubre. Tres días más tarde, víspera del siempre entrañable e ilusionante sorteo de Navidad, el gobierno de España va a celebrar el consejo de Ministros de los viernes en la ciudad de Barcelona, en lugar de hacerlo cómo es habitual en el Palacio de La Moncloa.

Quejas injustificadas ante un juicio justo

Desde la destitución del gobierno de la Generalidad el 27-O, hemos visto a todos los políticos secesionistas catalanes, desde quienes están ahora al frente de las

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

instituciones de autogobierno de Cataluña hasta quienes aguardan juicio en prisión preventiva o se han convertido en prófugos de la Justicia, competir por desacreditar nuestro Estado de Derecho, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. Los hemos escuchado una y otra vez descalificar nuestra democracia y tildar de farsa el juicio que va a sentar en el banquillo a varios políticos acusados de saltarse el ordenamiento constitucional y declarar la independencia de una Comunidad Autónoma de España. Torra, actual presidente del gobierno de la Generalidad, en un alarde de desprecio a la división de poderes del Estado ha llegado incluso a afirmar que la única sentencia posible en este juicio es la absolución de los encausados. Al obtuso parecer de Torra y del resto de políticos secesionistas, saltarse la Constitución y el Estatuto, desacatar las sentencias de los Tribunales y proclamar la independencia de una parte del territorio español son naderías que sólo se persiguen en España.

Torra, presidente del gobierno de la Generalidad, y Torrent, presidente del Parlamanto de Cataluña.

Pues no, no es así. Y la mejor prueba de que España es un Estado de Derecho, extraordinariamente garantista y homologable con las más exigentes democracias, nos la proporciona el insólito hecho de que un independentista confeso como Torra, el mismo que llamó al ‘pueblo’ de Cataluña a seguir la vía eslovena para alcanzar la independencia hace sólo unos días, continúa siendo a día de hoy presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña. En la mayoría de Estados democráticos, cualquier presidente de una región o gobernador de un Estado que hubiera realizado declaraciones similares a las que hizo Torra habría sido ya destituido y acusado de traición. Que Torra siga al frente del gobierno de Cataluña es la prueba andante de que el Estado español

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

acata los resultados de las elecciones democráticas celebradas el 21 de diciembre de 2017, y respeta escrupulosamente las decisiones del Parlamento de Cataluña que respetan nuestro ordenamiento constitucional. No podemos decir lo mismo de los políticos y los ciudadanos que van a ser juzgados por rebelión, desobediencia y malversación en el Tribunal Supremo a partir del martes 18. De algo sí podemos estar seguros todos los españoles: los encausados tendrán un juicio con todas las garantías de nuestro Estado de Derecho y sus abogados tendrán oportunidad de probar que no incurrieron en los delitos que la Fiscalía y la Acusación Popular les imputan.

Barcelona, ciudad de acogida

El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes en Barcelona coincidirá con la efeméride de las elecciones autonómicas del año pasado. Buen motivo para la reflexión. Empezaré por recordar cómo el Gobierno de España, pese a la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, no dudó en convocar elecciones el 21 de diciembre para que los catalanes pudiéramos elegir libremente a nuestros representantes en el Parlamento autonómico. No deja de ser curioso que mientras el presidente Sánchez le pide a Torra aprovechar la ocasión para reunirse, algunos miembros de su gobierno consideren una provocación venir a Barcelona, segunda capital española, a celebrar un Consejo de Ministros.

Resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 21-D en Cataluña.

El asunto se ha ido enconando día a día y hay un riesgo apreciable de que el próximo viernes volvamos a vivir otra jornada insurreccional, similar a la del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y el 1-O con motivo de la consulta ilegal organizada y financiada por el gobierno de la Generalidad. La ANC ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en Barcelona el mismo viernes 21 para burlarse del gobierno de España, y junto con los CDR y la organización secesionista Òmnium Cultural amenazan con cortar los accesos a Cataluña y (algo más probable) colapsar la ciudad

Miembros de los autodenominados comités de defensa de la república enfrentándose a los Mozos en Gerona.

tomando las calles de Barcelona. Artadi, consejera de la presidencia, en un acto de un cinismo que raya con la incongruencia, ha equiparado la obligación del gobierno de la Generalidad de garantizar la seguridad del Consejo de Ministros con el derecho de los partidos y las asociaciones secesionistas a manifestar ‘pacíficamente’ su rechazo. Otra ironía donde las haya porque ya pudimos ver a los CDR en Barcelona, Gerona y Tarrasa hace unos días enfrentarse ‘pacíficamente’ a los Mozos en auténticas batallas campales.

La noche del viernes 21 de diciembre de 2018 no aguardaremos expectantes los resultados de unas elecciones democráticas en Cataluña, como el año pasado, pero sí podremos calibrar mejor hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno de la Generalitat en su órdago al Estado. ¿Cumplirá el gobierno catalán con su obligación de desplegar parte a los Mozos para garantizar el orden público y asegurar el normal desarrollo del Consejo de Ministros? O, ¿seguira el consejero Buch los pasos de su antecesor Forn y los sacará a pasearse por las calles de Barcelona con instrucciones de confraternizar con los comandos de la ANC, los CDR y Òmnium? El viernes por la noche saldremos de dudas.https://twitter.com/twitter/statuses/1046811120135213058

Enfrentamiento de Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, con Rufián, provocador profesional y estrella mediática de ERC.

El gobierno de Sánchez no debe tenerlas todas consigo porque García Marlaska, ministro del Interior, planea desplazar cientos de policías y guardias civiles a Barcelona en prevención de lo que pueda pasar el viernes. Espero que en esta ocasión los servicios de inteligencia del Estado estén al tanto de los planes de las organizaciones secesionistas para convertir Barcelona en un campo de batalla y el Gobierno cuente con un plan operativo eficaz para parar los pies (y las manos, si hace falta) a quienes salgan dispuestos a seguir la vía eslovena. La decisión de Sánchez de reunir el Consejo de Ministros en Barcelona, pese a las veladas amenazas, ha sido todo un acierto, no así sus desafortunadas declaraciones de que “no hace falta acudir al 155 [porque] se pueden movilizar fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad”. Reconocer la incapacidad de los Mozos, un cuerpo policial con 16.000 efectivos, para salvaguardar el orden constitucional en Barcelona es ya muy grave, pero más lo es aceptar la falta de voluntad de sus mandos. Eso es algo, Sr. Sánchez, que el presidente del Gobierno de España no puede permitir.

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaban los Mozos? “No estaban muertos, no, no, estaban tomando cañas…”

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La lista de Puigdemont

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de febrero de 2018.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

ERC sometida al pujolismo

Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.

Junqueras de president a presidente de mesa de cartón en Sant Vicenç dels Horts, donde es alcalde el 9 de noviembre de 2014.

ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.

Torrent (ERC) dirigiéndose a los diputados tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP, cerrando acuerdos en el Palau de la Generalitat.

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Riera con el resto de diputados de la CUP en el amago fallido de sesión de investidura el 30 de enero de 2018.

Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados inmediatamente de franquistas y fascistas.

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Sánchez, presidente de la ANC.

Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).

Turull, Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015.

Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.

Rull, cuenta de twitter.

Conclusión

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos, Ponsatí, Puig, Serret y Comín, la noche del 21 de diciembre de 2017.

No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con  la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.

Rajoy anunciando la destitución de Puigdemont y su gobierno el 28 de octubre de 2017.

El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana. La pregunta que muchos se hacen es cuánto dinero sacaron fuera de España y si ese dinero está financiando a Puigdemont en Bruselas.

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